Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.947, "El Popular S.A.I.C. c/ Municipalidad de Olavarría. Demanda Contencioso Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
I. El Popular S.A.I.C., plantea demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Olavarría con el objeto de obtener: i) la anulación del art. 3 de la resolución 589/99 de la Secretaría de Gobierno de la comuna demandada; ii) la anulación de las imposiciones mensuales liquidadas por el municipio a su respecto en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) por "...los meses de septiembre a diciembre de 1999 y las que subsiguieron ya en virtud de las nuevas ordenanzas cuestionadas en la causa Nro. I. 2213 que tramita ante esta Corte" (fs. 78 vta.); iii) el reconocimiento de su condición de "no gravada" con relación a aquel tributo por los períodos 1999/2000, por aplicación del art. 7 de la ordenanza general 209/77 (v. fs. 78 vta., en particular punto 4); y iv) la declaración de nulidad de todos los actos que fueron emitidos en instancias administrativas hasta aquel que la agotó, habilitando la interposición de la acción en sede judicial.
Sostiene, en síntesis, que no debe pagar la TISH porque le resulta aplicable la desgravación prevista en el art. 7 de la ordenanza general 209/77, norma que a su entender responde al derecho a la libertad de prensa que dice consagrado en los arts. 13 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 78/95 vta.).
II. Corrido el traslado de ley, se presenta la Municipalidad de Olavarría, contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 128/145).
III. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 107), producida la prueba ofrecida por las partes, glosados los cuadernos respectivos y los alegatos presentados aquellas (v. fs. 243; 245/247 y 248/250) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la pretensión anulatoria?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Municipalidad demandada se opone al progreso de la acción por entender que resulta inadmisible en los términos del art. 28 inc. 4 de la ley 2.961. Sostiene que ello es así por encontrarse en trámite la causa I. 2.213, "El Popular S.A.I.C.", en tanto versa sobre las mismas normas y derechos a los que refiere el escrito de inicio de estas actuaciones.
Por otro lado, expone que la demanda resulta extemporánea, pues fue introducida vencido el plazo de treinta días previsto por el art. 13 de la citada ley, computado desde la notificación a la actora del decreto 95/00 del Departamento Ejecutivo comunal. Apoya su tesitura en considerar que tal es el decreto que contiene la liquidación tributaria resistida, de manera que a él -y no al 97/00, emitido por el Concejo Deliberante- refieren los agravios y planteos desarrollados en el escrito de inicio.
Postula que la demanda debe rechazarse in limine toda vez que sus argumentos no se dirigen de manera explícita a impugnar las ordenanzas 2.340/98 y 2.341/98 -fiscal y tarifaria, respectivamente- vigentes durante los períodos involucrados, sino que refiere a otras normas de la misma naturaleza pero que rigieron el ejercicio fiscal posterior.
En la misma línea, dice que la acción es inadmisible porque la actora omite impugnar los preceptos que definen al tributo involucrado, limitándose a objetar aquellas disposiciones que tuvieron por derogada la ordenanza general 209/77 y cambiaron la situación en que se encontraba frente a la TISH.
II. Corrido traslado de las objeciones formales reseñadas (v. fs. 146), la actora les dio respuesta requiriendo su desestimación (v. fs. 151/153 vta.).
III.1. En primer lugar, corresponde recordar que este Tribunal ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004 y posteriores).
El actual ordenamiento ritual armonizó sus disposiciones con las del antecedente y estableció en forma expresa lo señalado por el Tribunal en algunos de sus precedentes, de modo tal que su aplicación a las causas de la competencia transitoria se halla condicionada a su compatibilidad con la jurisdicción atribuida por aquel precepto supralegal a esta Suprema Corte de Justicia (art. 78 inc. 3, CCA).
En la especie, al tiempo del traslado de la demanda (16-II-2000, v. fs. 176 y vta.) el régimen legal vigente obedecía al sistema de la ley 2.961 (arts. 39, 40 y sigs.). Siendo ello así, como las defensas formales opuestas a la pretensión de la actora se dedujeron una vez transcurrido el plazo de quince días de notificada la demanda, corresponde abordarlas en esta oportunidad (arts. 39 y 40, cits.; 78 inc. 3, CCA; doctr. causas B. 63.451, "Bazzano", resol. de 29-IX-2004 y B. 61.518, "Epelde", resol. de 9-III-2005).
III.2. Antes de avanzar en el análisis de las objeciones formales opuestas, debe precisarse que solo corresponde abordar en detalle las referidas a la extemporaneidad y a los defectos en la postulación de la demanda, mas descartar en lo inmediato aquella según la cual se encontraría configurado en la especie el supuesto contemplado en el art. 28 inc. 4 de la ley 2.961, en cuanto impide el trámite de la pretensión anulatoria cuando existiese "otro juicio pendiente sobre los mismos derechos a que se refiere la demanda contencioso-administrativa".
Ello así, toda vez que de la causa I. 2.213, "El Popular S.A.I.C.", en la cual la aquí actora había planteado la inconstitucionalidad de los arts. 2 de la ordenanza fiscal 2.460 y 40 de la ordenanza impositiva 2.461 de la Municipalidad de Olavarría, no solo no se verifica una exacta correspondencia en el objeto litigioso sino que, además, fue resuelta por esta Corte el 24 de noviembre de 2010, rechazando la demanda por hallarla formalmente inadmisible (doctr. causa B. 58.389, "Ditinis", sent. de 29-XII-2003).
Por tales motivos, en el caso, no se registra la subsistencia de otro proceso pendiente de solución que verse sobre los mismos derechos reclamados en estas actuaciones; a la vez que tampoco puede predicarse que la sentencia de este Tribunal referida en el párrafo anterior haya pasado en autoridad de cosa juzgada material respecto de los planteos de inconstitucionalidad, ni de la pretensión anulatoria que aquí se intentan hacer valer.
III.3.a. Debe tratarse, entonces, el planteo del municipio según el cual la acción habría sido interpuesta de manera extemporánea.
III.3.a.i. La demandada postula que la acción fue articulada una vez vencido el término de treinta días previsto en el art. 13 de la ley 2.961. En ese sentido, sostiene que corresponde computar dicho plazo desde la notificación a la actora del decreto 95/00 del Departamento Ejecutivo comunal -y no desde la notificación del decreto 97/00 emitido por el Concejo Deliberante-, dado que ese es el acto que contiene la pretensión fiscal cuya procedencia, en definitiva, la actora aspira a poner en crisis.
Cabe precisar sobre este punto que el Tribunal ha resuelto que es de aplicación el art. 78 del Código Contencioso Administrativo, que dispone: "En todos los casos en que el presente Código otorgue plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplicarán estos a los procesos anteriores a su entrada en vigencia" (inc. 2); "En las causas regidas por el art. 215, segundo párrafo de la Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente código, en cuanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia..." (inc. 3).
De tal modo, en mérito a lo expresado, el nuevo Código de la materia deviene aplicable a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto sus normas resulten compatibles con la jurisdicción asignada a este cuerpo (causa B. 64.996, cit. y posteriores).
Es por ello que este aspecto del caso debe entenderse regido por el art. 18 inc. "a" del Código Contencioso Administrativo, en cuanto establece un plazo de noventa días para la promoción de la demanda cuando, como en autos, se pretende la anulación de actos administrativos de alcance particular, el que se computará a partir de la fecha de notificación al interesado del acto definitivo y que agota la instancia administrativa (conf. causa B. 64.669, "Rocha", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
III.3.a.ii. Sobre la base de lo expuesto, corresponde concluir en primer lugar que la demanda fue promovida fuera del plazo legal en lo que respecta a la impugnación dirigida contra el decreto 95/00 del Departamento Ejecutivo -que rechazó el recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio, interpuesto por la actora contra la liquidación de la TISH- (arts. 18 inc. "a" y 78 inc. 2, CCA; causas B. 64.996; B. 64.669, cits.; e.o.).
Ello es así por cuanto tal acto fue notificado a esa última el día 21 de febrero de 2000 (conf. fs. 181, causa I. 2.213, "El Popular S.A.I.C." que tengo a la vista), mientras que la demanda fue articulada en fecha 11 de septiembre de 2000 (v. fs. 78/95 vta.). Lo que deja en claro lo extemporáneo de su interposición con respecto a esa decisión administrativa, pues ya habían transcurrido más de noventa días hábiles judiciales desde la notificación del citado decreto.
II.3.a.iii. Distinta es la situación en lo que concierne al decreto 97/00 del Concejo Deliberante, por el cual se desestimó la petición de El Popular S.A.I.C. de que tal órgano interpretase las normas en juego y declarase la inaplicabilidad a su respecto de la tasa de inspección cuestionada en autos.
Es que tal decisión fue notificada a la interesada el día 17 de julio de 2000 (v. fs. 1 y 152 vta.) y, como se indicó en el punto anterior, el escrito de inicio de esta causa judicial fue presentado en fecha 11 de septiembre de 2000 (v. fs. 78/95 vta.; art. 18 inc. "a", CCA; causas B. 64.996; B. 64.669, cit.; e.o.).
En este supuesto, pues, corresponde considerar formalmente admisible la pretensión.
III.3.b. Por otro lado, la demandada postula que el escrito de inicio adolece de serios defectos de fundamentación, ya que los argumentos allí expuestos solo se hallan dirigidos a resistir la pretensión fiscal expresada en la liquidación de la tasa ratificada por el Departamento Ejecutivo mediante el decreto 95/00.
Sostiene que ello obliga a reputar que el objeto de la presente acción consiste en la impugnación del citado acto, resultando irrelevante la circunstancia de que se haya de estimar articulada en plazo respecto del decreto 97/00 del Concejo Deliberante.
Entiendo que no corresponde admitir tal oposición.
Es que, al contrario de lo sostenido por el municipio, lo cierto es que el desarrollo argumental efectuado por la actora en sostén de su demanda se dirige contra ambos decretos citados. A la vez, el conjunto de las razones que ofrece -especialmente las vinculadas a su condición frente al tributo y la inaplicabilidad a su respecto de las normas que lo prevén- resultan atinentes a la crítica de los dos actos.
Por tales motivos, la presente objeción debe ser desestimada.
III.3.c. El mismo temperamento cabe adoptar con relación a la defensa según la cual la actora no ha fundado suficientemente su pretensión, por dirigir el embate contra ordenanzas diferentes a las que regían el período fiscal correspondiente a la liquidación del gravamen que, según sostiene, se encuentra discutida.
Ello es así, por dos motivos:
Por un lado porque, como surge del punto I del relato de los antecedentes, entre otras pretensiones la actora requiere la anulación de las liquidaciones de la TISH durante los meses de septiembre de 1999 a marzo de 2000, así como el reconocimiento de su condición de "no gravada" con relación a aquel tributo en esos mismos períodos (conf. fs. 78 vta.). De modo tal que sostener que en autos solo se encuentre en discusión la liquidación de la TISH efectuada por períodos correspondientes al año 1999 es incorrecto, tal como surge de la lectura del propio escrito de inicio de estas actuaciones.
Por otro lado, porque las ordenanzas 2.460/99 y 2.461/99 (fiscal y tarifaria para el año 2000, respectivamente) contienen disposiciones de igual redacción a las ordenanzas 2.340/98 y 2.341/98 (fiscal y tarifaria con vigencia para el ejercicio 1999, respectivamente). De manera que, en el contexto de la impugnación precisado en los párrafos anteriores, resulta razonable considerar que los planteos de la actora invocan agravios emanados de cualquiera de las citadas normas.
Es que, siendo ello así, sus construcciones argumentales tienden, en último término, a objetar preceptos idénticos y a sostener la inexigibilidad de la TISH a su respecto.
Esta consideración conduce también a descartar la objeción formal de la demandada fundada en la pretendida ausencia de una crítica directa a las normas que estructuran el tributo cuestionado en sus diferentes elementos. Tal cosa, pues los motivos en los que la actora funda su postulación tienden a sostener la vigencia de un precepto que la dejaría fuera del campo de imposición de la TISH de modo expreso. Aquellos planteos cuya ausencia se le achacan serían, así, inconducentes para avalar su pretensión y, en todo caso, útiles o necesarios en respaldo de alegaciones de otro orden que la actora no trae.
En razón de las consideraciones expuestas, estos planteos defensivos tampoco merecen favorable acogida.
III.3.d. A lo anterior cabe agregar simplemente que la solución adoptada se ve asimismo recomendada por la vigencia del principio favor actionis (doctr. causas B. 51.979, "Choix", sent. de 21-VI-2000; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 64.657, "Decorfort", resol. de 22-X-2003 e I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; e.o. y CSJN Fallos: 311:689; 312:1017; 312:1306; e.o.), que se halla comprendido en la amplia regla de accesibilidad jurisdiccional emanada del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Atento al desarrollo anterior, corresponde hacer lugar parcialmente al planteo obstativo al progreso de la acción formulado por la demandada, admitiendo únicamente la excepción relativa a la extemporaneidad de la impugnación del decreto 95/00 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Olavarría (v. punto III.3.a.). Eso implica rechazar el resto de las objeciones formales opuestas y considerar admisible la acción respecto de la impugnación del decreto 97/00 del Concejo Deliberante de esa comuna.
Con ese alcance, voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3 in fine , CCA).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora pide que se declare la improcedencia de la pretensión del Municipio de Olavarría de exigirle el pago de la TISH, por revestir la condición de "no gravada" en ese tributo (v. fs. 78 vta.).
En cuanto es pertinente destacar, sostiene que la aplicación a su respecto de la tasa mencionada no corresponde, pues se encuentra fuera de la órbita de imposición por reunir las condiciones previstas en el art. 7 de la ordenanza general 209/77, según el cual "Las actividades de impresión, edición, distribución y venta de diarios, periódicos y revistas y las ejercidas por emisoras de radiotelefonía y de televisión, no estarán gravadas con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene".
Argumenta que, aunque fue dictada por autoridades no democráticas, la norma transcripta se encuentra vigente al no haber sido expresamente derogada por disposiciones posteriores.
Arguye que no es correcto considerar que la falta de previsión de un precepto análogo o de una dispensa de pago similar posterior, emitido por las autoridades legítimamente constituidas, haya dejado sin vigor aquel mandato, pues ello importaría validar una derogación tácita que es insostenible.
Destaca que "Casi ningún diario en la República Argentina (creemos que ninguno) abona la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. El Popular SAIC [...] por la causal de no gravabilidad de la actividad, nunca debió abonarla en sus 100 años de existencia pública y notoria" (fs. 80 vta.). Manifiesta que la pretensión fiscal avanza indebidamente sobre un "legítimo derecho adquirido" (fs. 83 vta.).
Plantea que la aplicación del tributo cuestionado violenta el derecho a la libertad de prensa consagrado en el art. 13 de la Constitución provincial y desatiende la obligación estatal de promover la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, prevista en el art. 36 de ese mismo plexo (v. fs. 78/95 vta.).
Refiere haber iniciado ante este Tribunal la causa I. 2.213, "El Popular S.A.I.C. contra Municipalidad de Olavarría. Inconstitucionalidad arts. 2, Ordenanza Fiscal n° 2450 y 40, Ordenanza Impositiva n° 2461", con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las normas tributarias locales en las que se funda la aspiración recaudatoria comunal en concepto de TISH, por el ejercicio correspondiente al año 2000.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Olavarría requiere el total rechazo de la pretensión.
Postula que los arts. 13 y 36 de la Constitución provincial, cuya violación alega la parte actora, no componen un régimen de inmunidad fiscal de las actividades vinculadas a la prensa. Asevera que los derechos emergentes de aquellos preceptos no son absolutos, sino que se hallan sujetos a las condiciones legales de su ejercicio.
Repara en que el establecimiento de la TISH es el resultado del ejercicio de las facultades tributarias de la comuna de modo que, no encontrándose acreditado que la pretensión de cobro de ese tributo resulte irrazonable ni entorpezca el desarrollo de la actividad de la firma demandante, sus planteos de inconstitucionalidad deben ser rechazados.
Por otro lado, expresa que el art. 7 de la ordenanza general 209/77 no puede considerarse vigente ni aplicable en los períodos objeto de la causa. Afirma que ello es así pues tal precepto, emanado de poderes de facto , fue tácitamente derogado por el gobierno constitucional toda vez que, desde el restablecimiento de la democracia, "...todas las ordenanzas fiscales e impositivas tipificaron el hecho imponible y los sujetos obligados al pago de la tasa de seguridad e higiene, sin ningún tipo de eximiciones ni beneficios para las empresas periodísticas" (fs. 138).
Asegura que la circunstancia de gozar de la pretendida dispensa en otros municipios y el hecho de haberse beneficiado de ella durante un largo período de tiempo dentro de la misma comuna, no conforman argumentos por sí mismos suficientes para sostener la inconstitucionalidad de la pretensión fiscal tal como se lo hace (v. fs. 128/145).
III. De las constancias de la causa se extraen los siguientes elementos de interés para el abordaje de las cuestiones planteadas:
III.1. Mediante resolución 589/99, de fecha 17 de agosto de 1999, la Municipalidad de Olavarría concedió la habilitación de las instalaciones edilicias ubicadas en la calle Vicente López n° 2.626 de esa ciudad, a nombre de "El Popular S.A.I.C.", para el desarrollo de la activ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.