Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126139
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.139, "Municipalidad de San Pedro contra De La Fuente Heriberto. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la acción deducida, con costas a la actora vencida (v. fs. 397/402).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente desestimó la demanda iniciada por la Municipalidad de San Pedro, mediante la cual procuraba obtener la exclusión de la tutela sindical del trabajador Heriberto De La Fuente, ello, con el objeto de disponer el cese de la relación de empleo, pues consideraba que, conforme la legislación provincial aplicable, aquel se encontraba en condiciones de acceder a la jubilación por edad avanzada (v. fs. 397/402).
Para así decidir, en el veredicto, juzgó no controvertido que el dependiente se desempeñó bajo las órdenes de la accionante desde el día 25 de septiembre de 1985 (perteneciendo a la planta permanente de empleados, desde el 25-II-1986), integrando -al momento de traba de la litis- el Departamento de Bromatología e Higiene; también, tuvo por probada su designación como Secretario General Adjunto de la seccional de San Pedro de la Asociación de Trabajadores del Estado, con mandato gremial por el período comprendido entre los días 6 de noviembre de 2015 al 5 de noviembre de 2019 (v. vered., fs. 397/398).
Sostuvo que, por su desempeño como empleado municipal, el trabajador se encontraba comprendido dentro del régimen previsional de la Provincia de Buenos Aires, regulado por el decreto ley 9.650/80 (v. vered., fs. 397 vta.).
Además, el a quo consideró no discutido que al día 30 de junio de 2018 el demandado tenía 66 años de edad y 32 años, 9 meses y 5 días de servicios con aportes al Instituto de Previsión Social local; portando al momento del pronunciamiento, con 68 años de edad y 34 años, 9 meses y 12 días de servicios, habiéndose efectuado los aportes correspondientes a aquel organismo (v. fs. cit.). Con esas definiciones, tuvo por probado que De La Fuente se encontraba en condiciones de acceder a la jubilación por edad avanzada prevista en el art. 35 del citado decreto ley. Bajo dicha normativa, comparó que en los supuestos de jubilaciones ordinarias el haber es equivalente al 70% de la remuneración del cargo ostentado al cese del servicio (art. 41), mientras que el originado por edad avanzada es el 50% del correspondiente a una jubilación ordinaria, con más un 2% por año posterior a los primeros 10 de servicios, pero sin superar el haber de la jubilación ordinaria, según el art. 46 (dec. ley cit.; v. vered., fs. 397 vta. y 398).
Destacó que la Municipalidad no había alegado como motivo fundante de su acción, razones atinentes al desempeño del señor De la Fuente en sus funciones o que la misma se debiera a sus necesidades funcionales u organizativas (v. vered., fs. 398).
En la etapa de sentencia, para dilucidar la procedencia -o no- de la pretensión, expresó que el tema debatido consistía en determinar si la causal denunciada por la accionante ostentaba la calidad de "justa causa" para extinguir la relación de empleo del trabajador -titular de las garantías establecidas en la ley 23.551- sin esperar hasta la finalización del lapso de estabilidad garantizada por el art. 48 de dicha norma (v. fs. 400). En ese cometido, juzgó que, si bien se encontraban acreditadas las condiciones para acceder a la jubilación por edad avanzada, ello no era motivación suficiente para que la Municipalidad pretendiera disponer el cese del empleado (más aun, cuando su voluntad era continuar con sus labores), debiendo -en el caso- haber brindado fundamentos adicionales que justificaran su petición (v. sent., fs. 400 vta./401 vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 9, 10, 11, 15 y 39 de la Constitución provincial; 98 inc. "g" de la ley 14.656; 48 y 52 de la ley 23.551; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 4-VIII-2020).
Bajo la invocación de absurdo en la valoración de la prueba e interpretación del derecho aplicable, cuestiona el razonamiento que condujo al juzgador a rechazar la acción por la que procuraba la exclusión de la tutela sindical del trabajador, en razón del cargo gremial que revestía.
Se agravia de la conclusión del sentenciante por conducto de la cual consideró que, a pesar de encontrarse probado que el dependiente se hallaba en condiciones de acceder a la jubilación por edad avanzada -y contando el municipio con la potestad de extinguir el vínculo con fundamento en esa justa causa-, desestimara la petición por no haberse brindado razones adicionales que justificaran el cese del dependiente en sus actividades.
Argumenta que la decisión se funda en un rigorismo formal y vulnera los principios de legalidad y congruencia, por cuanto -contrariamente a lo afirmado en el fallo- no existe norma jurídica que establezca o determine que el empleador deba brindar mayores precisiones respecto a si la causa "...obedece a que el Municipio tiene muchos empleados, porque necesita ahorrar en gastos de personal, colocar a otra persona con mayor potencial productivo en su lugar, ni ningún otro argumento que se asemeje..." (rec., pág. 9).
En tal sentido, denuncia errónea aplicación del art. 98 inc. "g" de la ley 14.656, toda vez que -indica- este importa la existencia de justa causa en los términos del art. 48 de la ley 23.551. Refiere que, puntualmente, el tribunal consideró que -en el caso- el tema controvertido radicaba en determinar si la denunciada causal ostentaba -o no- la idoneidad para extinguir la relación de empleo sin esperar hasta finalizar el lapso de estabilidad garantizado por la última norma; circunstancia que -dice- se tuvo por acreditada. De este modo, arguye que, al haber omitido citar las disposiciones legales en las cuales fundó su postura, el pronunciamiento resulta arbitrario.
Afirma que el trabajador tampoco aportó pruebas que permitieran al tribunal arribar a la solución alcanzada; razón por la cual, entiende que ella se fundó exclusivamente en la voluntad del juzgador.
Reitera que al encontrarse cumplidas las condiciones para obtener la jubilación (por edad avanzada y años de servicios) y la posesión del mencionado cargo gremial en cabeza del trabajador, tales extremos constituyeron las causas que justificaron el inicio de la presente acción especial.
Explica que el proceso de exclusión de la tutela gremial es, precisamente, una manifestación de la protección legal de la libertad sindical, de allí que -expone- los magistrados deban evaluar si la solicitud se corresponde con una motivación objetiva suficiente para extinguir la relación laboral, o si -por el contrario-, obedece a una conducta discriminatoria o antisindical. Sostiene que ninguna de estas últimas circunstancias fue probada por el demandado.
Postula que el mencionado art. 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales alude a cualquier motivación extintiva que sea jurídicamente admisible y que no esconda un acto de discriminación antisindical. Destaca que entre tales actos jurídicamente admisibles se encuentra la hipótesis esgrimida por la accionante en autos.
Señala que en el supuesto de confirmarse el fallo se produciría una irrazonable e injusta situación, se caería en el absurdo de sostener que un trabajador con cargo sindical extendería su contrato de trabajo a su voluntad por tiempo indefinido, contrariando las disposiciones legales que determinan su finalización con motivo de haberse alcanzado las condiciones para acceder a los beneficios de la seguridad social.
Asimismo, postula que se prescindió valorar prueba insoslayable para la resolución de la litis: así, el dictamen emitido por la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ante la consulta efectuada por la propia Municipalidad.
Por otra parte, reprocha al juzgador haber manifestado erróneamente en la sentencia que el municipio solo debía esperar "unos pocos meses" para que el dependiente culminara su mandato -y así, eventualmente actuar conforme la facultad del art. 98 de la ley 14.656-omitiendo el plazo de gracia de un año a partir de la cesantía del mismo, establecido en el mentado art. 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, supuesto que -insiste- encuentra su excepción en la justa causa señalada.
Manifiesta que las citas de la doctrina efectuadas en la sentencia de grado resultan inaplicables, en tanto refieren a presupuestos disímiles al del presente caso.
Además, con apoyo en el principio de congruencia, alega que el demandado no introdujo en su escrito de responde ninguna afirmación orientada a argumentar que el sueldo como jubilado podría ser menor a aquel que hubiera percibido de continuar trabajando y que ello le pudiera ocasionar algún perjuicio. Añade que tampoco allí fue plasmada la cuestión atingente a la proporcionalidad de la medida impuesta, tal como fue desarrollada por el juzgador.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Esta Corte ha afirmado que el cese en el empleo, aun de carácter público, dispuesto unilateralmente por el principal para que el empleado obtenga el beneficio jubilatorio, opera de hecho como un modo de extinción del vínculo, lo que configura, en esencia, el presupuesto previsto en el art. 52 de la ley 23.551. Con ese criterio, ha señalado que antes de llevar a cabo aquella decisión, el empleador debe requerir ante el órgano judicial la exclusión de la tutela sindical mediante el trámite sumarísimo contemplado en la citada legislación, pues de no hacerlo, se configuraría objetivamente una violación de la garantía sindical (causas L. 55.817, "Saba", sent. de 21-XI-1995; L. 107.489, "Márquez", sent. de 30-V-2012 y L. 104.194, "Ortíz", sent. de 30-X-2013).
Desde ya que las presentes actuaciones dan cuenta de que el municipio cumplió con esa exigencia y promovió la acción que de acuerdo a la doctrina legal se exhibe como un primer paso infranqueable -todavía- a la hora de extinguir el vínculo para que el dependiente alcanzado por la protección sindical se acoja al beneficio jubilatorio.
Y tal determinación, tuvo como antecedente la opinión de la Asesoría General de Gobierno provincial solicitada en el año 2017 por la comuna, organismo que -claro está- dictaminó en favor de promover la demanda de autos (v. fs. 343/345 vta.). Este dato adicional que -al menos- sugiere un prudente accionar por parte del principal, no fue sopesado en el pronunciamiento impugnado.
III.1.b. Ahora bien, en el fallo recurrido, valorando fundamentalmente los escritos constitutivos, el tribunal de grado sostuvo que el accionado Heriberto De La Fuente, en razón del cargo gremial que ocupó desde el día 6 de noviembre del 2015 hasta el 5 de noviembre del 2019, fue titular de las garantías establecidas en la ley 23.551, protección que hubo de perdurar hasta el día 5 de noviembre del año 2020. Asimismo, que al día 30 de junio del 2018, el agente municipal reunía los requisitos para acceder a la jubilación referida por la actora, aquella por edad avanzada contemplada en el art. 35 del decreto ley 9.650/80 (vale precisar: si bien poseía años de servicio en exceso, recientemente había alcanzado la edad requerida por la disposición previsional).
Sin embargo, en lo que constituyó el núcleo del fallo, ante las prevalencias -dijo- de las garantías de la libertad sindical, desestimó la pretensión al entender que la Municipalidad debió exponer "las razones adicionales" por las que pretendía disponer el cese del señor De La Fuente. Así, enunció -a modo de ejemplo- la necesidad de cubrir el puesto con un trabajador con mayor potencial productivo, la de reorganizar el área de trabajo, o bien, la de ahorrar en gastos en personal.
III.1.b.i. Agudamente afirma el recurrente que dicho argumento se aparta de las normas aplicables al caso.
En la especie se encuentra acreditada una causa objetiva de extinción de la relación de empleo que forma parte del plexo de facultades propias de la Administración, tal como expresamente se encuentra reglado en el art. 98 inc. "g" de la ley 14.656, precepto cuya aptitud para regular supletoriamente la situación de los agentes del municipio demandado no ha sido discutida, sin perjuicio de las manifestaciones de otra índole que se ventilaron, ya emparentadas con la protección sindical.
Luego, más allá de que el procedimiento de autos, dada su naturaleza, tenga por objeto ponderar los motivos en que se funda la pretensión extintiva para despejar posibles conductas antisindicales, de esa consideración no se sigue que pese sobre el empleador la carga de exponer otras "razones adicionales" para justificar la licitud de la medida a adoptar, razones que, para más, llamativamente a juicio del propio órgano jurisdiccional de grado -textualmente lo dijo- "seguramente existirán" (v. sent., primera cuestión apdo. III.2.).
Ello no es exigible por el ordenamiento encargado de darle un marco legal a los vínculos de los municipios con sus agentes, tampoco existe norma alguna -no la hay en el régimen de la Ley de Asociaciones Sindicales- que avale tal postura. Por cierto, lo juzgado por este Tribunal en la causa L. 115.030, "Coletto" (sent. de 16-VII-2014), que fuera citada en este tramo de la sentencia recurrida, en modo alguno justifica el razonamiento del tribunal de grado, pues no se abordó en esa ocasión una situación análoga a la de autos.
Sentado lo anterior, en atención a ciertas afirmaciones volcadas en la defensa ensayada por el trabajador al contestar la demanda y por el propio órgano de origen, ocupa decir que si bien la libertad sindical tiene su base constitucional (art. 14 bis, Const. nac.), sus garantías no son absolutas y no tienen la virtualidad aquí -tampoco la finalidad- de modificar las normas que regulan la vida del vínculo de empleo público, eliminando sus modos naturales de finalización.
Desde ya que, si se hubiese alegado y acreditado una conducta discriminatoria del empleador en razón de la envestidura sindical del accionado, emergería sin cavilaciones la definición orientada al rechazo de la pretensión de desafuero gremial. Pero esto no ha acontecido en el sub examine , donde, insisto, contrariamente hubo de constatarse que el propósito extintivo encuentra reflejo en una causal objetiva y legalmente receptada, apta para ser equiparada a la "justa causa de despido", a la que alude el art. 48 de la ley 23.551 y alejada de la función sindical del trabajador.
III.1.b.ii. No obstante que lo anterior da por tierra con la estructura del pronunciamiento objetado, dable es señalar -como lo indica el recurrente- que en modo alguno resulta atendible lo afirmado por el tribunal de grado cuando sostuvo que la comuna actora "...al terminar el plazo de tutela el próximo 05/11/2020, solo tendrá que esperar pocos meses para, eventualmente, actuar las facultades del art. 98 de la ley 14.656..." (sent., fs. 401 vta.). Es que tal aseveración -dejando de lado otras opiniones que podrían corresponder- deja entrever un error, que radica en computar el tiempo faltante considerando el momento del dictado de la sentencia, cuando lógicamente debe atenderse aquel en el que se promovió la acción de exclusión (el día 11 de julio de 2018), fecha en la que faltaban más de dos años para que finalizara el referido período de protección de la ley 23.551.
Desde luego que nada agrega aquella afirmación por la cual se remarca que la Municipalidad no formuló, al momento de la designación del trabajador en su cargo gremial, "ningún reparo vinculado al entonces futuro estado del demandado frente al régimen previsional", exigencia que no es más -nuevamente- que un fruto del mero arbitrio del juzgador.
III.2. A tenor de los alcances que la sentencia a dictar en estos casos debe tener según las actuales directrices de este Tribunal (causas L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017; L. 119.423, "Consorcio Edificio Gran Emilia", sent. de 4-VII-2018 y L. 118.607 "Copetro", sent. de 21-XI-2018), con lo hasta aquí expuesto, entiendo que debe desafectarse al trabajador de su tutela sindical y juzgarse justificada la medida que el empleador prevé adoptar y que hubo de describir en la demanda.
IV. En virtud de lo dicho, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de grado y acoger la demanda entablada. Costas de ambas instancias a la vencida, si bien con el beneficio de la ley del fuero (arts. 68 y 289, CPCC; 19 y 22, ley 11.653).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Como agudamente lo señala mi colega, esta Corte se ha pronunciado respecto de la temática en debate al dictar sentencia en la causa L. 55.817, "Saba" (sent. de 21-XI-1995), en la que -aun con ciertos matices diferenciales- indicó que el cese en el empleo dispuesto unilateralmente por el empleador para que el trabajador obtenga el beneficio jubilatorio opera de hecho como un modo objetivo de extinción del vínculo, lo que configura el presupuesto previsto por el legislador en el art. 52 de la ley sindical.
El mismo temperamento fue reiterado -sin mi intervención- en la causa L. 107.489, "Márquez" (sent. de 30-V-2012), y en el precedente L. 104.194, "Ortíz" (sent. de 30-X-2013), en el que tuve oportunidad de participar, al adherir a la propuesta del doctor Genoud.
Sobre esa base, y toda vez que la patronal requirió en estas actuaciones la previa exclusión judicial de la tutela sindical que protegía al trabajador, sin que se haya acreditado la concurrencia de alguna causal extintiva distinta de aquella concerniente a la concurrencia de los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio (en el caso, por aplicación del art. 98 inc. "g" de la ley 14.656) y que pudiera comprometer una conducta discriminatoria, coincido con mi colega en la propuesta de revocar el pronunciamiento con el alcance expuesto en el punto IV de su voto.
Costas de ambas instancias a la vencida, si bien con el beneficio de la ley del fuero (arts. 68 y 289, CPCC; 19 y 22, ley 11.653).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Con iguales consideraciones que las formuladas por la doctora Kogan, adhiero al voto que abre el acuerdo, incluso en materia de costas.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Por los fundamentos expuestos adhiero al voto del doctor Soria, como así también a las consideraciones adicionales volcadas por la doctora Kogan en su sufragio.
Costas de ambas instancias a la vencida, si bien con el beneficio de la ley del fuero (arts. 68 y 289, CPCC; 19 y 22, ley 11.653).
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la demanda promovida por la Municipalidad de San Pedro, cuya procedencia se declara.
Las costas de ambas instancias se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.