Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.597, "López Verónica Natalia contra Aegis Argentina S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, admitió parcialmente la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 299/319).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda iniciada por Verónica Natalia López contra Aegis Argentina S.A., en cuanto pretendía el pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, el sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, haberes del mes de febrero de 2014, diferencias salariales, los resarcimientos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323; 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y el pago de los aportes del seguro La Estrella. Acogió, en cambio, la incidencia del sueldo anual complementario sobre la indemnización por despido (v. fs. 299/319).
Para así decidir, juzgó acreditado que la parte actora trabajó en relación de dependencia para la demandada desde el día 6 de diciembre de 2012 -en la categoría "vendedor B" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75- hasta el día 26 de febrero de 2014, fecha en que el contrato de trabajo se extinguió por el despido sin causa dispuesto por la patronal (v. fs. 300 vta./302).
Declaró probado, asimismo, que la jornada de labor de la reclamante se extendió de lunes a viernes, durante seis horas diarias y treinta semanales, difiriendo para la posterior etapa de sentencia la ponderación de los efectos y consecuencias jurídicas derivadas de ella (v. fs. 301 vta.).
Luego, en la sentencia, dispuso declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 última parte de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474; v. fs. 308/310). Para fundar esta decisión, reprodujo los fundamentos plasmados en otro expediente en el que hubo de conocer. Así, señaló que la disposición resulta violatoria de los arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional; posteriormente, hizo referencia al art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y diversos precedentes de esta Suprema Corte que definen el concepto de remuneración (art. 103, ley cit.); seguidamente, enunció varios tratados internacionales con jerarquía constitucional, a la vez que citó las disposiciones que ellos contienen en orden al principio de igualdad ante la ley. En lo sustancial, concluyó que los trabajadores que prestan servicios en una jornada cuantitativamente menor que los que laboran durante la jornada legal de trabajo no pueden percibir igual salario que estos últimos, pues tal distinción no tiene bases constitucionales ni legales y cercena las facultades del principal reconocidas en los arts. 64 y 65 de la ley laboral citada (v. fs. cit.).
En consecuencia, rechazó la demanda impetrada por considerar que el reclamo carecía de causa que lo justificara (v. fs. 308/319).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; XIV a XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo; 354 y 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que menciona.
II.1. Se agravia de la solución adoptada en la sentencia de mérito, toda vez que -sostiene- es violatoria de la doctrina legal que -dice- emerge del precedente que identifica como L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2001), transcribiendo al efecto su contenido (v. rec. págs. 4/5).
Denuncia conculcados -también- antecedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de otros tribunales de justicia (v. rec. págs. 5 y 6 vta.).
II.2. Luego, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474).
II.2.a. Argumenta que el planteo respectivo se introdujo de manera extemporánea, pues recién fue articulado por la accionada en oportunidad de presentar el alegato (v. presentación electrónica de fecha 19-XI-2019; recurso pág. 7).
Puntualiza que el tribunal de grado no efectuó un análisis razonado de las normas en juego. Asegura que se limitó a señalar que la normativa objetada se contrapone con las disposiciones que hubo de enumerar y que violenta los principios de igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea y el derecho de propiedad, soslayando brindar una explicación concreta e idónea al respecto.
Postula, en lo esencial, que la invalidez constitucional decidida en el fallo de grado carece de todo fundamento.
II.2.b. Con cita de doctrina de autor, plantea que el art. 92 ter inc. 1 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474) no implica una fractura del sinalagma contractual, ni impone retribuir trabajos no recibidos.
Bajo ese razonamiento, aduce que es válido que se negocien colectivamente (y, mucho más, que así lo disponga el legislador) condiciones salariales especiales que no reflejen con exactitud una paridad en los cambios resultante del cotejo de una situación singular con las remuneraciones previstas de modo general en la misma fuente. Si eventualmente alguien -prosigue - se encontrara legitimado para invocar un derecho a igual tarea por igual remuneración sería el compañero de trabajo que debe prestar servicios ocho horas para ganar lo mismo que aquel que lo hace durante seis o siete horas.
Añade que la decisión impugnada soslaya la finalidad del derecho del trabajo, desoye el principio protectorio e interpreta las normas en el sentido más favorable para la empresa.
II.2.c. Por último, aduna que, conforme la doctrina legal que cita, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico.
Asimismo, sostiene que el demandado no logró su cometido de demostrar -de manera acabada- de qué modo la norma cuestionada contraría la Constitución nacional, causándole un perjuicio a su parte.
Destaca que lo resuelto en la sentencia de grado atenta contra el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto dispone que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen consideró que el valor de lo cuestionado en el caso no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. auto de fecha 8-VII-2020), sin que se formularan objeciones al respecto por lo que el alcance con el que fue concedido el remedio extraordinario bajo análisis llega consentido a esta instancia.
III.2. Luego, y no habiendo el recurrente desplegado ningún argumento con el objeto de demostrar la presencia de otro supuesto que autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente, la función revisora de esta Suprema Corte se circunscribe a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.3. Bajo estos lindes, en lo atinente al embate por conducto del cual la recurrente denuncia infringida la doctrina legal que -a su juicio- emergería de la referida causa L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2001), la exclusión de la hipótesis de excepción habilitante se impone nítida.
Sin dejar de señalar que en este fragmento de su postulación el interesado se limita a transcribir el fallo emitido por esta Corte -donde se debatía sobre la vigencia de los arts. 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo- lo cierto es que allí el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado fue desestimado por resultar insuficiente, circunstancia que denota la falta de una definición sustancial referida a las mencionadas normas legales y, de suyo, la ausencia de doctrina legal elaborada a su respecto, todo lo cual impone la inhabilidad del embate para abrir la competencia revisora de esta Corte por el estrecho carril por el que transita la réplica (causas L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020 y L. 126.021, "Espeche", sent. de 15-II-2023).
III.3.a. En lo atinente a los precedentes que individualiza en el capítulo dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.474- efectuada en la instancia de origen, cabe advertir que la referencia a jurisprudencia de este Tribunal que contiene la parte final del recurso -cuya violación, para más no denuncia- en tanto vinculada con el genérico tópico referido a la descalificación constitucional de las normas y elaborada en casos disímiles, tampoco apuntala la suerte adversa del embate.
III.3.b. A esta altura, no resulta ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020).
III.3.c. En el restringido marco de revisión antes indicado, lo expuesto es suficiente para desestimar la impugnación.
III.4. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1 de su voto, con relación al marco en el que ha sido concedido el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC).
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda -en principio- circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 126.944, "C.H.D", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Sin embargo, no puede soslayarse que el reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474) involucra el análisis de una cuestión federal que habilita la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, con prescindencia del valor del litigio.
I.2. Aclarado ello, en el acotado marco de tratamiento que impone la concesión del recurso traído, con relación al embate por conducto del cual la compareciente entiende infringida la doctrina legal que emergería de la causa L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2001), comparto lo expuesto por mi colega doctor Soria en el apartado III.3.a de su voto.
I.3. En lo concerniente al tramo de la impugnación dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474), su abordaje, como lo anticipé, se justifica sin las restricciones establecidas en las leyes procesales locales.
Por las razones que expondré, tal definición plasmada en el fallo debe ser revocada.
I.3.a. No cabe ingresar en el debate en torno a la temporalidad del planteo de inconstitucionalidad de la norma, pues, lo cierto es que, en el caso, su análisis deviene carente de virtualidad. Ello así, en la medida que la declaración del tribunal de grado en este aspecto fue efectuada de manera oficiosa (v. sent. fs. 308 y 317).
I.3.b. Liminarmente, cabe puntualizar -conforme se encarga de recordar el agraviado- que la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 125.826, "Pereyra", sent. de 30-XII-2021; L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Desde este piso de marcha observo que la decisión del tribunal de grado, de modo similar a lo acontecido en la causa L. 123.375, "Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica" (sent. de 7-X-2021) -en la que me pronuncié en primer término- se limitó a efectuar el test de constitucionalidad del precepto impugnado mediante una enumeración, enunciación o simple transcripción de cláusulas de rango constitucional que entiende conculcadas, en cuyo contexto apunta escuetas declaraciones orientadas a justificar la solución, la cual -al cabo- luce desprovista de conclusiones adecuadamente emparentadas con la temática de excepción que aborda en esta parcela del fallo.
En definitiva, como postula el quejoso, el órgano interviniente no explicó, con la agudeza inherente al examen que impone un supuesto como el abordado, los motivos por los cuales -a su criterio- el legislador se habría apartado de los derechos consagrados en la Constitución nacional y documentos internacionales con igual jerarquía, cuando introdujo la figura del contrato a tiempo parcial en el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. En el brevísimo esquema de razonamiento que porta este fragmento de la sentencia impugnada, se observa que el control constitucional de la disposición censurada siquiera ingresa en un análisis de razonabilidad, teniendo en miras la funcionalidad de la regulación y el objetivo perseguido por el legislador.
Desprovisto, entonces, de sustento jurídico idóneo a la luz del planteo que fuera sometido a su consideración, el órgano de origen hubo de arribar a una decisión teñida de arbitrariedad, que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte (causas L. 120.182, "B., C. M.", sent. de 17-II-2021 y L. 126.879, "Acevedo", sent. de 27-III-2023), ameritando -sin que ello implique abrir juicio respecto de la cuestión de fondo- su revocación.
I.3.c. Finalmente, es conveniente recordar -a los fines pertinentes- que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal solo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causas L. 120.674, "Ballesteros", sent. de 23-II-2021 y L. 126.124, "Suárez", sent. de 30-XII-2021).
II. Con los alcances expuestos, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con los alcances indicados, así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Maidana por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:02:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:30:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2023 16:42:44 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:11:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:26:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:36:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:38:10 hs. bajo el número RS-110-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia