Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125970
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.970, "Silva, Emanuel Horacio contra Paolini S.A.I.C. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud , Maidana .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 465/481 vta.).
Se interpusieron, por Federación Patronal Seguros S.A. y Paolini SAIC, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 13-V-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 505/506.
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 10-V-2021), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Federación Patronal Seguros S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Paolini SAIC?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal interviniente tuvo por acreditado que el día 11 de octubre de 2011, mientras prestaba tareas para su empleadora, el señor Emanuel Horacio Silva sufrió un accidente de trabajo que lo incapacitó en forma parcial, permanente y definitiva en un 13,2% del índice de la total obrera (v. vered., cuestiones primera y segunda; fs. 465/467 vta.).
En la sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de Paolini SAIC en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340) por la minusvalía derivada de dicho infortunio (v. fs. 474/476).
Luego, abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En ese trance, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor, según se atienda a su reclamo conforme las previsiones del sistema de reparación de infortunios laborales o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, y verificada la insuficiencia de la legislación especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39, ley 24.557; v. sent., fs. 476/478).
En tales condiciones, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida y condenó a la empleadora Paolini SAIC a pagar al señor Emanuel Horacio Silva la suma que específicamente determinó para resarcir los daños materiales y morales sufridos (v. fs. 478 vta.).
También dispuso la condena de Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. En ese contexto, declaró de oficio la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en dicho precepto -texto según decreto 1.278/00- (v. fs. 479 y vta.).
En cambio, rechazó la pretensión dirigida contra dicha aseguradora de riesgos del trabajo por el reclamo sustentado en el art. 1.074 del Código velezano, por no hallarse verificada su responsabilidad civil en la producción del siniestro (v. fs. 478 vta. y 479).
Por último, dispuso calcular los intereses sobre el capital de condena, conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 480).
II. Contra dicha forma de resolver, Federación Patronal Seguros S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 16 del Código Civil (ley 340); 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Por un lado, plantea la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 11.653, en cuanto establece restricciones para la admisibilidad del remedio traído en orden al valor del litigio.
II.2. Ya ingresando en el cuestionamiento de la sentencia de grado, sostiene que dicho pronunciamiento es manifiestamente injusto y confiscatorio de su patrimonio, toda vez que -afirma- la demanda ha sido promovida vencido el plazo de prescripción de dos años a contar desde la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo por cuyas consecuencias incapacitantes se reclamó.
En este aspecto, señala que -según lo denunciado en el escrito de inicio- el actor sufrió el infortunio laboral el día 11 de octubre de 2011, y conforme surge de las constancias obrantes en autos, la demanda interpuesta al solo efecto de interrumpir la prescripción, como así también la promovida en cumplimiento de la intimación dispuesta por el tribunal de origen a fs. 7 y vta., fueron presentadas luego de transcurridos ampliamente los plazos previstos, tanto en la legislación civil, como en la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.3. Se agravia además de la condena que le fuera impuesta en los términos de la ley 24.557.
Sostiene que el tribunal de grado valoró absurdamente la prueba agregada a la causa y transgredió el principio de congruencia, desde que condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la tarifa prevista en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (Ley de Riesgos del Trabajo), sin que dicha pretensión integrara el objeto de la demanda, pues -explica- el actor solo reclamó una reparación integral por los daños y perjuicios causados por el accidente de trabajo que sufrió con fundamento en las disposiciones del derecho común.
II.4. Controvierte, asimismo, la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00).
Refiere que el tribunal de grado no ha plasmado argumento válido alguno en el pronunciamiento para sostener que se encuentren vulnerados, en la especie, derechos constitucionales del trabajador.
Alega que tal aspecto del fallo transgrede la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en las causas L. 68.511, "Onufrovich", sentencia de 17-XI-1999; L. 55.996, "Cortinez", sentencia de 5-VII-1996 y L. 71.154, "Corredera", sentencia de 18-IX-2002, en cuanto declaró que el art. 8 inc. "a" de la ley 9.688, que establece el tope indemnizatorio, no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales.
II.5. Por último, cuestiona que el sentenciante aplicara intereses al capital de condena desde la fecha del infortunio.
Indica que Federación Patronal Seguros S.A. brindó al trabajador accidentado atención médica inmediata y prestaciones dinerarias hasta el momento de otorgarle el alta definitiva sin incapacidad, por lo que los intereses moratorios fijados no tienen sustento alguno al haber cumplido en debido tiempo y forma con todas las exigencias previstas por la ley 24.557.
Agrega que tales accesorios deben computarse desde la consolidación de la minusvalía, es decir, desde el momento que corresponde considerar permanente a la incapacidad, lo que ocurre a la fecha del alta médica o transcurrido un año desde la primera manifestación invalidante.
En suma, considera que, de aplicarse intereses al capital de condena, en el específico supuesto de autos estos deben ser computados desde el día 10 de diciembre de 2011, esto es, treinta días posteriores a la fecha del alta médica.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena, más la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el tribunal de grado y el que habría de obtenerse según lo pretendido por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
III.1.b. Luego, es cierto que el interesado ha formulado críticas orientadas a neutralizar aquel recaudo de admisibilidad, pero no lo es menos que ellas no han de tener favorable recepción.
Reiteradamente ha sostenido esta Corte que las limitaciones previstas por las normas procesales para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución provincial, estatuye que el conocimiento y resolución del mencionado medio de impugnación compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento determinan y su limitación, por las normas citadas, es compatible con dicho precepto constitucional provincial, pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.270, "Muñoz", sent. de 6-IV-2016; L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018 y L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
III.1.c. Sentado lo anterior, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Empero, no puede soslayarse que los agravios dirigidos a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, involucran el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, ameritan la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal- aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tales cuestionamientos habrán de ser abordados con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Dicho esto, y sin abrir juicio respecto del grado de acierto que corresponda adjudicarle a las argumentaciones que definen el contenido de los agravios vinculados con la prescripción de la acción, la condena al pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y al momento a partir del cual correspondería aplicar los intereses, cabe señalar que su improcedencia luce manifiesta, al no haberse denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna relacionada con los tópicos que se impugnan, presupuesto esencial e inicial para poner a revisión lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020 y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.).
En el señalado contexto, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 124.796, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021; e.o.).
III.3. Luego, la restante crítica que porta el recurso, vinculada a la declarada inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00), tampoco puede tener favorable recepción, pues el embate no satisface mínimamente los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.3.a. En efecto, en su escrito recursivo la interesada no se encarga de rebatir frontal y eficazmente las esenciales motivaciones que llevaron al sentenciante a objetar la validez supralegal de la norma en cuestión, a saber: i) que resultaba per se injusta, en la medida que el tope allí establecido se dirigía a nivelar "para abajo", en lugar de -primero- mejorar o acrecentar los rubros indemnizatorios de los trabajadores accidentados laboralmente; ii) que a partir del caso "Vizzoti", la Corte Suprema de Justicia de la Nación flexibilizó el sistema de topes; iii) que quedó concretamente demostrado que su aplicación en el caso resulta confiscatoria para el actor y por ende, inconstitucional por violentar su derecho de propiedad (arg. art. 17, Const. nac.) y iv) que la propuesta así planteada no implicaba "salirse" del sistema de la ley de riesgos, ni debía ser considerado por la aseguradora como la imposición de un aditamento pecuniario extrasistémico no pactado en póliza, pues era tan solo una corrección o ajuste de valores -y por vía constitucional- sin dejar de respetar la télesis, pautas e instituciones propias de la ley 24.557; siendo -a la postre- trazada una corrección en la misma dirección a partir del decreto 1.694/09 (v. fs. 473 vta. y 474).
Estas definiciones han sido marginadas de todo agravio en la queja que se analiza, erigiéndose tal circunstancia en un obstáculo insalvable para decretar su procedencia, ya que -como es sabido- es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no formula una crítica pormenorizada de las motivaciones esenciales que han dado contenido a la sentencia, concretando solo un reproche parcial de estas últimas (causas L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017 y L. 119.667, "Sosa", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
Por lo tanto, trasladando dichos lineamientos al caso de autos, cabe concluir que no se presenta como eficaz la impugnación que -al cuestionar la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal de grado respecto del tope indemnizatorio establecido por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según decreto 1.278/00)- se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
III.3.b. Aunque lo expuesto en el apartado anterior resulta suficiente para rechazar este tramo de la queja, habré igualmente de manifestar que la doctrina legal que la compareciente denuncia transgredida fue elaborada sobre precedentes en los cuales este Tribunal declaró que el tope establecido en el art. 8 inc. "a" de la ley 9.688 no es inconstitucional. Luego, no es idónea para sustentar el agravio, toda vez que se halla vinculada a una normativa que no es de aplicación al pleito.
Al respecto, expresamente se ha señalado que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho que difieren a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018; L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019 y L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En cuanto a su admisibilidad, comparto lo dicho por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1.a. y III.1.b. de su voto.
Luego, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
No obsta a lo anterior que uno de los agravios vertidos en el medio extraordinario de impugnación se encuentre orientado a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (según decreto 1.278/00), puesto que ningún argumento despliega aquí el quejoso con el objeto de demostrar que ello podría eventualmente resultar idóneo para evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente.
I.2. Delimitada así la competencia de este Tribunal en el estrecho carril previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, los agravios deben ser desestimados.
En ese sentido, adhiero a lo expuesto por el colega ponente en el apartado III.2. de su sufragio.
Ya en orden al cuestionamiento referido a la mencionada declaración de inconstitucionalidad del tope legal resarcitorio estimo que debe rechazarse en atención a lo argumentado por el doctor Torres en el apartado III.3.b. de su opinión.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Torres y su propuesta de rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la aseguradora demandada.
Luego, y sin que ello implique alterar los términos de mi adhesión, no puedo dejar de observar que la mensura de la prestación sistémica se condice -al cabo- con la normativa vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante (en el caso, el accidente objeto de reclamo), situación que refuerza la desestimación de la crítica sobre el cálculo puesto en tela de juicio (decreto 1.694/09).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada Paolini SAIC denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba.
I.1. Se agravia inicialmente de la decisión del a quo que declaró la inconstitucionalidad del tope previsto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00).
En tal sentido, expresa que al promover la demanda el actor no expuso ninguna fundamentación que avale la descalificación constitucional de la norma.
A ello agrega, que el tribunal de grado tampoco hubo de especificar los concretos perjuicios que la aplicación de
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