Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125821
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado III.2.c. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos que estime necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta sede extraordinaria se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.821, "López, María Natividad contra El Marisco S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2028): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. fs. 484/498).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-X-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida -con fecha 14 de mayo de 2013- por la señora María Natividad López contra la firma El Marisco S.A., por la que pretendía el pago de una indemnización integral de daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común y, subsidiariamente, el resarcimiento previsto en el régimen especial (ley 24.557 y modif.), por la incapacidad que contrajera como consecuencia del accidente de trabajo acaecido el día 15 de noviembre de 2011.
Para así decidir, por mayoría, juzgó que correspondía atribuir carácter de acuerdo homologado a la constancia documental agregada a fs. 40 y, por ende, configurada la existencia de cosa juzgada administrativa.
El magistrado que votó en segundo término -y obtuvo la adhesión del que lo hizo en tercer lugar- señaló que, al no haber sido cuestionada oportunamente la competencia del órgano judicial, resultaba abstracto el tratamiento de los planteos formulados en la demanda respecto de la constitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 (v. fs. 491).
Luego, en lo atingente a las facultades jurisdiccionales de las comisiones médicas, sostuvo que las alegaciones articuladas en la demanda en torno a la invalidez constitucional del sistema eran genéricas y ambiguas, sin concreto anclaje en las circunstancias de autos (v. fs. 493 y vta.).
Consideró que el pacífico sometimiento del actor a la instancia administrativa suscitó en la aseguradora la confianza suficiente como para proceder al inmediato pago del importe resarcitorio generándose así en la deudora, la lógica y legítima expectativa que nada más tenía para reclamar.
A su vez, destacó -como hecho dirimente de la decisión- que "...la comisión médica local no fijó la incapacidad del actor, imperativamente, por pedido de una de las partes (como ocurre, prácticamente, en la mayoría de los casos), sino que por el contrario, ...[el actor]... y la aseguradora demandada acordaron [...] -libremente y sin constatarse la existencia de vicios en la voluntad del accidentado trabajador- someterse ante la Comisión Médica local para que ésta determine la incapacidad parcial permanente y definitiva del actor incluso- con la posibilidad de ser asistido en la instancia administrativa por un perito o médico de parte..." (fs. 493 vta. y 494).
Agregó que, si el dependiente no estaba de acuerdo con la instancia administrativa por él habilitada, elementales razones de buena fe exigían que su declinación fuera expresada claramente antes del dictado de la resolución administrativa y no -como hizo- luego de percibido el importe, meses después y mediante demanda judicial.
Expresó que el mentado acuerdo, lejos de ser instado para perjudicarlo, empobrecerlo o apurarlo, en realidad fue llevado a cabo por la demandada en estricto cumplimiento de las obligaciones legales impuestas a su cargo (v. fs. cit.).
En tales condiciones, juzgó aplicable en la especie el criterio jurisprudencial plasmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un precedente que identificó en cuanto a que "...Si el actor no cuestionó la Resolución de la Comisión Médica interviniente, en la forma prevista por el art. 46 de la ley 24557, dicha decisión quedó firme y consecuentemente resulta inadmisible la pretensión de revisar judicialmente el porcentaje de incapacidad fijado por el organismo competente..." (fs. 494 vta. y 495).
En suma, declaró que en el caso de autos no correspondía declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8 apartado 3, 21 y 22 de la ley 24.557, sino la configuración de la existencia de cosa juzgada administrativa a fin de garantizar la seguridad jurídica, evitando que entre las partes los debates se renovaran indefinidamente (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 75 incs. 12 y 22, 116 y 121 de la Constitución nacional; 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 36 de la Carta Internacional de Garantías Sociales; Convenios 15 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 1, 11, 15, 39, 45, 56, 160 y 166 de la Constitución provincial; 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 161, 344, 345, 354, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 12 y 31 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 28-X-2019).
Se agravia porque el tribunal de grado, por mayoría, declaró operada la cosa juzgada administrativa, señalando que, si las comisiones médicas asumen facultades jurisdiccionales, definiendo la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, determinando -o en su caso modificando- el grado de incapacidad, el contenido y alcance de las prestaciones, se afectan sustancialmente las garantías de juez natural y debido proceso consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional.
Manifiesta que el sistema creado por las normas indicadas restringe indebidamente el adecuado control judicial ulterior de las decisiones de autoridades administrativas y, por lo tanto, debe ser descalificado constitucionalmente.
Explica que, por resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las facultades homologatorias concedidas a las comisiones médicas fueron delegadas a las oficinas de Homologación y Visado, cuyas decisiones carecen de valor de cosa juzgada y pueden ser revisadas por la autoridad judicial.
Añade que la función de homologación de acuerdos entre las aseguradoras y los trabajadores solo puede efectivizarse, con mayores garantías y respeto a las pautas que fija el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, por parte de la justicia laboral competente en cada jurisdicción.
En ese sentido, afirma que en el específico supuesto de autos no se ha cumplimentado el mandato legal previsto en dicha normativa, vinculado a la existencia de una justa composición de intereses en el acto homologatorio, en una sede en la que -además- la dependiente no contó con la debida asistencia letrada.
Argumenta que a los dictámenes emanados de las comisiones corresponde atribuirle el carácter de opinión médica anticipada y sus conclusiones pueden ser impugnadas -en sentido amplio- ante los tribunales de trabajo, conforme las normas procesales vigentes, las que no receptaban una vía de apelación específica.
Finalmente, refiere que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Máximo Tribunal nacional han sido contestes en descalificar constitucionalmente las normas ya citadas, tanto cuando el reclamo indemnizatorio es fundado en el régimen reparatorio especial o bien en el derecho común.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir -tal como lo reconoce la interesada (v. capítulo III del escrito recursivo)- que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del remedio procesal deducido solo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte quedaría circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por el recurrente.
III.2. Empero, no puede soslayarse que la crítica que ensaya la recurrente al pronunciamiento de grado -en cuanto insiste en que en la especie corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la ley 24.557- involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación ensayada habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Sentado lo anterior, me permito -seguidamente- referirme brevemente a constancias de la causa que estimo relevantes a los fines de justificar la solución que he de proponer.
Conforme lo ya reseñado, en la demanda la actora reclamó el pago de una indemnización integral sustentada en las normas del derecho común y, subsidiariamente, el resarcimiento previsto en el régimen especial (leyes 24.557 y 26.773), por la minusvalía que porta como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 15 de noviembre de 2011.
Asimismo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (v. fs. 42/47).
Luego, el órgano judicial de grado, por mayoría, consideró -por un lado- abstracto pronunciarse con relación a la validez constitucional de dichas normas en lo tocante a la competencia, dado el estado de la causa, y -por otro- definió que, en los demás aspectos cuestionados, el planteo resultaba vago e impreciso.
Por ello, desestimó la pretensión deducida por la trabajadora porque entendió configurada en el caso la existencia de cosa juzgada administrativa, toda vez que atribuyó carácter de acuerdo homologado a la constancia documental de fs. 40, que se trata -agrego- de la conclusión/dictamen emitido en el marco del expediente n° 107.164/12 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En lo que interesa, en la réplica extraordinaria bajo análisis, la recurrente pone de resalto que el sentenciante debió admitir el planteo de inconstitucionalidad porque mediante los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo se otorgan facultades jurisdiccionales a entes administrativos, afectando los derechos de acceso a la justicia y debido proceso.
III.2.b. Para resolver la cuestión central objeto de ataque basta con destacar que -en el contexto normativo que resulta de aplicación al caso, esto es, la ley 24.557 sin las reformas introducidas por sus similares 26.773 y 27.348- esta Corte, como indica el quejoso, ya se ha expedido hace largo tiempo en sentido favorable a la tesis expuesta por el recurrente en el precedente identificado como L. 76.481, "Romero", sentencia de 24-IX-2003 y posteriormente en muchos otros (ver por todos L. 83.805, "Fernández", sent. de 26-XI-2003; L. 82.816, "Lencina", sent. de 14-VI-2006 y L. 79.722, "Fernández", sent. de 27-XI-2006).
En dichos pronunciamientos, por mayoría -y más allá de reafirmar la jurisdicción de los tribunales provinciales para entender en causas iniciadas por trabajadores que habían sufrido un infortunio laboral y recurrido liminarmente al sistema reglado por la ley de riesgos del trabajo- se especificó que no corresponde aplicar la doctrina de los propios actos en perjuicio de los empleados que impetraban una acción judicial cuestionando la constitucionalidad de dicho régimen luego de haber recibido prestaciones en sede administrativa (ver, en particular, causa L. 86.881, "Ramírez", sent. de 23-XI-2005, en la que -con cita de "Romero"- se aplicó este mismo criterio a un trabajador que consintió el porcentaje de incapacidad establecido por la Comisión Médica, aceptado su homologación).
Se tuvo en cuenta, para así decidir, los principios y garantías que emanan de los arts. 5 y 14 de la Constitución nacional; 1, 15, 39 inc. 3, 57 y 160 de la Constitución provincial; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el sistema de control jurisdiccional difuso de constitucionalidad vigente en nuestro país y la jurisprudencia de esta Corte relativa al alcance y límites de la doctrina de los actos propios.
Dicha doctrina legal, a cuyos lineamientos se hace referencia en la presentación recursiva, es enteramente aplicable al caso bajo juzgamiento, revelándose improponible la conclusión del juzgador de grado que, con arreglo a la evocada aceptación voluntaria del procedimiento reglado por las normas cuya constitucionalidad es cuestionada, declaró configurada la cosa juzgada administrativa.
III.2.c. En tales condiciones, y a la luz de los precedentes citados, debe revocarse la sentencia impugnada y decretarse la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, consideración que cabe hacer extensiva al art. 8 apartado 3 del mismo cuerpo normativo, por ser todos preceptos que se refieren a la intervención de las comisiones médicas.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar -por los fundamentos indicados- el pronunciamiento impugnado en tanto rechazó la demanda.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, renueve los actos que estime necesarios y dicte la decisión que corresponda.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En el caso, a pesar de lo afirmado por el recurrente, lo cierto es que el tribunal de origen no se pronunció acerca de la validez o invalidez constitucional de norma alguna. Por ende, no logra evidenciar la configuración de un supuesto que autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido a la cuantía del gravamen.
En este marco, y en tanto el valor de lo cuestionado no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, la admisibilidad del recurso en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Conforme ello, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017 y L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019).
I.2. Así delimitado el campo de revisión, no acierta el impugnante cuando denuncia que el a quo violó la doctrina legal que individualiza.
Las directrices jurisprudenciales a las que acude el quejoso dan cuenta de la invalidez constitucional de los arts. 8.3, 21 y 22 y 46.1 de la ley 24.557 -en su primitivo texto- y 23, 27, 28 y 32 del decreto 717/96 en cuanto establecían el sistema de actuación de las comisiones médicas y su mecanismo recursivo; evidentemente, asegurando la competencia de los tribunales del trabajo provinciales para entender en los reclamos motivados por las contingencias sufridas por los trabajadores. A la par, también trae el interesado aquellos lineamientos que indican que no corresponde aplicar la doctrina de los propios actos en perjuicio del trabajador que incoa la acción judicial tendiente al cobro de una indemnización por infortunio laboral con posterioridad a la iniciación del procedimiento previsto en la ley 24.557.
Sin embargo, no anidan en la doctrina que se alega infringida los elementos estructurales que el tribunal de grado tuvo en consideración en el caso para desestimar la demanda. Al respecto, cabe destacar que sin rehusar su competencia para intervenir en la controversia, ya al resolver el litigio, el a quo consideró que en su tránsito por la sede administrativa las partes habían arribado a un acuerdo sobre la cuestión que le fue llevada, y que posteriormente, la comisión médica lo homologó, resolución que tuvo los efectos propios de la cosa juzgada arribando a los estrados judiciales "firme, consentida y ejecutoriada, sin denuncia ni invocación de existencia de vicios del consentimiento de la accionante".
En virtud de ello, la impugnación no ha de tener éxito, pues es sabido que no se configura el supuesto de excepción que contempla el ya citado art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 cuando se alega violación de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos distintos a los que se verifican en la causa bajo juzgamiento (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013 y L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018).
II. A tenor de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Maidana, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado III.2.c. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos que estime necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta sede extraordinaria se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 14:29:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2023 09:55:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:59:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 15:36:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2023 14:00:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.