Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121636
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.636, "Rodríguez Jerez, Jonatan Oscar contra Colón S.A. Asistencial y otro. Enfermedad-accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2028): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Maidana, Kohan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo en que especificó (v. fs. 249/265).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/294 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por el señor Jonatan Oscar Rodríguez Jerez, mediante la cual había reclamado a Colón S.A. Asistencial el pago de una indemnización integral -fundada en normas del derecho común- y a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo la diferencia en las prestaciones dinerarias previstas por las leyes 24.557 y 26.773, con base en un grado de incapacidad mayor al determinado en sede administrativa, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 27 de junio de 2013 (v. fs. 249/265).
Respecto de la acción civil incoada contra la empleadora, el tribunal de origen declaró -por mayoría- la falta de legitimación activa. De conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.773 (que juzgó constitucional en la especie), resolvió que el trabajador había optado de modo excluyente por el régimen especial de reparación de infortunios laborales al percibir de la aseguradora de riesgos del trabajo el resarcimiento tarifado allí contemplado (v. fs. 252/259 vta.). En lo que concierne a la pretensión sistémica dirigida contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el a quo tuvo por configurada -también por mayoría y de oficio- la existencia de cosa juzgada respecto del grado de incapacidad determinado por la Comisión Médica (v. fs. 259 vta./261 vta.).
Al respecto, consideró satisfechas las etapas previas contempladas en el sistema de riesgos del trabajo, esto es: que luego del alta laboral se acordó con el actor su minusvalía ante la Comisión Médica local establecida en el orden del 17% de la total obrera, notificándose de dicho dictamen sin que formulara objeción alguna, tras lo cual, la aseguradora puso a disposición la indemnización del art. 14 de la ley 24.557, que finalmente fue abonada (v. fs. 259 vta.).
Ponderó además que el acuerdo se había concertado libremente, sin vicios de la voluntad, y que el trabajador había contado con asistencia letrada y de varios médicos, sometiéndose ambas partes ante la Comisión Médica local a fin de establecer la incapacidad parcial, permanente y definitiva (v. fs. 259 vta. in fine y 260).
Añadió que, si el trabajador no estaba de acuerdo con la instancia administrativa por él habilitada, elementales razones de buena fe exigían que su declinación, o no aceptación, fuera expresada claramente antes del dictado de la resolución final y no -como lo hizo- luego de percibido el importe, meses después y mediante la interposición de una demanda judicial. Refirió que tal comportamiento implicó abuso del derecho, a la par de representar la alegación de su propia torpeza, pues al ser asesorado médica y jurídicamente supo, o pudo saber antes de suscribir el acuerdo, si el mismo resultaba conveniente a sus intereses (v. fs. 260).
En tales condiciones, declaró aplicable el criterio jurisprudencial plasmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Sosa Fortete c/ Servicios Integrales Argentinos S.A. y otro s/ accidente", sentencia de 30-XI-2005, en cuanto que "Si el actor no cuestionó la Resolución de la Comisión Médica interviniente, en la forma prevista por el art. 46 de la ley 24.557, dicha decisión quedó firme y consecuentemente resulta inadmisible la pretensión de revisar judicialmente el porcentaje de incapacidad fijado por el organismo competente..." (fs. 261).
En suma, rechazó la demanda dirigida contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo por diferencias indemnizatorias de las prestaciones previstas en las leyes 24.557 y 26.773, con base en un grado de incapacidad distinto y mayor al dictaminado por resolución firme de la Comisión Médica (v. fs. 261 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 75 incs. 12 y 22, 116 y 121 de la Constitución nacional; 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 36 de la Carta Internacional de Garantías Sociales; Convenios 15 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 1, 11, 15, 39, 45, 56, 160 y 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 11 inc. 4 apartado "b" y 15 inc. 2 de la ley 24.557; 3 de la ley 26.773; 161, 344, 345, 354, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 12 y 31 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, controvierte la declaración de constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y el rechazo de la demanda por indemnización integral con fundamento en disposiciones del derecho civil.
Sostiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada -entre otros- de los precedentes "Aquino", "Llosco", "Milone", "Castillo", "Torrillo", "Luca de Hoz" y "Ascua" permite que el trabajador víctima de un infortunio o enfermedad laboral reclame a la aseguradora de riesgos del trabajo las prestaciones de la ley especial y, en forma paralela, sucesiva o conjunta, demande a su empleador -con sustento en el derecho común- en razón de los daños y perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada.
Argumenta que colocar al trabajador en la disyuntiva de tener que renunciar a las prestaciones que ofrece el régimen especial para reclamar una indemnización plena del daño es política e ideológicamente reprochable.
Alega que el criterio plasmado en el art. 4 de la ley 26.773 se encuentra en pugna con el principio de progresividad y los derechos de propiedad, igualdad y no discriminación, contrastando además con las directrices del art. 14 bis de la Constitución nacional al impedir el acceso a una reparación "justa".
Controvierte la oportunidad procesal en la que el juzgador se expidió en torno a la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773, pues -a su entender- se requiere un "test de razonabilidad" para determinar si en el caso la reparación resultó plena y justa.
Indica que tampoco resulta válida la afirmación del juzgador en cuanto sostuvo que el actor fue asistido médica y jurídicamente en sede administrativa, habida cuenta que de las constancias obrantes en autos no surge acreditada dicha circunstancia.
II.2. Por otra parte, critica que se haya desestimado la acción por diferencias en el cobro de las prestaciones dinerarias de las leyes 24.557 y 26.773.
Señala que el pronunciamiento que declaró configurada en autos la cosa juzgada administrativa representa un viraje regresivo en materia de daños laborales, ya que -afirma- si las comisiones médicas asumen facultades jurisdiccionales, definiendo la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, determinando, o en su caso modificando, el grado de incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones, se afectan sustancialmente las garantías de juez natural y debido proceso consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional.
Manifiesta que el sistema creado por los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 restringe indebidamente el adecuado control judicial ulterior de las decisiones de autoridades administrativas y, por lo tanto, debe ser declarado inconstitucional.
Explica que por resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo las facultades homologatorias concedidas a las comisiones médicas fueron delegadas a las Oficinas de Homologación y Visado, cuyas decisiones carecen de valor de cosa juzgada y pueden ser revisadas por la autoridad judicial.
Añade que la función de homologación de acuerdos entre las aseguradoras de riesgos del trabajo y los trabajadores solo puede efectivizarse, con mayores garantías y respeto a las pautas que fija el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, por parte de la justicia laboral competente en cada jurisdicción. En ese sentido, afirma que en el específico supuesto de autos no se ha cumplimentado el mandato legal previsto en dicha normativa, vinculado a la existencia de una justa composición de intereses en el acto homologatorio.
Argumenta que a los dictámenes emanados de las comisiones médicas corresponde atribuirle el carácter de opinión médica anticipada y sus conclusiones pueden ser impugnadas -en sentido amplio- ante los tribunales de trabajo conforme las normas procesales vigentes, las que no receptan una vía de apelación específica.
Finalmente, refiere que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Máximo Tribunal nacional han sido contestes en descalificar constitucionalmente los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, tanto cuando el reclamo indemnizatorio es fundado en el régimen reparatorio especial o bien en el derecho común.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En autos el actor afirmó padecer una incapacidad total y definitiva que asciende al 68% (comprensiva de su afectación física y psicológica, con los factores de ponderación que individualiza a fs. 81 vta.), a raíz del accidente de trabajo acontecido el 27 de junio de 2013, mientras cumplía tareas como enfermero.
Reclamó de su ex empleadora Colón S.A. Asistencial el cobro de daños y perjuicios en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340) y de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo las prestaciones de la ley 24.557 -ajustadas por el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables- señalando haber percibido de esa codemandada la suma de $146.879,77.
Denunció la inconstitucionalidad de diversas normas legales y reglamentarias del sistema de riesgos del trabajo, entre ellas, el art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece que los damnificados por infortunios laborales podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en el régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, sin posibilidad de acumulación.
Argumentó que la norma precitada es política e ideológicamente reprochable, pues impone al trabajador una renuncia a título gratuito, que, como tal, debe observar los recaudos impuestos por el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Extendió la censura a la negativa de acceso a la justicia, el plazo para reclamar los daños sufridos y la garantía del juez natural.
III.1.b. En sus respectivas presentaciones, las codemandadas se opusieron a las pretensiones descriptas (v. fs. 106 y sigs. y 174/175 vta.).
III.1.c. Agregado en autos el informe proveniente de la Comisión Médica n° 12 de Mar del Plata (expediente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo n° 13.618/14; v. fs. 224/245), la parte actora solicitó el pase al acuerdo a fin de resolver los planteos articulados (v. fs. 247).
III.1.d. Media en el caso una acumulación de pretensiones en tanto el actor reclamó, por un lado, la existencia de un despido discriminatorio atribuido a su estado de salud. Del otro, solicitó de su ex empleadora, la reparación integral por daños y perjuicios en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340), y de la aseguradora codemandada las diferencias que resultan de computar un mayor grado de incapacidad al determinado -y homologado- en el trámite administrativo, en cuyo marco percibió el valor de las prestaciones sistémicas (prestación de pago único con más el 20% del art. 3 de la ley 26.773; v. demanda fs. 88 y documentación acompañada a fs. 25/26).
III.1.d.i. Como fuera expresado, a petición de la parte actora y ya trabada la litis, el juzgador pasó las actuaciones al acuerdo. Se pronunció entonces respecto de la validez constitucional de la opción prevista en el art. 4 de la ley 26.773 y, oficiosamente, declaró la existencia de cosa juzgada en torno al reclamo impetrado en autos con fundamento en la ley especial.
Adunadas con la demanda las copias del trámite administrativo previsto en la ley 24.557, y cumplida la medida que -en pleno y sin objeciones del reclamante- ordenara el tribunal a fin de incorporar las mentadas actuaciones al proceso, se arribó a la decisión en crisis.
Para hacerlo, el juzgador refirió la existencia de hechos esenciales y no discutidos por las partes, entre ellos: el acaecimiento del infortunio; el contrato de afiliación con Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo; el sometimiento del trabajador a distintos tratamientos médicos y profesionales (comprensivos de dos intervenciones quirúrgicas); el goce de licencia paga a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo; el despido del actor en forma directa e incausada (también objeto de reclamo en autos). De igual modo estableció -siempre con apoyo de las constancias documentales obrantes en autos- que, desde el 8 de agosto de 2014, el señor Rodríguez Jerez contaba con asistencia letrada (CD fs. 8 acompañada a la demanda); que el 3 de septiembre de 2014 se dispuso su alta médica y que el 12 de septiembre de 2014, se suscribió un acuerdo por incapacidad definitiva del orden del 17%, oportunidad en la que el dependiente tuvo la posibilidad de ser asistido por su propio asesor médico.
Finalmente, con apoyo en el informe proveniente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ponderó que el 6 de octubre de 2014 el actor fue citado a una audiencia, se procedió a homologar la incapacidad definitiva pactada y fue anoticiado de los alcances de la opción excluyente prevista en el art. 4 de la ley 26.773.
Por último, estableció que el trabajador percibió las prestaciones de la aseguradora (v. demanda, fs. 88 in fine ), a su disposición desde octubre de 2014, y que en junio de 2015 otorgó poder especial al doctor Marinucci.
A tenor de las circunstancias así establecidas y en virtud de la oposición fundada de las codemandadas, con sostén en el art. 4 de la ley 26.773 -impugnado por la parte actora en su demanda-, el a quo juzgó que la cuestión en torno a la denominada "opción excluyente" debía ser resuelta como previa y sobre la base de los elementos de juicio examinados. Ello, en atención al estado de las actuaciones (etapa anterior a la apertura a prueba y sorteos de peritos), y por razones de economía procesal.
Puesto a elucidar la tacha argüida en torno al mencionado precepto, el órgano de origen ponderó cada una de las objeciones planteadas en el escrito de inicio.
Con apoyo en distintos precedentes y doctrina de autores, juzgó carente de rigor jurídico trasladar de modo automático las críticas que merecidamente recibiera el sistema cerrado originalmente concebido por la ley 24.557 (sin opción a la vía civil), puesto que la ley 26.773 (que reimplantó el sistema de opción) establece dos regímenes legales totalmente distintos entre sí.
Sobre el predicado derecho a acumular las indemnizaciones, y en orden a la evolución pretoriana sobre la validez del art. 39 de la ley 24.557 (en su inicial versión), el a quo refirió que la interpretación constitucional de dicha norma no conducía a habilitar al siniestrado a pretender lisa, llana, incondicional e ilimitadamente ambas reparaciones porque este último debía demostrar (además de los presupuestos de la acción por daños y perjuicios) que el sistema tarifado era insuficiente, al punto de no ser constitucionalmente tolerable.
Añadió que, lejos de "acumularse los importes", la jurisprudencia del Alto Tribunal (v.gr. "Aquino" de la CSJN), sostuvo que ante la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 39 de la ley 24.557, debían descontarse de la reparación a cargo del empleador, los importes que correspondiera abonar a las aseguradoras.
Señaló, además, que la liberación prevista en el art. 4 de la ley 26.773 solo podía ser invocada por el principal, mas no por otros obligados, como la propia compañía aseguradora de riesgos del trabajo.
Desestimó por inatendible que el ejercicio de la opción por el trabajador fuera política e ideológicamente reprochable, tal como había señalado en su presentación.
Y en cuanto a la ausencia de patrocinio a favor del reclamante, sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no puede fundarse sobre una hipotética situación alegada, al tiempo que remarcó que "la casuística de autos demostró que el actor antes de establecerse el grado de incapacidad en la sede de las comisiones médicas, e incluso antes de percibir las partidas tarifarias de manos de Asociart ART S.A., estaba médica y jurídicamente asesorado" (fs. 257).
Con ello descartó cualquier escenario de inculpable hiposuficiencia, desconocimiento o vicio del consentimiento en el actor, tanto a la hora de ser fijada su incapacidad definitiva, como al momento de percibir y optar por las indemnizaciones tarifarias.
En cuanto a la señalada renuncia a título gratuito, ponderó que por haber percibido de la aseguradora las prestaciones sistémicas, el trabajador no se hallaba en la situación antedicha.
Sobre el cumplimiento del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, consideró que no se trata de una formalidad exigida en la ley 26.773 o sus predecesoras (leyes 9.688 y 24.028). No obstante, insistió en que se hallaba demostrado que cuando el actor optó y percibió la indemnización especial estaba siendo asesorado, contaba con patrocinio letrado, por lo que era dable asumir que pudo conocer perfectamente el alcance legal de sus actos.
Con todos los elementos de juicio enumerados, el tribunal de mérito concluyó que las argumentaciones ensayadas por el demandante contra la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 resultaban insuficientes, y dispuso su rechazo.
De tal modo juzgó que, tras percibir la indemnización tarifada de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el señor Rodríguez Jerez carecía de legitimación activa para demandar civilmente por daños y perjuicios a Colón S.A. Asistencial.
III.1.d.ii. Las razones fundantes para discernir, en la especie, la insuficiencia del planteo sobre la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 abreva en la ponderación de los elementos de juicio enunciados por el tribunal de origen, que estimo no controvertidos.
El entramado fáctico que sirvió de base para establecer que, en el caso examinado, los planteos deducidos no podían conducir -por su insuficiencia- a la declaración de invalidez pretendida, no ha sido censurado por el interesado, quien se limita a relativizar alguno de sus alcances para insistir en su inicial postulación.
De tal modo, la crítica resulta ineficaz, en la medida en que no denuncia que hubiere existido absurda apreciación de los hechos que se tuvieron por no controvertidos y que sirvieron de base para desestimar cada argumento introducido en la demanda en contra de la validez de la norma en disputa, alguno de los cuales fueron señalados como meramente hipotéticos.
En ese orden, tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación directa y pormenorizada de las motivaciones esenciales del pronuncia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.