Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127613
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.613, "Godoy Aramayo, Diego Daniel contra Federación Patronal de Seguros S.A. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 230/243 vta.).
Se dedujo, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción promovida por Diego Daniel Godoy Aramayo contra Federación Patronal Seguros S.A., por la que procuraba la reparación del infortunio laboral que el reclamante sufrió el 16 de diciembre de 2014. En consecuencia, condenó a la demandada a abonarle al actor el importe que indicó en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y la reparación adicional del 20% prevista por el art. 3 de la ley 26.773, con más la suma que estableció para el tratamiento de rehabilitación psicoterapéutico (art. 20, ley 24.557). Asimismo, ordenó la aplicación de intereses de conformidad con la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 242 vta. y 243).
En lo que resulta relevante, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la citada ley 24.557, en cuanto dicho artículo fija como base para el cálculo del importe de la prestación, el total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones devengadas en el año anterior a la primera manifestación invalidante o el tiempo de prestación de servicios -si este último fuere menor-. Dispuso que, conforme lo concluido en el veredicto (cuestión primera), el ingreso base mensual determinado en la pericia contable ($6.843,75) a los efectos del cálculo indemnizatorio respectivo resultaba claramente inferior al salario del trabajador correspondiente al mes en que se accidentó ($12.894,44), con la incidencia del sueldo anual complementario. A partir de ello, juzgó que las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo, vigentes a esa época, se revelaban insuficientes para resarcir de modo adecuado los perjuicios sufridos por el accionante (v. vered., fs. 230 vta.; sent., fs. 236 vta./237 vta.).
Sostuvo que seguir la pauta resarcitoria fijada por el legislador a ese momento resultaba evidentemente inequitativa, al tomar una referencia de cálculo desactualizada, notoriamente inferior a la remuneración que el trabajador percibía al momento del evento dañoso, pues importaba la percepción de una reparación depreciada. En este orden de ideas, reflexionó sobre las disvaliosas diferencias consagradas por el régimen de riesgos del trabajo entonces vigente si se lo comparaba con las prestaciones que la Ley de Contrato de Trabajo prevé para los supuestos de enfermedades y accidentes inculpables (art. 208, ley 20.744 -t.o.-). Asimismo, señaló que tales falencias habían sido corregidas a partir del dictado de la ley 27.348.
Concluyó que la aplicación del dispositivo legal impugnado resultaba conculcatoria de la protección del trabajo, el acceso a la seguridad social y el derecho de propiedad, como -asimismo- contraria al principio de progresividad (arts. 15, 39 inc. 3, Const. local; 5, 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 2.1., PIDESC; 18, DADDH; 8 y 25, CADH y 10, DUDH).
Finalmente, determinó que el capital de condena devengara, desde la fecha del accidente (16-XII-2014), un interés equivalente a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 243).
II. El letrado apoderado de la aseguradora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado hubiera descalificado constitucionalmente el referido art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, así como la operación aritmética realizada para el cálculo indemnizatorio establecido en el art. 14 inc. "b" de la normativa citada.
Señala, al respecto, que el órgano de origen efectuó la liquidación tomando el salario del trabajador a la fecha del infortunio ($12.894,44) en lugar del ingreso base mensual determinado en autos ($6.843,75), contemplando importes no sujetos a cotización como dispone dicha disposición, además -dice- no respetó el período computable allí establecido.
Indica que el legislador de la ley 27.348 marcó el hito temporal que consideró adecuado, sin considerar la fecha de la contingencia que motiva el presente litigio.
Aduce que, de conformidad con los precedentes de esta Suprema Corte que transcribe, la decisión debe ser revocada, toda vez que el sentenciante no fundamentó, con la profundidad que es exigible, de qué manera habrían sido conculcadas las garantías constitucionales que enuncia.
A su juicio, la decisión en crisis viola los derechos consagrados en los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional, desde que la aseguradora debe afrontar el pago de prestaciones que no se compadecen con las alícuotas oportunamente abonadas por la empleadora, lo que provoca la alteración de la ecuación económica del sistema instituido por la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.2. Arguye que, en el caso, existe un perjuicio al patrimonio de la aseguradora, toda vez que se ordenó aplicar un interés equivalente a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, generando con ello -a su modo de ver- una repotenciación del crédito del trabajador.
En tal sentido, manifiesta que, si la cuenta se efectúa con un criterio de actualidad, la tasa de interés aplicable, eventualmente, debiera ser de carácter puro y del 6% anual, conforme el criterio delineado por esta Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin dejar de destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre la cuantificación que se desprende del fallo atacado y la pretendida por la interesada- no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC, según texto de la ley 14.141), lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual que el tribunal de origen efectuó a los fines de calcular la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones expuestas para resolver este aspecto de la controversia, por lo que debe rechazarse por su insuficiencia técnica, en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 28-IX-2016; L. 123.219, "Hudema", resol. de 25-IX-2020; L. 122.567, "Cheppi", sent. de 18-V-2021; L. 122.585, "Castillo", resol. de 19-IX-2022; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume este aspecto del pronunciamiento dictado por el tribunal de grado.
III.2. Igual suerte ha de correr la objeción planteada en torno a la tasa de interés aplicada al capital de condena desde su exigibilidad.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que fue reiterado en otros precedentes (causas L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; e.o).
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que pregona la recurrente para actuar la doctrina legal sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en orden a la aplicación de una tasa de interés puro en aquellas hipótesis en las cuales la indemnización se estima a valores actuales.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En primer lugar, entiendo que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141) y 55 de la ley 11.653, cabe ingresar en el tratamiento del agravio que gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo efectuada en la sentencia de grado sin las restricciones de admisibilidad de la ley procesal. Ello así, pues el impugnante cumple con la carga de evidenciar que en el caso podría encontrarse en juego una cuestión federal, con lo cual, corresponde que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 310:324 in re "Christou" y 311:2478 in re "Di Mascio").
I.2.a. Sentado lo anterior, concuerdo con el colega ponente en que, en razón de su insuficiencia, debe desestimarse el cardinal cuestionamiento que contiene el medio de impugnación.
Para neutralizar la aludida declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, el recurrente brinda su propia opinión de lo resuelto sosteniendo que en dicha parcela de la sentencia no hubo de desarrollarse "un argumento sólido", no evidenciándose "la ausencia de razonabilidad del precepto normativo". En ese contexto, más allá de denunciar la vulneración de ciertas garantías constitucionales y remitir a los lindes del contrato de afiliación, el impugnante estructura su embate acudiendo a ciertos precedentes de esta Corte.
Con ello, pondero que lo argumentado por el quejoso no constituye una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, algo que en la jurisprudencia de este Tribunal conduce a la desestimación del agravio por su insuficiencia (causas. L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012; L. 119.688, "M. d. S., M. E.", sent. de 23-X-2019; L. 119.908, "Asociación", sent. de 25-VIII-2020; L. 122.768, "Piangatelli", sent. de 7-III-2022; L. 125.065, "C., O. E.", sent. de 9-VIII-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
Es que no se verifica un embate que se haga cargo de derribar el razonamiento que blandió el órgano jurisdiccional de grado con sustento en normas de jerarquía supralegal y también constitucionales, ello, partiendo de la ponderación que realizó de los valores que arrojaba el cálculo del ingreso base mensual ciñéndose al art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en su anterior redacción.
Y en ese marco, no puede dejar de señalarse que en los precedentes L. 116.672, "Leuzzi" (sent. de 21-V-2014) y L. 117.462, "Dell Acqua" (sent. de 20-VIII-2014), a los que acude el quejoso, esta Corte no hubo de definir la cuestión debatida en autos, antes bien, desestimó por insuficientes los planteos que en aquellas oportunidades habían llevado los recurrentes.
I.2.b. Dicho lo anterior, ya en lo concretamente referido a los intereses moratorios aplicados por el tribunal de la instancia, comparto las reflexiones que efectúa mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.2. de su sufragio y que dan cuenta -una vez más- de la inhabilidad del medio de impugnación.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289 del CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/10/2023 09:36:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2023 12:19:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2023 09:11:07 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/10/2023 15:29:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:09:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 10:57:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/10/2023 11:43:41 hs. bajo el número RS-115-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia