Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada que tuvo por contestada la demanda fuera de término, la que se tiene por presentada dentro del plazo otorgado. Se remiten los autos al tribunal de origen para que continúe el trámite según su estado.
Las costas se imponen por su orden, tanto respecto del presente recurso, como de la queja, atento la índole de la cuestión planteada y la forma en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.353, "Amoretti, María Vanesa contra Aegis Argentina S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la revocatoria interpuesta por Aegis Argentina S.A., contra la decisión que tuvo por presentado fuera de término el escrito de contestación de la demanda (v. resolución de fecha 27-IV-2021).
La codemandada aludida interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 28-IV-2021), el que, denegado por el órgano jurisdiccional de grado (v. resolución de fecha 3-V-2021), fue concedido por este Tribunal (v. resolución de fecha 29-XII-2021), al hacerse lugar -por mayoría- a la queja interpuesta (v. presentación electrónica de 11-V-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora María Vanesa Amoretti dedujo demanda contra la empleadora Aegis Argentina S.A., tendiente al cobro de diferencias salariales, rubros derivados del despido, vacaciones, sueldo anual complementario (SAC), con más los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, solicitó la extensión solidaria de la responsabilidad respecto de Telefónica Argentina S.A. y su continuadora Telecomunicaciones Móviles Argentina S.A.
En lo que interesa destacar, el tribunal interviniente confirió el respectivo traslado por el término de diez días, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 28 de la ley 11.653. Se explicitó entonces que el escrito de demanda y toda la documentación acompañada se hallaba digitalizada y a disposición de las partes a través de la Mesa de Entradas Virtual (MEV); en consecuencia, dispuso el control digital de la cédula de notificación, sin copias.
Posteriormente, a pedido de la parte actora y en el marco de la emergencia sanitaria, ordenó que la indicada diligencia sea practicada mediante carta documento. En esa oportunidad señaló que los accionados debían tomar conocimiento de la demanda y documentación, a través de la MEV dentro del plazo de cinco días hábiles de receptada la notificación, vencido el cual debían presentar el responde en el término de diez días por medio electrónico o soporte digital (v. providencia de fecha 20-X-2020).
Luego, en virtud del normal restablecimiento del funcionamiento del servicio de justicia, la accionante pidió que la notificación a la recurrente se efectuara mediante cédula, petición que el órgano de origen proveyó favorablemente con fecha 5 de marzo de 2021.
Aegis Argentina S.A. se presentó en el expediente a fin de contestar la demanda promovida, actuación que se consideró extemporánea mediante resolución de presidencia (v. proveído de fecha 12-IV-2021).
Contra esta decisión, la citada codemandada dedujo revocatoria (v. presentación de fecha 16-IV-2021). Argumentó la existencia de un erróneo cómputo del plazo, ya que en la cédula recibida se encontraba transcripto el auto del 20 de octubre de 2020 que -como se anticipó- otorgaba cinco días para tomar conocimiento de la demanda y documentación, y luego diez días para contestarla. Expuso que tal indicación (la concesión del término para hacerse del escrito y documental) no fue dejada sin efecto, ni modificada por la resolución posterior; antes bien, ambas providencias se hallaban transcriptas en la notificación respectiva.
En consecuencia, solicitó que se tenga por presentado el responde dentro del plazo otorgado en el traslado conferido oportunamente (20 de octubre de 2020), señalando que una decisión en contrario comportaría una vulneración del derecho de defensa en juicio y el debido proceso, plasmados en el art. 18 de la Constitución nacional.
El tribunal interviniente rechazó ese planteo. Explicó que la decisión cuestionada se encontraba ajustada a derecho, en tanto, luego del restablecimiento del funcionamiento de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, la parte actora había optado por notificar mediante cédula, con transcripción en ese instrumento de la totalidad de las resoluciones dictadas en pos de efectivizar el traslado de la demanda. Expuso la buena fe procesal con la que se llevó a cabo la notificación y destacó la inexistencia de yerro alguno por parte del órgano jurisdiccional.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Aegis Argentina S.A. denuncia absurdo y violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 161 del Código Procesal Civil y Comercial provincial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En sustancia, alega que la decisión de confirmar que la demanda fue contestada fuera de término conlleva una contradicción con los actos precedentes del tribunal, y como tal, carece de razonabilidad y vulnera los actos propios, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Explica los pasos procesales seguidos en la causa (supra reseñados), destacando que la transcripción de las resoluciones no deja margen para otra interpretación que la que efectuara su parte: la concesión de diez días para responder la demanda y cinco más para tomar conocimiento de todas las constancias del expediente.
Destaca haber efectuado su presentación en un término aún menor (trece días) de aquel que resultaba de los indicados en el traslado referido.
Remarca que el libramiento de la cédula considerada por el a quo para resolver no modificó ni dejó sin efecto el auto que debía anoticiar.
Arguye que, a todo evento, la falta de claridad de las resoluciones dictadas por el tribunal interviniente no puede acarrearle la consecuencia negativa que es objeto de impugnación. Imputa que tal proceder comporta un exceso de ritual manifiesto y violación del principio favor processum .
Precisa que la contestación de la demanda constituye el acto procesal más trascendente, y que la decisión atacada acarrea una situación de total indefensión que no puede repararse ulteriormente, pues priva a la coaccionada de exponer su versión de los hechos y aportar los medios de prueba.
Seguidamente, expresa -con cita de doctrina autoral- que en los supuestos en que las notificaciones generen dudas, debe prevalecer la solución que favorezca el mencionado derecho de defensa.
III. El recurso prospera.
De las comprobaciones de la causa, enunciadas en el relato de antecedentes, surge con claridad el acierto de las afirmaciones del agraviado.
En efecto, sin perjuicio de las consideraciones que pudieran efectuarse en torno a la interpretación y aplicación que el tribunal de grado realizó de las normas regulatorias del régimen de notificaciones y presentaciones electrónicas (en el marco de una regulación pretérita a la ahora vigente; Ac. 4013/21) cierto es que la propia actuación del órgano de origen lleva a concluir que los plazos otorgados, más allá del medio seleccionado para anoticiar la providencia, fueron aquellos enunciados primariamente, que se mantuvieron incólumes por no haber mediado a su respecto alteración o modificación alguna.
De allí que los fundamentos para ratificar la decisión de considerar extemporáneo el responde no resultan una derivación razonada del contenido de los actos procesales previos, firmes y, por ende, alcanzados por el principio de preclusión.
En franco apartamiento de los términos de las resoluciones transcriptas en el acto de notificación, el tribunal de grado propone una argumentación de connotaciones ajenas a lo actuado, que repercute en la certeza que le incumbe aportar al trámite, en ejercicio de las potestades contempladas en el art. 11 de la ley 11.653.
Las razones del a quo basadas en que la parte actora afrontó el acto de notificación de buena fe, que la cédula fue debidamente controlada, y que el recurrente no planteó objeción alguna en su responde, no satisfacen los agravios traídos en forma oportuna; antes bien, reflejan un obrar errático y restrictivo del principio in dubio pro actione , con virtual afectación del derecho constitucional de defensa -arts. 15, Constitución provincial y 18, Constitución nacional- (causa B. 53.209, sent. de 3-XI-2004).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión impugnada en cuanto el órgano interviniente confirmó la decisión que tuvo por contestada la demanda extemporáneamente respecto de la coaccionada Aegis Argentina S.A., la que se tiene por presentada dentro del plazo otorgado. Los autos deberán remitirse a la instancia de origen para que continúe el trámite según su estado.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la índole de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado a los fines del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá ser restituido íntegramente al interesado (art. 293, CPCC).
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada que tuvo por contestada la demanda fuera de término, la que se tiene por presentada dentro del plazo otorgado. Se remiten los autos al tribunal de origen para que continúe el trámite según su estado.
Las costas se imponen por su orden, tanto respecto del presente recurso, como de la queja, atento la índole de la cuestión planteada y la forma en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2023 12:22:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2023 09:19:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2023 18:00:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:04:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 09:14:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 09:50:45 hs. bajo el número RS-100-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia