Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127455
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.455, "Fernández, Marcela Beatriz contra Provincia ART S.A. y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción entablada, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. veredicto de fecha 8-III-2021 y sentencia de 10-III-2021).
Se dedujeron, por Provincia ART S.A. y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 26-III-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por el Fisco provincial?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marcela Beatriz Fernández y condenó -solidariamente- a la Provincia de Buenos Aires y a Provincia ART S.A., al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 -juzgando aplicables, por mayoría, las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19-, con motivo de la minusvalía laborativa que padece como consecuencia de la enfermedad profesional que contrajo. Rechazó, en cambio -también por mayoría-, la procedencia del daño psicológico pretendido en la demanda.
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la actora padece "disfonía funcional crónica irreversible", presentando una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 19% del índice de la total obrera -incluyendo los factores de ponderación-; cuya toma de conocimiento se produjo el día 21 de enero de 2013.
Asimismo, tuvo por probado que a la fecha de la primera manifestación invalidante (el día 22-II-2012), el ingreso base -conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, modificado por el art. 10 de la ley 26.773-, ascendía a la suma de $8.967,87.
En lo que resulta relevante para resolver la controversia, estableció que, en el escrito de contestación de la demanda -al igual que el Fisco coaccionado-, la aseguradora señaló que se vinculó con la mencionada Dirección provincial mediante el contrato de afiliación n° 46.882, con vigencia desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de enero de 2007; fecha esta última en la que fue rescindido y desde la cual la Provincia asumió el carácter de "autoasegurada".
A su vez, precisó que no se hallaba acreditado que las codemandadas hubieran abonado a la trabajadora el pago de prestación dineraria alguna por la mencionada incapacidad determinada.
En la etapa de sentencia, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria debida a la dependiente, juzgó aplicable -por mayoría- las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19; ello, por cuanto -a su entender- el art. 3 del mentado digesto introdujo una cláusula de retroactividad.
Ante ello, a fin de discernir si su aplicación al caso suponía -o no-, un perjuicio concreto a los derechos constitucionales de la trabajadora, estimó prudente efectuar un test comparativo entre las pautas de liquidación previstas en el art. 12 de la ley 24.557, con la modificación introducida por el art. 10 de la ley 26.773 y aquella resultante de aplicar el citado decreto.
Sobre esa base, tras efectuar los cálculos correspondientes y confrontar ambas liquidaciones, consideró que -para este caso concreto-, el decreto de necesidad y urgencia implicaba una mejora evidente al patrimonio de la accionante, toda vez que la determinación del ingreso base con las pautas del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y el ajuste por el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), superaba visiblemente al admitido por la ley troncal; resultando -por ende- la norma más favorable para la actora.
Por esta razón, de acuerdo a los cómputos efectuados por el voto alcanzado por la mayoría del tribunal, cuantificó el importe indemnizatorio de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, en la suma de $147.543,18; de acuerdo a la siguiente operación aritmética: 53 x $10.369,26 (IBM actualizado mediante el índice RIPTE) x 19% x 1,4130 (65/46). A ello le adicionó el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $177.051,81. A continuación, de acuerdo a lo normado en el art. 2 del decreto 669/19, dispuso que dicha suma debía devengar un interés equivalente a la tasa de variación del RIPTE en el período considerado (de acuerdo al publicado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación), hasta el último guarismo conocido (252,5%), alcanzando un total de $447.055,82.
Seguidamente, respecto de aquellos meses en los que no se hubiera publicado el índice RIPTE (desde el 1-I-2021), fijó intereses a la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en la modalidad digital. En ese entendimiento determinó la cuantía a la que la accionante resultaba acreedora, en la cifra final de $635.952,39.
A su vez, para el supuesto de incumplimiento de la sentencia dentro del plazo fijado, estableció que correspondía la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital ello, con sustento en el art. 770 inc. "c" del Código Civil (art. 3, dec. cit.).
Luego, retomó el análisis de la responsabilidad de Provincia ART S.A. y de la cuestión relativa al autoseguro provincial, a la luz de la defensa de "no seguro" y falta de legitimación pasiva, opuestas por aquella.
En ese camino, señaló que la autorización de autoasegurar los riesgos del trabajo definidos por la ley 24.557, se dispuso mediante las resoluciones conjuntas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 33.034/08 y 573/08.
Siguiendo esa línea, declaró que la cláusula cuarta del Convenio estipulado para ello, encomendó a Provincia ART S.A. la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiéndose por estas últimas a los infortunios laborales ocurridos desde el día 1-I-2007), por cuenta y orden del Estado provincial.
Refirió que mediante el dictado del art. 2 del decreto 3.858/07, se designó a la Secretaría General de la Gobernación como la Autoridad de Aplicación del Régimen de Autoseguro de los Riesgos del Trabajo, quedando facultada para dictar las disposiciones que considere necesarias para la implementación del régimen. Así, mencionó que debía encargarse de definir los instrumentos que permitan implantar los pertinentes procesos de gastos y pago para atender a las prestaciones dinerarias.
En ese orden, entendió que la Provincia debía organizar dicha administración "a través de una unidad orgánica a estructurarse en su ámbito, pero hasta tanto ello ocurra y más allá de las ventajas motivadoras de la decisión propiciada se ha evaluado que sea Provincia ART S.A. quien, en razón de su experiencia, actúe como administradora del nuevo sistema impulsado. Esa administración, incluye el proceso de determinación de incapacidades, como secuelas de los infortunios que hubieran sufrido los agentes públicos comprendidos en el autoseguro, conforme las regulaciones vigentes en la materia".
Sobre esa base, explicó que al resultar la mencionada aseguradora una sociedad comercial, obtenía una ventaja patrimonial (lucro) por ejercer dicha actividad administradora, "a la par que se presenta ante el trabajador accidentado como una aseguradora del rubro 'sin reservas', de modo que no podemos exigirle al trabajador accidentado que elucide las responsabilidades de la ART dentro de un entramado por demás complejo...".
Por los argumentos expuestos, juzgó que, al existir menoscabos e incumplimientos de su tarea, la administradora era quien debía responder con las limitaciones de las prestaciones sistémicas; ello, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran proceder entre las coaccionadas. En consecuencia, desestimó las defensas opuestas por esta última y condenó al Fisco provincial y a Provincia ART S.A. a abonarle a la trabajadora la suma que especificó en concepto de indemnización por la incapacidad laboral que contrajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia ART S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 23, 26 apartados 3 y 6 de la ley 24.557; 118 de la ley 17.418; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto 3.858/07 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 26-III-2021).
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva y "no seguro", opuestas por su parte y la condenó -junto con la Provincia de Buenos Aires- al pago de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773.
En esencia, asevera que el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 3.858/07, en el cual se estableció la rescisión del contrato de afiliación n° 46.864 (a partir del día 1-I-2007), que vinculaba a Provincia ART S.A. con la Provincia de Buenos Aires, estableciendo el régimen del autoseguro provincial.
Sostiene que a la fecha en que tuvo lugar el acontecimiento de autos, el mencionado vínculo contractual no se encontraba vigente, razón por la cual -aduce- no correspondía responsabilizar a la aseguradora conjuntamente con el Fisco accionado, por no hallarse legalmente obligada.
En ese orden, argumenta que la designación de la aseguradora de riesgos del trabajo como administradora del autoseguro del Estado provincial, en modo alguno puede modificar su responsabilidad, ya que su actuación se efectúa en representación y con fondos de este, el cual se reserva el derecho de control, abonando honorarios por dicha labor, quedando también a cargo del empleador autoasegurado las funciones de prevención, capacitación, asesoramiento, evaluación y fiscalización endilgadas en el resolutorio a su parte; consideradas -alega- equívocamente incumplidas por su parte.
En ese entendimiento, asevera que el sentenciante incurrió en absurdo y arbitrariedad, vulnerando los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio; a la par que -denuncia- transgredió el principio de congruencia, en tanto -alega-, aun reconociendo la existencia de las circunstancias y normas referidas, fue condenada sin respaldo legal alguno.
A su vez, afirma transgredida la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020).
Añade que si bien en el citado decreto 3.858/07 se establece que Provincia ART S.A. resulta responsable por las sanciones que se impongan en materia de riesgos del trabajo, "...dicha responsabilidad es para y con la Provincia de Buenos Aires según las condiciones por ellas convenidas y sólo aplicable a la relación existente entre ambas..." (rec. pág. 27).
Señala que el decisorio en crisis vulnera las disposiciones contenidas en los arts. 23 apartado 1 y 26 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por cuanto, en el caso, el contrato de afiliación entre las accionadas no se encontraba vigente.
En suma, por todo lo dicho, peticiona la revocación del fallo atacado.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la instancia de grado el medio de impugnación en examen fue concedido -en decisión que no resultó objetada- por vía de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo última parte de la ley 11.653, toda vez que el importe de lo cuestionado en esta sede extraordinaria no supera el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a su admisibilidad (v. resol. de 30-III-2021).
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Dicho ello -sin dejar de señalar que el caso bajo examen presenta aristas similares a las del precedente L. 127.372, "Faure" (sent. de 27-III-2023), en el caso, acierta la recurrente en demostrar que, al condenar solidariamente a Provincia ART S.A. y al Estado provincial a abonar a la trabajadora la indemnización determinada en el fallo, el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del decreto 3.858/07, vulnerando las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte en el precedente L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020), que invoca.
Así pues, en el contexto definido por la doctrina legal emergente del antecedente citado, habré de acudir a este último, ahora, reproduciendo -en lo pertinente- las reflexiones que hubo de plasmar el doctor Soria en aquella oportunidad y, a cuya opinión adherí.
Este Tribunal resolvió en aquel supuesto que cobraba decisiva relevancia el citado "...Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación nº 46.864 y de Administración de Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia A.R.T. S.A." (aprobado por el decreto mencionado, anexado al mismo -conf. art. 1-, e invocado por la agraviada), que, rescindió el referido contrato en forma retroactiva a partir del día 1 de enero de 2007 y en la cláusula segunda dispone que la Provincia reasume a partir de esa fecha, "...la responsabilidad por la cobertura en forma íntegra, total y oportuna, respecto del personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas y Organismos de la Constitución, por las contingencias contempladas en la citada Ley y conforme al régimen de autoseguro previsto por su Artículo 3º, Inciso 4)".
Asimismo, conforme a la cláusula tercera, asume a partir de la misma fecha "...la atención de los siniestros -infortunios laborales ocurridos durante la vigencia del contrato que se extingue por la Cláusula PRIMERA-, incluidas las sentencias judiciales condenatorias [...] que pudieren recaer y que tengan relación con los referidos siniestros...".
Ahora bien, en razón de todo lo expuesto, teniendo en miras las directrices allí trazadas y la fecha de la primera manifestación invalidante de la señora Fernández (22-II-2012), es dable constatar que el caso bajo examen se encuentra comprendido dentro de las previsiones de la mencionada normativa provincial. En tales condiciones, mal pudo el tribunal considerar dicha circunstancia y, sin embargo, condenar a Provincia ART S.A. a pagar a la actora la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. modif. introducidas por el dec. 669/19) y 3 de la ley 26.773, por la enfermedad profesional contraída.
A tenor de lo aclarado precedentemente, en efecto, el único deudor del crédito reconocido en la sentencia es el Estado provincial, revelándose nítido que en nada modifica su situación el hecho de que, en la cláusula cuarta del mentado convenio, este le haya encomendado a la aseguradora mencionada "...la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiendo por tales los ocurridos a partir de las 0.00 horas del día 1° de enero de 2007) por cuenta y orden de la Provincia...".
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia ART S.A. al pago de las sumas allí indicadas, a cuyo respecto la demanda debe rechazarse.
Las costas de ambas sedes respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco provincial denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 12 y 14 de la ley 24.557; 8, 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 20 de la ley 27.348; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; de las leyes 23.928 y 25.561; del decreto de necesidad y urgencia 669/19; del decreto reglamentario 472/14; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 26-III-2021).
I.1. En sustancia, controvierte la decisión con arreglo a la cual el tribunal de trabajo -entiende- dispuso la aplicación retroactiva de las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19 al caso de autos.
Explica que -sin perjuicio de las consideraciones que pudieran esgrimirse en torno a la validez constitucional de dicha norma-, al establecer su aplicación a "todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", se refiere estrictamente a los siniestros ocurridos luego de la entrada en vigencia de la ley 27.348, en los que -al momento de su dictado- estuviera pendiente de liquidación la prestación dineraria en sede administrativa. Manifiesta que el mentado decreto de modo alguno podría tener efecto derogatorio respecto a lo estipulado en aquella ley.
En ese sentido, argumenta que lo resuelto por el órgano judicial de grado en orden a la aplicación retroactiva del mencionado decreto de necesidad y urgencia resulta contrario al principio que emana del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En sustento de su postura, agrega que el art. 20 de la ley 27.348 dispone que "la modificación prevista al art. 12 de la ley 24.557 -y sus modificatorias-, se aplicarán a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley". Explica que la citada norma entró en vigencia en fecha 5 de marzo de 2017, razón por la cual -aduce- no resulta aplicable al caso (cuya puesta en conocimiento fue en febrero del año 2012).
En ese orden, entiende que lo resuelto también contradice los precedentes de este Tribunal que invoca.
De igual modo, manifiesta que el fallo alcanzado por la mayoría del tribunal al respecto transgrede los derechos adquiridos, la preclusión procesal, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, de
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