Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76817
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.817, "O., L. contra Municipalidad de Pergamino. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmó la resolución dictada por el juez de grado en cuanto desestimó la excepción de prescripción opuesta por la Municipalidad de Pergamino con más las costas del juicio. Impuso las costas de la Alzada a la demandada vencida (v. sent. de fecha 29-X-2020).
Disconforme con dicho pronunciamiento la mencionada Municipalidad interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 16-XI-2020, 14:20:33 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente el 3 de diciembre de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver (3-II-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Las presentes actuaciones fueron iniciadas por L. O. contra la Municipalidad de Pergamino, persiguiendo el resarcimiento del daño -material y extrapatrimonial- causado por la imposibilidad de proseguir la explotación de un kiosco en una plaza local, el que habría sido destruido por la demandada ante su falta de servicio. Alega que el local le permitía mantenerse económicamente en el contexto de su incapacidad física acreditada en sede judicial.
Relata el actor que dicha destrucción fue objeto de litigio en el marco procesal del amparo caratulado "Couto, Carmen Graciela c/ Municipalidad de Pergamino s/ Amparo", el que tramitó en el Tribunal de Trabajo de Pergamino, con sentencia favorable de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás.
En los citados autos, por sentencia de fecha 4 de diciembre de 2012, dicho Tribunal de Alzada acogió el recurso de apelación interpuesto por la actora y ordenó al municipio otorgar una nueva concesión para la explotación del rubro kiosco a L. O., en la plaza "M. D." o, en el supuesto de no disponer de las instalaciones correspondientes, en otro lugar dentro de los términos del art. 2 de la ordenanza 6.240/05, siempre que este cumpla con condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad, transporte y productividad (esto es, de entidad económica suficiente para la subsistencia del nombrado). Asimismo, otorgó al municipio el plazo de diez días a fin de que formule su propuesta (o propuestas optativas) y, en caso de no disponer de instalaciones efectivas o adecuadas, señale un plazo razonable para la realización de las obras o refacciones necesarias para dar cumplimiento con lo ordenado. Tal pronunciamiento adquirió firmeza el 26 de diciembre de 2018, fecha en la que esta Suprema Corte -en la causa A. 72.488- rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Municipalidad demandada.
Ahora bien, en el marco de las presentes actuaciones (en las que se busca el resarcimiento del daño causado por los hechos ventilados en la causa reseñada) el municipio opuso la excepción de prescripción (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2019, 10:55:33 hs.), en base a la época en que supuestamente pudo haberse producido el daño (año 2007), en el entendimiento de que el plazo aplicable es de dos años (art. 4.037, Cód. Civ., entonces vigente). Agregó que el actor había instrumentado su reclamo por conducto de la vía procesal reglada por el art. 20 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo no obstante no haber previamente instado el proceso de anulación que le sirviera de fundamento. Por el contrario, señaló que aquel solo inició un amparo que no estaba orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto.
A su turno, el juez de primera instancia consideró que, en el particular, el cómputo del plazo de prescripción fue interrumpido por la interposición de la demanda de amparo mencionada y que dicho plazo se reinició al momento de adquirir firmeza la sentencia dictada en dicho proceso (el 26-IX-2018, con la sentencia de esta Suprema Corte), marcando así un nuevo inicio del cómputo del plazo para iniciar acción procesal por los supuestos daños provocados por el posible accionar ilegítimo de la demandada.
Consecuencia de lo dicho, y siendo que la acción de autos se inició el 21 de mayo de 2019, consideró que no puede reputarse prescripta (conf. arg. art. 4.037, Cód. Civ. aplicable, v. sent. de fecha 20-VII-2020).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la parte demandada, el Tribunal de Alzada rechazó la impugnación y confirmó la resolución de grado.
Para así decidir, la Cámara interviniente destacó que el proceso antecedente de amparo sirvió -en definitiva- para poder hoy encuadrar el obrar estatal que privara al actor de la explotación del kiosco, habiéndose incluso allí analizado expresamente la normativa involucrada y aplicable al caso, teniendo en consideración la discapacidad que aquel padece.
Ponderó que, si no se hubiera arribado al fallo adverso al municipio, mal podría el actor estar reclamando indemnización alguna, a lo que añadió que la imposibilidad de explotación del kiosco se extendió a lo largo del tiempo, configurándose así una situación de tracto sucesivo que -en principio- y mientras no cesara, hacía imposible su determinación o delimitación concreta.
Desestimó, por otra parte, el agravio referido a la imposición de las costas, al no encontrar razones que justifiquen un apartamiento de la regla general en la materia.
Concluyó entonces que la demanda de daños y perjuicios fue interpuesta antes de cumplirse los dos años computados desde que lo resuelto en el juicio de amparo pasara en autoridad de cosa juzgada, motivo por el cual aquella no está alcanzada por el plazo de prescripción (arts. 3.986 y 4.037, Cód. Civ.).
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Sostiene que el Tribunal de Alzada aplica errónea y arbitrariamente las disposiciones del Código Civil, por cuanto el art. 3.986 contempla la interrupción de la prescripción por ejercicio de la misma acción en curso de prescribir, mediante la interposición de la demanda judicial, pero requiere que la pretensión esgrimida ante el juez incompetente sea la misma que más tarde se presenta ante el juez competente, mas no una diversa.
Alega que los sentenciantes se apartaron infundadamente de la letra de la ley y consideraron que la acción de amparo interrumpió el plazo para demandar luego por daños y perjuicios, apartándose así de las constancias de la causa, y tomando una decisión injustificada.
Esgrime que el actor reclamó en los términos del art. 20 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, cuando en el caso no hubo un proceso de anulación previo que le sirviera de base, sino que el proceso antecedente resulta ser una acción de amparo.
Puntualiza así que la acción para demandar se encuentra prescripta en tanto la prescripción comenzó a computarse desde la causa fuente de la obligación, es decir, desde el supuesto evento dañoso -destrucción del kiosco en junio de 2007- y que la pretensión indemnizatoria fue recién interpuesta el 21 de mayo de 2019.
Esgrime violado el principio de congruencia al referir que si lo que se pretende es interrumpir la prescripción de la acción de daños por interposición de demanda contra el deudor, esta debe contener la misma e idéntica pretensión -indemnización de los daños- y no otra diferente.
Resalta que, en el caso, en la acción de amparo no hubo reclamo dinerario, siendo distinto el objeto del amparo y el de la pretensión indemnizatoria.
Argumenta que la acción de amparo no interrumpió el plazo de prescripción, por cuanto, al margen de entablar la demanda contra el poseedor o deudor, no hay identidad de objeto -reitera- entre una y otra.
Agrega que no puede sostenerse válidamente que la prescripción comienza con la certificación judicial del obrar ilícito del Estado y que recién entonces existe un daño jurídicamente resarcible, y/o que el cómputo de la prescripción de la acción de daños debe iniciar cuando el reclamante tiene certeza sobre la invalidez del acto.
Arguye, por último, que en todo juicio de responsabilidad solo con la sentencia final se tiene certeza legal del obrar antijurídico del autor del daño; por tanto, en ningún caso dicha certeza puede ser condición para el inicio del plazo de prescripción de la propia acción de responsabilidad. Cada uno de los presupuestos de la responsabilidad debe ser objeto de conocimiento y acreditación en el marco del juicio de responsabilidad. Y la sentencia que verifica estas condiciones, tiene efecto declarativo, no constitutivo de derechos.
III.2. Por último la recurrente impugna también la decisión sobre la imposición de costas y alega que -en el caso- no existe temeridad en la defensa, sino convicción del municipio de que su postura se asienta en las disposiciones legales aplicables.
IV. Preliminarmente he de advertir que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho por el que reclama la parte actora su indemnización (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
V. Adelanto que el recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. El pronunciamiento de primera instancia se desplegó en torno a dos líneas argumentales (v. sent. de 20-VII-2020) en virtud de las cuales se rechazó la prescripción planteada por la Municipalidad de Pergamino.
Por un lado, el sentenciante sostuvo que "... el hecho que reputa dañoso el actor, esto es, la destrucción de su 'kiosco', tuvo lugar en el mes de Junio de 2007, punto en el tiempo desde el que -al menos en principio- debe comenzar el cómputo de la prescripción, siendo que, conforme la naturaleza del caso de autos, el mismo cae en las previsiones del transcripto artículo 4037 del Código Civil vigente al momento de los hechos ...". A su vez consideró que "...n o obstante ello, resulta aplicable al caso, atento la conducta adoptada por la madre del hoy actor (en aquel momento menor de edad), al interponer la acción de amparo ante el Tribunal del Trabajo N°1 Departamental en fecha 5 de Junio de 2008, exigiendo del hoy demandado '...la reconstrucción del kiosco en la Plaza D....', la prescripción del art. 3986 del cuerpo citado, el cual reza '...La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio...' (el subrayado me pertenece). Con ello, el plazo de un (1) año transcurrido desde el evento que se reputa dañoso y la interposición de la 'acción de amparo' se debe considerar como no acaecido, en tanto la interrupción del cómputo del plazo de prescripción inutiliza el lapso transcurrido hasta el momento, es decir, que acaecido un hecho interruptivo de la prescripción, se requerirá el transcurso de un nuevo período sin poderse acumular el tiempo anterior (conf. arg. art. 3998 Cód. Civil)" ; "...interrumpido el cómputo del plazo de prescripción con la interposición de la demanda mencionada, resulta necesario encontrar un nuevo punto en el tiempo a partir del cual dicho plazo pudo haber renacido, y éste no puede ser otro que el de adquisición de firmeza de la Sentencia dictada en dicho proceso, ocurrido con el dictado de Sentencia por parte de Suprema Corte Provincial...".
Por otra parte, el mismo magistrado sostuvo que "...a mayor abundamiento, es dable de resaltar que los presentes tratan de una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios (art. 12. inc. 3 del CCA), promovida a consecuencia de una eventual responsabilidad del Estado Municipal, la cual habría quedado evidenciada a partir de lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás en autos 'Couto Carmen Graciela c/Municipalidad de Pergamino s/amparo'. Con ello, podríamos estar en presencia de aquellos supuestos en los cual el 'hecho ilícito' que marca el inicio del cómputo del plazo prescriptivo no resultara solamente de lo fáctico, sino que requiriera del transitar por los carriles judiciales que permitieran lograr la declaración que le otorgue dicho carácter, con lo que el plazo de prescripción sólo podría comenzar desde que dicha declaración pasara en autoridad de cosa juzgada, y ello recién acaeció con la Sentencia de la Suprema Corte Provincial, en el mes de Septiembre de 2018, por lo que desde este punto de vista, la excepción de prescripción también sufriría el rechazo en esta instancia...".
V.2. A su turno, la Cámara de Apelación, brindó como fundamento para confirmar la resolución del juez de grado, la consideración según la cual -en el caso-, habiéndose notificado el decisorio de esta Suprema Corte en autos "Couto, Carmen Graciela c/ Municipalidad de Pergamino s/ Amparo", causa A. 72.488, con fecha 3 de octubre de 2018, recién allí el actor tuvo certeza de la calificación jurídica de la conducta municipal (y también de la dimensión del daño) por lo que desde allí debía computarse el plazo de prescripción bianual del caso. Y así, habiéndose iniciado la presente causa en fecha 21 de mayo de 2019, no podía reputarse prescripta la acción (v. pto. IV, penúltimo párrafo, y consideraciones concordantes del voto del doctor Schreginger).
V.3. Ahora bien, la recurrente alega en su impugnación que ha existido error en la aplicación de la ley -art. 3.986 del Código Civil, ley 340-, vigente al momento de los hechos, y violación del principio de congruencia.
Basta observar lo argumentado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, para advertir que, en rigor, en el mismo se reiteran los agravios oportunamente esgrimidos en el escrito de apelación (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2020, 12:42:10 hs.).
Ello denota la insuficiencia del intento revisor, en tanto el razonamiento de la Cámara fue explicitado de manera diversa al de primera instancia, y la recurrente, reiterando argumentos expuestos en la instancia anterior, lo refuta limitando su fundamentación al expresar que la acción de demandar se encuentra prescripta, en tanto la prescripción comenzó a computarse desde la causa fuente de la obligación, es decir, desde el supuesto evento dañoso -destrucción del kiosco en junio de 2007-, no habiendo sido interrumpido el plazo respectivo por la interposición de la acción de amparo.
Tiene dicho este Tribunal que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que repite objeciones expuestas en la expresión de agravios y desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (art. 279 apdo. 2, CPCC; doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.018, "Zurzolo", sent. de 20-IX-2017; A. 72.656, "Barzani", sent. de 3-XII-2014; Ac. 72.157, sent. de 6-XI-2013; C. 95.047, "Catani", sent. de 25-VI-2008; entre muchas otras).
En consecuencia, la impugnante no consigue demostrar que ha existido una errónea aplicación de la ley ni las transgresiones denunciadas (doctr. causas L. 33.042, sent. de 26-VI-1984; L. 49.689, sent. de 24-XI-1992; L. 79.565, sent. de 1-IV-2004 y L. 83.217, sent. de 14-XII-2005).
V.4. Tampoco los argumentos introducidos por el municipio se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada, por cuanto en el caso, ninguno de los agravios expuestos conlleva una réplica eficaz del fundamento que estructura el fallo de la Cámara.
En efecto, el a quo consideró, con cita de la causa Ac. 87.447 ("Chakers Sociedad de Hecho y/u otros contra Municipalidad de Nueve de Julio y otro. Daños y Perjuicios", sent. de 20-IV-2005, SCBA), doctrina legal aplicable al caso, que el principio general en la materia es que la prescripción no corre contra los derechos o las acciones que aún no han tenido nacimiento: actioni non natur non praescribuntur .
Agregó que si bien es cierto que la prescripción de la acción emergente de un hecho ilícito comienza desde el momento en que este ocurre, toda vez que constituye la fuente de la obligación de resarcir, no lo es menos que tal principio -de carácter general- debe ser congruentemente aplicado en situaciones particulares, como lo es el caso de autos, en que la ilicitud del hecho no se encuentra categóricamente establecida en el momento de producirse, sino que fue necesario un acto jurisdiccional que lo califique como tal.
Pues bien, resulta aplicable en este caso la doctrina ya consolidada de esta Suprema Corte según la cual resulta insuficiente el remedio procesal que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas; ello es lo que ocurre aquí e impone el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; A. 74.746, "Clavero", sent. de 6-X-2021; e.o.).
V.5. Por último, la demandada impugna la decisión sobre la imposición de costas, invocando que en el caso no existió temeridad en la defensa, sino convicción del municipio de que su postura se asentaba en las disposiciones legales aplicables.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, vicio que se configura si se invoca -y demuestra-, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; A. 75.836, "Pérez", sent. de 20-XI-2019; A. 72.111, "Díaz", sent. de 28-IX-2016; A. 72.737, "Sunsundegui", sent. de 6-V-2015; e.o.).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que el recurrente exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por la Cámara, sin siquiera invocar el aludido vicio.
VI. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Con costas a la demandada vencida (conf. arts. 51 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 14.437; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Coincido con el colega que abre el acuerdo en cuanto señala la manifiesta insuficiencia del remedio en tratamiento, debiendo recordarse que la falta de impugnación idónea de los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada resulta argumento bastante para ello (cfr. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 76.904, resol. de 16-VI-2021; e.o.).
II. En consecuencia, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas
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