Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127473
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.473, "Sosa, Alberto Carlos contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 158/180).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-X-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo consideró acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 4 de febrero de 2018, el señor Alberto Carlos Sosa padece una incapacidad laboral permanente parcial del 15,85% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 158/160).
En lo que resulta de interés, declaró que el accionante resultaba acreedor de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 162 vta.).
Luego, abocado a analizar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada respecto del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), sostuvo que el precepto legal incorporó un mecanismo de actualización de créditos orientado a mantener el valor económico real de las prestaciones previstas en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 a través de la aplicación de la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y su posterior ajuste con la utilización de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 apdos. 1 y 2). Con relación a esta última, señaló que no tiene una función compensatoria de la mora en el pago del crédito o punitoria, sino que está destinada precisamente a sustituir al RIPTE (art. 12 apdo. 1, LRT) como mecanismo de actualización, para evitar que se deprecie el crédito indemnizatorio en el período de tiempo que transcurre desde la primera manifestación invalidante hasta el momento en que se determine el importe de la indemnización (v. sent., fs. 164). Afirmó así, que la norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice RIPTE (art. 12 apdo. 1, LRT) y; desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización, por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12 apdo. 2, LRT). Estos, destacó, son compatibles con el carácter de deudas de valor que -según argumentó- revisten las indemnizaciones por incapacidad definitiva derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (v. fs. 164), categoría que -aseveró- ha sido receptada por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., fs. 165).
Expuso que tampoco acierta la accionada cuando afirma que el art. 11 de la ley 27.348 vulnera "la prohibición de indexar" establecida en los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. En este sentido, señaló que el art. 7 citado no era aplicable al caso, por cuanto refiere a las obligaciones de "dar una suma determinada de pesos", carácter que -reiteró- no reviste la obligación de reparar la pérdida de capacidad de ganancias provocada por un siniestro laboral, que -insistió- es una deuda de valor (v. sent., fs. 165 vta.).
Expresó que, aun en la mejor hipótesis para la deudora, de considerarse aplicables los preceptos mencionados, su concurrencia conflictiva con la norma laboral conducía inexorablemente a desplazarlos por la ley 27.348, normativa posterior, especial y más favorable al sujeto protegido conforme los principios constitucionales de protección al trabajador y progresividad. Agregó que la norma especial tiene un valor jerárquico y axiológico superior que no puede ser menoscabado por una añeja regulación de rango meramente legal que, para más, fue pensada para un contexto diferente al actual (v. sent., fs. 165 vta./167).
Manifestó que no puede considerase vulnerado el precedente de la Corte federal "Massolo" -relativo a la validez constitucional de la ley 23.928-, por haber sido elaborado en un marco normativo disímil al que se presenta en la especie (v. fs. 167 y vta.). Por el contrario, argumentó que esta Suprema Corte admitió en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) la fijación del importe indemnizatorio a valores actuales, haciéndose cargo de la flexibilización que (incluso en ausencia de ley especial expresa que desplace su aplicación) ha debido hacerse de la prohibición plasmada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. sent., fs. 167 vta.).
Entendió que tampoco le asistía razón a la demandada, al denunciar que el art. 11 de la ley 27.348 es violatorio del derecho de propiedad por consagrar una "yuxtaposición indexatoria" (fs. 168 y vta.). Ello, porque -conforme lo dicho en párrafos anteriores- los mecanismos de ajuste previstos en los apartados 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 no se superponen, sino que -argumentó- se complementan, configurándose una única actualización en dos períodos diferentes y por medio de dos herramientas distintas (v. sent., fs. 168 vta.).
Aseveró que la regulación cuestionada -como ocurre con todas las normas de derecho social- apenas limita o restringe el mentado derecho de propiedad para tornarlo compatible con los derechos sociales constitucionalmente garantizados a los sujetos que son especialmente tutelados en las constituciones de los estados sociales de derechos regidos (como ocurre en nuestro ordenamiento) por los paradigmas del constitucionalismo social y de los derechos humanos (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.; v. sent., fs. 168 vta.).
Destacó que al introducir la normativa impugnada, el Poder Legislativo no hizo más que efectivizar los principios protectorio, de progresividad, de justicia social y de indemnidad del trabajador (arts. cits. y 39.3, Const. prov.; v. sent., fs. 169).
Por los argumentos expuestos, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según art. 11, ley 27.348) incorporado por la parte demandada y procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 173).
Con sustento en dicha norma, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo de lo informado en la pericia contable (v. vered., fs. 159 vta.) y arribó a la suma de $74.228,77, aplicando el índice RIPTE (v. sent., fs. 173). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conf. el art. 12 apdo. 2, ley cit.), elevando el ingreso base del actor a la suma de $164.015,15 (v. sent., fs. cit.).
Con todo, cuantificó la prestación antes referida en la suma de $1.689.766,08 (53 x $164.015,15 x 15,85% x 1,22).
Finalmente, dispuso implementar entre la fecha de "la toma de conocimiento de la incapacidad" hasta la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue -hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 apartado 3 de la ley 24.557 -modificada por la ley 27.348-.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 15, 168 y 161 de la Constitución provincial; 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; de la ley 23.928 -modificada por ley 25.561-; de los arts. 163, 164, 354 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 20-X-2020).
II.1. En concreto, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- plasmado en el escrito de contestación de demanda, a partir -expone el quejoso- de una interpretación absurda del mencionado precepto normativo.
II.1.a. Explica que el apartado primero de la norma citada dispone que el ingreso base mensual debe estimarse mediante la actualización de los salarios del año anterior a la primera manifestación invalidante conforme índice RIPTE, mecanismo que el impugnante estima inconstitucional (v. rec., pág. 5).
Manifiesta que el párrafo segundo refiere a la determinación de los intereses moratorios, no obstante lo cual el tribunal intentó trocar dicho carácter, juzgando que regula una suerte de actualización, que integra el capital de condena (v. pág. cit.).
Aduce que de interpretarse que se trata de dos supuestos de actualización, el órgano de grado debió descalificarlos por inconstitucionales (v. pág. 6).
II.1.b. Se agravia de la decisión de grado en cuanto juzgó que los mecanismos de reajuste resultan plenamente compatibles con el carácter de deuda de valor que revisten las indemnizaciones laborales; y que -en la mejor hipótesis para la deudora- de considerarse aplicable lo dispuesto por el art. 10 de la ley 23.928, tampoco serían inconstitucionales por aplicación de los principios generales del derecho y por resultar una norma más favorable al trabajador (v. rec., pág. 7).
Enfatiza que no puede ser considerada razonable una disposición que, para mantener el "valor" de una prestación, apela a instrumentos que nada tienen que ver con la variación del salario, a partir de una tasa de interés -activa- ajena al ámbito laboral y propia del ámbito financiero (v. rec., pág. 8).
II.1.c. Resalta que resulta equivocado sostener que la ley 27.348 por ser una ley especial, podría habilitar la actualización de créditos laborales y desplazar la ley general -23.928-. Refiere que tal razonamiento vulnera el principio de razonabilidad, toda vez que aquellos créditos que fueran reclamados al amparo de la legislación civil caerían bajo la órbita de la ley citada en último término; mientras que los demandados en el marco de la legislación laboral sortearían tal disposición (v. rec., pág. 10).
II.1.d. Aduce que la circunstancia de resultar la norma en crisis más protectoria para el trabajador no resulta un argumento válido, desde que el principio de razonabilidad resulta aplicable a todo el ordenamiento jurídico, sin distinguir la materia de que se trate (v. rec., pág. cit.).
II.1.e. En suma, asevera que el fallo en cuestión es absurdo por quebrantar el principio consagrado en la ley 23.928 que veda todo mecanismo indexatorio.
II.1.f. Entiende que la sentencia objetada vulnera el precedente de la Corte federal que identifica como "Massolo", donde se resolvió que la política monetaria fijada en la última ley citada escapa a la revisión judicial (v. rec., pág. 10).
II.2. Por último, objeta el fallo de grado toda vez que -aduce el quejoso- al fallar sobre los intereses moratorios (v. sent., fs. 173 vta./176 vta.) el propio órgano de grado tuvo en vista la prohibición de actualizar, no obstante lo cual consagró la vigencia de una norma que conculca dicha interdicción y ordenó aplicar una tasa del 6% anual desde la mora y hasta la fecha del fallo (v. rec., pág. 11).
Añade que el tribunal incurrió en absurdo desde que -so pretexto de morigerar dichos acrecidos- descartó la tasa activa, pero en realidad realizó una yuxtaposición de intereses (v. rec., págs. 11/12).
Postula que el fallo en crisis quebranta la doctrina legal de esta Corte, en virtud de la cual la tasa de interés aplicable a créditos como los de autos resulta ser la pasiva más alta. Cita el precedente que individualiza como L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, el compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, cómo estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este orden, preciso es recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado supera el umbral determinado en la ley ritual para la admisibilidad del remedio extraordinario en cuestión (causas L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; L. 126.430, "Páez", sent. de 22-XII-2022; e.o.).
En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscribe a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023).
Sin mengua de lo antedicho, el reproche orientado a cuestionar la declaración de validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; L. 125.929, "Ponce", sent. de 9-VIII-2022; L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
III.2. Efectuada esta aclaración -y sin que ello implique emitir juicio sobre el contenido de la decisión- lo resuelto por el tribunal de grado en torno a la constitucionalidad de la norma antes citada ha de permanecer firme, en razón de la inhabilidad del medio de impugnación.
III.2.a. Como punto de partida, advierto que el quejoso introduce en su pieza recursiva una línea argumental que difiere de aquella que fuera presentada ante los jueces en el escrito de contestación de demanda (v. presentación electrónica de fecha 28-VIII-2019, apdo. IX). En dicha oportunidad procesal, adujo que los incs. 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- regulan mecanismos de actualización -uno mediante el RIPTE, el otro a través de la tasa activa del Banco Nación- estableciendo el apartado tercero el supuesto de mora en el pago de la obligación por parte del deudor.
En su pieza recursiva expone que el mencionado inciso primero dispone un mecanismo de actualización, mientras que el segundo -en cambio- se adentra en la estimación de los intereses moratorios (v. rec., págs. 5/6); traduciendo de este modo un extemporáneo -e inidóneo- intento de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión con que las cuestiones fueron articuladas en la sede ordinaria (causas L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021; L. 121.774, "A., M. A.", sent. de 31-V-2021; e.o.).
III.2.b. Análogo déficit avizoro en el cuestionamiento que intenta asirse en la supuesta falta de razonabilidad que se configuraría por el hecho de que aquellos créditos laborales que fueran reclamados al amparo de la legislación civil caerían bajo el amparo de la ley 23.928, mientras que aquellos otros demandados en el marco de la legislación laboral sortearían tal disposición. Tal derrotero -fruto de una reflexión tardía- bien pudo ser llevado a consideración del tribunal de origen en la etapa procesal oportuna para su concreto abordaje, sin embargo, ello no fue así, pues al intervenir en el litigio y atacar la validez de la norma únicamente se aludió a la violación a los derechos consagrados en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la ley 23.928 -y modificatorias- (v. apdo. IX del escrito de contestación de la demanda).
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que no resultan atendibles los planteos novedosos que no fueron arrimados a examen en la instancia de grado (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 126.298, "Torena", sent. de 21-X-2022; e.o.). Con análogo criterio, también ha sostenido que son inaudibles en esta Sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; e.o.).
III.2.c. Los demás cuestionamientos, anclados en la pretendida vulneración de las leyes 23.928 y 25.561, no lucen hábiles para rebatir lo juzgado al respecto en el pronunciamiento de grado.
Sin que implique asumir postura alguna sobre dicho tópico, corresponde destacar que ningún embate atendible porta el recurso respecto del argumento dirimente consistente en el carácter de "deuda de valor" que el tribunal le confirió a la prestación en juego para juzgar la inaplicabilidad de la regla prevista en el art. 7 de la ley 23.928, carácter, dijo, receptado en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma esta última, cuya eventual infracción o errónea aplicación -para más- ha soslayado denunciar el interesado, dejando insatisfecha en este punto la exigencia básica prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; e.o.).
III.2.d. Aun cuando lo expresado precedentemente signifique dejar firme una definición troncal de la sentencia con aptitud -por sí misma- para fundar la conclusión que se objeta en esta Sede extraordinaria, otras reflexiones abonan la apuntada insuficiencia que se le endilga al recurso.
III.2.d.i. En su abanico de motivaciones, sostuvo el sentenciante que aun dejando de lado su tesitura respecto de la "deuda de valor", igualmente la ley 27.348 por ser una norma de igual jerarquía, posterior, especial y más favorable al trabajador, desplaza a la ley 23.928.
Sin otro apoyo más que su propia opinión, el impugnante alega que la circunstancia que una ley sea más protectoria para el trabajador, no puede llevar a sostener la aplicación de una norma que -desde su particular visión- es violatoria del principio de razonabilidad. Tal afirmación, que de suyo se contrapone con el juicio desplegado por el tribunal, tampoco se ocupa de desvirtuar la especial naturaleza protectoria del trabajador que los magistrados le otorgaron a la ley 27.348 con sustento -entre otros preceptos- en los arts. 14 bis; 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 39.3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 166 y vta.).
III.2.d.ii. Por lo demás, no logra el interesado cuestionar de modo eficiente el tramo de la decisión de origen en el que se dijo que lo allí resuelto no vulneraba la jurisprudencia de la Corte federal sobre la validez constitucional de la ley 23.928 (causa "Massolo"), por cuanto, más allá que los apartados 1 y 2 del citado art. 12 de la ley 24.557 -en su nueva redacción- refieren a ins
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