Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.187, "T., M. I. y otro/a contra Agencia Nacional de Discapacidad y otro/a. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora M. I. T., en representación de su hijo J. A. C., contra la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -Programa Federal Incluir Salud- a fin de obtener la cobertura integral de las prestaciones que detalla en la demanda y de que se garantice su continuidad (v. sent. de 15-IV-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 20 de mayo de 2021, 11:33:39 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 1 de junio de 2021.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora M. I. T., en representación de su hijo J. Á.C., promovió demanda de amparo con el objeto de que se lo proteja y se le reconozca el derecho a la cobertura integral de las prestaciones del Centro de Día Jornada Doble y Transporte en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" -ambas con treinta y cinco por ciento (35%) de dependencia-, garantizando su continuidad por ser fundamentales para la vida de su hijo, con diagnóstico de: "Anormalidades de la marcha y de la movilidad, Dependencia de silla de ruedas, Hemiplejía, Parálisis cerebral infantil" (v. demanda y certificados médico y de discapacidad acompañados digitalmente).
Lo pretendido, según se denuncia, es el resultado de las reiteradas irregularidades -acreditadas en autos por la amparista- en que incurrieron las autoridades responsables en proveer las prestaciones requeridas en determinados meses de 2018, prestando parcialmente la cobertura y, consecuentemente, poniendo en serio riesgo su continuidad (v. documentación acompañada digitalmente con la demanda).
I.2. Mediante resolución de 26 de febrero de 2019 -y su aclaratoria de 1 de marzo de 2019-, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando a la parte demandada a cumplir con la cobertura integral de las prestaciones objeto de reclamo a favor de J. A. C. y a que garantice su concurrencia a la institución (v. resols. de 26-II-2019 y 1-III-2019).
Posteriormente, la demandante, en las presentaciones de 24 de junio de 2019 y 12 de septiembre de 2019, denunció el agravamiento de la situación de incumplimiento de la cobertura con relación a lo relatado en la demanda, dado que el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" informó la imposibilidad de continuar brindando las prestaciones -Centro de Día y Transporte-, a causa del atraso en los pagos durante determinados meses de 2019 de parte del Programa Federal Incluir Salud con la institución referida, especialmente respecto de la prestación de Transporte (v. nota cursada por el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" acompañada digitalmente con la presentación de 24-VI-2019).
I.3. Finalmente, la señora jueza de grado decidió hacer lugar a la acción de amparo promovida e impuso las costas a la demandada (v. sent. de 28-V-2020).
Para resolver de ese modo, sostuvo que a partir de la medida cautelar dictada el día 26 de febrero de 2019 la prestación objeto de autos se hallaba debidamente garantizada por la demandada y, con tal alcance, ordenó a dicha parte a continuar garantizando el derecho a la cobertura integral prestacional.
I.4. Contra el pronunciamiento de primera instancia, la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 4 de junio de 2020, 10:15:00 hs.), pretendiendo que se revoque tal decisorio debido a que en ningún momento se interrumpieron las prestaciones a su cargo en favor de la actora.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó el recurso incoado y confirmó la sentencia de grado que acogiera la acción de amparo promovida y ordenara a la demandada a continuar garantizando la cobertura prestacional integral -Jornada Doble con dependencia en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y Transporte-. Con costas del Tribunal de Alzada a la demandada en su calidad de vencida (v. sent. de 15-IV-2021).
Para así decidir, previa estimación de la condición de salud de J. A. C. y del alcance de la prestación que fuera prescripta por sus médicos tratantes -Centro de Día Jornada Doble con dependencia y Transporte en el establecimiento "Aprendiendo a Ser II"-, consideró procedente la acción deducida debido a que se hallaba comprometido el derecho a la salud cuya protección requería de tutela urgente, justificándose de tal modo el acceso a la jurisdicción a través de la vía de amparo.
Al mismo tiempo, sostuvo que una materia como la abordada en la especie suponía especial prudencia, debiendo evitarse que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. Citó fallos de la Corte federal y de esta Suprema Corte en ese sentido.
Destacó la obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizar, mediante acciones positivas, la plena vigencia de los derechos a la vida y a la salud de las personas con discapacidad, consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (arg. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; VII, DADDH; 25, DUDH; 24 inc. 11, PIDCP; 12 inc. 11, PIDESC; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), reafirmándose así su rango supremo, de manera tal que su ejercicio no se torne ilusorio al tratarse de bienes con protección constitucional directa y operativa.
En concreto, luego de precisar que no se hallaba controvertido el diagnóstico del hijo de la amparista ni la necesidad de continuar con la prestación asistencial que recibía desde el año 2014, coincidió con la decisión adoptada en primera instancia en cuanto dispuso garantizar la continuidad de aquella, frente a la posibilidad de que la cobertura que percibe J. A. C. pueda verse interrumpida, ante el denunciado atraso en el pago de sumas adeudadas.
Finalmente concluyó que más allá de que actualmente, y a partir de la medida cautelar ordenada por la magistrada de grado, no se advirtiera riesgo o peligro en la interrupción de la cobertura, correspondía garantizar la continuidad de las prestaciones con el alcance con que las venía recibiendo, en atención a la índole de los derechos comprometidos.
III. Contra esa sentencia, se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 20-V-2021, 11:33:39 hs.), denunciando: la violación o errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de la Carta local; 1 de la ley 10.592; 1, 2 y concordantes de la ley 13.928; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; la transgresión de la doctrina legal que dimana de esta Suprema Corte y la configuración de absurdo y arbitrariedad de lo resuelto.
III.1. Inicialmente, aduce que el pronunciamiento de la Cámara no señaló el obrar arbitrario o ilegítimo manifiesto que se le reprocha al ente demandado (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2, Const. prov. y 1, ley 13.928), sino que solo da por sentada la posibilidad o amenaza de interrupción de la cobertura prestacional requerida que -según manifiesta - no se ha incumplido, por lo que entiende que la decisión mentada se contrapone a la doctrina de esta Corte relativa a la admisibilidad de la vía de amparo (conf. causas B. 64.413; B. 64.200; B. 63.788; B. 64.981; B. 64.102; e.o.).
Asimismo, sostiene que el amparo no constituye la vía adecuada para resolver un supuesto de judicialización directa de una cobertura integral como la peticionada en autos, toda vez que la eventual insuficiencia prestacional amerita un amplio debate que excede al carril procesal promovido.
Explica que el Tribunal incurre en absurdo al omitir la realidad fáctica del caso, en tanto de las constancias obrantes en la causa surge el cumplimiento regular de la cobertura integral requerida por la amparista.
III.2. De otra parte, denuncia arbitrariedad por dogmatismo del pronunciamiento impugnado al citar precedentes en los que no se han ventilado circunstancias fácticas como las acontecidas en autos. Agrega que tal déficit de fundamentación, tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo vinculadas con lo establecido en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en normas locales (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), razonando así que tal proceder resultaba dogmático.
Reitera que se ha acreditado que el hijo de la demandante, aun con anterioridad a la presentación del escrito de inicio, cuenta con la cobertura integral de las prestaciones oportunamente autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud, por lo cual afirma que deviene improcedente condenar al cumplimiento de prestaciones que nunca se habían denegado y, por tanto, lo decidido constituía una suerte de reconfirmación de la mentada cobertura asistencial otorgada.
Finalmente, invoca los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y fallos de la Corte federal sobre fundamentación de las sentencias, alegando que la impugnada exhibe vicios de arbitrariedad por carecer de fundamento adecuado que sustente la condena impuesta al programa referido, lesionando en forma directa su derecho de defensa, lo que torna revocable el decisorio en crisis.
IV. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1.a. Ante todo, cabe señalar que en el presente caso se presenta una situación de marcada similitud a la de las causas A. 77.124, "Saldivia", sentencia de 27-X-2022 y A. 77.129, "Schab", sentencia de 2-III-2023, en las que se rechazó la impugnación extraordinaria articulada por la demandada.
IV.1.b. En lo atinente al tránsito procesal desplegado en el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento de primera instancia que hiciera lugar a la acción de amparo, al considerar que la cobertura prestacional que viene cumpliendo la demandada debe ser efectuada sin interrupciones.
Ponderó la situación de salud del hijo con discapacidad de la amparista y determinó el alcance de la prestación en su condición de beneficiario del Programa Federal Incluir Salud (v. pto. IV.1. de la sentencia de Cámara).
Asimismo, advirtió que conforme a las constancias obrantes en autos surgía "...la posibilidad que la prestación que percibe J. A. C. pueda verse interrumpida ante el denunciado atraso en el pago de sumas adeudadas", ante lo cual estimó "...la necesidad y conveniencia de garantizar la continuación de la cobertura de la internación en los términos prescriptos por sus médicos tratantes" (pto. IV.1.).
Ha sido sobre esta idea de amenaza latente donde se estructura la decisión del Tribunal de Alzada, pues la situación de cumplimiento eventual a la que refiere dicho órgano, se concatena con circunstancias previas a la orden judicial. Tal escenario, en la perspectiva de la Cámara actuante, genera un riesgo actual en cuanto a que se "...prive al paciente de contar de manera integral con el esquema de atención prescripto" (pto. IV.1.).
IV.2. Sentado ello, al igual que lo señalara el doctor Soria en su voto pronunciado en los precedentes apuntados en el punto IV.1.a. (causas A. 77.124, "Saldivia" y A. 77.129, "Schab"), a cuyos términos he adherido oportunamente, en el caso -más allá del acierto o error del dispositivo en crisis- lo dirimente radica en la falta de ataque concreto por la recurrente de aquel eje fundante.
En efecto, es clara la doctrina de esta Corte respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007; A. 70.224, sent. de 6-IV-2011; e.o.).
Bajo esta tesitura, he de recordar que la facultad revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en la pieza recursiva (v. causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; L. 87.394, "V. d. C.", sent. de 11-V-2005; A. 69.413, sent. de 17-VIII-2011; A. 73.385, "J. C. S.", sent. de 24-VI-2015; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022 y A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal que a juicio del recurrente padece el fallo que ataca.
En autos, a la luz de las constancias colectadas en la causa, el Tribunal de Alzada detectó un peligro en la continuidad de la cobertura, aspecto que no resultó motivo de agravio por la impugnante, sino que centró sus reproches en la falta de incumplimiento actual, soslayando que el a quo trató esa cuestión brindando además su parecer en una situación de incumplimiento eventual.
Del mismo modo, la recurrente no refutó la concepción de la Cámara en lo concerniente a la obligación de debido cumplimiento de la cobertura prestacional que atañe a la Administración. Al respecto, el Tribunal consideró "...que más allá de que actualmente -y a partir de la medida cautelar estimatoria dictada- no se advierte riesgo o peligro de interrupción, en atención a la índole de los derechos que se procuran tutelar, procede hacer lugar a la acción de amparo deducida y garantizar la continuidad de la prestación".
Por último, tampoco mejora la suerte de la impugnación el agravio consistente en atribuir dogmatismo al pronunciamiento atacado, por resultar insuficiente el cuestionamiento articulado en esta parcela, toda vez que el a quo , además de fundar su decisorio en los precedentes que cita, efectuó una detallada descripción acerca de la plataforma fáctica que circunda al caso junto a la implicancia de la medida cautelar ordenada en la instancia de origen, explicando finalmente el riesgo de interrupción de la cobertura otorgada al demandante.
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en atención a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:04 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:09 hs. bajo el número RS-68-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia