Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126307
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.307, "Lezcano, Sergio José contra Schumaros S.R.L. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 14-VIII-2020).
Se interpusieron, por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 4-IX-2020 y 7-IX-2020, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte de Justicia resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Sergio José Lezcano y condenó solidariamente a Schumaros S.R.L. y a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagarle una indemnización integral -en los términos del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió mientras desempeñaba tareas a las órdenes de su empleadora.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor laboró en relación de dependencia para Schumaros S.R.L. desde el 1 de julio de 2010 hasta el 16 de diciembre de 2013, desempeñándose en la categoría de peón general dentro del marco de la ley 26.727, en el establecimiento rural ubicado en la localidad de Oriente, partido de Coronel Dorrego, más concretamente en el campo denominado "El Dúo".
También juzgó probado que el día 9 de abril de 2013 el señor Lezcano se accidentó en su lugar de trabajo, cuando al intentar reparar una casilla propiedad de su empleadora, la misma se precipitó y al caer al suelo le amputó su mano izquierda a nivel radio cubital distal.
Precisó que, como consecuencia del grave infortunio, el promotor del pleito es portador de una incapacidad física -sumados los factores de ponderación- del 79% de la total obrera.
Con sustento en la pericia en seguridad e higiene producida en la causa y las explicaciones brindadas por el experto, el tribunal de origen concluyó que La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. había incumplido las obligaciones que determinan los arts. 4 y 31, inc. 1 de la ley 24.557 y 18 y 19 del decreto 170/96, y que tal inobservancia devino en consecuencia o causalidad adecuada del accidente de trabajo, por lo que correspondía extenderle solidariamente la responsabilidad civil por los daños ocasionados en la salud del señor Lezcano.
Asimismo, respecto de la empleadora Schumaros S.R.L. halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Luego, y en lo que reviste mayor interés, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348).
Expresó que la prohibición regulada en dicha norma violenta el texto constitucional, en tanto priva al trabajador -que a consecuencia de un accidente o por una enfermedad profesional ve disminuida su capacidad laborativa- de la posibilidad de formular un reclamo integral que permita la satisfacción en el marco que la ley especial regula -y por lo que las partes contratantes (empleador y aseguradora) se comprometieron- y lo que por derecho común le correspondiera en función a los presupuestos de responsabilidad previstos en la legislación civil.
Indicó que la pérdida o desistimiento de un derecho sustancial de un sujeto de preferente tutela constitucional como lo es el trabajador afectado resulta, en el marco doctrinal y jurisprudencial imperante, absurdo y despojado de toda lógica jurídica y justificación, aunque se pretenda suponer la prosecución de un bien mayor en detrimento de uno menor, situación que igualmente no aparece expuesta en la norma ni en su expresión de motivos.
Trajo a colación las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino", en tanto -estimó- las bases y fundamentos constitucionales que fueron adoptados en dicha causa no han perdido vigencia.
En ese orden, luego de transcribir algunos pasajes del fallo, destacó la ubicación preferente del principio de indemnidad por sobre las normas inferiores, al encontrarse garantizado por los preceptos especiales que regulan la materia (art. 75, LCT) y las propias cartas fundamentales, así como por los convenios y tratados internacionales con idéntica jerarquía.
Refirió que tal criterio ha sido complementado por la Corte federal al fallar -entre otros- la causa "Llosco", en la cual se rechazó la aplicación de la teoría de los actos propios al trabajador que percibió las prestaciones a cargo de la aseguradora y luego pretendió obtener una reparación plena por la vía del derecho civil, no importando ello la renuncia tácita al derecho de impugnación posterior con base constitucional y en relación a la norma allí aplicable.
Subrayó asimismo lo expresado en "Lucca de Hoz", donde el Máximo Tribunal -si bien para un supuesto diferente al de autos, pero con conceptos similares que los vertidos en "Aquino"- sostuvo la inviabilidad de la indemnización tarifada en la medida que no consagrara un resarcimiento equitativo, impidiendo con ello el resguardo del sentido reparador en concreto, destacando que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales.
A lo expuesto agregó, que la norma en crisis no solo transgrede el principio de indemnidad sobre el que se asienta el derecho del trabajo, sino también los de protección especial, progresividad e irrenunciabilidad.
En cuanto a este último postulado, precisó que el legislador ha omitido tener presente al momento del dictado del cuestionado texto normativo, que el art. 11 de la ley 24.557 se encuentra vigente, ya que no ha sido derogado por las leyes que le han sucedido. En tal sentido, explicó, si el trabajador hubiese ejercido la opción -luego de transitados los carriles normativos del sistema especial- por la reparación del sistema de derecho común, pareciera que la norma no ha de tener aplicación práctica, como así tampoco ninguno de los principios sustanciales tenidos en vista por el legislador al momento de su dictado. De allí que, afirmó, el absurdo surge manifiesto, ya que nada puede renunciarse, cederse, ni enajenarse en virtud de una tutela especial, pues así lo ha impuesto el legislador siguiendo lineamientos constitucionales e internacionales.
Argumentó que otro cuestionamiento radica en que el texto de la norma no aclara de manera expresa que el cobro o la iniciación de un reclamo judicial implica la renuncia de un derecho o de la posibilidad de su ejercicio. Es decir, que por conducto de la "opción excluyente" no puede de modo alguno deducirse una renuncia expresa, estando vedado también presumir una renuncia tácita a la luz de los parámetros establecidos por los arts. 948 del Código Civil y Comercial de la Nación y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Expresó que la presunción de incompatibilidad entre la indemnización de la Ley de Riesgos del Trabajo y las establecidas en el Código Civil ha sido despejada en numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los ya citados "Aquino" y "Llosco" y en idéntico sentido "Cachambi", donde cerró toda discusión sosteniendo que ambos sistemas de prestaciones son complementarios para un mismo fin, cual es el de reparar plenamente al trabajador los daños sufridos por el trabajo.
A modo de síntesis, y con sustento en la doctrina autoral que citó, expone -entre otros variados argumentos- que: a) el art. 4 de la ley 26.773 transgrede los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional, pues la renuncia castiga al sujeto que la ley suprema ordena proteger y lo hace para procurar la reparación plena que aquella misma asegura; b) garantiza, en lugar de la indemnidad psicofísica del trabajador, la inmunidad patrimonial del empleador; c) violenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que resulta inconstitucional una indemnización que no sea "justa"; d) porta una insalvable contradicción intrínseca al consagrar como irrenunciable (art. 11, LRT) la prestación que la ley permite despojar; e) vulnera el principio de progresividad y la manda de legislar garantizando el pleno goce y ejercicio de los derechos; f) desconoce la situación de emergencia que padecen inexorablemente el trabajador dañado en su integridad psicofísica y su familia -a quien desprotege-; g) carece de fundamento (ya que no existe razón para imponer la renuncia, máxime cuando ahora se trata de deudores diferentes) y ello convierte en irrazonable a la norma que la instituye según la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación y h) importa la violación del derecho a la igualdad, pues el trabajador dañado por un tercero puede procurar la reparación plena sin renuncia, mientras que el afectado por el obrar del empleador debe soportar parte del daño si quiere acceder a las prestaciones sistémicas.
Luego, y hallándose acreditado en la causa la configuración de los factores de atribución de responsabilidad civil de las demandadas, condenó solidariamente a Schumaros S.R.L. y La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que presupuestó para resarcir los daños materiales y morales sufridos por el trabajador.
II. Contra dicho pronunciamiento La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 1.074 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 4 de la ley 26.773; 10, 11 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 165 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, controvierte la definición del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Alega que la opción excluyente prevista en tal precepto constituye una vuelta hacia el criterio plasmado en el año 1915 por la ley 9.688 y que fuera sostenido hasta el año 1996 cuando se sancionó la ley 24.557, la que en su art. 39 prohibió a los trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades del trabajo reclamar el resarcimiento integral en los términos del derecho civil.
Señala que durante ese extenso período de tiempo la posibilidad de optar por distintos regímenes de reparación no mereció cuestionamientos u objeciones provenientes de pronunciamientos judiciales, lo que avala la legitimidad de la norma.
Refiere que en ese devenir histórico el art. 4 de la ley 26.773 vino a subsanar la arbitrariedad en que había incurrido la Ley de Riesgos del Trabajo y a restablecer los derechos suprimidos.
Transcribe, en apoyo de su postura, distintos fallos emitidos por la Suprema Corte en los que hubo de admitirse la validez de la opción establecida por el art. 17 de la ley 9.688.
Con sustento en la doctrina autoral que cita, afirma que la formulación de la opción excluyente tal como ha sido diseñada por el art. 4 de la ley 26.773 constituye un apartamiento de la doctrina emergente de los fallos "Aquino", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, señala que estos fueron dictados a partir de la invalidación de diversos dispositivos de la ley 24.557, a los que se sustituyó.
Añade que tal sistema tampoco encierra una situación de error, violencia o intimidación, ya que la vulnerabilidadínsita en toda prestación subordinada no se ve agravada en el caso de sufrir un siniestro mientras el trabajador cuente con una legislación que le proporcione prestaciones dinerarias y en especie atendiendo a la rehabilitación y a una reparación integral y plena.
Manifiesta que la opción no resulta disvaliosa ni ha merecido la tacha de inconstitucionalidad emergente de lo decidido en "Aquino", pues el Máximo Tribunal no se expidió acerca de ello al decidir el mencionado precedente; por el contrario, este último vino a habilitar la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, aunque sin una regla clara y precisa, como no puede pretenderse de un fallo judicial que viene a cuestionar la falta de apego de la norma a nuestro régimen constitucional.
Indica que no es la opción en sí misma o el modo de ejercitarla -que supone un análisis previo de las alternativas por parte del dependiente, para lo que libremente puede recurrir al asesoramiento letrado- lo que lleva a desatender los derechos del trabajador, sino la reparación que pueda obtenerse por vía del "sistema" aplicable al caso, la que debe ser suficiente, integral y por ende, justa, recogiendo en ese punto la doctrina sentada por la Corte en los precedentes antes mencionados.
Señala que las múltiples razones dadas demuestran acabadamente que no existen elementos jurídicos de peso para declarar la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773.
Argumenta que no está permitido que el trabajador perciba íntegramente y en forma sucesiva las reparaciones correspondientes a ambos sistemas de responsabilidad, porque no son acumulables. En el específico supuesto de autos -explica- el señor Lezcano percibió el resarcimiento de la ley especial que la aseguradora de riesgos puso a su disposición, encontrándose por ende impedido de accionar por la vía civil, puesto que en esta hipótesis no hay "renuncia" porque la reparación integral no es más que un derecho "en expectativa" que no se ha consolidado ni está reconocido.
Aduce que si después de cobrar la indemnización tarifada -como ocurrió en la especie- los trabajadores tuvieran expedita la vía del derecho común, se estaría permitiendo una acumulación de sistemas reparatorios, aun admitiendo la irrenunciabilidad de las prestaciones sistémicas que se erige como una cobertura de mínima. Claramente, concluye, en este caso rige la opción y, ejercida la acción tarifada, la común no puede reclamarse.
Afirma, además, que esta Suprema Corte se pronunció por la validez constitucionalidad del mentado art. 4 de la ley 26.773 en las causas L. 121.011, "F., E." (sent. de 19-IX-2019) y L. 120.826, "Pennone" (sent. de 18-VIII-2020).
II.2. En otro orden, se agravia de la atribución de responsabilidad civil en los términos del art. 1.074 del anterior Código velezano.
En ese sentido, manifiesta que el tribunal de grado omitió considerar la pericia técnica producida en la causa, la cual dio cuenta de la profusa actividad de prevención de riesgos desplegada por La Segunda Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. en el establecimiento del empleador afiliado, habiendo efectuado visitas y asesoramiento los días 23 y 28 de marzo de 2013, esto es, pocos días antes de la ocurrencia del accidente de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes el actor reclama.
Dice que la sola circunstancia de que el trabajador haya sufrido daños como consecuencia de un infortunio laboral no autoriza a responsabilizar a la aseguradora de riesgos del trabajo por incumplir los deberes de prevención y vigilancia a su cargo, habida cuenta que tampoco se ha logrado demostrar en autos la necesaria existencia de nexo causal entre tales omisiones y el perjuicio padecido.
II.3. Finalmente, objeta el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo en crisis. Y ello, por considerar que el juzgador se apartó sin fundamento alguno del sistema especial de baremos que resulta de inexorable aplicación en la materia, debiéndose en el caso limitar el porcentual de incapacidad resarcible al 65%, tal como lo indicó el perito médico en su informe.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, última parte, de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.446, "Roca", sent. de 1-XI-2021; L. 124.422, "Hecker", sent. de 10-XI-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
III.2.a. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.b. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tal aspecto de la impugnación habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.c. Aclarado ello, estimo que la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina legal esta que, aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde sea dejada de atender (causas L. 121.330, "Esquivel", sent. de 11-III-2020; L. 121.422, "Galvan", sent. de 17-VI-2020; L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022; e.o.).
En tales condiciones, habré de reiterar -en lo pertinente- los conceptos expuestos al emitir mi opinión en aquella oportunidad.
III.2.c.i. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie, la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O., 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el transito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propó
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.