Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127806
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.806, "Suárez, Gustavo Fabián contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar parcialmente a la acción entablada, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. veredicto de 27-IV-2021 y sentencia de 17-V-2021).
Se interpuso, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-V-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Gustavo Fabián Suárez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, ello, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 5 de abril de 2017, mientras se encontraba realizando sus tareas de técnico radiólogo en la guardia del Hospital municipal San Bernardino de Siena. La rechazó, en cambio, en relación con el infortunio que protagonizó el día 2 de agosto del mismo año.
Para así decidir, juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 24,80% del índice de la total obrera a raíz de las secuelas producidas por el traumatismo de rodilla derecha con síndrome meniscal, que guarda relación causal con el accidente laboral acontecido en la primera fecha indicada.
A su vez, destacó la inexistencia de controversia en lo tocante a la vinculación entre la empleadora del trabajador y la aseguradora accionada a través de un contrato de afiliación en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo (vigente al momento mencionado).
Luego, en lo que resulta relevante, al determinar el importe de la prestación dineraria debida al dependiente, juzgó aplicable al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (modif. del art. 11, ley 27.348).
En ese marco, partiendo de lo informado por el perito contador, computó el ingreso base mensual del trabajador aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (surge, con sustento en el art. 12 inc. 1, ley 24.557, modif. por art. 1, dec. cit.); monto que -sostuvo- devengaría un interés equivalente a la tasa de variación de dicho índice en el período considerado (art. 12 inc. 2, ley 24.557, dec. cit.), el que determinó.
Con ello, y en los lindes del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificó el importe indemnizatorio, al que le adicionó el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773.
Finalmente, para el supuesto de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia dentro del plazo establecido, juzgó que correspondía la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital ello en forma semestral, con sustento en el art. 770 inc. "c" del Código Civil (art. 12 inc. 3, ley 24.557, modif. por art. 1, dec. cit.).
II. La aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 31-V-2021).
II.1. En primer término, controvierte lo resuelto en el pronunciamiento impugnado en torno a la aplicación del decreto 669/19, lo hace, cuestionando su validez constitucional, por cuanto -entiende- las razones esbozadas en los considerandos para su dictado carecen de las características de necesidad y urgencia necesarias para justificar el ejercicio del Poder Ejecutivo de la facultad asignada por el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional.
Acudiendo a ciertos precedentes jurisprudenciales, expresa que el Máximo Tribunal de la Nación estableció un criterio sumamente restrictivo sobre los recaudos pertinentes a los que alude la norma constitucional, alegando que "no es la mera 'emergencia' sino un estado agravado de urgencia", el cual -alega- se define por la simultaneidad de dos circunstancias: que el Congreso nacional no pueda reunirse y la necesidad de arbitrar una solución -de contenido legislativo- inmediata a un problema grave. De allí que -explica-, los decretos de necesidad y urgencia suponen una presunción de constitucionalidad disminuida respecto de las leyes.
Argumenta que, al momento del dictado del mentado decreto, el Poder Ejecutivo nacional no invocó ninguna imposibilidad cierta para que el Congreso se reuniera, máxime -puntualiza- cuando fue dictado durante el período de sesiones ordinarias. Aduna que los reglamentos de las Cámaras que conforman ese órgano prevén un trámite sumarísimo para el tratamiento de cuestiones, y su votación directa en el recinto.
Manifiesta que en el caso, la solución propuesta por la citada herramienta arriba a un resultado inverso al buscado, desde que -dice- la aplicación del sistema de ajuste que establece resulta más gravoso para las aseguradoras de riesgos del trabajo a las que se intentaba proteger.
Agrega que tampoco ha recibido ratificación legislativa a través del procedimiento de aprobación establecido en la ley 26.122, razón por la cual -infiere- ello torna operativa la vigencia del anterior texto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348.
II.2. Por último, impugna la tasa de interés activa que -dice- ordenó aplicar el tribunal en la sentencia.
Enfatiza que dicha tasa provoca un enriquecimiento incausado a favor del actor y, un consecuente menoscabo en el patrimonio del deudor, con afectación de su derecho de propiedad.
Aduce que, al utilizar esa alícuota, el a quo se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), destacando que este Superior Tribunal se pronunció por la aplicación de la tasa de interés pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación; siendo que la misma -indica- resulta ser la "tasa pasiva digital".
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, cabe observar que equívocamente el interesado intenta justificar -tomando valores totales- que el monto de lo cuestionado superaría el exigido por la ley procesal como recaudo de admisibilidad del recurso (v. pto. II.4. de su escrito); sin embargo, lo cierto es que no se ocupa de evidenciar tal aseveración. Al hacerlo, soslaya considerar que, en el caso, aquel se hallaría representado por las eventuales diferencias que existirían entre las cuantías de la prestación dineraria calculada conforme lo dispuesto en el decreto 669/19, así como la de los intereses según la tasa aplicada en la sentencia, y las que pretendería al respecto el recurrente según lo que argumenta en la impugnación.
Resultando entonces que este último no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, en principio correspondería ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 119.813, "Zamudio", sent. de 11-III-2020 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e.o.), quedando circunscripta la función revisora de esta Corte a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013 y L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020).
Ahora bien, en lo tocante al planteo de inconstitucionalidad del referido decreto de necesidad y urgencia 669/19, el recurrente afirma que no resulta de aplicación el requisito del valor económico de lo cuestionado, pues se encuentra en debate una cuestión federal, sustenta tal aseveración con apoyo en el conocido criterio sentado por la Corte nacional con los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490); "Christou" (Fallos: 310:324) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Luego, y a tenor de lo señalado, más allá de lo que en definitiva se resuelva, este tramo del recurso ha de abordarse sin la mentada restricción procesal (causas L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 125.474, "Magyar", sent. de 31-VIII-2022).
III.2. La impugnación inaugural no es de recibo.
III.2.a. He sostenido antes de ahora que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003 y L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003; e.o.), con la posibilidad de garantizar la audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004 y L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004; e.o.). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma -última ratio del orden jurídico, conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1.087; 301:962 y 1.062; 302:457, 484 y 1.149; 307:906; 312:435 (conf. dictamen del Procurador General, al que se remitió la Corte Suprema); 314:407; 326:2.692; 327:831 e in re , "Berón", B.2216.XXXVIII, sentencia de 15-II-2005, estos tres últimos conforme dictamen del Procurador General al que se remitió la Corte nacional- sean decididas con el mayor grado de debate posible, con adecuada contradicción y en función de las posiciones sustentadas por las partes en el litigio.
III.2.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 que fuera publicado en el Boletín Oficial el día 30 de septiembre de 2019, recién fue incorporado en el litigio con el recurso en examen, deducido el día 31 de mayo de 2021. Así, a poco de considerar que la entrada en vigencia de aquel instrumento del Poder Ejecutivo nacional aconteció mucho tiempo antes, en la etapa probatoria del pleito, el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta sede extraordinaria advertido -a estarse a la fisonomía del reclamo de autos- que las modificaciones dispuestas en la norma "...se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante..." (art. 3, dec. cit.), bien pudo ser llevado ante el órgano de grado procurando de este modo su bilateralización, toda vez que no puede dejar de destacarse que muy posteriormente, el día 20 de abril de 2021, el tribunal actuante dispuso que las actuaciones pasaran al acuerdo para el dictado de veredicto y sentencia.
III.2.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo (conf. mi voto en causa C. 86.429, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 22-VIII-2007). Más no lo es menos que, en la especie, el camino transitado por la parte en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado por el recurrente.
En determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno, pero al respecto, se observa que el impugnante no ha argumentado que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar este recaudo, las que en rigor igualmente no se constatan en el caso (v. mis votos -entre otras- en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
En síntesis, toda vez que la parte no ha sometido la cuestión constitucional a la decisión del a quo y la introdujo extemporáneamente en ocasión de articular el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a estudio, no corresponde a esta Corte ingresar a su conocimiento.
III.3. Sentado lo anterior, y ya en el acotado marco de revisión al que se aludió en el apartado inicial de la presente, corresponde desestimar el restante cuestionamiento que porta el recurso pues no se configura la hipótesis que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En efecto, el agravio debe ser desestimado, puesto que los precedentes que se citan en este pasaje del medio de impugnación fueron elaborados sobre presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento en el que el "...interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina..." fue dispuesto para la hipótesis de incumplimiento con la condena que contiene la sentencia (causas L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Es que, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar al tratamiento -únicamente- del planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 contenido en la impugnación, sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio, pues involucra claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Luego, aclarado ello, adhiero a las consideraciones vertidas por el citado colega en el punto III.2. y a lo expuesto en relación al restante agravio, en el punto III.3. de su voto.
Al respecto, solamente he de señalar -en lo concerniente a los argumentos expuestos en su opinión para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del decreto 669/19- que, de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto del doctor Soria, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, con las consideraciones adicionales vertidas por la doctora Kogan en el punto I.1. de su sufragio.
Solo he de agregar respecto al planteo de inconstitucionalidad del decreto 669/19 que concuerdo en que su introducción -recién- en el recurso bajo examen resulta producto de una reflexión tardía que, como tal, deviene inatendible en esta instancia extraordinaria (causas L. 125.824, "Falero ", sent. de 15-II-2023; L. 126.046, "Agüera" y L. 126.076, "Benítez", sents. de 27-VI-2023; e.o.). Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (conf. mi voto en causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023); de allí que -por las razones expuestas por el colega que abre el acuerdo- corresponda el rechazo del recurso, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto, al igual que su propuesta de desestimar el agravio sobre la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
En ese orden, considero que dicho planteo introducido en el recurso es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (v. mis votos en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015), pues el interesado no ha sometido al conocimiento del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, no obstante hallarse vigente la norma ya en la etapa probatoria del pleito.
I.2. Luego, ya en el marco de revisión que provee el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, comparto los fundamentos vertidos por el colega en el apartado III.3. de su voto para adherir al sufragio que inicia el acuerdo.
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2023 14:20:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2023 11:38:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2023 12:18:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 23:33:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/08/2023 10:37:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/08/2023 12:18:35 hs. bajo el número RS-80-2023 por DI TOMMASO ANA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.