Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.682, "Mocherniuk, Pablo Nicolás contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada e impuso las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 14-X-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-XI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Pablo Nicolás Mocherniuk, y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y 11 apartado 4 inc. "a", más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo del accidente de trabajo acaecido el día 1 de octubre de 2016, mientras prestaba tareas para su empleadora ESUR S.A.
Para así resolver, con apoyo en la pericia médica, tuvo por acreditado que el actor presenta una cicatriz fronto-parietal transversal, secuelas en la rodilla derecha y el hombro izquierdo, además de un trastorno por estrés post traumático grave grado II.
Sobre esa base, concluyó que es portador de una minusvalía indemnizable del orden del 58,4% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., págs. 4/5).
Por otra parte, y en lo que resulta de interés, rechazó el pedido de la actora destinado a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14.
A tal fin, estimó que el planteo resultaba genérico porque la interesada no expresó el agravio concreto que la aplicación de dicha normativa le ocasionaba. Añadió -en ese orden- que no es función de la judicatura emitir pronunciamientos abstractos.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 2 de la Constitución nacional; 5.1., 8.1., 25.1. y 29 "a" y "b" del Pacto de San José de Costa Rica; 15 y 39 de la Constitución provincial; 9, 11 y 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, impugna el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14.
Alega que la decisión de grado contiene un fundamento excesivamente ritualista, y que la ausencia de tratamiento del requerimiento contenido en el escrito electrónico de fecha 11 de septiembre de 2020, por considerarlo genérico, vulnera la protección que las leyes de fondo y forma consagran en favor del trabajador.
Expone que el tribunal de grado podría haber acatado -por economía procesal- la doctrina legal forjada por esta Suprema Corte en las causas L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016), que -según aclara- están vigentes y fueron inobservadas sin razón atendible; o, en su caso, podría haberse pronunciado oficiosamente respecto de la validez constitucional de dicha norma.
Manifiesta que el sentenciante, mediante una decisión esquiva, quebrantó el art. 18 de la Constitución nacional porque dejó al actor en estado de total indefensión.
Señala que el juzgador de origen se apartó del principio receptado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, conlleva al reconocimiento de una indemnización considerablemente menor a la pretendida.
Explica que el decreto en cuestión altera el espíritu de la ley a través de una excepción reglamentaria que desprotege al trabajador, en tanto le otorga un resarcimiento por conducto de la aplicación de una fórmula de cálculo que menoscaba su patrimonio.
Denuncia que el fallo impugnado soslayó la doctrina legal establecida en los precedentes L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012); L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016); C. 98.517, "Lucas" (sent. de 9-X-2013) y C. 100.285, "R., A. H." (sent. de 14-IX-2011). Entiende que los dos primeros precedentes citados resultan plenamente aplicables a los presentes autos. En lo concerniente a las restantes causas referidas, manifiesta que de ellas deriva la obligación de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, conviene recordar que el art. 2 apartado 2 del decreto 472/14 prescribe que los damnificados que resulten portadores de una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Asimismo, establece el piso de la prestación correspondiente.
De las presentes actuaciones surge que la aquí impugnante, al presentar por escrito su alegato sobre el mérito de prueba, planteó la invalidez constitucional de la fórmula que establece dicho precepto para liquidar las reparaciones de las minusvalías comprendidas entre dichos porcentajes.
Sin embargo, el tribunal de origen se pronunció en los siguientes términos: "La parte actora atacó esta norma en tanto y en cuanto la misma prescribe respecto del modo de cálculo de las prestaciones", para luego sostener que "no expresó cuál sería el agravio concreto que su aplicación le generaría; con lo cual, corresponde el rechazo del genérico planteo, atento que 'no es función de la judicatura emitir pronunciamientos abstractos' (cfr. S.C.B.A. causas L. 33.395, sent. del 16-10-1984, L. 103.904, sent. del 10-8-2011; L. 103.560, sent. del 17-8-2011 y ots. ya citadas)" (sent., págs. 16 y 17).
III.2. La decisión en crisis se apoya en la hermenéutica dada por el sentenciante de grado al contenido de la postulación mediante la cual la quejosa tachó de inconstitucional la norma reglamentaria de referencia.
En este sentido, el juzgador entendió -en esencia- que esa pretensión resultaba inadmisible en virtud de no haber explicado el actor, con suficiente precisión, el perjuicio concreto que le ocasionaría su aplicación.
En estas condiciones, observo que esa esencial motivación del fallo que condujo al órgano de origen a desestimar la articulación, estimándola "genéricamente planteada", remite al análisis que -en ejercicio de facultades privativas- realizó el tribunal de la instancia inferior con relación a defectos en el escrito respectivo que -a su juicio- le impedían el abordaje del fondo del asunto.
Al respecto, recuerdo que para que esta Corte pueda ingresar a analizar el acierto de ese tipo de conclusiones fácticas, debió la recurrente cumplir con la carga de denunciar la existencia de absurdo en la interpretación de la presentación en cuestión, lo que -advierto- ha sido incumplido e importa un insalvable déficit técnico (art. 279, CPCC).
En este orden, cabe señalar que en reiteradas oportunidades este Tribunal ha remarcado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso -y de las presentaciones en general- constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 96.239, "Russo", sent. de 23-III-2011; L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012; L. 114.483, "Torres", sent. de 8-V-2013 y L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021).
III.3.a. También inatendible deviene la crítica fundada en la denuncia de violación de doctrina legal que emerge de las causas L. 104.576, "Manrique Obregón", sentencia de 7-III-2012 y L. 119.772, "De la Cuadra", sentencia de 28-IX-2016.
Lo decidido en esos precedentes no resulta de aplicación en la especie, pues han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2020; e.o.).
III.3.b. A mayor abundamiento, cabe aclarar que las presentes actuaciones no se compadecen con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 123.290, "Gallano", sentencia de 29-X-2021, en la que emití el voto inaugural. En este último caso se aplicó la doctrina legal establecida en la citada causa "Manrique Obregón" porque el marco normativo aplicable era análogo al que definió las aristas de aquella, pues -a diferencia de lo que acontece en la especie- no se hallaba vigente el decreto 472/14.
III.4. Por otro lado, y en lo que se refiere al incumplimiento atribuido al tribunal interviniente de no abordar de oficio el control de constitucionalidad de la norma en cuestión -y más allá de otras consideraciones que pudieran efectuarse-, no resultan eficaces las transcripciones efectuadas con relación a lo dicho en los precedentes C. 98.517, "Lucas", sentencia de 9-X-2013 y C. 100.285, "R., A. H.", sentencia de 14-IX-2011, en los que se sustenta este tramo de la crítica.
Ello así porque corresponden a declaraciones efectuadas por Ministros que oportunamente integraban este Tribunal, aunque sin concitar la adhesión de la mayoría de sus miembros, por lo que no constituyen doctrina legal, en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018; L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 26-V-2020 y L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022).
III.5. Por último, en lo atingente a la denuncia de violación del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, recuerdo que la duda a que alude la disposición citada es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación la regla contenida en dicha norma si, como en el caso, los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020 y L. 125.306,"Jacobo", sent. de 22-XI-2022).
III.6. En definitiva, el embate resulta insuficientemente fundado para desvirtuar las motivaciones esenciales sobre las que se apoya el aspecto de la decisión de grado que ha sido materia de cuestionamiento, por lo que ha de permanecer incólume.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 14:29:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2023 09:55:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:59:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 15:36:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2023 08:51:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/07/2023 09:09:45 hs. bajo el número RS-76-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia