Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.286, "Riveros, Jorge Daniel contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de 28-XII-2020).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-II-2021), el que fue concedido el 7 de abril de 2021.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Jorge Daniel Riveros y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo a raíz del infortunio laboral sufrido el día 22 de enero de 2018 (v. pronunciamiento de 28-XII-2020).
En lo relevante, efectuó el cálculo del resarcimiento conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la Ley de Riesgos de Trabajo, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 (vigente al momento del infortunio; v. vered., pág. 5 y sent., págs. 7/8).
A partir de lo informado por la perito contadora en la presentación del 28 de noviembre de 2019 ($32.661,34), cuantificó el ingreso base mensual del trabajador aplicando primero el índice RIPTE y luego, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12 apdo. 2, ley cit.), elevando su valor a la suma de $74.764,13 (v. vered. y sent., págs. cits.).
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria del citado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $1.412.234,60. A ese resultado, le adicionó la indemnización de pago único del art. 3 de la ley 26.773 -$282.446,92-; arribando a un capital total de condena de $1.694.681,52 (v. sent., pág. 9).
Finalmente, dispuso implementar entre la fecha del infortunio sufrido y hasta la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, todo ello, con sustento en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la referida ley 27.348 (v. sent., págs. 11/12).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 16-II-2021).
II.1. Objeta la valoración que hizo el tribunal del dictamen pericial contable y de la impugnación realizada por su parte. Afirma que para conformar el ingreso base mensual debió considerarse el índice ripte vigente al tiempo del accidente y no el de la fecha del informe técnico.
II.2. Cuestiona que se rechazara el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. ley 27.348), plasmado al contestar la demanda.
Manifiesta que el argumento del tribunal no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
Agrega que la incoherencia que deviene de dicha norma no puede justificarse con el razonamiento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales. Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Sostiene que el reproche constitucional que merece la normativa impugnada no puede mitigarse con las consideraciones explicitadas por el órgano de grado. En tal sentido, destaca que la conclusión a la que arribó el sentenciante es producto de un razonamiento jurídicamente desacertado que se encuentra viciado por absurdo y arbitrariedad.
Y en ese discurrir impugna que la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador deba ser considerada como un comportamiento imputable al empleador, puesto que la ley especial no le impone a éste el pago de una "deuda salarial".
Censura la cita de los antecedentes jurisprudenciales individualizados en el fallo (alusivos a antecedentes fácticos y jurídicos no asimilables al presente), por considerar que medió una interpretación distorsiva del a quo a su respecto.
II.3. Finalmente, objeta la forma en que el órgano de origen aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación de la norma, arribando a una conclusión absurda y arbitraria, en tanto, a la fecha de la sentencia, la demandada no se encontraba en mora, como es exigible.
Controvierte el argumento dado por el juzgador respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12.3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente cabe advertir que el interesado no ha cumplido con la carga de demostrar que el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria (en el caso, representado por la diferencia económica que surge entre el modo de cálculo del ingreso base y de los intereses utilizado por el tribunal de grado, y aquel otro que pretende el impugnante) supere la cuantía mínima para recurrir fijada en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, corresponde examinar el remedio traído en el marco de la vía de excepción que establece el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En este sentido, se ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R. M., P. A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.1.b. En el punto cabe aclarar que -a contrario de lo que parece sostenerse en el remedio extraordinario (v. pág. 2)- no se presenta en el caso una cuestión federal que permita sortear la restricción impuesta por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, toda vez que el planteo recursivo exhibe un notorio apartamiento respecto de las motivaciones que dieron sustento a la sentencia, donde -incluso- la compareciente transcribe un fragmento de un supuesto voto que atribuye erróneamente al juzgador (v. págs. 14 in fine/16).
En efecto, la afirmación efectuada por la recurrente en punto a que el sentenciante habría rechazado la petición de que se decrete la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, no guarda correlato con el contenido del fallo recurrido, en el que no medió un abordaje o definición al respecto.
En estas condiciones, resulta de aplicación la doctrina legal de esta Suprema Corte, según la cual cuando si los agravios esgrimidos en el recurso remiten a un tópico que no fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal de grado, no corresponde que sean tratadas por este Tribunal, en tanto su potestad revisora, como es sabido, se circunscribe al contenido del fallo y a su concreta impugnación (causas L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
III.2. Formuladas estas aclaraciones, el planteo dirigido a neutralizar la valoración realizada en el fallo de la prueba pericial contable -y, con ello, el ingreso base mensual determinado- resulta inadmisible.
Al respecto, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como la que la interesada pone en tela de juicio mediante su crítica, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco excepcional por el que transita el análisis del presente remedio extraordinario (causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.3. Luego, a tenor de lo expresado en el punto III.1.b. -que torna fútil el intento de que se examinen los agravios sin las restricciones que establece el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653- cabe advertir que los precedentes invocados en sostén de la crítica no resultan aptos para la revisión del pronunciamiento, por no guardar identidad con los extremos ventilados en el caso bajo juzgamiento (causas L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2022; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 126.732, "Sandoval", sent. de 17-IV-2023, e.o.).
Tampoco lo son la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia, ni la opinión de autores que, sabido es, no constituyen doctrina legal en el sentido y con el alcance previsto en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022 y L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022, e.o.).
III.4. Por último, la exclusión de la hipótesis habilitante respecto al agravio que gira en torno a los intereses se impone nítida ni bien se repara en que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021 y L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la misma cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:09:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:20:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:14:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:35:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:33:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 12:38:31 hs. bajo el número RS-96-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia