Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127889
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fecha 9 de junio de 2021 y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.889, "Faustino, Oscar Alberto José contra Prevención ART S.A. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revisión intentada y confirmó la resolución administrativa pertinente. Impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 9-VI-2021).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 30-VI-2021).
Oído el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 12-IV-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fecha 9-VI-2021?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal de origen rechazó la revisión pretendida por el señor Oscar Alberto José Faustino respecto de la decisión de la Comisión Médica n° 14 de Junín -en el marco del expediente administrativo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 014-L-01655/2011-, que estableció que el trabajador no padece secuelas incapacitantes fruto del accidente in itinere que sufriera el día 19 de marzo de 2010 (v. sent. de fecha 9-VI-2021).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 30-VI-2021).
En la vía extraordinaria de nulidad, con denuncia de transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, la recurrente denuncia la omisión de tratamiento de una cuestión que juzga esencial.
Alega que el sentenciante soslayó abordar el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 apartado 2 de la ley 24.557 y del decreto 659/96 en la parte pertinente al baremo; de cuya consideración -según esgrime- dependía la procedencia de la cobertura y reparación de la dolencia invalidante que porta su mandante, a la luz de lo dictaminado por el perito médico interviniente en autos (v. presentación electrónica de fecha 23-X-2020).
Con sustento en el mismo déficit que atribuye al fallo, denuncia violación del principio de congruencia y absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso.
En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada reitera -en lo esencial- el cuestionamiento formulado desde la arista expuesta en el párrafo que antecede, denunciando la afectación de las garantías constitucionales consagradas en los arts. 18 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. De las constancias de la causa se desprende que el tribunal de grado dispuso la apertura a prueba de la causa (v. auto de fecha 22-V-2013) y, producida la misma, decidió suspender el pase de autos para dictar sentencia -ordenado el 24 de febrero de 2021-, requiriendo -como medida para mejor proveer- que el perito médico actuante aclarara si la lesión sufrida por el actor, señalada en su experticia, encontraba recepción en el baremo de la ley 24.557 y su decreto reglamentario (v. providencia de fecha 10-III-2021).
El profesional interviniente sostuvo que la lesión no se encontraba en el baremo (v. presentación electrónica de fecha 20-IV-2021), luego de lo cual pasaron los autos al acuerdo para el dictado de la sentencia (v. proveídos de fechas 11-V-2021 y 27-V-2021).
Al momento de pronunciarse sobre la suerte del litigio, el juzgador -sin hacer mención a las posturas de las partes, a las actuaciones procesales cumplidas, ni valorar los hechos y pruebas- declaró no demostrado que el actor padeciera incapacidad laborativa alguna; y, en consecuencia, desestimó la apelación incoada. Para arribar a tal conclusión, aludió sucintamente a la pericia médica producida como medida para mejor proveer, pero no emitió el correspondiente veredicto.
Y en este sentido, cabe poner de resalto que una vez trabada la litis el órgano de grado no declaró la cuestión como de puro derecho, pronunciamiento que hubiese correspondido, claro, si consideraba que no existían hechos controvertidos, único supuesto en el que la ley procesal del fuero autoriza la ausencia de veredicto (art. 32 cuarto párrafo, ley 11.653).
Pero, en el caso, en virtud de lo reseñado, resultaba ineludible el dictado de dicha pieza procesal, etapa en la que el tribunal de trabajo debió haber valorado "en conciencia" la prueba rendida (art. 44 inc. "d", ley cit.) y donde a su vez- debió haber juzgado sobre los hechos acreditados o no, con indicación de los elementos de juicio meritados (art. 47 primer párrafo, ley cit.).
En reiteradas oportunidades ha declarado esta Corte que, en tanto existan hechos controvertidos y elementos de prueba relativos a ellos que deban examinarse por el juzgador, es ineludible la formulación del veredicto antes de dictar la sentencia, lo que por otra parte es deber constitucional inexcusable para el tribunal de acuerdo con lo prescripto por el art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 119.517, "Salomón", sent. de 21-VI-2017; L. 118.713, "Gómez", sent. de 21-VI-2018; L. 127.183, "Prieto Sosa", resol. de 21-III-2023 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023); exigencia que, como anticipé, fue inobservada por el órgano de grado.
III.2. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente exhortar a los jueces integrantes del órgano judicial de grado, a que ajusten sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes, de modo tal de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario que conspire contra la eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. En consecuencia, corresponde disponer la anulación de oficio de la sentencia de fecha 9 de junio de 2021, debiendo los autos remitirse al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda y tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de las presentes.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda y tercera cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se anula de oficio la sentencia de fecha 9 de junio de 2021 y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2023 12:22:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2023 09:19:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2023 18:00:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:04:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 09:14:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 09:50:46 hs. bajo el número RS-101-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia