Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63072
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.072, "González Pomar Quaglia SA contra Municipalidad de Florencio Varela. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
I. La empresa González Pomar Quaglia S.A., a través de su apoderado, interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Florencio Varela a fin de que se le abone el saldo adeudado por honorarios profesionales de proyecto y dirección de la obra "Hospital Municipal Mi Pueblo", por la actuación llevada a cabo a raíz de un contrato celebrado en el año 1986.
El pago de dichos honorarios fue reformulado por las partes, a través de un convenio suscripto el 29 de agosto de 1990 en el que se acordó la rescisión del primigenio acuerdo que las uniera.
Expresa que este último acuerdo fijó de manera definitiva los derechos de su mandante como así también las obligaciones de la demandada y que, a través del art. 5, la Municipalidad dejó constancia de que efectuaría los pagos cuando la Provincia de Buenos Aires le remitiera los fondos (v. fs. 47 vta.).
Indica que esos estipendios profesionales fueron abonados parcialmente por la comuna en los años 1990 y 1991 pero que, no obstante ello, un importante porcentaje permanece impago por motivos ajenos a su parte.
Ofrece prueba, solicita el beneficio de litigar sin gastos, pide imposición de costas a la demandada y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a través de su apoderado la Municipalidad de Florencio Varela, quien afirma que en el mes de julio de 1990 el municipio, debido a su grave situación financiera, comunicó al Ministerio de Salud de la Provincia que los profesionales autores del proyecto del Hospital Materno Infantil "Mi Pueblo", quienes estaban a cargo de la dirección de obra, habían prestado su conformidad para rescindir el contrato de dirección si se les abonaba el 3,6% del monto de obra actualizado, con lo que quedaría también cancelada la suma de honorarios por el proyecto (v. convenio celebrado el 29-VIII-1990).
Destaca que en ese acuerdo se había dejado "...expresa constancia que el cumplimiento del mismo quedaba supeditado a la remisión de fondos para atender las obligaciones contraídas, por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, siendo dicho Ministerio el responsable financiero de la obra..." (v. fs. 284).
Manifiesta que "...la suma así convenida fue remitida por la Provincia en dos partidas..." en los meses de octubre y noviembre de 1990 y que estas fueron percibidas por la firma actora, refiriendo que "...solo quedaba por saldar la actualización de la suma originalmente pactada..." y que en función de ello, el Ministerio remitió los montos que la comuna abonó en distintas oportunidades entre los meses de marzo a julio de 1991.
Señala que en el mes de agosto de ese mismo año, la actora reclamó al municipio otra actualización de esos honorarios impagos, conforme el referido acuerdo celebrado el 29 de agosto de 1990 y acompañó una liquidación.
Agrega que, luego, se sucedieron distintos reclamos y contestaciones entre ambas partes, como así también comunicaciones al Ministerio de Salud de la Provincia, en las que solicitó a este último "...que asuma la obligación oportunamente aprobada librando los fondos respectivos para satisfacer el reclamo formulado..." con relación al pago del saldo de honorarios y se enviaron las actuaciones a dicho Ministerio. Expresa que luego, la actora continuó su reclamo ante ese órgano provincial.
Pone de relieve que la resolución dictada por el Ministerio en la que este concluyó que no le correspondía hacer frente a la deuda, debió ser recurrida por la demandante en sede administrativa tras considerar que resultaba ser presupuesto antecedente y necesario a la interposición de demanda (v. fs. 286). En consecuencia, plantea la inadmisibilidad formal por falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda postulando la improcedencia de la pretensión.
Sostiene que el convenio suscripto el 29 de agosto de 1990 entre esa comuna y la firma que promueve la demanda fue libremente pactado y aceptado por esta última y que, en ningún momento, fue cuestionado por los actores, ni aún la cláusula en que se expresa que su cumplimiento quedaba supeditado a la remisión de fondos por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Asegura que el municipio, a medida que recibió los fondos de parte de la Provincia, efectuó los pagos según lo estipulado (v. fs. 287 y vta.).
Aclara que si lo que pretendía la demandante era ejecutar el convenio debió haber modificado la decisión administrativa del Ministerio de Salud -referida previamente- en la que resolvió que no le correspondía hacer frente al saldo adeudado, o en su defecto, haber desvirtuado o impugnado el art. 5 del convenio que condicionaba los pagos. Nada de ello fue objeto de discusión en la presente acción.
Se opone a que se conceda el beneficio de litigar sin gastos solicitado, al igual que a distintos puntos de pericia propuestos en la demanda.
Ofrece prueba y pide la citación en carácter de tercero del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, indicando que este es el responsable financiero del emprendimiento que fuera llevado a cabo. Por último, solicita que se rechace la demanda con costas.
III. A fs. 298 la parte actora contesta el traslado respecto a la falta de agotamiento de la vía administrativa y el pedido de citación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en carácter de tercero tras sostener que no existe vínculo jurídico con esa dependencia, dado que el contrato administrativo y su recisión fueron firmados por su parte y la Municipalidad demandada, que es la única legitimada pasiva pues la Provincia no fue parte y no pudo ser demandada al no existir vínculo jurídico con ella.
Pide que se declare la inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12.008 y se condene en costas a la demandada (v. fs. 298/304).
IV. A fs. 308 esta Suprema Corte citó a la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) en carácter de tercero.
En ese sentido, a fs. 315 se presenta la Fiscalía de Estado, delimitando el alcance de su intervención, tras destacar que las presentes actuaciones se circunscriben a analizar si los pagos efectuados por la comuna fueron o no cancelatorios del compromiso asumido por esta en el convenio de fecha 29 de agosto de 1990 "...suscripto única y exclusivamente entre la Municipalidad demandada y los actores...".
Subraya que la Provincia no ha sido parte de dicho acuerdo y que no existe entre esta última y la actora vínculo contractual u obligacional alguno (tal como lo predicara la actora).
Aclara que el hecho de que el Ministerio de Salud haya aportado fondos para el desarrollo de obras, no la convierte en parte de la relación jurídica sustancial y que ello no se ve alterado por el hecho de que el municipio -por sí mismo- haya condicionado el cumplimiento del acuerdo a que la Provincia le remitiera fondos, dado que -reitera- no fue parte en dicho acuerdo.
A todo evento, plantea litispendencia, sostiene que la misma actora con fecha 28 de agosto de 2000 inició los autos caratulados "Gonzalez Pomar Quaglia SA c/ Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Florencio Varela s/ cobro ordinario de pesos", y que dicha acción habría sido promovida a fin de interrumpir el plazo de prescripción de la acción, pero sin embargo no tuvo movimiento por lo que le resta esos efectos y plantea la prescripción de la acción aquí entablada.
Subsidiariamente, opone la aplicación de la ley 23.928 que establece el 31 de marzo de 1994 como fecha límite para la actualización de las diferencias reclamadas por la parte actora. Y, para el caso de que se desconocieran las actuaciones que señaló como fundamento del planteo de litispendencia, solicita que sean requeridas.
V. A fs. 341/345 el señor Mario Ernesto Quaglia se presenta y denuncia que el señor Juan Pablo Quaglia le ha cedido el 15% del importe que le corresponda percibir de todos los créditos que por obras realizadas se tengan pendiente de pago de las municipalidades de Tres de Febrero y Florencio Varela.
VI. A fs. 349 la parte actora contesta la presentación efectuada por la Fiscalía de Estado, planteando la improcedencia de la excepción de litispendencia tal como fuera opuesta y, de manera subsidiaria, la contesta refutando que concurra la triple identidad que legalmente se exige para su configuración.
Rechaza también la excepción de prescripción, tras apuntar que surgen acreditadas diversas manifestaciones y exteriorizaciones claras y concretas de la voluntad de mantener vivo el derecho a reclamar la deuda cuyo cobro se intenta a través de la presente acción.
VII. Surge de fs. 369 que se procedió a la reconstrucción del primer cuerpo de la presente causa, así que agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas, glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 382/418 -actora- y 419/517 -demandada-) y los alegatos presentados por las partes (v. presentaciones electrónicas de fecha 11-V-2022 -demandada-; 16-V-2022 -tercero citado- y 20-V-2022 -actora-), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Tal como surge de los antecedentes, la comuna, al contestar la demanda, plantea que la actora no ha cumplido el requisito de agotamiento de la instancia administrativa previsto en el art. 28 inc. 1 del Código Varela, pues dice que no acreditó haber recurrido en sede administrativa la resolución del Ministerio de Salud, dictada el 24 de julio de 1998, en la que se resolviera "Rechazar el pedido de actualización del saldo de los honorarios del proyecto y de dirección técnica de la obra 'Ampliación y Remodelación Hospital Municipal Mi Pueblo' de Florencio Varela, solicitada por la firma Gonzalez -Pomar - Quaglia, Arquitectos S.A...", resolución que le habría sido notificada el 27 de agosto de 2001.
En ese sentido señala que, en el escrito inicial, la actora dejó expresa constancia de que "...no obstante no ser parte ante el Ministerio de Salud, mi representada ha de recurrir los términos del acto administrativo en razón de su error y a fin de no consentir el criterio allí expuesto..." (fs. 48 y 286 vta.).
I.2. Corrido el traslado de ley, la demandante niega que resulte aplicable al caso la ley 2.961 y sostiene que el proceso sub examine se rige por la ley 12.008.
Postula que resulta innecesario el agotamiento de la vía administrativa respecto a la resolución del Ministerio de Salud en razón de que la Provincia no es parte demandada en autos. Seguidamente destaca que la demanda contra la Municipalidad de Florencio Varela que origina la causa, fue iniciada con motivo de la configuración del silencio administrativo.
II.1. Al responder la citación como tercero, la Fiscalía de Estado plantea las excepciones de litispendencia y prescripción de la acción.
II.1.a. Con relación a la primera esgrime como fundamento lo manifestado por la propia actora, en orden a que con fecha 28 de agosto de 2000 interpuso demanda por cobro de pesos correspondiente a la misma deuda cuyo pago reclama en autos y que dio lugar a la causa 226.022 caratulada "Gonzalez Pomar Quaglia SA c/ Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Florencio Varela s/ cobro ordinario de pesos", de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 13 del Departamento Judicial de La Plata.
Apunta que en la demanda se afirma que dicha causa fue iniciada a fin de interrumpir el plazo de prescripción de la acción y que no resulta admisible que idéntica pretensión (cobro de pesos) sea planteada mediante dos acciones diferentes, pues no puede admitirse jurídicamente que sobre una misma causa exista más de una sentencia, aun coincidiendo ambas en la decisión.
II.1.b. A todo evento, señala que el desistimiento de la demanda con la que se intentara interrumpir el curso de la prescripción determinó que dicho acto procesal no pudiera provocar el aludido efecto (art. 3.987, Cód. Civ., ley 340).
En consecuencia, plantea subsidiariamente la excepción de prescripción de la acción entablada por haber transcurrido el plazo al que está sometido el ejercicio de la acción por incumplimiento contractual (arts. 3.956 y 4.023, Cód. Civ.). Apunta que el título de la obligación que origina la deuda reclamada en autos es de fecha 29 de agosto de 1990 y que la demanda recién fue iniciada el 29 de agosto de 2001.
II.2. La actora, al responder el traslado, refuta la litispendencia planteada por la Provincia de Buenos Aires indicando que la defensa fue interpuesta fuera del plazo legalmente establecido en el art. 35 del Código Contencioso Administrativo -ley 12.008, texto según ley 13.101- y, por otro lado, destaca que el art. 347 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial que entiende aplicable al caso en forma subsidiaria, exige para su tratamiento que se haya acompañado "el testimonio de demanda del juicio pendiente" bajo sanción de no darse tratamiento a la excepción.
Agrega que, para el supuesto de que se tratara dicha excepción, resulta improcedente por no acreditarse la triple identidad que exige la ley procesal para su configuración. Suma a ello que, si bien el proceso iniciado en el fuero civil y comercial, podría cumplir con la identidad de partes, fue iniciado con el "...preciso y único objeto de interrumpir cualquier eventual prescripción que pudiera encontrarse corriendo" a diferencia del presente que, tiene como objeto el de reclamar sumas que la Municipalidad adeuda.
En cuanto al planteo de prescripción alega que el plazo fue interrumpido, habiéndose realizado diversas manifestaciones y exteriorizaciones claras y concretas de la voluntad de mantener vivo el derecho a reclamar la deuda objeto de autos.
Subrayó que fue el propio accionar de la comuna demandada el que retrasó el avance del expediente. Por ello afirma que la interposición de la defensa de prescripción vulnera el principio de buena fe.
III. Ahora bien, la oposición a la admisibilidad de la demanda no prospera.
III.1. A través de la resolución de fecha 31 de agosto de 2005 este Tribunal declaró aplicable al caso el Código Contencioso Administrativo -ley 12.008, texto según ley 13.101- y en ese marco ordenó el traslado de la demanda a la Municipalidad de Florencio Varela (v. fs. 119).
De tal modo, la falta de agotamiento de la instancia administrativa, la litispendencia y la prescripción invocadas por la demandada y la tercera citada, se encuentran regidas por lo previsto en el art. 34 de ese cuerpo legal, según el cual el planteo de excepciones de previo y especial pronunciamiento debe ser efectuado dentro de los primeros quince días del plazo previsto para contestar la demanda (inc. 1).
No existe en ese régimen, luego de transcurrido dicho término, la posibilidad de articular excepciones (salvo la prescripción y la falta de legitimación para obrar) que, con independencia de la naturaleza del planteo, pueden ser tratadas como cuestión previa en la sentencia, a diferencia de la regulación contenida en los arts. 41 y 63 del anterior Código procesal -ley 2.961-.
Así, resulta evidente que la situación configurada en el presente caso difiere de aquellos en los que este Tribunal no había declarado la vigencia operativa de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- al momento en que fueran opuestas las excepciones (conf. causas B. 63.451, "Bazzano Geovial SRL", resol. de 29-IX-2004; B. 59.979, "M. H.", sent. de 28-XI-2007; e.o.). Estos actuados se encuentran regidos por las disposiciones del último cuerpo normativo dado que ha sido aplicado en oportunidad de declararse habilitada la instancia y conferirse el traslado de la demanda, es decir, desde un momento procesal anterior a la articulación de las defensas formales ahora bajo estudio (cfr. doctr. causa B. 67.581, "Gatti", sent. de 31-V-2021).
De ello se sigue que, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 de la ley 12.008, texto según ley 13.101, corresponde desestimar la objeción introducida en el escrito de contestación de la demanda en relación con la falta de agotamiento de la instancia administrativa, con la que la demandada pretende volver sobre una cuestión ya precluida relativa a la admisibilidad de la pretensión (conf. doctr. causas B. 64.313, "Compañía Financiera Argentina S.A.", sent. de 9-V-2012; mi voto en B. 64.227, "Bruguieri", sent. de 10-VIII-2016 y B. 64.675, "Albano", sent. de 14-VI-2017).
Por la misma razón, tampoco atañe efectuar un nuevo análisis de oficio de aquellas condiciones, pues de lo contrario, la tramitación del juicio podría sufrir permanentes avances y retrocesos sin que fuera posible definir en un momento cierto cuál es el caso que el juzgador debe resolver (conf. causa B. 60.219, "Galván", sent. de 9-XII-2009).
Por otro lado, más allá de que la comuna reprocha a la actora que no recurrió la resolución del Ministerio de Salud 2.886/98, se advierte que, como fuera indicado en el escrito inicial y como expresamente indicó la Provincia en su presentación, dicho órgano no fue demandado.
Surge del propio convenio suscripto el 29 de agosto de 1990, cuyo cumplimiento es reclamado en esta causa, que el Ministerio de Salud no tuvo allí intervención alguna, tal como también evidencian los considerandos de la mencionada resolución 2.886/98.
Por ello, si bien lo hasta aquí dicho resulta suficiente para desestimar la inadmisibilidad de la demanda opuesta por la Municipalidad de Florencio Varela, corresponde puntualizar que el agotamiento de la instancia administrativa en jurisdicción provincial -tal como ha sido invocada por la comuna demandada- no resulta exigible, toda vez que la demanda ha sido interpuesta solo contra la aludida comuna a efectos del cobro del saldo de honorarios adeudado en el marco del convenio celebrado el 29 de agosto de 1990 entre la Municipalidad demandada y la empresa actora (conf. arts. 12, 14 y 16, ley 12.008).
III.2. La excepción de litispendencia tampoco prospera.
Dicho planteo no cumplió los recaudos exigidos por la ley -que fueran señalados en el punto anterior- para su consideración como tal, y al haber sido opuesto por la citada en carácter de tercero al contestar la demanda, no cabe sino su rechazo (arts. 34 apdo. 1 y 35 apdo. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Además se advierte que con relación a la causa caratulada "González Pomar Quaglia SA c/ Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Salud y Municipalidad de Florencio Varela s/ cobro de pesos" invocada como fundamento de la litispendencia planteada, solo se puede afirmar que fue iniciada el 28 de agosto de 2000 ( www.mev.scba.gov.ar ). Pues, pese a que fuera ofrecida como prueba, finalmente no fue activada su producción; de este modo, no existen constancias que permitan acreditar el tenor de la demanda, su objeto, como tampoco lo actuado en dicho proceso, en consecuencia, esta circunstancia también obsta la procedencia de esta excepción (arg. art. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 347 inc. 2, CPCC).
III.3. Sentado ello, incumbe ingresar al análisis de la defensa de prescripción que fue introducida por la Provincia de Buenos Aires, con carácter subsidiario al planteo de litispendencia. Tal como lo señalé anteriormente, el Código Contencioso Administrativo -ley 12.008, texto según ley 13.101- admite su planteo en oportunidad de contestar la demanda (art. 35 apdo. 2).
III.3.a. La Fiscalía de Estado opuso la prescripción decenal contemplada en el art. 4.023 del Código Civil -ley 340- considerando que el acuerd
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