Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los señores Federico Ricardo Leónidas Mancini, José María Irrera y Julio Horacio Calderón, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto del Magistrado que abre el acuerdo. Para el resto de los actores, se rechaza íntegramente la demanda.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los mencionados demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.064, "González, Juan Oscar contra Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Carral.
Los actores, por apoderados, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reajuste de sus haberes, activos o pasivos, con la incorporación en los sueldos básicos o en la base de cálculo de la prestación de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas que resulten del cálculo del nuevo haber básico, desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiestan que, si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida, se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Alegan que al no incorporárselo de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicitan, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional y 9 de la Constitución provincial.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
En primer lugar, indica que la demanda, iniciada en forma simultánea por un número elevado de efectivos policiales, carece de precisiones sobre la situación de revista de cada uno (v. fs. 414).
Por otro lado, destaca que la acción fue iniciada en octubre de 2000, esto es, once años antes de darse su traslado. Ante tal circunstancia, plantea que se tenga en cuenta la incidencia sobre la pretensión dado que muchos de los demandantes que al momento de iniciar el proceso pertenecían al personal activo, podrían haber pasado al pasivo. En ese escenario, el alcance de la pretensión variará según la situación de revista de cada agente o exagente.
Luego, expone la diferencia conceptual entre remuneración y salario y respecto del objeto de la demanda, la incorporación de los suplementos al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros suplementos, señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o bonificables. Cita las normas que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
Además, expresa que corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados. Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92 y 3.483/92.
En consecuencia, entiende que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual debe abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 a partir del 1 de enero de 1997 no aparejó una reducción remunerativa, dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Respecto del decreto 2.074/92, destaca la acotada vigencia de la bonificación no remunerativa allí establecida (1-V-1992 a noviembre del mismo año), circunstancia que, a su entender, determina el límite temporal del reclamo de la parte actora.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción del reclamo de los actores dada la imprecisión en la descripción de la situación personal de cada uno de los demandantes. Así solicita que, por un lado, para quienes reclaman sobre sus haberes en actividad, se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente y para aquellos que solicitan los ajustes de los haberes en pasividad, la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 62, ley 13.236) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante el organismo previsional correspondiente.
Cita fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 432).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de las partes (v. fs. 594/598) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La parte actora pretende la incorporación a sus haberes básicos de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 250 vta. de la demanda).
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar al sueldo básico o a la base del cálculo del haber de los demandantes las sumas de las bonificaciones reclamadas y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
II. El decreto 35/97 estableció a partir del 1 de enero de 1997 para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que esta no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por el decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma, del mismo modo que la anteriormente citada, excluyó tal posibilidad.
Dicho tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2009; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza la demanda.
III. En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones allí brindados para su rechazo.
IV. En cuanto al decreto 1.014/97, resulta oportuno señalar que otorgó, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 1997, al personal en actividad de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, discriminado desde la categoría de Subcomisario a Comisario General y por agrupamiento, un suplemento no remunerativo no bonificable. El mismo fue prorrogado en forma anual hasta la sanción del decreto 1.650/04 de fecha 28 de julio de 2004 que lo derogó y transformó dichas sumas en remunerativas no bonificables, sujetas a descuentos previsionales y asistenciales.
Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario-, se habilitó un mecanismo de solución equitativo respecto de los reclamos, presentados por los pasivos con dichas categorías, generados por la aplicación del decreto 1.014/97, mediante acuerdos transaccionales individuales.
De las jerarquías denunciadas y probadas de los demandantes surge que los únicos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha norma (dec. 1.014/97) son los señores Federico Ricardo Leónidas Mancini, con categoría de Comisario (v. fs. 44, 467, 514 y 575), José María Irrera, con categoría de Comisario Mayor (v. fs. 68, 467, 517 y 575 vta.) y Julio Horacio Calderón, con categoría de Subcomisario (v. fs. 137, 467 y 575 vta.).
De modo que, solo en sus casos, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos, en los términos de la ley 13.437 citada, y dado que las circunstancias resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, reiteradas en las causas B. 60.760, "García", sentencia de 19-XII-2018; B. 60.539, "Laiseca", sentencia de 29-V-2019; B. 67.429, "Messina", sentencia de 20-III-2019; B. 62.351, "Acosta", sentencia de 14-II-2022; entre otras, considero que, por razones de celeridad y economía procesal corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos, reiterar el criterio y solución allí plasmados, condenando a la accionada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto, hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Dicho criterio deberá evaluarse teniendo en consideración si los señores Mancini, Irrera y Calderón percibieron el suplemento en actividad, en tanto es a partir de la fecha de sus retiros que corresponde su pago hasta la derogación por decreto 1.650/04.
Con relación a la liquidación a practicarse, por derivación de lo aquí decidido, se deberán adicionar intereses, los que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Para el resto de los actores, debe rechazarse íntegramente la demanda.
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los señores Federico Ricardo Leónidas Mancini, José María Irrera y Julio Horacio Calderón, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto del Magistrado que abre el acuerdo. Para el resto de los actores, se rechaza íntegramente la demanda.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los mencionados demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:23:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:01:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:32:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 10:34:59 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 14:12:03 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/10/2023 14:14:06 hs. bajo el número RS-92-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia