Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128658
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.658, "Mamani, Diego Alberto contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción promovida e impuso las costas a las codemandadas vencidas (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2021).
Se interpuso, por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente -en lo que reviste interés- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Diego Alberto Mamani contra Ricardo Nini S.A. y Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por la que pretendía -con fundamento en las normas del Código Civil (ley 340)- el pago de una indemnización por la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que contrajo en cumplimiento de las tareas prestadas para su empleadora.
Para así decidir, en el veredicto, sostuvo que no había mediado controversia respecto de la vinculación laboral del actor con la empresa Ricardo Nini S.A., desde el 7 de noviembre de 2006 hasta el 13 de agosto de 2013.
Con los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa por los señores Barrera y Toffolo, ambos en su condición de excompañeros de trabajo, tuvo por acreditadas las tareas realizadas por el trabajador -por varios años- de carga y descarga de mercadería; así como los esfuerzos físicos efectuados mediante movimientos repetitivos que importaban movilizar considerables pesos que contenían los diversos productos, tales como lavandina, cajas de sal, aceite y bebidas, entre otros.
Con sustento en la pericia médica producida en la causa, el juzgador determinó que el accionante presenta impotencia funcional por bursitis leve de su hombro izquierdo. Añadió que dicha afección le provoca, sumada la incidencia de los distintos factores de ponderación, una incapacidad parcial y permanente del 7,67% del índice de la total obrera.
El tribunal de grado también refirió que el promotor del pleito tomó conocimiento el 1 de diciembre de 2013 de que las patologías que había contraído, en base a movimientos repetitivos, le impedían definitivamente realizar similares tareas a las cumplidas para Ricardo Nini S.A. bajo las órdenes de futuros empleadores.
Por otra parte, valoró el dictamen -y las impugnaciones efectuadas- del perito en seguridad e higiene en el trabajo, así como las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, y arribó a la conclusión de que no le fueron entregados al actor elementos de protección personal, tales como fajas de protección lumbar, vestimenta y calzado adecuado; ni que le hubieren efectuado controles de salud ni capacitación en técnicas de prevención de riesgos.
En este último aspecto, destacó el tribunal de origen que si bien el experto enunció que al señor Mamani le fueron suministrados ciertos elementos de protección personal (botines, pantalón, remera, guantes, fajas lumbares, chomba y buzos), lo cierto es que en función del principio de primacía de la realidad (art. 14, LCT), a partir de los aludidos testimonios, había quedado comprobado que su entrega resultó esporádica e insuficiente, ya que ante su deterioro los mismos no eran reemplazados en tiempo y forma.
Asimismo, tuvo por probado que Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y Ricardo Nini S.A. celebraron contrato de afiliación n° 218.460, en los términos de la ley 24.557, con vigencia desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012, renovado hasta el 31 de octubre de 2014.
Luego, en la sentencia, halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
En cuanto a la imputada responsabilidad y el rol de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, entendió el juzgador que no era asimilable al de una mera aseguradora, sino que pesaban sobre aquella conductas y obligaciones de hacer, para garantizar una prevención eficaz.
Al respecto, puntualizó que si bien es el empleador quien debe adoptar las medidas para prevenir los siniestros, una de las funciones fundamentales de las aseguradoras de riesgos del trabajo -y lo que justifica el ingreso que percibe de la empresa asegurada- es la participación activa en visitas, inspecciones, sugerencias, capacitaciones, etcétera, y -también- las eventuales denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para el caso de incumplimiento de la empleadora, extremos que no surgieron acreditados en autos.
Señaló que la omisión incurrida por la mencionada codemandada torna aplicable al caso lo dispuesto por el art. 1.074 del Código Civil (ley 340), correspondiendo en consecuencia extenderle solidariamente la condena que le fuera impuesta a la patronal en los términos del derecho común.
Finalmente, y toda vez que el importe indemnizatorio reconocido al actor se determinó a "valores actuales", el tribunal de grado aplicó intereses -desde la fecha de la toma de exigibilidad del crédito y hasta la liquidación- a una tasa "pura" del 6% anual.
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2022).
II.1. Inicialmente, se agravia de la fecha establecida como de primera manifestación invalidante y, con ello, del rechazo de la excepción de prescripción articulada.
Indica que dicho concepto se identifica con el momento en el que el trabajador se ve imposibilitado de prestar las tareas, esto es, que no se encuentra en condiciones de concurrir a su trabajo porque su dolencia lo invalida. Explica que ello ocurre con los primeros síntomas que comienza a manifestar el trabajador, y que le indican la presencia de determinada patología que le impide prestar servicios de manera usual, resultando materialmente imposible establecer si se trata de una incapacidad irreversible.
De allí que, continúa, es un grave error -como lo hizo el pronunciamiento en crisis- equiparar las primeras manifestaciones invalidantes con la consolidación del daño o el carácter irreversible de la incapacidad, toda vez que tal cuestión no puede quedar al arbitrio subjetivo del trabajador, quien no es profesional médico para su determinación.
Refiere que, en el específico supuesto de autos, y de conformidad a lo manifestado en el escrito de demanda, la primera manifestación invalidante data del mes de noviembre de 2008 (y no la denunciada en la ampliación de demanda y considerada como cierta por el juzgador), por lo que la presente acción, iniciada en septiembre de 2015, se encuentra irremediablemente prescripta.
Además, agrega que el tribunal transgredió el principio de congruencia, toda vez que, al momento de determinar la primera manifestación invalidante, omitió en forma antojadiza la verdadera fecha de toma de conocimiento de la incapacidad denunciada por el propio actor en el escrito inicial.
II.2. En otro orden, plantea excepción de incompetencia por razón de la materia.
Refiere que resulta claro que Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo cumplió con la totalidad de sus obligaciones, por lo que no restan argumentos válidos ni verosímiles para adjudicarle responsabilidad civil alguna respecto del daño sufrido por el actor.
Aduce que este último ha optado de modo excluyente por un régimen de responsabilidad distinto al de la ley 24.557 y que de conformidad a lo prescripto por los arts. 4 y 17 inc. 2 de la ley 26.773, el supuesto accidente padecido y la demanda interpuesta por el señor Mamani quedan sujetos a la competencia de la justicia nacional en lo civil.
En tales condiciones, sostiene que resulta procedente la excepción de incompetencia opuesta por su parte al contestar la demanda, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia recaída en autos.
Luego, manifiesta que la pretensión excede la cobertura asegurativa otorgada por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, toda vez que el promotor del pleito reclamó por rubros totalmente ajenos a la misma, con apoyo en lo dispuesto por el Código Civil y no en la normativa laboral propia de este fuero.
Refiere que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo tienen funciones específicas asignadas por ley (art. 26 inc. 3, ley 24.557) que las limitan en su objeto y, en consecuencia, solo pueden ser responsables por las prestaciones en especie y dinerarias que otorga dicha normativa; pero, de ningún modo, pueden ser emplazadas en juicio por pretensiones que excedan dicho marco, es decir, para responder por una indemnización dentro del ámbito del derecho común.
De tal forma, indica, no pueden ser obligadas al pago de una indemnización diferente de las prestaciones expresamente previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por todo ello, insiste en señalar que en razón de la normativa imperante en la materia -arts. 4 y 17 inc. 2 de la ley 26.773 (modificatoria y complementaria de la ley 24.557 y del dec. 1.694/09)-, la acción planteada por el actor debe sustanciarse en la justicia civil.
II.3. Por último, se agravia de los intereses aplicados por el tribunal de grado al capital de condena.
En este aspecto, alega que no es ajustado a derecho el pronunciamiento que aplica de manera arbitraria una tasa "pura" anual del 6%, en tanto ello -afirma- contradice la doctrina legal establecida por la Suprema Corte a partir -entre otros- de los precedentes L. 94.446, "Ginosssi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); causándole así un gravamen irreparable que afecta su derecho de propiedad, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es insuficiente la crítica referida a la fecha que el tribunal de grado determinó como de primera manifestación invalidante y, por su conducto, el rechazo de la defensa de prescripción.
III.1.a. Es menester aclarar que determinar el comienzo del curso de la prescripción constituye una cuestión de índole fáctica reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 123.831, "González", sent. de 22-IX-2021; L. 122.631, "G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 124.032, "Olmedo", sent. de 1-XI-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022 y L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. En el recurso bajo examen dicha carga ha quedado insatisfecha, conforme explico a continuación.
III.1.b.i. Al responder al interrogante planteado en el acápite "c" del veredicto, el tribunal de origen comenzó relatando que la parte actora había sido imprecisa al pronunciarse sobre la fecha de la primera manifestación invalidante (en los términos del art. 12 de la ley 24.557), tanto en el intercambio telegráfico como en el escrito de inicio.
Empero, el sentenciante señaló que luego, y en ocasión de ampliar su demanda, el accionante consignó que la efectiva toma de conocimiento de la minusvalía aconteció "luego de desvincularse de la empresa Ricardo Nini S.A. en el año 2013", especificando que "se presentó en diciembre del 2013 en la empresa Coto en la Sucursal Central CABA para ser ubicado en la Sucursal La Plata. Por indicación del hipermercado se le efectúan los estudios médicos preocupacionales donde se constata que no estaba apto" (pág. 13).
En suma, según señaló el juzgador, en definitiva, el trabajador terminó identificando a este último momento como aquel en el cual "efectivamente tomó conocimiento que las patologías que había contraído en base a movimientos repetitivos le impedían definitivamente realizar similares tareas a las que hizo para la accionada de autos bajo las órdenes de futuros empleadores" (pág. cit.).
Sobre esa base, ponderó el tribunal especialmente, que de las misivas remitidas por el empleado en marzo de 2015 a ambas codemandadas surgía que en tal ocasión reclamó con motivo de cada una de las patologías por las que accionó en estos obrados, haciendo saber que las mismas fueron el resultado de diversas enfermedades profesionales contraídas por las tareas realizadas durante el período de tiempo que estuvo vinculado con su empleadora, para lo que aclaró que la dolencia en su hombro resultó ser un reagravamiento como secuelas del manguito rotador y que su efectiva fecha de toma de conocimiento de la incapacidad tuvo lugar al conocer el resultado del examen preocupacional que se hizo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la ciudad de La Plata, con el objeto de prestar labores para otra empresa de similar rubro. Asimismo, que en apoyo a lo dicho invocó que ello surgía también de una consulta realizada con un médico traumatólogo.
Destacó el juzgador que, efectivamente, a fs. 5/8 el promotor del pleito adjuntó el dictamen particular elaborado por un galeno, el cual ya había puesto a disposición en las comunicaciones postales antes aludidas.
Remarcó que, no obstante carecer dicho instrumento de fecha cierta, ello no impedía analizar las consideraciones médico legales a tenor de las cuales -y en línea con lo dictaminado por la doctora Ripullone, auxiliar de justicia en este proceso- la lesión del hombro que padece el señor Mamani se expresa como un "evento cúlmine" de un accidente de trabajo -que en demanda se denunció como acaecido en noviembre del 2008- y que "se evidencia como el resultado de un proceso de base a una enfermedad profesional a raíz del microtrauma a repetición, elevadas cargas desproporcionadas a la capacidad de adaptación anatómica y adopción sistemática de posiciones antiergonómicas que finalmente termina con la lesión del manguito rotador del hombro izquierdo, superpuesto a fenómenos de tendinitis y microdesgarros del supraespinoso" (pág. 15).
Con todo, el sentenciante concluyó que el reclamante efectivamente había tomado conocimiento de que las patologías que había contraído en base a movimientos repetitivos le impedían definitivamente realizar a futuro similares tareas, con fecha 1 de diciembre de 2013.
III.1.b.ii. En la pieza recursiva, reitero, la interesada no cumple la carga de una adecuada fundamentación, pues no se ocupa de rebatir estos aspectos del pronunciamiento que resultan factores esenciales en la decisión adoptada.
En efecto, se avizora que la crítica ensayada por el impugnante se aparta del razonamiento desplegado por el órgano judicial de grado. Ello así, en tanto se limita a discurrir acerca de lo que -en su criterio- debe entenderse teóricamente como "primera manifestación invalidante"; pero en ese quehacer desatiende la línea argumental esgrimida por el sentenciante que, como se relató, afincada en la valoración de los escritos constitutivos del proceso, así como en los distintos elementos probatorios (v.gr. intercambio telegráfico, documental e informes periciales) que meritó para formar convicción sobre tal circunstancia y, por su conducto, para decidir respecto del rechazo de la defensa de prescripción deducida.
Cobra entonces virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022 y L. 124.690, "FATE S.A.I.C.I.", sent. de 26-IV-2022; e.o.).
Para más, hallándose sustentada esta parcela del pronunciamiento en la interpretación que llevó a cabo el tribunal de trabajo del contenido del escrito de promoción de la demanda (y su ampliación), así como en la valoración de los distintos medios de prueba que especificó, para abastecer el recaudo de suficiencia del recurso, la impugnante debió denunciar -en concreto- la configuración del vicio de absurdo en la tarea axiológica desplegada por dicho órgano jurisdiccional, carga esta que omitió satisfacer y que define la suerte adversa de este tramo de la crítica.
De tal forma, no se verifica en el caso un quiebre del postulado de la congruencia, desde que -como surge del relato precedente- el juzgador no se apartó de las propuestas hechas por las partes en relación a la fecha en que debía comenzar a correr el plazo de prescripción de la acción civil intentada.
III.2. Tampoco resulta atendible el cuestionamiento que gira en torno a los presupuestos condicionantes de atribución de responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada.
III.2.a. De un lado, y en cuanto la crítica se sustenta en la predicada aptitud jurisdiccional reservada al fuero civil para entender en este tipo de controversias, merece destacarse, en primer lugar, que -de manera ciertamente confusa- la impugnante en el punto IV.c. de la pieza recursiva expresa que "procedo a interponer en autos formal excepción de incompetencia en razón de la materia", para luego, en el siguiente apartado (IV.d.) manifestar que "resulta procedente la formal excepción de incompetencia oportunamente solicitada por esta parte en su contestación de demanda", cuando, en rigor, tal defensa no se incluyó en el escrito de responde de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (v. fs. 98/129).
Luego, deviene extemporánea la introducción de la mentada alegación en esta Sede extraordinaria, lo que autoriza sin más a rechazar el embate traído con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; e.o.).
III.2.b. Del otro, cabe recordar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control, fue admitida por esta Suprema Corte en el conocido precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sentencia de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Añado que, a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen -en concurrencia con el empleador- como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender qu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.