Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77392
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.392, "V., D. N. y otro contra Agencia Nacional de Discapacidad y otro. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por la señora D. N. V., en representación de su hijo L.F.G.V., contra la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -Programa Federal Incluir Salud- a fin de obtener la cobertura integral de las prestaciones que detalla en la demanda y de que se garantice su continuidad (v. sentencia de 10-VIII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 20 de agosto de 2021, 09:51:42 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 16 de septiembre de 2021.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora D. N. V., en representación de su hijo L.F.G.V., promovió demanda de amparo con el objeto de que se lo proteja y se le reconozca el derecho a la cobertura integral de las prestaciones Centro de Día Jornada Doble y Transporte en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II", garantizando su continuidad por ser fundamentales para la vida de su hijo (v. objeto de la demanda en 22-XI-2018 a fs. 6).
Lo pretendido, según se denuncia, es el resultado de las reiteradas irregularidades -acreditadas en autos por la amparista- en que incurrieron las autoridades responsables en proveer las prestaciones requeridas en determinados meses de 2017 y 2018, prestando parcialmente la cobertura y, consecuentemente, poniendo en serio riesgo su continuidad (v. documentación acompañada con la demandada a fs. 33/36).
Más adelante, la demandante en la presentación de 8 de abril de 2019 (v. fs. 90), denunció el agravamiento de la situación de la prestación en relación a lo precedentemente relatado, dado el peligro en la continuidad de la cobertura asistencial a L.F.G.V. a causa del atraso en los pagos de parte del Programa Incluir Salud al Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" (v. nota cursada por el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" acompañada con la presentación de 8-IV-2019 a fs. 90/91). En ese escrito, también peticionó que se decrete en forma urgente una medida cautelar a los fines de que continúen las prestaciones esenciales para su hijo que padece Síndrome de Down.
I.2. Mediante resolución de 12 de junio de 2019, el titular del Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la parte demandada a hacer efectiva en forma inmediata la cobertura integral de las prestaciones objeto de reclamo (v. fs. 113/116).
I.3. Posteriormente, dicho magistrado decidió rechazar la acción de amparo promovida, sin costas a la vencida por tener razones plausibles para litigar (v. sentencia de 10-VI-2021 a fs. 201/206 vta.).
Para así resolver, sostuvo que conforme a las constancias obrantes en autos podía colegirse que no se encontraban abastecidos los requisitos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que condicionan la procedencia de la acción intentada. Asimismo, entendió que la amparista tampoco demostró la inexistencia de otras vías ordinarias idóneas para la protección del derecho que se alegaba conculcado, las cuales -según explicó- podían servir de adecuada tutela del mentado derecho (conf. arts. 43, Const. nac. y 2, ley 13.928).
I.4. Contra el pronunciamiento de primera instancia, la actora interpuso recurso de apelación (v. fs. 208/217), pretendiendo que se revoque dicho decisorio y se garantice tanto el derecho a la cobertura integral de las prestaciones precitadas como su continuidad.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, acogió el recurso incoado y revocó el pronunciamiento de grado, ordenando a la demandada a otorgar a la actora las prestaciones -Jornada Doble en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y Transporte- sin interrupciones y a que garantice su continuidad. Con costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida (v. sentencia de 10-VIII-2021).
Para así decidir, a la par de estimar la condición de salud de L.F.G.V. y del alcance de la prestación que fuera prescripta para su atención -Centro de Día Jornada Doble y Transporte en el establecimiento "Aprendiendo a Ser II"-, consideró que el amparo era la vía adecuada para la efectiva protección del derecho esencial que la demandante alegara vulnerado, en tanto se hallaba comprometido el derecho a la salud e integridad física, de rango constitucional y receptado por convenciones internacionales, junto a la protección especial de las personas que padecen una discapacidad (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 25 inc. 1, DUDH y 12 inc. 2 apdo. "d", PIDESC).
Asimismo, justificó la vía escogida estimando que el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal generarían un riesgo plausible de agravamiento en la salud del hijo de la amparista -con diagnóstico Síndrome de Down-, resultando necesario además tener en cuenta la expectativa de vida restringida de las personas afectadas por una contingencia en la salud, lo que ameritaba un tratamiento singular frente a la vulnerabilidad del ser humano ante enfermedades o accidentes.
Precisó que de conformidad a las constancias colectadas en la causa se hallaban acreditados los siguientes extremos, a saber: a) el hijo de la demandante se encontraba afiliado al Programa Incluir Salud (EX PROFE); b) le fue prescripto un determinado tipo de atención o tratamiento a tenor de su diagnóstico; y c) se realizaron gestiones para que el programa referido se hiciera cargo de la cobertura de las prestaciones -Jornada Doble en Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y Traslado- y se garantice su continuidad sin interrupciones (v. historia clínica y certificado de discapacidad acompañados digitalmente con la demanda).
Con invocación de las pautas establecidas por la Corte federal y en los tratados internacionales de derechos humanos en torno al derecho a la salud y a su relación con el ejercicio de otros derechos humanos interdependientes, entendió que debía acogerse la acción promovida a la luz de los bienes jurídicos implicados y su compromiso, el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado, el rigor científico acreditado en relación a la necesidad y premura de la cobertura pretendida sin interrupciones, la maximización de la protección de los derechos en juego de la persona junto a los deberes de arbitrar medidas de acción positiva, y aportar razones que demuestren la imposibilidad de asumir su costo económico ante la obligación de asignar prioritariamente recursos presupuestarios.
Afirmó que no se encontraba controvertida la discapacidad padecida por el hijo de la actora y la necesidad de las prestaciones reclamadas para su tratamiento y mejorar su calidad de vida. De allí que, por la patología documentada, juzgó que correspondía la continuidad en forma plena de las prestaciones requeridas ininterrumpidamente, las cuales procuraban la máxima aspiración terapéutica posible para enfrentar su dolencia. Ello con sustento en los arts. 16, 33 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional.
Sobre ese piso de marcha, estimó incorrecta la interpretación efectuada por el juez de grado respecto del bloque normativo aplicable al caso, agregando que tampoco resultaba acorde con las constancias de la causa, dado que desde el inicio de la acción incoada (22-XI-2018) se documentaron amenazas de corte de las prestaciones detalladas precedentemente, las que no admitían demora ni intermitencia alguna debiendo ser continuas y, eventualmente, auditadas por la demandada para verificar su cumplimiento.
Junto a puntualizar el plexo normativo legal que rige en la materia -leyes 24.901, 10.592 y decreto 856/20 (B.O., 16-X-2020)-, ponderó que, conforme a la índole de los bienes que se procuraba tutelar y al compromiso constitucional y legal asumido por el Estado, la falta de cobertura integral ininterrumpida de la prestación del Centro de Día Jornada Doble y Transporte del instituto "Aprendiendo a Ser II" ocasionaba una lesión o amenaza, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, al ejercicio de los derechos constitucionales en juego.
Por tanto, concluyó que autorizar con intermitencias o interrumpir de manera intempestiva la cobertura de prestaciones que venía percibiendo el actor a partir del año 2015, a causa de demoras en la tramitación interna de la gestión de los recursos del programa, derivaba en la falta total o parcial de la cobertura prestacional, lo cual resultaba inaceptable y se contraponía con la protección jurídica que debía ser garantizada a favor de la persona con discapacidad.
III. Contra esa sentencia, se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20 de agosto de 2021, 09:51:42 hs.), denunciando: la violación o errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de su par provincial; 1 de la ley 10.592; 1 y concordantes de la ley 13.928; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; la transgresión de la doctrina legal que dimana de esta Suprema Corte y la configuración de absurdo y arbitrariedad de lo resuelto.
III.1. En primer lugar, aduce que el pronunciamiento de la Cámara no señaló el obrar arbitrario o ilegítimo manifiesto que se le reprocha al ente demandado (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2, Const. prov. y 1, ley 13.928), sino que solo da por sentada la posibilidad o amenaza de interrupción de la cobertura de las prestaciones solicitadas que -según manifiesta - no se ha incumplido, por lo que entiende que la decisión mentada se contrapone a la doctrina de esta Corte relativa a la admisibilidad de la vía de amparo (conf. causas B. 64.413; B. 64.200; B. 63.788; B. 64.981; B. 64.102; e.o.).
Se agravia de que el a quo incurre en absurdo al omitir la realidad fáctica del caso, en tanto de las constancias de la causa surge el cumplimiento de la cobertura prestacional requerida. Denuncia la vulneración de la doctrina legal emergente de las causas Ac. 87.420, "Ferretti", sentencia de 16-II-2005; B. 64.357, "Albarracín", sentencia de 3-III-2010 y B. 66.013, "Macías", sentencia de 27-VI-2012.
Asimismo, sostiene que el amparo no constituye la vía adecuada para la judicialización directa de una cobertura como la peticionada en autos, toda vez que la eventual insuficiencia prestacional de esta amerita un amplio debate que excede al carril procesal promovido.
III.2. De otro lado, denuncia arbitrariedad por dogmatismo del pronunciamiento impugnado al citar precedentes en los que no se han ventilado circunstancias fácticas como las de autos. Agrega que tal déficit de fundamentación, tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo vinculadas con lo establecido en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en normas locales (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), razonando, finalmente, que tal proceder resultaba dogmático.
Reitera que se ha acreditado que el hijo de la demandante, aun con anterioridad a la presentación del escrito de inicio, cuenta con la cobertura integral de las prestaciones oportunamente autorizadas por el Programa Incluir Salud, por lo cual afirma que deviene improcedente condenar al cumplimiento de prestaciones que nunca se habían denegado y, por tanto, lo decidido constituía una suerte de reconfirmación de la mentada cobertura asistencial otorgada.
Finalmente, invoca los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y fallos de la Corte federal sobre fundamentación de las sentencias, alegando que la impugnada exhibe vicios de arbitrariedad por carecer de fundamento adecuado que sustente la condena impuesta al programa referido, lesionando en forma directa su derecho de defensa, lo que torna revocable el pronunciamiento en crisis.
IV. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. La Cámara de Apelación departamental, por las razones explicadas, revocó la sentencia de grado que había rechazado la acción de amparo.
Ponderó la situación de salud del hijo de la amparista, y detalló especialmente hasta dónde debe llegar el alcance de la prestación (v. específicamente ptos. VI.3. y VI.4. de la sentencia).
Consideró, además, que de las constancias de la causa surgen distintos elementos que "denotan idas y vueltas en torno a las prestaciones que no admiten interrupción", y que deben ser cumplimentadas sin intermitencias (v. pto. VI.5.). Seguidamente interpretó que se han documentado "amenazas de corte de la prestación de escolaridad y la de prestación de transporte".
El tribunal estimó que "interrumpir/no autorizar/autorizar con intermitencias la cobertura de prestaciones que viene percibiendo el amparista desde el año 2015, de manera intempestiva por demoras internas propias de la gestión de los recursos del programa y los trámites internos de autorización derivan en la incertidumbre/falta de cobertura total o parcial/ de las prestaciones, lo cual resulta inaceptable y no se condice con la protección que como derecho debe ser garantizada a favor de la persona con discapacidad" , (punto "VI.9" de la sentencia).
Es sobre esta idea de amenaza latente, donde se estructura la sentencia.
IV.2. Previo a todo, y más allá del acierto o error del dispositivo en crisis, cabe señalar que en este caso se presenta una situación de extrema similitud con la constatada en las causas A. 77.124, "Saldivia", sentencia de 27-X-2022 y A. 77.129, "Schab", sentencia de 2-III-2023, donde se rechazó el recurso interpuesto por la representación fiscal.
Aclarado ello, y con prescindencia de la normativa que regula este proceso de excepción, la que resulta denunciada en el apartado IV del recurso interpuesto, lo cierto es que el voto mayoritario de la Cámara encuentra en las constancias de la causa un peligro en la continuidad de la cobertura. Esta apreciación que efectúa el tribunal de los antecedentes del caso no fue objeto de agravio en la pieza recursiva en análisis.
IV.3. Por otra parte, en el acápite VII.2. se denuncia dogmatismo en la sentencia, aunque tal afirmación no es debidamente desarrollada con el rigor exigido en esta instancia. El agravio queda a mitad de camino y no resulta idóneo para justificar la revocación del decisorio en crisis.
En este aspecto, es dable recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (v. mis votos en causas A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023; e.o.).
V. Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada atento la insuficiencia técnica que porta (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto ordenado ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de los precedentes de este Tribunal, citados en la opinión dada por el señor Juez doctor Soria, comparto la solución propuesta, la que también hago mía.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:05:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2023 21:03:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2023 21:24:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:50:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:57:54 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/08/2023 13:06:34 hs. bajo el número RS-80-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia