Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827) y se revoca la sentencia de Cámara.
En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.622, "G., P. M. contra IOMA. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, en lo que aquí interesa, confirmó la resolución de primera instancia mediante la cual el juzgado de origen se declaró incompetente para intervenir en la presente acción de amparo promovida contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y ordenó remitir las actuaciones a la justicia federal (v. resol. de Cámara de fecha 22-XI-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-XII-2022, 10:08:50 hs.) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 9-II-2023.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, luego de hacer lugar a la medida cautelar peticionada, resolvió declararse incompetente para continuar interviniendo en autos y remitir la presente a conocimiento de la justicia federal.
Al efecto, ponderó que la acción de amparo deducida contra el IOMA se fundaba -entre otras normas- en la ley 23.661, relativa a los derechos de las personas con discapacidad y adhirió a los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos sustancialmente análogos.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y -en lo que aquí interesa-, confirmó la resolución de grado mediante la cual el juzgado de origen se declaró incompetente para intervenir en autos y ordenó remitir las actuaciones al mencionado fuero federal.
Para resolver así, ponderó que ese temperamento se compadecía con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos sustancialmente análogos (v. resol. de fecha 22-XI-2022).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-XII-2022, 10:08:50 hs.), en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 17, 18, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional; 1, 15, 20, 36 incs. "5" y "8" y 166 de la Constitución provincial; 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 22 y concs. de la ley 6.982; 1, 19 y concs. de la ley 10.592 y 384, 279 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega absurdo y vulneración de la doctrina legal que cita.
Cuestiona el razonamiento enhebrado por la Cámara, mediante el cual -a partir de la cita de fallos de la Corte nacional- concluye que resulta competente, por razón de la materia, la justicia federal.
Indica que, contrariamente a lo resuelto, la materia debatida en el caso es provincial de acuerdo a la doctrina legal y normativa que denuncia violadas.
En ese orden, sostiene que resulta aplicable lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes que invoca, en los cuales -en el marco de procesos de amparo con similares temáticas a las de autos-, este Superior Tribunal no solo asumió su competencia, sino que además aplicó la normativa provincial (leyes 6.982 y 10.592) desplazando, por ende, las normas nacionales invocadas por los actores (leyes 24.901 y 24.754).
Por otra parte, denuncia la gravedad institucional que provoca la sentencia en crisis, en tanto subvierte la autonomía provincial y la garantía del juez natural, en abierta violación a la Constitución provincial.
Finalmente, cita en su aval un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tema de competencia, donde se delimita claramente cuándo la materia resulta federal y que -según su entender- pone de relieve la sinrazón de los fallos invocados por la Cámara.
Como corolario postula que en el caso no está en juego interpretar el sentido y alcance de las leyes federales ya que estas quedan desplazadas por la aplicación del plexo normativo provincial, lo cual impone la casación de lo resuelto.
IV. La impugnación debe prosperar, toda vez que este Tribunal -recientemente- tuvo oportunidad de resolver sobre el tópico en debate en la causa A. 78.463, "Parrotta", sentencia de 12-V-2023 -similar a la presente-, qué órgano jurisdiccional era el competente para decidir, dejado establecido que el asunto era propio de la competencia des los jueces locales (cfr. art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En efecto, en la citada causa -al igual de lo que acontece en autos-, la actora había promovido acción de amparo contra el IOMA con el objeto de que se le otorgue la cobertura integral del tratamiento que le fuera indicado para la enfermedad que padece y fundó su pretensión en disposiciones legales, constitucionales e internacionales en materia de salud.
En ese contexto, este Tribunal descartó que se trate de un reclamo de naturaleza federal en razón de las personas, en tanto la demandada resultaba ser el IOMA -entidad autárquica local-, como así también, ponderó la ausencia directa e inmediata de normas de carácter federal de aplicación a la solución de la causa que excluyeran la jurisdicción local, la cual debía tomar en consideración el ordenamiento provincial pertinente.
V. A mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en el precedente citado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución en cuanto ha sido materia de agravio (art. 31 bis, cit.).
En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- la causa al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por ser el que previno en las presentes actuaciones.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Soria, y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827) y se revoca la sentencia de Cámara.
En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:04:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:17:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:14:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:20:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 14:06:31 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/09/2023 14:09:44 hs. bajo el número RS-84-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia