Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anulan parcialmente de oficio el veredicto y la sentencia de fechas 4 y 20 de diciembre de 2020, respectivamente, con el alcance determinado en el punto III.2. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.326, "Arroyo, Claudio Jesús contra Provincia ART S.A. Accidente de Trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, acogió la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 4-XII-2020 y sent. de fecha 22-XII-2020).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-I-2021), el que fue concedido en la instancia de grado el 19 de abril de 2021.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular parciamente de oficio el veredicto y la sentencia de fechas 4 y 22 de diciembre de 2020, respectivamente?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente juzgó que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 4 de octubre del año 2017 el señor Claudio Jesús Arroyo es portador de determinado porcentaje de incapacidad, con ello, condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, luego de declarar la inconstitucionalidad del decreto 669/19, dispuso que por aplicación del art. 12 apartados 2 y 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo (t.o. ley 27.348), el capital de condena devengaría intereses desde la fecha del evento dañoso y hasta la del dictado de la sentencia, conforme tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-I-2021).
II.1. Se agravia en cuanto en la sentencia de grado se declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019), desde que entiende configurados a su respecto los requisitos a los que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional subordina su dictado.
II.2. Asimismo, objeta la tasa de interés establecida por el juzgador de origen porque considera que implica una distorsión de los valores en juego y un enriquecimiento sin causa para el beneficiario del crédito.
Refiere que en el caso, la tasa activa excede los límites de una de naturaleza pura, pues contiene implícitos la rentabilidad bancaria y los costos asociados a su explotación.
Finalmente, denuncia que el fallo de grado vulnera la doctrina legal de esta Corte con relación a la vigencia de la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. Entiendo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1.a. Liminarmente es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022; L. 128.705, "Beltran", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. En el caso, concurren las circunstancias que habilitan a acudir a la excepcional solución anunciada.
En lo que resulta relevante, cabe destacar que en el veredicto, al tratar la quinta cuestión allí planteada, vinculada con la determinación del ingreso base mensual, la jueza Graciela Alejandra García -quien votó en primer término- tuvo en cuenta las remuneraciones denunciadas en el informe pericial contable, correspondientes a los doce meses anteriores al accidente de trabajo, actualizados mensualmente según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a la fecha del hecho dañoso; bajo esas pautas, arribó a la suma de $15.225,37 por tal concepto (v. pág. 10). A continuación, el juez Gabriel Ángel Gómez expresó que el ingreso base mensual debía ser fijado teniendo en cuenta los dos mecanismos que la ley 27.348 establece para que mantenga su valor, lo que no se verificaba en el sufragio inaugural en tanto no se habían adicionado los intereses establecidos en el art. 11 inc. 2 del señalado ordenamiento (v. pág. cit.). En tercer lugar, el restante magistrado, Miguel Ángel Méndez, compartió los fundamentos expuestos por la colega que sufragó en primer término y lo hizo en igual sentido (v. pág. cit.).
Luego, en la sentencia, al responder el primer interrogante planteado, la jueza García admitió el reclamo del accionante y propuso cuantificar la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 conforme el ingreso base mensual determinado -por mayoría- en el veredicto, no obstante, en tanto arrojaba como resultado un monto inferior al piso mínimo previsto en la nota "SCE 21.161-17", decidió tomar el valor que resultaba de la aplicación de dicho piso, arribando a la suma de $170.905, seguidamente, calculó el adicional del art. 3 de la ley 26.773 en la cantidad de $34.181 y arribó a un monto total de $205.086, sobre el cual aplicó intereses "...según lo dispone el Art. 12 ap. 2° y 3°. (t.o. Art. 11 Ley 27.348)..." desde el evento dañoso y hasta la fecha de la sentencia, conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 6 y 11). A su turno, el magistrado Gómez expresó que adhería al sufragio precedente "...a excepción del cálculo del IB y consecuentemente del cálculo de la fórmula polinómica y sus intereses...", remitiendo a los fundamentos dados en cierto expediente que hubo de individualizar y que tramitó ante el mismo tribunal (v. sent., pág. 11). Por su parte, en último término, el juez Méndez adhirió al voto de segundo término por compartir fundamentos y conclusiones (v. sent., últ. pág. cit.).
Finalmente, en la parte dispositiva de la sentencia el tribunal hizo lugar a la demanda en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo e indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773 por la ya indicada suma de $205.086 y aplicó intereses según lo indicado en el voto del magistrado que inauguró el acuerdo.
III.1.c. Del relato efectuado, sin dificultades puede observarse que en lo que respecta a la determinación del ingreso base mensual y -al cabo- al cálculo de las prestaciones y a la aplicación de los intereses, lo resuelto por el órgano jurisdiccional de grado en la parte dispositiva de la sentencia no se compadece ni se corresponde con la opinión mayoritaria plasmada en el desarrollo de sus fundamentos, carente, además, de una precisa y clara definición.
A la par, tales expresiones de la sentencia, muestran un desencaje con las conclusiones a las que arribaron los magistrados en el veredicto, fundamentalmente, a partir de las disímiles posiciones de las que dan cuenta en uno y otro pasaje del fallo los sufragios del juez que votó en tercer término.
III.2. En ese marco, no puede sino concluirse que las anomalías verificadas muestran que el pronunciamiento padece de incongruencias lógicas y de la ausencia de mayoría de opiniones en cuestiones medulares a decidir, configurándose una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y un apartamiento de lo reglado en el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653. Tan graves falencias conducen a la anulación propuesta, ceñida a la determinación del ingreso base mensual y la aplicación de intereses.
Dable es recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie una impugnación bajo la denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 125.194, "Dobler", resol. de 30-XI-2020; L. 126.375, "Gutiérrez", resol. de 8-II-2021; L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial del veredicto y de la sentencia dictados en autos por el tribunal de grado en los aspectos señalados y, en consecuencia, remitir la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, y renovando -en su caso- los actos procesales que estime necesarios, dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anulan parcialmente de oficio el veredicto y la sentencia de fechas 4 y 20 de diciembre de 2020, respectivamente, con el alcance determinado en el punto III.2. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 10:52:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:10:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2023 16:22:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:30:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:30:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 12:38:26 hs. bajo el número RS-92-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia