Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127067
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.067, "Splett, Oscar Alfredo contra Técnica Digital S.R.L. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 294/315).
Se interpusieron, por la parte actora, sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 12-VII-2018).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 27-VIII-2021), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió parcialmente la demanda promovida por el señor Oscar Alfredo Splett contra Técnica Digital S.R.L. y condenó a esta última al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, días trabajados del mes de junio de 2014, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, diferencias de haberes, agravamientos de los arts. 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, y a la entrega de la certificación de servicios prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó en cambio -en lo que resulta de interés por constituir materia de agravio- el reclamo tendiente al pago de la multa prevista en la última disposición legal citada, el resarcimiento normado en el art. 8 de la ley 24.013, la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; y el pedido de extensión de responsabilidad solidaria respecto al codemandado Pablo Daniel García (v. fs. 294/315).
Para así decidir, tuvo por probado que entre el actor y la firma accionada existió un contrato de trabajo iniciado en el mes de noviembre de 2008, cuya finalización -aspecto que arriba firme a esta instancia- se produjo por despido indirecto el día 3 de junio de 2014, con motivo del desconocimiento expreso de la relación laboral en que incurrió la empleadora (v. fs. 298 vta. y 299; 303 vta. y 304).
Luego de declarar que la decisión rupturista del dependiente resultó ajustada a derecho, estableció que la indemnización normada en el art. 8 de la ley 24.013 no podía prosperar por haber remitido el dependiente el telegrama a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el día 5 de mayo de 2014, esto es, luego de transcurrido ampliamente el plazo de veinticuatro horas de enviada la intimación de registración al empleador (art. 11 inc. "b", ley 24.013, texto según ley 25.345; v. fs. 304 vta.).
Rechazó el reclamo tendiente al pago de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con sustento en que las comunicaciones obrantes a fs. 10, 12 y 13 no contenían intimación a la empleadora para que haga entrega al dependiente de la certificación de servicios contemplada en la norma citada (v. fs. 304 vta. y 305).
Descartó la responsabilidad solidaria del coaccionado Pablo Daniel García por considerar que el art. 54 de la ley 19.550 no habilita su condena. Fundó dicha postura en los precedentes de esta Corte que individualizó -causas L. 81.550, "Ávila" (sent. de 31-VIII-2005); L. 85.741, "Cortina" (sent. de 25-IV-2007); L. 112.851, "Calmens" (sent. de 28-VIII-2013); entre otras- (v. fs. 305 vta./306 vta.).
Finalmente, estimó no demostrado que las accionadas hubieran incurrido en conductas que permitan calificar su accionar como malicioso o temerario en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; desde que se limitaron -afirmó el juzgador- a negar la existencia de una relación laboral que resultó demostrada con posterioridad. Estimó, además, que en el caso resultaban suficientes los resarcimientos y sanciones reconocidos en favor del trabajador en la sentencia (v. fs. 306 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. escrito electrónico de fecha 12-VII-2018).
Alega, en lo sustancial, que el juzgador dispuso el rechazo de la pretensión de extensión de responsabilidad solidaria del codemandado Pablo Daniel García a partir del análisis del art. 54 de la ley 19.550, soslayando hacerlo a la luz de los arts. 59 y 274 del mismo cuerpo normativo; aspecto este último que -a criterio del quejoso- constituye una cuestión esencial preterida por el tribunal.
III. Al igual que el señor Procurador General, entiendo que el recurso debe prosperar.
III.1. En distintos tramos del escrito inicial en el que la parte actora no deslinda con la claridad esperable aspectos vinculados al fraude laboral que le endilga a la demandada y otros relacionados con los presupuestos de aplicación de la Ley de Sociedades Comerciales que tornarían responsable al codemandado Pablo Daniel García, se reclama la condena de este último, pero se omite fundamento jurídico para tal pretensión.
Se expresa en la demanda -entre otras consideraciones- que "...el señor Pablo García es quien detenta el poder, control y dirección de los destinos de la empresa [...] constituye dicha persona jurídica, que integra, representa, y controla, utilizando dicha forma legal o 'ropaje jurídico' como ardid a los fines de deslindar su responsabilidad patrimonial y/o fiscal en la persona jurídica demandada, ante un eventual reclamo por dicha metodología de 'fraude laboral' aplicada a sus dependientes" (fs. 25 vta.). Más adelante, en ocasión de referirse a la identificación del empleador, alude a la "teoría del disregard" sin más consideraciones (v. fs. 26 vta.).
III.2. A fs. 75/82, comparece a contestar demanda el coaccionado García, quien plantea en esa oportunidad excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en que no se configura en autos la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar con fundamento en los arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.
III.3. La accionante, al contestar el segundo traslado, replica la excepción opuesta reiterando conceptos ya vertidos a la vez que fundamenta el pedido de condena del demandado García en el art. 59 de la ley 19.550 y, con cita de precedentes de la Corte nacional, en el art. 274 de la misma norma, por considerar que la extensión de responsabilidad a los directores o administradores puede resultar viable en el caso de autos (v. fs. 84/86).
III.4. En este contexto, el a quo , al contestar la segunda cuestión planteada en la sentencia "¿Corresponde asignarle responsabilidad solidaria al codemandado Pablo Daniel García?" respondió negativamente al declarar -con cita de los precedentes que individualizó como L. 81.550, "Ávila" (sent. de 31-VIII-2005) y L. 85.741, "Cortina" (sent. de 25-IV-2007); entre otros- que la interpretación de esta Corte relativa al art. 54 de la ley 19.550, no habilita a condenar -en el caso- a la persona física codemandada (v. fs. 305 vta./306 vta.).
Apuntó que conforme la doctrina legal de este Tribunal "La inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria es una especie de 'sanción' prevista para el supuesto de que la sociedad se constituya en un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para la frustración de derechos de terceros (art. 54, Ley de Sociedades Comerciales), pero no en situaciones, como la de autos, en que nos hallamos ante una entidad que se encuentra regularmente constituida, y que en función de su actividad social comete actos ilegales sancionados expresamente por la ley laboral, como es el caso del empleo no registrado; es decir, en definitiva, cuando no se utiliza a la sociedad misma como un instrumento para la comisión de dichas irregularidades..." (mencionó las causas L. 112.851, "Calmens", sent. de 28-VIII-2013; L. 102.643, "De Melo", sent. de 4-V-2011 y L. 95.085, "De Luca", sent. de 4-VIII-2010; fs. cit.).
Falló, por último y en lo que aquí interesa, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por el codemandado García y, en consecuencia, rechazó íntegramente la demanda iniciada en su contra (v. fs. 314 vta. y 315).
IV. Adentrado en el análisis del tema corresponde decir que, en la especie, si bien el a quo otorgó respuesta a la postulación actoral que se denuncia preterida -pedido de extensión de la responsabilidad solidaria respecto del codemandado Pablo Daniel García- lo hizo solo respecto de una de las vertientes posibles de responsabilidad, cual es la que se afirma en el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, sin brindar motivación alguna para ignorar el abordaje de la cuestión a la luz de los arts. 59 y 274 de la misma ley, extremo expresamente introducido por el accionado al interponer la excepción de falta de legitimación pasiva y replicado por la actora al contestar esa defensa.
Con ese marco, cabe memorar que una cuestión es esencial si su abordaje es insoslayable a la hora de decidir y que, según ha afirmado este Tribunal, a los fines del recurso extraordinario de nulidad, debe reconocerse la categoría de "esencial" a todos aquellos aspectos que integran el thema decidendum puestos a consideración del señor juez, modelado tanto por el objeto de la pretensión como por el de la oposición a ella (defensas) -conforme causas L. 92.985, "Díaz", sentencia de 7-IV-2010 y L. 102.982, "Berges", sentencia de 5-XII-2012; entre otras-.
Luego, toda vez que el a quo omitió cualquier consideración que conduzca a colegir que el tema fue desplazado por el razonamiento seguido en el fallo, no cabe sino concluir que tal omisión tiene aptitud para invalidar la sentencia en la medida en que se ha producido por descuido o inadvertencia de parte del juzgador (causas L. 123.052, "Susso", sent. de 7-IX-2020; L. 125.044, "Franco", sent. de 13-VII-2022 y L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; e.o.).
No albergo duda en cuanto a que la pretensión de responsabilizar a título personal al codemandado García, no ya por aplicación del art. 54 de la ley 19.550 sino de las prescripciones contenidas en los arts. 59 y 274 de la misma ley, debió ser juzgada -o fundadamente desplazada- pues de esa decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento que se analiza.
Es por todo lo expuesto que, en mi opinión, se ha configurado en autos el vicio previsto en el art. 168 de la Constitución provincial, lo cual conduce a anular el pronunciamiento exclusivamente en cuanto omitió analizar la concurrencia -en la especie- de los presupuestos necesarios a fin de definir la responsabilidad del codemandado García en los términos de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550.
V. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con el alcance indicado en el párrafo anterior (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Como surge del relato de antecedentes expuesto por mi distinguido colega en su voto, los términos en que quedó trabada la litis resultan confusos en orden a determinar el alcance normativo de la pretensión de extender solidariamente la responsabilidad respecto del codemandado Pablo Daniel García.
Recuérdese que en el proceso laboral aquella queda integrada con los escritos de demanda y contestación, y es en el marco de las peticiones allí articuladas que debe resolverse el litigio, puesto que el traslado dispuesto por el art. 29 de la ley 11.653 se da al solo efecto de que el actor amplíe su prueba, exclusivamente, con respecto a los nuevos hechos introducidos por el demandado (causas L. 104.242, "Mariano", sent. de 13-VII-2011 y L. 119.622, "Bologna", sent. de 3-X-2018), hipótesis que no es la que se verifica en el caso.
Es que, a propósito de la argumentación ensayada por el accionante al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 -ver fs. 84/86-, cabe recordar que esta Corte ha declarado que utilizar dicha oportunidad procesal para insertar innovativas consideraciones sobre la cuestión a juzgamiento que debieron formar parte de la anterior presentación -escrito de demanda- exhumando una facultad precluida, importa el pretenso quebrantamiento del principio de igualdad procesal con posible e indebida modificación de la demanda o designio de darle a la relación procesal un contenido distinto al que oportunamente la configuró al tiempo de trabarse la litis (causas L. 72.058, "Montserrat", sent. de 4-IV-2001; L. 106.728, "Graciano", sent. de 11-VII-2012 y L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020).
Desde esa perspectiva, bien puede interpretarse que el juzgador abordó dicha faceta de la pretensión actoral -tendiente a extender la condena al codemandado- según la delimitación que -acertada o no- hubo de acordársele a los escritos constitutivos del proceso.
Por ende, el embate ha de ser desestimado por derivación de la doctrina legal que consigna, por un lado, que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso resultan ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022; e.o.) y, por el otro, que no se configura omisión de cuestión esencial si la que se denuncia como preterida no fue concreta y claramente planteada en la etapa procesal pertinente, es decir, en el escrito de demanda (causas L. 82.806, "Alberro", sent. de 21-IV-2004 y L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022; e.o.).
II. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Maidana, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 8 de la ley 24.013; 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 54, 59 y 274 de la ley 19.550; 324 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Alega que el tribunal incurrió en un exceso de rigor formal por haber rechazado la multa del art. 80 con sustento en que los telegramas remitidos por el trabajador -obrantes a fs. 10, 12 y 13- no contaban con intimación a la patronal tendiente a que entregue al dependiente la certificación de servicios prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., págs. 11/12).
Frente a ello afirma que lo resuelto por el juzgador de grado es absurdo y violatorio de la doctrina legal según la cual -aduce el quejoso- "la circunstancia de que el trabajador no hubiera cumplido con el recaudo temporal que ordena el art. 3 del decreto 146/2001, no puede constituir un obstáculo válido para rechazar la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), si el empleador no demostró en momento alguno (antes, durante o después del plazo previsto en la citada norma reglamentaria) acatamiento al mencionado dispositivo normativo" -cita las causas L. 117.708, "Espíndola" (sent. de 3-VI-2015) y L. 111.903, "Mobili" (sent. de 10-XII-2014); entre otras-.
I.2. Refuta la sentencia por haber desestimado el resarcimiento normado en el art. 8 de la ley 24.013 con sustento en que el actor habría remitido el telegrama a la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 11 inc. "b", ley cit., texto según ley 25.345) luego de transcurrido holgadamente el plazo de veinticuatro horas previsto en la normativa de aplicación (v. rec., págs. 12/15).
Arguye que el citado artículo no puede ser interpretado con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la norma y el principio sentado en el art. 9 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto la elucidación de las disposiciones operativas de la ley 24.013 no debe prescindir de uno de sus principales objetivos, esto es, el de promover la regularización de las relaciones laborales indocumentadas. Cita los precedentes que estima vulnerados, a saber: L. 117.039, "Dietrich" (sent. de 13-V-2015); L. 103.073, "Carosella" (sent. de 21-XII-2011); L. 120.095, "Simari" (sent. de 18-X-2017); L. 119.782, "Galarza" (sent. de 7-IX-2016); L. 116.891, "Ortemberg" (sent. de 30-III-2016) y L. 104.565, "Florido" (sent. de 5-XI-2014); entre otros.
I.3. Impugna el fallo de grado en cuanto juzgó no demostrado que las accionadas hubieran obrado con conductas susceptibles de ser calificadas como maliciosas o temerarias en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., págs. 15/16).
En esa línea alega que la relación laboral debatida en autos no estaba registrada, su existencia fue negada por la contraria y posteriormente acreditada por el actor en el presente proceso, todo lo cual genera una presunción iuris tantum de conducta temeraria y maliciosa conforme lo previsto por el art. 9 de la ley 25.013. Menciona, en apoyo de su postura, las causas sentenciadas por esta Corte, registradas como L. 104.565, "Florido", citada; L. 91.973, "Botta" (sent. de 5-VI-2013) y L. 116.157, "Rosso" (sent. de 25-IX-2013), que reputa inobservadas.
I.4. Por último, se agravia del rechazo del planteo de responsabilidad solidaria del codemandado Pablo Daniel García. Alega que el juzgador analizó el tópico bajo el tamiz del art. 54 de la ley 19.550, omitiendo hacerlo a la luz de los arts. 59 y 274 de la norma citada (v. rec., págs. 17/18).
Expone que esta Corte ha resuelto que corresponde diferenciar la responsabilidad solidaria de los administradores de la sociedad (arts. 59 y 274, ley 19.550) de la que puede recaer sobre los socios por la desestimación de la personalidad jurídica del ente societario en la aplicación del "corrimiento del velo societario", en los términos del art. 54 último párrafo de la ley citada, desde que ambos institutos tienen requisitos y alcances diversos, aspectos que no deben ser confundidos (cita las causas L. 81.550, "Ávila", sent. de 31-VIII-2005 y L. 85.741, "Cortina", sent. de 25-IV-2007).
Señala que en autos se verificaba el primero de esos supuestos, toda vez que la sociedad accionada no fue constituida con fines ilícitos, pero su directivo no solo hizo que aquella incumpliera con sus obligaciones, sino que, además, incurrieron en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros.
Añade que dicho coaccionado ni siquiera alegó haber dejado constancia escrita de su protesta o dado noticia al síndico antes de que se ejerciera la acción judicial.
Cita un precedente de esta Corte relativo al principio de congruencia L. 93.177, "Viarengo", sentencia de 1-VII-2015 (v. rec., págs. 18/19).
I.5. Con base en lo antedicho, entiende que el fallo de grado debe ser revocado en todo aquello que constituye materia de agravio.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena cuya extensión se solicita, con más las sumas correspondientes a los rubros reclamados en la demanda de cuyo rechazo se agravi
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