Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126850
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.850, "Torales Cardozo, Arturo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 112/126 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 8-V-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Arturo Torales Cardozo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de prestación por la incapacidad parcial y definitiva que padece el demandante con motivo del accidente de trabajo que sufriera el 12 de septiembre de 2017 (conf. art. 14, inc. 2, apdo. "a", ley 24.557 y normas complementarias).
Puesto a determinar el importe de la prestación dineraria según el método de cálculo contemplado en la normativa antes citada, el órgano de grado la cuantificó en la suma de $468.583, importe al que le adicionó la indemnización complementaria prevista en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $562.300,35.
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Expuso que tal disposición, en cuanto establece en su art. 3 que "las modificaciones establecidas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante" resultaría -en principio- aplicable al caso de autos (v. fs. 120 vta.).
Empero, observó que de acatarse tal previsión se alteraría sustancialmente el valor de la indemnización resultante.
Seguidamente, transcribió diversos sumarios vinculados al ámbito temporal de aplicación de la normativa relativa a accidentes de trabajo, a saber: Corte Suprema de Justicia de la Nación, causas "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010); "Espósito" (sent. de 7-VI-2016); Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: L. 35.909, "Góngora de Carrizo" (sent. de 4-XI-1986); L. 35.251, "Matuano" (sent. de 4-XI-1986); L. 36.926, "Alonso"(sent. de 24-III-1987); L. 51.810, "Barrientos" (sent. de 5-IV-1994); L. 72.674, "Aguirrez" (sent. de 28-XI-2001); L. 68.921, "Mojica" (sent. de 19-III-2003) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-16), entre muchas otras (v. sent. fs. 121 vta./123).
Sobre esa base, concluyó que el art. 3 del decreto en análisis es irrazonable y violatorio de los "derechos adquiridos de las partes [...] avasallando lo dispuesto por el art. 17 de la Constitución Nacional", por lo que declaró su invalidez constitucional y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos (v. sent. fs. 123).
Dispuso que las sumas de condena devenguen intereses "compensatorios" desde que la indemnización debió estar a disposición del actor, hasta la fecha del efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (citó los arts. 768 del Código Civil y Comercial y 12 de la ley 24.557, entre otros).
Finalmente, añadió que para la hipótesis de que la accionada no cumpla con las obligaciones impuestas en la sentencia, sería de aplicación lo previsto en el art. 770 del referido Código, acumulándose los intereses al capital, y el producido devengaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa referida en el párrafo anterior (citó el art. 12, inc. 2 de la ley 24.557, texto según art. 11 de la ley 27.348).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, entiende conculcados los precedentes de esta Corte relativos a la tasa de interés aplicable al capital de condena. Menciona las causas que individualiza como "Ubertalli", "Abraham", "Zgonc", "Cuadern", "Ponce", "Ginossi", entre otras.
Puntualiza que, si bien art. 12, inc. 2 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348- estableció que desde la fecha de la primera manifestación invalidante -y hasta el momento de la liquidación de la indemnización- se debía aplicar la tasa de interés activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con posterioridad se dictó el decreto de necesidad y urgencia 669/19, que reemplazó dicha tasa por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Sentado ello, sostiene que las actualizaciones antes referenciadas (vía tasa activa; o luego, mediante RIPTE) resultan aplicables exclusivamente en la instancia administrativa del pago de las prestaciones dinerarias, pero no en los procesos judiciales como el presente.
Finca tal afirmación en la doctrina legal que aduce vigente y aplicable al caso de autos, citando -en este punto- los precedentes L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", ambas sentenciadas el 15-VI-2016.
A mayor abundamiento, expone que esta Casación se ha pronunciado por la inaplicabilidad al proceso judicial de las tasas de interés que en su momento fijara la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para actualizar los montos de las prestaciones dinerarias en la instancia administrativa, cuando las aseguradoras de riesgos del trabajo incurrieran en mora. Menciona la causa que identifica como L. 113.328, "Martínez" (sent. de 23-IV-2014).
II.2. En segundo lugar, y de manera subsidiaria, cuestiona la descalificación constitucional efectuada en la sentencia respecto del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Aduce que el tribunal no ha explicitado ni justificado por qué motivo la norma en cuestión es inconstitucional y, por lo tanto, inaplicable al caso.
Destaca que los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta prevista expresamente en el art. 99, inc. 3 de la Constitución nacional. Añade que, en los considerandos de la norma en crisis, se explicitaron detalladamente los motivos por los cuales debía modificarse el cálculo indemnizatorio, y más específicamente -aclara el quejoso- la tasa de interés.
Expone que, conforme lo ha resuelto la Corte Federal, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico, lo que amerita -en cada caso- un análisis concreto y específico de las razones por las cuales la disposición en cuestión transgrede derechos constitucionales de las partes.
En suma, entiende que la declaración de inconstitucionalidad, en la forma en que ha sido realizada por el tribunal de la instancia de grado, carece de los requisitos necesarios para tornar viable su procedencia. Concretamente, alega que el juzgador no ha logrado demostrar la efectiva existencia de una manifiesta ilegalidad y arbitrariedad del decreto 669/19, que amerite su descalificación.
Argumenta que el art. 3 del Código Civil (ley 340) prevé la irretroactividad de las leyes con excepción de los casos en que la norma expresamente lo disponga.
Añade que, toda vez que el decreto 669/19 en su art. 3 dispone específicamente que "las modificaciones dispuestas [...] se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", no puede dudarse sobre su aplicación al caso.
En suma, solicita el dictado de una nueva sentencia que ordene el cálculo de los intereses conforme la tasa pasiva y/o eventualmente, conforme el citado decreto.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se advierte que el recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la cuantía del agravio, la que -en la especie- se halla representada por la diferencia entre la tasa activa establecida por el tribunal de grado, con sustento -entre otras normas- en el art. 12, inc. 2 de la ley 24.557 (modif. por el art. 11 de la ley 27.348) y la pasiva pretendida por el quejoso.
En este sentido, se ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
Sin embargo, no puede soslayarse que la impugnación dirigida a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, solamente dicha porción de la impugnación será abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, en lo atingente al agravio por conducto del cual el compareciente impugna la tasa de interés aplicada por el tribunal al capital de condena, cabe advertir que la doctrina legal que denuncia violada no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010 y L. 127.285, "Palavecino", resol. de 22-IX-2021).
En efecto, en los precedentes invocados por la recurrente (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; e.o.), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes, ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Por otro lado, en la causa L. 113.328, "M., O.E." (sent. de 23-IV-2014) se discutía sobre la tasa fijada en el marco del procedimiento administrativo de riesgos del trabajo.
En otras palabras, los antecedentes que porta la réplica difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348; v. fs. 125); lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad -en la especie- de la doctrina que aquí se denuncia conculcada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeano", sent. De 27-VIII-2020 y L. 124.807, "Juárez", resol. de 28-VIII-2020).
III.3. El reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 involucra -como lo anticipé- el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; L. 125.929, "Ponce", sent. de 9-VIII-2022; L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
Sin embargo, la insuficiencia técnica del embate impone su rechazo (art. 279, CPCC).
III.3.a. En efecto, el quejoso plantea -en primer lugar- que el sentenciante "no ha explicado ni justificado por qué razón el decreto 669/19 resulta inconstitucional" (rec. págs. 10 y 13), entendiendo, así -aunque sin denunciarlo expresamente de tal modo- que el pronunciamiento sería dogmático.
Empero, y como antes se ha relatado, el tribunal -más allá de su acierto o error- explicó las razones que, a su juicio, llevaban a estimar inconstitucional en el caso la mentada norma, y que en síntesis se vinculan con la irrazonabilidad de modificar sustancialmente el importe de la indemnización de un infortunio acontecido con anterioridad a la publicación del decreto, lo cual vulneraba los derechos adquiridos de las partes.
En estas condiciones, no se aprecia que la decisión sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores.
III.3.b. Por otro lado, el recurrente no rebate en forma eficaz los argumentos expuestos por el tribunal en apoyo de tal postura, ya que se limita a indicar escuetamente en un pasaje de la pieza recursiva que "el proceso versa sobre un supuesto crédito en expectativa" (v. rec., pág. 11). Es más, en ocasión de justificar la aplicación retroactiva el quejoso se apoya en un precepto que se encontraba derogado largo tiempo antes de la sanción del decreto 669/19 (ver que en la pág. 13 se menciona el art. 3 del Código Civil, ley 340).
Tampoco sirve de apoyo a la tesis fincada en el precedente de la Corte Suprema nacional citado en dicho tramo, ya que el mismo se refiere a la aplicación inmediata de normas procesales, lo que constituye un supuesto diferente al aquí planteado.
III.3.c. Finalmente, no será ocioso remarcar que buena parte de los razonamientos del quejoso en defensa de la constitucionalidad del decreto 669/19 se vinculan con aspectos que no fueron tomados en cuenta por el tribunal para descalificar la validez de dicha norma, tales como las motivaciones allí expuestas en orden a justificar la urgencia de la medida o su compatibilidad con el espíritu de la ley 24.557.
En estas condiciones, dichas argumentaciones transitan por carriles que ignoran el razonamiento seguido en el pronunciamiento, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las esenciales motivaciones plasmadas en el decisorio. Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, propongo desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los tres primeros párrafos del apartado III.1. de su sufragio.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; e.o.).
No obsta a lo anterior que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, puesto que al respecto nada argumenta el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del expresamente previsto en la ley de procedimiento laboral- autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado ello, en lo tocante a la objeción que recae sobre la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado, comparto lo expuesto por la ponente en el apartado III.2. de su voto.
I.3. Luego, corresponde desestimar el agravio traído en subsidio vinculado con la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 efectuada por el a quo , en tanto carece de denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrinal legal.
II. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2023 12:00:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2023 10:03:10 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2023 10:03:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:14:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 16:29:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2023 08:55:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/10/2023 09:17:26 hs. bajo el número RS-117-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia