Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76812
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.812, "Pino Amarillo S.A. contra Municipalidad de La Costa. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata resolvió rechazar los recursos de apelación deducidos por las partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravio (v. sentencia de fecha 17-IX-2020).
Disconforme con dicho pronunciamiento el señor Alejandro Berro Madero, por la parte actora, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 2-X-2020) y la demandada dedujo similar remedio extraordinario (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2020), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente el día 11 de noviembre de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver (29-XII-2020), la parte demandada presentó su memoria el 17-II-2021. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte demandada?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el coactor Alejandro Berro Madero?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El juez de grado -en lo que aquí interesa- hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Municipalidad de La Costa, declarando inadmisible la pretensión indemnizatoria planteada por el coactor Alejandro Berro Madero y rechazó la excepción de prescripción respecto de la empresa Pino Amarillo S.A.
Entendió que la demanda mediante la cual Pino Amarillo S.A. incoara la acción declarativa de certeza (cuya pretensión consistía en que se declare contenida en el Código de Planificación del municipio la factibilidad de realizar determinado tipo de construcciones -fundaciones con madera y construcción en seco conforme las reglas del arte-) interrumpió el plazo de prescripción, en tanto el momento en que comenzó a correr el plazo bianual aplicable en la pretensión indemnizatoria -el entonces vigente art. 4.037 del Código Civil- debía contabilizarse a partir de quedar firme la sentencia de fecha 31 de agosto de 2017 de la Cámara de Apelación en la causa citada en primer término, según resultaba de las constancias de fs. 456 y vta., al denegarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la demandada.
Decidió que el señor Berro Madero acudió solamente en su carácter de presidente de la firma, sin que surgiera, a lo largo de su presentación inicial, algún otro dato que permitiera inferir que en aquella causa también -como en la pretensión indemnizatoria- se presentara por su condición particular de socio de la empresa; ya que quien litigó obteniendo resultado favorable en ambas instancias en la acción declarativa de certeza fue solamente Pino Amarillo S.A.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata afirmó no advertir quiebre lógico alguno en el esquema de análisis propuesto por el sentenciante.
II.1. Para así resolver estimó -con cita del art. 3.986 del Código Civil (ley 340)- que mal pudo pretender el municipio quitarle carácter interruptivo a la pretensión declarativa de certeza impetrada por la firma actora con fecha 3 de noviembre de 2014 so pretexto de que, en aquella oportunidad, la empresa no hubiera efectuado o realizado ningún reclamo indemnizatorio.
Señaló que, aunque es cierto que la referida pretensión se encaminó a obtener un pronunciamiento jurisdiccional diverso al perseguido en la acción indemnizatoria (en aquel, el esclarecimiento de una situación incierta; en este, el resarcimiento de los eventuales perjuicios), no lo es menos que esa circunstancia estuvo lejos de despojar el carácter interruptivo del término prescriptivo de la acción de daños y perjuicios.
Consideró que el reclamo indemnizatorio se apuntaló en el pronunciamiento firme recaído en la causa en la cual se perseguía la declaración de certeza, que configuró el título jurídico a partir del cual se consolidó la situación irregular que motivó la pretensión indemnizatoria, esto es, la incorrecta actuación municipal de vedar la construcción que la firma actora vino desplegando sin inconvenientes en el Barrio Costa Esmeralda desde el año 2008 en adelante, por cuanto dicha metodología constructiva no se encontraba prohibida en el Código de Edificación para el partido de La Costa.
Por último, la Cámara puntualizó que acertó el juez de primera instancia cuando fijó como dies a quo del término de prescripción el día 31 de agosto de 2017, concluyendo que al momento de interponer la firma Pino Amarillo S.A. la pretensión indemnizatoria (14-III-2018), el término bianual de la prescripción regulada en el art. 4.037 del Código Civil (ley 340) no había transcurrido.
II.2. Por otra parte, la Alzada entendió, con relación a la defensa de prescripción opuesta por el municipio contra el coactor Alejandro Berro Madero, que era una circunstancia indubitada que tanto los reclamos administrativos que tramitaron en el expediente administrativo 4122-000523-2014, como en la pretensión declarativa de certeza, no tuvieron al nombrado como pretensor a título personal, sino que en aquellas actuaciones administrativas y en la causa judicial su intervención solo fue en su condición de presidente de la firma Pino Amarillo S.A.
No advirtió así motivos que autorizaran a beneficiar al señor Berro Madero con los efectos de la interrupción de la prescripción ocurrida con relación a Pino Amarillo S.A. en los términos del citado art. 3.986 como consecuencia de la interposición de la pretensión declarativa de certeza articulada con fecha 3 de noviembre de 2014.
Agregó que el nombrado, sin perjuicio de estar en conocimiento tanto de la resolución 1 de fecha 22 de enero de 2014 como de los perjuicios que supuestamente se derivarían de los posteriores comportamientos de la Administración (en tanto acudió a la sede administrativa y dedujo la pretensión declarativa de certeza, en ambos casos en condición de presidente de Pino Amarillo S.A.), omitió efectuar presentación o reclamo alguno en su nombre o propio interés, motivo por el cual las consecuencias de esa inactividad no pudieron ser sorteadas so pretexto de la demanda interruptiva deducida por la empresa que presidía.
Concluyó que la interrupción de los términos para interponer la pretensión indemnizatoria conforme al art. 3.986 del Código Civil (ley 340) no beneficiaron ni pudieron ser invocados por el coactor.
Y así, siendo que la conducta generadora de los perjuicios cuya reparación reclamó el nombrado, tuvieron su manifestación a partir del dictado de la resolución 1 del 22 de enero de 2014, es a partir de la fecha de aquel acto que comenzó a correr para el impugnante el inicio del término bianual de la prescripción (art. 4.037, Cód. Civ.).
En consecuencia, al promoverse la pretensión indemnizatoria (14-III-2018) había operado largamente el plazo de prescripción indicado.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La recurrente alega que el Tribunal de Alzada ha efectuado una absurda valoración de las pruebas y constancias de las actuaciones, por la errónea aplicación de los arts. 3.956, 3.986 y 4.037 del Código Civil.
Manifiesta en tal sentido, que la acción declarativa de certeza nunca pudo tener -en mérito al ordenamiento jurídico entonces vigente- el efecto natural de interrumpir la prescripción liberatoria acaecida y tempestivamente acusada, en tanto los plazos de prescripción que en todo caso se interrumpirían son los de la misma acción que se ejerce al interponer la acción, mas no los de una pretensión diferente.
Sostiene que, si lo planteado en sede judicial está orientado a determinar un estado de incertidumbre y, en caso de corresponder, su cese, dicho planteo no suspendería ni interrumpiría la prescripción de la acción indemnizatoria de daños y perjuicios.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Wiater, Carlos c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ Proceso de conocimiento" (Fallos: 320:2289).
Agrega que el único objeto de la acción declarativa de certeza iniciada era determinar si el sistema constructivo denominado ballon framing estaba prohibido en el partido de La Costa, pero bajo ningún punto de vista se sugería la eventual posibilidad del inicio de la pretensión indemnizatoria.
Plantea que resulta insostenible que el plazo de prescripción comienza con la certificación judicial del obrar ilícito del Estado, y mucho menos, cuando el propio actor reconoció expresamente que el obrar ilícito lo habilitaba a reclamar la indemnización en forma directa (conf. expte. adm. 4122-000533-2014).
Puntualmente arguye que al no guardar identidad y congruencia la pretensión de la acción declarativa de certeza y la pretensión indemnizatoria, la primera carece de los efectos interruptivos asignados erróneamente por el tribunal a quo , dejando al descubierto que el acto administrativo denunciado en el expediente 4122-000533-2014, donde se denuncia el "perjuicio" y la posibilidad de iniciar la acción por daños y perjuicios en forma "inmediata", constituiría el acto y momento a partir del cual comienza a correr el plazo de la prescripción liberatoria.
Estima que el acto administrativo que la actora tacha de ilícito fue reconocido por ella el día 25 de septiembre de 2014 y es a partir de ese momento en que tuvo expedita la vía para interponer su pretensión indemnizatoria.
Por otra parte, alega violación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, sentada en las causas Ac. 54.767; Ac. 62.742; Ac. 72.653 y Ac. 52.740 (v. puntos V, 1er. agravio y "o" de la pieza recursiva).
Formula reserva del derecho a interponer recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48), por vulnerarse la garantía del debido proceso, la defensa en juicio, como así también resultar la sentencia, confiscatoria de su derecho de propiedad.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuraron los hechos que ocasionaron los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
IV.2. El tribunal a quo consideró que el reclamo indemnizatorio se apuntaló en el pronunciamiento firme recaído en la causa en la cual se perseguía la declaración de certeza, que configuró el título jurídico a partir del cual se consolidó la situación irregular que motivó la pretensión indemnizatoria, esto es, la incorrecta actuación municipal de vedar la construcción que la firma venía desplegando, por cuanto dicha metodología constructiva no se encontraba prohibida en el Código de Edificación para el partido de La Costa.
Entiendo que la Cámara acierta en la decisión adoptada en este punto.
En efecto, en la pretensión declarativa de certeza deducida por Pino Amarillo S.A. contra la Municipalidad de La Costa se resolvió mediante pronunciamiento firme, que no se encuentra prohibido en sí mismo el sistema constructivo utilizado por la citada firma en el régimen normativo establecido en la ordenanza 336/87 para el partido de La Costa, así como tampoco en la ordenanza 3.494/09, dejándose a salvo lo dispuesto en las ordenanzas 3.173/07; 3.451/09; 3.483/09 y 3.495/09, en cuyo ámbito de aplicación territorial rigen; y en consecuencia, cumplimentados todos los recaudos legales correspondientes (seguridad, condiciones de habitabilidad, medio ambiente, habilitaciones nacionales o provinciales, etc.) ésta podría, en su caso, instar los respectivos permisos municipales.
Advierto que la referida acción resultó un medio plenamente eficaz para despejar la incertidumbre respecto del derecho invocado, en tanto de la resolución 1/14 (emitida por el titular de la Dirección General de Obras Privadas y Cooperativas de la Comuna) y del decreto 642/14 (acto a través del cual el Intendente rechazó el recurso administrativo intentado por la peticionante contra la referenciada resolución), surgía que si bien la comuna entendía que no se hallaba prohibido el método constructivo que desarrollaba Pino Amarillo S.A., se emitía a través de la mencionada resolución un "reglamento interno" que impediría aprobar cualquier plano relacionado con dicha técnica de construcción.
Cabe señalar al respecto que la acción o pretensión meramente declarativa -y fundamentalmente la sentencia que se solicita emita el juez- tienden a obtener un acertamiento, o sea a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho o jurídica. Remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (conf. Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas, Berizonce, Roberto; Códigos procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados , Tomo V, pág. 323).
La declaración de certeza acerca de la legitimidad del sistema constructivo empleado, se imponía en los presentes a efectos de reclamar el lucro cesante pedido en la demanda.
IV.3. Alega la recurrente que la Alzada ha efectuado una valoración absurda de las pruebas y constancias de las actuaciones, por la errónea aplicación de los arts. 3.956, 3.986 y 4.037 del Código Civil (ley 340), toda vez que los plazos de prescripción que en todo caso se interrumpirían son los de la misma acción que se ejerce al interponer la demanda, mas no los de una pretensión diferente.
Como quedó expuesto en el punto anterior, tal planteo no puede tener andamiento.
No existe -como sostiene el municipio-, errónea aplicación de las normas invocadas, sino un correcto encuadre de las circunstancias del caso a las prescripciones en cuestión, en tanto el tribunal de apelación juzgó con acierto la correcta decisión del juez de primera instancia cuando fijó como dies a quo del término de prescripción el día 31 de agosto de 2017, concluyendo que al momento de interponer la firma Pino Amarillo S.A. la pretensión indemnizatoria (14-III-2018), el término bianual de la prescripción regulada en el art. 4.037 del Código Civil (ley 340) no había transcurrido.
La técnica recursiva utilizada define, por su insuficiencia, la suerte adversa de la impugnación traída.
A esta altura también resulta útil recordar que quien denuncia la violación de preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, pues la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor. Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el recurrente si sus agravios en este sentido no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las transgresiones que denuncia (doctr. causas A. 73.862, sent. de 3-V-2018 y A. 75.190, sent. de 30-VI-2021).
IV.4. Cabe por otra parte considerar, que, si el impugnante se limita a continuar propugnando, sin más sustento que en su propio concepto, un criterio diferente al considerado por el a quo , sin lograr demostrar, como era su carga hacerlo (art. 279, CPCC), que el razonamiento seguido por los sentenciantes en ejercicio de facultades que le son privativas, haya incurrido en el vicio de absurdo, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente (doctr. causa A. 74.559, sent. de 8-VI-2020).
La Municipalidad esgrime que el actor reconoció expresamente que el obrar ilícito lo habilitaba a reclamar la indemnización por daños en forma directa (conf. expte. adm. 4122-000533-2014).
Del cotejo del citado expediente administrativo resulta que Pino Amarillo S.A. se notificó de la resolución 1/14 y alegó la nulidad absoluta, solicitando su revocación. Del punto V de la presentación inicial " Manifiesta magnitud del daño. Formula reserva ", se desprende que la empresa dejó planteado en sede administrativa el reclamo pecuniario objeto de cuantificación y prueba y su reserva de ejercicio en la pretensión indemnizatoria, tendiente a reparar los perjuicios directos e indirectos padecidos a raíz del obrar municipal irregular (v. fs. 11, expte. adm. citado), mas no en forma directa como sostiene la demandada.
IV.5. Por último, la Municipalidad alega violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia, sentada en las causas Ac. 54.767; Ac. 62.742; Ac. 72.653 y Ac. 52.740, sobre la prescripción del art. 4.037 del Código Civil para el resarcimiento del daño.
Cabe puntualizar que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio cuya aplicación se pretende a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa.
Solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se intenta emplear, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; A. 72.858, "Bernal", sent. de 8-XI-2017; A. 74.350, "San Andrés Golf Club S.A.", sent. de 13-V-2020; e.o.).
Contrariamente, en el sub lite la impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre aquellos antecedentes y el presente caso.
De modo que el planteo luce insuficiente, en tanto la recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Municipalidad de La Costa, con costas.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Iré a acompañar la insuficiencia recursiva propiciada por el doctor Genoud (conf. art. 279, CPCC). Aunque para eso considero necesario formular algunas aclaraciones adicionales.
II.1. Complementando sucintamente el relato de antecedentes y sin ánimo de reeditar aspectos técnicos y normativos que surgen del propio expediente, es dable reseñar que la empresa Pino Amarillo S.A., una desarrolladora inmobiliaria de la zona balnearia, venía construyendo viviendas mediante la técnica edificativa conocida como balloon framing , basada en el empleo de estructuras de madera en sustitución del hormigón. En lo que atañe al partido de La Costa -más precisamente, a la localidad de Costa Esmeralda-, el reglamento de construcción vigente contemplado en la ordenanza 3.494/09 aparentemente no vedaba el uso de dicho método.
Sin embargo, luego de varios años de levantar edificaciones de esa manera, funcionarios municipales pusieron en duda sus virtudes y características generales de seguridad, lo que los llevó a clausurar preventivamente las obras de ese tipo que estaban en c
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