Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123683
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.683, "Verón, Sabina contra Drexel S.A. y otros. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, So ria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores rechazó íntegramente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 455/481 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-III-2019).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 513/514 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen rechazó íntegramente la demanda que la señora Sabina Verón promovió contra Drexel S.A., Apetece S.A. y Liberty ART S.A., por la que procuraba el pago de una indemnización integral por la muerte de su hijo Juan José Douzuk y, subsidiariamente, de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 455/481 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En sustento del primero de los remedios citados, denuncia que el tribunal de grado transgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En ese orden, manifiesta que la incorrecta valoración de las pruebas llevó a los señores jueces del tribunal de trabajo a un grave desacierto jurídico, toda vez que resolvieron la contienda sobre la base de juzgar acreditada la autoría y responsabilidad del señor Echeverría en el asesinato del señor Juan José Douzuk, cuando dichas circunstancias correspondían ser verificadas por los jueces que integran el fuero penal.
Agrega que al haber sido presentado y concedido el recurso de casación en la causa n° 4.052, caratulada "Echeverría, Guillermo Cristian. Doble homicidio agravado por alevosía y por el empleo de arma de fuego (art. 80 inc. 2, 41 bis y 45 del C.P.) a: Chambers, Néstor Oscar y Juan José Douzuk", que tramita por ante el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, la sentencia allí dictada no se encontraba firme y, por ende, no había sido destruido aún el principio de inocencia del acusado. De allí que, sostiene, no pudo tenerse por verificado que el luctuoso suceso obedeció a motivos pasionales.
Afirma que la nulidad del pronunciamiento se configura porque en el caso no correspondía a los jueces del trabajo analizar el material probatorio de la causa penal para tener por demostrado un crimen pasional, siendo la existencia de una sentencia penal firme dictada por sus jueces naturales la única prueba válida.
Manifiesta que, si bien los integrantes del tribunal de trabajo resolvieron las cuestiones, lo cierto es que con su actuación violaron el principio de congruencia. Ello así, insiste, porque decidieron sobre un hecho penal y no laboral, y con ese antecedente dictaron una sentencia nula.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. Lejos de revestir el carácter esencial que se les atribuye, las cuestiones que se alegan preteridas constituyen argumentos esgrimidos por la recurrente en apoyo de su postura, por lo que de ningún modo su presunta falta de consideración en el fallo podría eventualmente comprometer la validez de éste en los términos de lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial que se denuncia transgredido (causas L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Sobre el particular, este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que son cuestiones esenciales las que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio y no cualquiera que las partes consideren tales (causas L. 125.044, "Franco", sent. de 13-VII-2022 y L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; e.o.). Asimismo, que la imputación de errores in iudicando -que, en definitiva, de ello trata la impugnación- es materia ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.543, "Cortez", sent. de 31-VIII-2021 y L. 125.941, "Silva", sent. de 27-X-2022; e.o.).
III.2. Resta señalar que, a pesar de haber sido invocado, no se han desarrollado agravios respecto a la presunta transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, no obstante, cabe advertir que el fallo de grado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. Por lo expuesto, considero que debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Torres en la medida que, en rigor, bajo la invocación de aquella causal contemplada en el mentado art. 168 de la Constitución local, cuestionando la apreciación de la prueba, el impugnante se dirige, en verdad, a evidenciar la presunta comisión de errores de juzgamiento, imputación que resulta extraña al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 125.044, "Franco", sent. de 13-VII-2022).
Estas razones, también puestas de manifiesto por mi colega, a mi modo de ver resultan suficientes para abastecer el rechazo del recurso de nulidad deducido.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 59 inc. 1 del Código Penal; 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 44 de la ley 11.653.
Argumenta que en el pronunciamiento impugnado el tribunal sentenciante transgredió el principio de inocencia consagrado en la Constitución nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía, ya que tuvo por probado un hecho que en sede penal no fue acreditado por sentencia judicial firme.
En ese sentido, sostiene que el señor Echeverría -imputado como autor del asesinato del señor Juan José Douzuk- no ha recibido una condena firme, habiendo fallecido durante el proceso mientras tramitaba el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores.
En tales términos, remarca, no pudo juzgarse acreditada en el fuero laboral su autoría y responsabilidad en el evento, cuando ello no ha sido demostrado en sede penal; máxime cuando la acción allí se extinguió por fallecimiento del acusado.
Luego, explica, al no hallarse acreditado que aquel hubiera asesinado al trabajador, menos aún pudo establecerse -como se hizo en el fallo que impugna- que ello estuvo motivado en razones pasionales. La autoría del hecho, dice, como el móvil del homicidio, no puede ser materia de resolución en un juicio laboral.
Con sustento en los dichos vertidos por el señor juez del tribunal de trabajo cuyo voto resultó minoritario, argumenta que el accidente que culminó con la muerte del señor Douzuk fue en ocasión del trabajo, debiendo en consecuencia prosperar la demanda por la reparación integral del daño.
II. El recurso no prospera.
II.1. En respuesta al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, el tribunal de grado valoró los dichos vertidos por las partes en los escritos constitutivos del proceso y arribó a la inicial conclusión de que no había sido motivo de debate en la causa que el día 16 de diciembre de 2010, siendo aproximadamente las 01:44 hs., el señor Guillermo Cristian Echeverría asesinó por medio de un arma de fuego al señor Juan José Douzuk, quien se encontraba trabajando en la estación de servicio "Drexel S.A.", sito en el kilómetro 201 de la autovía n° 2 del partido de Dolores (v. fs. 455 vta./457).
Luego, los señores jueces, cuyo voto resultó -en este aspecto- mayoritario, se detuvieron a analizar las circunstancias y los motivos por los que el señor Douzuk había sido asesinado, por resultar ello decisivo para resolver la contienda (v. fs. 457 in fine y sigs. y 458 vta. y sigs.).
En esa tarea, ponderaron la sentencia dictada en la causa penal n° 4.052 "Echeverría, Guillermo Cristian. Doble homicidio agravado por alevosía y por el empleo de arma de fuego (art. 80, inc. 2, 41 bis y 45 del C.P.) a: Chambers, Néstor Oscar. Douzuk, Juan José", de trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, agregada por cuerda (v. fs. 547).
Señalaron que en dicho pronunciamiento se tuvo por probado con las declaraciones testimoniales recibidas, lo dictaminado por la perito psiquiatra de la Asesoría Pericial de Mar del Plata y el registro de llamadas telefónicas, que se trató de un crimen pasional, considerándose además demostrado el conocimiento preexistente entre la víctima y el autor del homicidio, lo que fuera reconocido por el señor Echeverría, y que este último lo asesinó por celos ante la relación sentimental entre el trabajador y la señora Cabrera, que había sido pareja del homicida (v. fs. 457 vta. y 458; 458 vta. in fine y 459).
En suma, juzgaron acreditado que dicho homicidio estuvo motivado en razones pasionales vinculadas a la vida personal del trabajador, que no tuvo relación ni vinculación alguna con el trabajo (v. fs. 458 y 459).
Con esa plataforma fáctica, en la sentencia, el tribunal resolvió la situación particular de las demandadas, toda vez que a cada una de ellas les habían sido adjudicadas distintas causas de atribución de responsabilidad (v. fs. 465 vta. y sigs.).
Así, respecto de Apetece S.A. señaló que la actora no había alegado ninguna transgresión normativa de higiene y seguridad en el trabajo. Tampoco denunció qué tipos de medidas debería haber tomado para evitar el siniestro (v. fs. 465 vta. y 466).
En este último aspecto, indicó que no podía considerarse tal a la afirmación plasmada en la demanda respecto a que "...debieron contar con las condiciones de seguridad para evitar que cualquier persona se acercara al lugar, sin ningún control"; o "...que no existía ninguna seguridad como para evitar cualquier tipo de hechos de esta naturaleza"; pues con esa premisa aún verificada no se está violando el deber de seguridad, ya que es imposible que un establecimiento que expende gas natural comprimido (GNC) en una autovía, con las características de masividad que posee, deba y pueda realizar controles para evitar que cualquier persona se acerque al lugar. Es que, añadió, todos y cada uno de los clientes de la estación de servicio, para consumir el producto que vende la empresa, se deben acercar al lugar, siendo en su gran mayoría turistas de paso, no personas conocidas previamente (v. fs. 466 in fine y vta.).
Destacó que extender el deber de seguridad, como lo peticionó la actora, sería irrazonable e imprevisible. De allí que, siendo la única causa alegada en la demanda para responsabilizar a Apetece S.A. en su carácter de empleadora, el reclamo quedaba huérfano de sustento, correspondiendo en consecuencia el rechazo de la acción dirigida en su contra (v. fs. 466 vta.).
Respecto de Drexel S.A. explicó que no podía atribuírsele responsabilidad porque al momento del asesinato no mantenía una relación laboral con el señor Juan José Douzuk, sino que su vinculación contractual lo era con la firma Apetece S.A., y que, además, al no existir deber de seguridad alguno incumplido por esta última, no correspondía extenderle la solidaridad al faltar el hecho ilícito que la funde. A todo evento, recordó que el deber de seguridad es del empleador quien no puede delegarlo. En tales condiciones, también dispuso el rechazo de la pretensión dirigida contra Drexel S.A., declarando procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta (v. fs. 466 vta. y 467).
Por último, en referencia a Liberty ART S.A., los señores jueces de grado que concitaron la mayoría de opiniones, juzgaron que, al igual que los restantes demandados, no podía endilgársele responsabilidad por el siniestro, toda vez que el hecho que dio origen a estas actuaciones había sido un homicidio motivado en razones pasionales, esto es, ocurrió por circunstancias ajenas a la relación laboral, no siendo suficiente que la muerte se haya producido en el ámbito del trabajo (v. fs. 477).
Es que, explicaron, se requiere que medie una relación de causalidad en el sentido de que el trabajo sea "...la causa que expone al operario a un riesgo propio de la actividad o agrava la exposición a un riesgo genérico". En el caso, las circunstancias fácticas en que sucedió el fallecimiento del señor Douzuk, ocurrió en lugar y tiempo de trabajo; pero esa contemporaneidad no es suficiente para demostrar la incidencia causal del factor laboral en su desarrollo. La causa del deceso del trabajador se encontró debidamente acreditada (crimen pasional) y la parte accionante debió demostrar el aporte circunstancial del trabajo en su causación, lo que no hizo (v. fs. 467 vta./478 y vta.).
En consecuencia, concluyeron, no resulta procedente atribuirle naturaleza laboral al siniestro que derivó en el fallecimiento del dependiente por haber operado la causal de eximición (fuerza mayor extraña al trabajo) contemplada en el art. 6 inc. 3 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 477 vta. y 478 vta.).
II.2. Tales motivaciones no han recibido un embate idóneo por parte de la agraviada.
II.2.a. En gran medida, lo expuesto en el núcleo argumental que contiene el medio de impugnación contrasta con la versión de los hechos del caso plasmada en el escrito de demanda, existiendo una fuerte contradicción en el propio tránsito de la parte en el proceso, es decir, un accionar contrario a los propios actos.
Ello así, pues, en la demanda, sostuvo el apoderado de la actora que "El día 16 de diciembre de 2010, siendo aproximadamente la 1:44 hs. el señor Juan José Douzuk se encontraba trabajando en la estación de servicios 'Drexler', sito en km. 201 de la autovía nº 2, de la ciudad de Dolores, y en esos momentos una persona de apellido Echeverría le provoca la muerte a raíz de un disparo de arma de fuego". Describió que "...desde el lado externo del comercio a través del vidrio ubicado en el lateral izquierdo visto de frente, le dispara a la altura del cuello al hijo de la actora generando un orificio de entrada en el cuello, lado derecho medio región anterior". Manifestó además que "...las heridas producidas sobre el hijo de mi cliente le produjeron la muerte", y que "El imputado, un policía que periódicamente iba a cazar, tenía un excelente manejo del arma de fuego con el cual mató al hijo de mi clienta" (fs. 21 vta. y 22).
Sin embargo, dichas afirmaciones se contraponen a lo manifestado en el medio de impugnación traído a conocimiento de esta Suprema Corte, donde la quejosa afinca -en esencia- su tesis recursiva en la argumentación de que no se ha logrado demostrar en sede penal la autoría y responsabilidad del señor Echeverría en el hecho que ocasionara la muerte del señor Juan José Douzuk (por no haberse arribado a una sentencia firme, extinguiéndose además la acción penal en los términos del art. 59 inc. 1 del Cód. Penal), ni la motivación en razones pasionales.
Siendo ello así, la formulación de la impugnante no constituye idóneo sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, pues se erige como un cuestionamiento que pretende alterar el enfoque, dimensión o proponer variantes respecto de la petición inicial, trocando de ese modo el entramado fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 122.773, "Urrutia", sent. de 7-IX-2020 y L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; e.o.).
II.2.b. Sin perjuicio de lo dicho, ocupa precisar otros aspectos que finalizan por delinear la insuficiencia que sella su suerte adversa.
II.2.b.i. Es que la incompatibilidad con aquella postura inicial del argumento traído, que conduciría a dejar firme la conclusión del tribunal de grado acerca de la autoría del crimen que tuvo como víctima al trabajador, no se proyecta sobre el tópico que gira en torno al móvil del homicidio, siendo ello definitorio en el rechazo de la demanda por parte del sentenciante de grado.
Dicho tópico fue introducido por las accionadas como parte integrante de las defensas opuestas al contestar la demanda, oportunidad en la que intentaron poner de manifiesto que el homicidio se debió a razones ajenas al trabajo (v. fs. 64/70 vta.; 92/98 vta. y 126/132 vta.). Y al respecto, si bien la parte actora hubo de sostener que lo determinante para la procedencia de las pretensiones era que el hijo de la demandante se hallaba laborando para su empleador al momento de fallecer (v. fs. 146 y vta. y 148/149), también negó que el ataque sufrido por el trabajador haya tenido un sello "personal" (fs. 151 y vta.).
II.2.b.ii. Pues bien, el agravio así planteado no puede tener favorable recepción porque remite -y en términos bastantes genéricos- a la valoración de las constancias penales, y así, a una labor que debió tacharse de absurda, vicio que se ha omitido invocar en concreta relación con dicha tarea jurisdiccional.
De otro lado, en cuanto al contenido normativo de la denuncia que integra este pasaje del recurso, cabe indicar que al ceñirse al art. 59 inc. 1 del Código Penal y aludir a una supuesta extinción de la acción penal -cuya declaración no se encarga de identificar al relevar las constancias del juicio criminal-, el recurrente pretende echar mano a una disposición legal alejada de los contornos de lo juzgado en estos autos por el tribunal del fuero laboral. En tales condiciones, puede advertirse que ninguna otra regla legal se cita a los fines de apuntalar la alegada imposibilidad que se le endilga al a quo para resolver del modo en que lo hizo; de suyo que, en dicho marco, la afirmada violación de las garantías constitucionales queda sin adecuado sostén argumental.
II.2.b.iii. Finalmente, se verifica a su vez la falta de aptitud del reproche emparentado con los alcances del concepto "accidente de trabajo" contemplado en el art. 6 inc. 1 de la ley 24.557 y su denunciada trasgresión, pues elaborado con fundamento en el voto minoritario del órgano judicial de grado, se encuentra desprovisto de objeciones con capacidad para desbaratar los señalamientos que efectúo la mayoría integrante del tribunal (causas L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022 y L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; e.o.).
II.2.c. Con todo, dable es recordar que una de las características propias de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación y en ese marco, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020 y L. 124.447, "Taulamet", sen
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