Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126456
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.456, "Dominici Marcela Alejandra contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de Trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Maidana .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, acogió la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 284/297 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-V-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción deducida por Marcela Alejandra Dominici contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de prestación por la incapacidad parcial y definitiva que padece la demandante con motivo del accidente in itinere que sufriera el 14 de mayo de 2015 (conf. art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557).
Puesto a determinar el importe de aquella, según el método de cálculo contemplado en la normativa antes citada, el órgano de origen la cuantificó en la suma de $405.946,63 (53 x $13.726,47 -valor mensual del ingreso base- x 36% -porcentaje de incapacidad- x 65/42; v. fs. 290).
Añadió que durante la tramitación de las actuaciones, se dictó la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017; fecha de entrada en vigencia 5 de marzo de 2017), cuyo art. 11 sustituyó el art. 12 de la ley 24.557, modificando la forma de determinar el ingreso base mensual, quedando el apartado segundo de este último dispositivo redactado en los siguientes términos "...Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina..." (sent., fs. 291 vta. y 292).
Puntualizó que la norma mencionada consagró un interés moratorio de naturaleza legal (art. 768 inc. "b", Cód. Civ. y Com.); y siendo que tales acrecidos -precisó el juzgador- se devengan ipso iure, correspondía aplicar al caso y de manera inmediata la ley 27.348 (citó el art. 7 del Código Civil y Comercial), respecto de las consecuencias no agotadas derivadas del incumplimiento en la ejecución de la obligación por parte del deudor, a partir de la fecha de su entrada en vigor (5 de marzo de 2017; v. fs. 292).
Destacó que, con posterioridad a la sanción de la ley antes referenciada, el Poder Ejecutivo nacional emitió el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019) a través del cual alteró el mecanismo de repotenciación antes mencionado (tasa activa del Banco Nación), por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en los siguientes términos "...2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado" (fs. 292 vta. y 293).
Detenido a analizar la constitucionalidad del mencionado decreto de necesidad y urgencia, declaró -de oficio y con cita de precedentes de la Corte Suprema nacional que identificó- su inconstitucionalidad con fundamento -en lo esencial- en no haberse configurado para su dictado los presupuestos fácticos establecidos en el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional (v. fs. 294 vta./296 vta.).
Con pie en lo antedicho, juzgó que "los intereses moratorios" debían liquidarse desde el nacimiento de la obligación (14 de mayo de 2005) en base a la tasa pasiva BIP, hasta el 4 de marzo de 2017 y desde el 5 de marzo de 2017 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348) hasta la sentencia, conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conclusión que afincó -entre otras disposiciones- en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- (v. fs. 296 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación del art. 6 y concordantes de la ley 24.557; del decreto 659/96 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la sentencia de grado por cuanto -a criterio del quejoso- dispuso aplicar de manera retroactiva la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), sin que hubiera mediado requerimiento alguno de las partes en tal sentido (v. rec., pág. 7).
Con pie en lo antedicho, entiende que el juzgador de grado vulneró el principio de congruencia (v. rec., págs. 7 y 9).
Aduce que la utilización de la tasa de interés prevista en la ley 27.348 respecto de prestaciones dinerarias derivadas de eventos anteriores a su dictado es arbitraria, desde que no existe ninguna disposición expresa que la imponga, no verificándose -apunta el compareciente- el supuesto de excepción normado en el art. 7 del Código Civil y Comercial (v. rec., pág. 9).
Manifiesta que el Máximo Tribunal nacional se ha expedido sobre el tema en debate -irretroactividad de leyes en el sistema de riesgos del trabajo- en el precedente "Lucca de Hoz" (CSJN Fallos: 333:1433; v. rec., págs. 9/10).
Asevera que en el caso bajo juzgamiento no se trata de un hecho que se encuentre en curso de ejecución, sino de una situación que surgió y se configuró con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.348, que -por lo tanto- debe regirse por la legislación vigente al momento de su ocurrencia (v. rec., pág. 10).
Sostiene que, de confirmarse la decisión de grado, se estaría violando -además del citado art. 7 del Código Civil y Comercial- el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el fino equilibrio de los principios de solidaridad y mutualidad, al obligar a la accionada a abonar las prestaciones en base a una normativa que no se encontraba vigente en el momento de la consumación del daño (v. rec., págs. 11/12).
II.2. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19. Al respecto, entiende configurados los requisitos a los que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional subordina su dictado (v. rec., págs. 12/14).
II.3. Objeta la tasa de interés prescripta por el juzgador al emitir su fallo, por implicar una distorsión de los valores y un enriquecimiento incausado por parte del beneficiario del crédito (v. rec., pág. 14).
Entiende que aquella debe compatibilizarse con el orden moral, de modo de no resultar confiscatoria del patrimonio del deudor (v. rec., págs. 14/15.).
Señala que no puede aceptarse que se recurra a tasas desmedidas para impulsar el cumplimiento regular de las obligaciones por parte del deudor (pág. cit.).
Aduce que su utilización genera la ilicitud de objeto de la obligación general que se traduce en su nulidad parcial y absoluta, no subsanable siquiera tácitamente, debiendo el juzgador establecer -en definitiva- la tasa aplicable (v. rec., pág. 15).
Refiere que, en el caso particular de autos, la tasa activa excede los límites de una tasa pura, pues contiene implícitos la rentabilidad bancaria y los costos asociados a su explotación (v. rec., pág. cit.).
Finalmente, destaca que los acrecidos impuestos en la sentencia violentan la doctrina legal de esta Corte que -manifiesta el quejoso- en reiteradas oportunidades se pronunció por la vigencia de la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Transcribe -parcialmente- el precedente de esta Corte que individualiza como L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018). Menciona -también- las causas que identifica como L. 118.615; L. 119.371; L. 119.176 y L. 118.587 (v. rec., págs. 10/11).
Con todo, solicita se revoque la sentencia de grado en aquello que resulta materia de agravio.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se advierte que el recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la summa gravaminis , la que -en la especie- se halla representada por la diferencia entre la tasa activa establecida por el a quo , con sustento -entre otras normas- en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557, -modificada por el art. 11 de la ley 27.348- y la pasiva pretendida por el quejoso.
En este sentido, se ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
Ahora bien, no puede soslayarse que el embate dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución nacional, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente -desde ya anticipo- solo tal impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales. En cambio, los restantes embates serán analizados bajo el prisma establecido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Sentado ello, por razones metodológicas habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos, principiando por abordar el dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
III.2.a. Por los motivos que expondré, la réplica en cuestión es improcedente.
III.2.a.i. Para fundar su decisión, el tribunal de grado puntualizó -como lo reseñé más arriba- que con posterioridad al dictado de la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017) el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 669/19, mediante el cual reemplazó el mecanismo de repotenciación vía intereses en base al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina -conforme lo estableció el mencionado art. 11 de la ley antes citada- por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (v. fs. 292 vta. y 293).
Luego de transcribir en la sentencia los considerandos del decreto en cuestión, el órgano de grado destacó que a partir del precedente "Verrocchi" (CSJN Fallos: 322:1726) la Corte nacional retomó la tradición jurisprudencial del precedente "Soria de Guerrero" (CSJN Fallos: 256:556), sobre la cual se estableció que no se encuentra exenta del contralor judicial la eventual violación de disposiciones constitucionales que informan el proceso de formación y sanción de las normas, ciñendo el examen jurisdiccional a determinar la concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que resultan exigibles y condicionan su vigencia (CSJN Fallos: 268:352; 318:445; 319:1479; 321:3487) señalando a continuación que "'...es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto...' (Párrafo 2° del Considerando 9° de Fallos: 322:1726)" (fs. 294 y vta.).
Sentado ello, el juzgador de mérito se detuvo a analizar si respecto del dictado del decreto en debate concurrieron -o no- las circunstancias establecidas por la Corte federal en el precedente antes citado (CSJN Fallos: 322:1726), inteligencia que fuera ratificada -aseveró- en el precedente "Consumidores Argentinos" (CSJN Fallos: 333:633), a saber: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (v. fs. 294 vta. y 295).
Sobre ese piso de marcha, el tribunal de trabajo concluyó que el Poder Ejecutivo nacional no invocó ninguna imposibilidad cierta para que el Congreso se reuniera, máxime -puntualizó- cuando el decreto en análisis fue dictado durante el período de sesiones ordinarias. A ello adunó que los reglamentos de las Cámaras que conforman el Poder Legislativo prevén un trámite sumarísimo ("sobre tablas") para el tratamiento de cuestiones, y su votación directa en el recinto sin necesidad de atravesar el trámite en las comisiones legislativas (citó los arts. 30, 39 inc. 9, 134, 147, 168 y 210 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 147, 149, 164, 188 apdos. 6 y 7 inc. "b" del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación; v. fs. 296).
De otro costado, advirtió que el diagnóstico formulado en los considerandos del decreto en crisis -relativos a la afectación de la sustentabilidad del sistema de prevención de riesgos y reparación de daños derivados del trabajo regulado por la ley 24.557- no se sostiene en informes provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que resultan ser los entes autárquicos de fiscalización y contralor de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (arts. 35 y 36, ley 24.557; 64 y sigs. incorporados a la Sección I del Capítulo II, ley 20.091). De este modo -remató el juzgador- no se exponen elementos susceptibles de ser verificados que permitan constatar que "la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente", lo que deja en evidencia -aseveró- que su dictado obedeció a criterios de mera conveniencia (v. fs. 296).
Con todo, declaró -de oficio- la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, por no haber existido para su dictado los presupuestos fácticos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional describe "con rigor de vocabulario" (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633), a fin de mantener incólume el régimen representativo, republicano y federal de gobierno y la primacía de la Constitución nacional (arts. 1 y 31, Const. nac.).
III.2.a.ii. En la réplica ensayada, el interesado expone que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según ley 27.348) estableció que entre el período que transcurre entre la fecha del siniestro y la determinación de la prestación dineraria se debe aplicar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (v. rec., pág. 13).
Manifiesta que -posteriormente- el Poder administrador advirtió que la aplicación de la pauta referenciada provocaría un desfinanciamiento del sistema -atento su diferencia con el ajuste de los ingresos de las aseguradoras de riesgos del trabajo que se efectúa de acuerdo a las variaciones salariales de los trabajadores beneficiarios- y que, para evitar dicho quebranto emitió el decreto de necesidad de urgencia cuya constitucionalidad sostiene el quejoso (v. pág. cit.).
Refiere que dicha fuente normativa -prevista en el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional- regula la facultad legislativa del Poder Ejecutivo para casos excepcionales; es decir cuando la demora del trámite ordinario en la sanción de las leyes pudiera provocar un perjuicio irreparable (v. rec. cit.).
Apunta que la "necesidad y urgencia" que exige su utilización no significa restringir su uso a situaciones de "emergencia", con el alcance indicado en el art. 76 de la Constitución nacional (v. rec., pág. cit.).
Entiende que, contrariamente a lo resuelto en el fallo de grado, sí se configuraron los recaudos que habilitan el dictado de la norma (v. rec., pág. cit.).
Argumenta que de no corregirse la disparidad entre el mecanismo de ajuste del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) y el de los ingresos de las aseguradoras de riesgos del trabajo, se produciría la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación, con grave afectación al patrimonio de la masa de los asegurados pues, a tal quiebre sobrevendría la insuficiencia para el pago de las prestaciones pendientes, generando una evidente inequidad entre los trabajadores (v. rec., págs. 13/14).
Afirma que la desfinanciación del sistema al que conlleva la decisión del judicante de grado, vulnera el fino equilibrio de los principios de solidaridad y mutualidad, que amparan los riesgos del colectivo de trabajadores asegurados (v. pág. cit.).
De esta manera, discurre el compareciente, se rompería el correlato que debe imperar entre el riesgo asegurado y el precio del seguro, haciendo que lo recaudado no alcance para hacer frente a las nuevas prestaciones, afectándose de este modo a los afiliados, y a sus trabajadores (v. rec., pág. cit.).
Con base en lo antedicho peticiona se declare la constitucionalidad del mencionado decreto de necesidad y urgencia (v. rec., pág. cit.).
III.2.a.iii. Observo que las razones esgrimidas en el fallo impugnado para declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 no son idóneamente controvertidas en el remedio bajo examen.
Me afirmo en ello, desde que el quejoso articula su defensa de la norma declaradaírrita en la instancia de grado, en base a criterios de mera conveniencia, que fueron específicamente descartados por el juzgador de grado, quien -en este punto- siguió los lineamientos vertidos por el Máximo Tribunal de la Nación en el precedente "Verrocchi" (CSJN Fallos: 322:1726).
Luego, tampoco rebate el interesado -s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.