Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126275
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.275, "Gutiérrez, Nicolás Alberto contra Swiss Medical ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martin, acogió la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 157/182 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por el señor Nicolás Alberto Gutiérrez y condenó a Swiss Medical ART S.A. a abonarle la suma de $391.582,41, en concepto de indemnización por la incapacidad parcial y definitiva que padece el demandante con motivo del accidente de trabajo in itinere que sufriera el 5 de enero de 2017 (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557; ley 26.773 y normas complementarias; v. fs. 157/182 vta.).
Para así decidir, señaló que durante la tramitación de la causa había entrado en vigencia la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo y modificatorias, que en su art. 11 sustituyó el texto del art. 12 de la ley 24.557, incorporando una modificación en la forma de determinar el ingreso base mensual, quedando el apartado segundo de este último dispositivo redactado en los siguientes términos "...Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina..." (fs. 174 vta.).
En razón de considerar que la norma consagra un interés de naturaleza legal, en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso su aplicación inmediata (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.); explicando, en tal sentido, que en el caso se trata de las consecuencias no agotadas existentes entre el acreedor y deudor -verbigracia el estado de mora-, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resultaba inmediata. Sobre el punto, precisó que no era óbice para ello, que la primera manifestación invalidante como consecuencia de la contingencia lesiva de marras haya tenido lugar con anterioridad a la sanción de la ley 27.348 (conf. art. 20, ley cit.; v. sent. fs. 174 vta. y 175).
Sin perjuicio de ello, afirmó que, con posterioridad a dicha sanción, el Poder Ejecutivo nacional emitió el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019) a través del cual alteró el mecanismo de repotenciación antes referenciado (tasa activa del Banco Nación) por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en los siguientes términos "...2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado" (sent. fs. 176).
Puesto a analizar la validez constitucional del mencionado decreto de necesidad y urgencia, declaró de oficio, y con cita de precedentes de la Corte Suprema nacional que identificó, su inconstitucionalidad con fundamento -en lo esencial- en no haberse configurado para su dictado los presupuestos facticos establecidos en el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional (v. sent. fs. 178/180 vta.).
Con pie en lo antedicho, juzgó que "los intereses moratorios" debían liquidarse desde la fecha del accidente (5-I-2017) hasta el 4 de marzo de 2017, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo por treinta días; y, a partir del día 5 de marzo de 2017 y hasta la fecha de la sentencia, en base al promedio de la tasa activa general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conclusión que fincó expresamente -entre otras disposiciones- en el art. 12 apartado 2, de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- (v. sent. fs. 180 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 4-XII-2019).
II.1. En primer término, cuestiona la tasa de interés activa aplicada en el fallo de grado al capital de condena.
Refiere que en virtud de lo normado en el art. 622 del Código Civil (ley 340), el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella y en su defecto los que las leyes especiales hubiesen determinado y que, en ausencia de tales previsiones, los jueces deben determinar el interés correspondiente, tal como -dice- aconteció en el caso.
Explica que tal decisión causa un agravio irreparable a su parte, por cuanto la tasa de interés fijada ocasiona un enriquecimiento patrimonial incausado a favor del accionante.
En ese orden de ideas, destaca que la tasa aplicada en la sentencia vulnera la doctrina legal de esta Corte que -manifiesta el quejoso- en reiteradas oportunidades se ha pronunciado por la vigencia de la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, sentada en las causas L. 94.446, "Ginossi"; C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
II.2. Por otro lado, controvierte la declaración de invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, efectuada por el tribunal de trabajo.
Argumenta, en lo medular, que para su dictado se encontraban configurados los requisitos impuestos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional.
Sostiene que -en el caso- estaban dadas las especiales circunstancias que ameritaban su dictado; en particular la grave situación económica del sistema de riesgos del trabajo, la cual -aduce - impedía la demora de un trámite legislativo habitual, sumado al contexto político (en el cual el Congreso no sesionó durante el mes de septiembre del año 2019) y la época electoral que -sostiene- "mantiene prácticamente paralizado el Congreso".
Con todo, solicita se revoque le sentencia de grado en aquello que resulta materia de agravio.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se advierte que el recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la suma gravaminis , la que -en la especie- se halla representada por la diferencia entre la tasa activa establecida por el a quo , con sustento -entre otras normas- en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557 (modif. por el art. 11 de la ley 27.348) y la pasiva pretendida por el quejoso.
En este sentido, se ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 123.865, "R. M., P. A.", sent. de 13-VII-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.299, "Compasso", sent. de 3-V-2023; e.o.).
En estas condiciones, atento la omisión de parte identificada, la función revisora de esta Corte se debe circunscribir a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022; L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
No obstante, no puede soslayarse que, en el presente caso, el embate dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 involucra el análisis de una cuestión federal que, por su parte, amerita la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia del valor de lo cuestionado.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que, conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal, aun cuando el monto del litigio no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, solo tal parcela de la impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales. En cambio, corresponde que la crítica relativa a la tasa de interés aplicada sea analizada bajo el prisma establecido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios formulados, principiando por abordar el cuestionamiento dirigido a atacar la descalificación constitucional del citado reglamento de necesidad y urgencia.
III.2.a. Para fundar su decisión, el juzgador de grado puntualizó -tal como lo reseñé ut supra - que durante la tramitación del presente entró en vigencia la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), cuyo art. 11 modificó el art. 12 de la ley 24.557 en lo referente a la forma de calcular el ingreso base mensual para liquidar las prestaciones dinerarias (v. sent. fs. 174).
Añadió el juzgador que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-19), mediante el cual reemplazó el mecanismo de repotenciación vía intereses -en base al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina conforme lo estableció el mencionado art. 11 de la ley antes citada- por el índice RIPTE (v. sent. fs. 176).
Luego de transcribir en la sentencia los considerandos del decreto en cuestión, el órgano de grado destacó que a partir del precedente "Verrocchi" (Fallos: 322:1726) la Corte nacional retomó la tradición jurisprudencial del precedente "Soria de Guerrero" (Fallos: 256:556), sobre la cual se estableció que no se encuentra exenta del contralor judicial la eventual violación de disposiciones constitucionales que informan el proceso de formación y sanción de las normas, ciñendo el examen jurisdiccional a determinar la concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que resultan exigibles y condicionan su vigencia (Fallos: 268:352, 318:445, 319:1479 y 321:3487), señalando que "...Es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto...(Párrafo 2° del Considerando 9° de Fallos: 322:1726)" (sent. fs. 174/178).
Sentado ello, el juzgador de mérito se detuvo a analizar si respecto del dictado del decreto en debate concurrieron -o no- las circunstancias establecidas por la Corte federal en el precedente antes citado (CSJN Fallos: 322:1726), inteligencia que fuera ratificada -aseveró- en el precedente "Consumidores Argentinos" (Fallos: 333:633), a saber: que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal; o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (v. sent. fs. 178 vta.).
Sobre ese piso de marcha, el tribunal de trabajo concluyó -de un lado- que el Poder Ejecutivo nacional no invocó ninguna imposibilidad cierta para que el Congreso se reuniera, máxime -puntualizó- cuando el decreto en análisis fue dictado durante el período de sesiones ordinarias. Adunó a ello que los reglamentos de las Cámaras que conforman el Poder Legislativo nacional prevén un trámite sumarísimo ("sobre tablas") para el tratamiento de cuestiones, y su votación directa en el recinto, sin necesidad de atravesar el trámite en las comisiones legislativas (citó los arts. 30, 39 inc. 9, 134, 147, 168 y 210 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 147, 149, 164 y 188 apartados 6 y 7 inc. "b" del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación; v. sent. fs. 179 vta. y 180).
De otro costado, advirtió que el diagnóstico formulado en los considerandos del decreto en crisis -relativos a la afectación de la sustentabilidad del sistema de prevención de riesgos y reparación de daños derivados del trabajo regulado por la ley 24.557- no se sostiene en informes provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que resultan ser los entes autárquicos de fiscalización y contralor de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (arts. 35 y 36, ley 24.557; 64 y sigs. incorporados a la Sección I del Capítulo II de la ley 20.091). De este modo -remató el juzgador- no se exponen elementos susceptibles de ser verificados que permitan constatar que "la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente", lo que deja en evidencia -aseveró- que su dictado obedeció a criterios de mera conveniencia (v. sent. fs. 180).
Con todo, declaró -de oficio- la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, por no haber existido para su dictado los presupuestos fácticos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional describe "con rigor de vocabulario" (Fallos: 322:1726, 333:633), a fin de mantener incólume el régimen representativo, republicano y federal de gobierno y la primacía de la carta magna nacional (arts. 1 y 31, Const. nac.; v. sent. fs.180 y vta.).
III.2.b. En la réplica ensayada, el compareciente -en lo que resulta de interés- expone que el dictado del citado decreto no puede considerarse de modo alguno como una medida ilegal, ello así por cuanto -argumenta- constituye un instrumento específicamente contemplado en la Constitución nacional.
Aduce que las modificaciones incorporadas a través de dicha fuente normativa respetan el rango jerárquico normativo. Asevera que el control de mérito y conveniencia que debe asegurar se encuentra garantizado a través del procedimiento de aprobación establecido en la ley 26.122, resultando el Congreso de la Nación el encargado de examinar los requisitos formales y de fondo vinculados a la medida adoptada; así como también de verificar la legalidad y validez del mismo.
Denuncia que esta última facultad no puede ser ejercida por los jueces en el espacio temporal que va desde el dictado del decreto de necesidad y urgencia y hasta la fecha en que finalmente es evaluado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso nacional, pudiendo verificar únicamente el cumplimiento de los requisitos de forma y procedimentales que define el inc. 3 del art. 99 de la carta magna.
En ese orden de ideas, expone las razones por las cuales -estima- no resultan válidos los cuestionamientos vinculados a la constitucionalidad del mentado decreto 669/19.
En primer lugar, sostiene que -en el caso- se halla debidamente acreditada la existencia de necesidad y urgencia que justifica su dictado.
Manifiesta que el actual contexto de volatilidad económica impacta directamente a las tasas de interés, generando una distorsión en el sistema de riesgos del trabajo que condicionan su solvencia y, con ello -dice-, la protección de los trabajadores de dicho régimen jurídico. Alega que dicho sistema se encuentra en estado crítico, atravesado principalmente por los incrementos desmedidos de las prestaciones indemnizatorias, como consecuencia de la aplicación de la tasa activa del Banco Nación; todo lo cual produce ajustes indemnizatorios a valores desproporcionados.
Puntualiza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación apuntó en sus fallos contra los excesos en la aplicación de las tasas de interés y argumenta que esta situación requiere de una solución legislativa urgente, que debe ser solucionada inmediatamente, bien que el carácter transitorio del citado decreto de necesidad y urgencia justifica la razonabilidad de la sustitución de la tasa de interés prevista en el art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348), por la variación del índice RIPTE.
Asimismo, resalta que, al invocar las razones de necesidad y urgencia requeridas para el dictado del decreto, se apeló a la doctrina de la emergencia económica dada la crisis de las variables macroeconómicas que incidieron -denuncia- devastadoramente en las tasas bancarias. A su vez, resalta que el decisorio impugnado soslayó toda consideración acerca del interés público comprometido.
Desde otroángulo de análisis, añade que la reforma introducida no modifica los cálculos de las indemnizaciones, sino que solo sustituye el interés que devengan las mismas, en forma razonable, en tanto garantiza la conservación del valor salarial tomado como base para el cálculo de la misma indemnización, manteniendo el valor salarial de las indemnizaciones y protegiendo al conjunto de trabajadores. De allí que -concluye- de modo alguno su dictado aniquiló o mutiló el derecho de los damnificados a percibir la indemnización derivada de un siniestro.
Por otra parte, indica que el ajuste de cálculo establecido por el decreto 669/19 implica -incluso- una mejora respecto del anterior art. 12 de la ley 24.557 (según su redacción original), por lo cual no se constata afectación del principio de progresividad, puesto que su función fue corregir el desvío generado en la variable de actualización del ingreso base mensual.
Por último, refiere que la aplicación del instrumento cuestionado de modo alguno implica una supuesta aplicación retroactiva al caso, por cuanto -según alega-, la doctrina de la emergencia se creó, precisamente, para introducir modificaciones en derechos adquiridos, aunque no consolidados.
III.2.c. Pues bien, observo que las razones esgrimidas en el fallo impugnado para declarar la inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia no son idóneamente controverti
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.