Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67498
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 67.498, "A., J. contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud , Torres , Kogan , Maidana , Natiello.
I. El señor J. A., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación (en adelante, DGCyE) a efectos de que se declare la nulidad de la resolución DGCyE 3.834/03, dictada el 29 de agosto de 2003 en el expediente administrativo 5802-1794553/97. A través de este acto el Director General de Cultura y Educación revocó la resolución DGCyE 4.161/01 por la que se le había aplicado la sanción de descenso de jerarquía y, en sustitución, decidió su exoneración.
Como consecuencia de la nulidad pretendida, solicita su reincorporación a los cargos de Director de la Escuela de Educación Media n° 13 (en adelante EEM n° 13) y de Profesor de las Escuelas de Educación Media n° 4 (en adelante EEM n° 4) y n° 15 (en adelante EEM n° 15).
Además, reclama que se fije una indemnización por el daño material y moral que aduce haber sufrido con motivo de la segregación de los cuadros escolares.
II. A fs. 257/261 el actor amplía los fundamentos de la demanda, reitera el pedido de declaración de nulidad de la resolución DGCyE 3.834/03 y pide expresamente que se devuelva la vigencia de la resolución DGCyE 4.161/01.
III. A fs. 297/302 el Tribunal, por mayoría, denegó la medida cautelar solicitada.
IV. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad del acto cuestionado y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 324/336).
V. A fs. 339/340 se presenta la señora S. M. H., cónyuge supérstite del actor, denunciando su fallecimiento ocurrido el 14 de junio de 2011. Posteriormente, a fin de tomar intervención en autos, se presentan los hijos del matrimonio: R. S., F. J., R. N. y P. A. A., este último representado por su madre, los cuatro en el carácter de legítimos herederos del actor (v. fs. 342 y 344).
VI. Agregadas -sin acumular- las fotocopias certificadas de las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora (v. fs. 350/430) -único formado- y el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 443/445), declarado por perdido a la parte actora el derecho que tenía de alegar sobre el mérito de la prueba, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Con qué alcance se debe indemnizar el daño material?
3ª) ¿Corresponde indemnizar el daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Relata el actor que se desempeñó como docente en la Provincia de Buenos Aires durante treinta años y que en el último tiempo ejerció el cargo de Director de la EEM n° 13 y de Profesor en las EEM n° 4 y 15, y en la Escuela de Educación General Básica n° 19, todas del distrito escolar Moreno.
Asevera haberse conducido siempre correctamente, con respeto hacia sus alumnos y la comunidad educativa, actuando de conformidad con lo dispuesto en la normativa sectorial.
Reconoce haber organizado durante 3 años "lecciones-paseo" con los educandos de las EEM nº 4 y 13. Detalla que los tres viajes fueron realizados a la localidad de El Nihuil, en la provincia de Mendoza, siguiendo el procedimiento establecido en la reglamentación vigente para tales eventos.
Apunta que el último viaje que organizó fue en el año 1997, con los alumnos de tercer año de la EEM n° 4 de Moreno. Agrega que los alumnos de quinto año de las EEM n° 4 y 13, conocedores del viaje realizado por sus compañeros el año anterior, lo consultaron sobre El Nihuil y las posibilidades de viajar allí, su costo, etcétera. Destaca que no ignoró la inquietud de los jóvenes y, entendiendo que merecían ser ayudados, se comprometió a reservar las cabañas -sin mediar entrega de dinero alguno- durante el viaje que comenzaría con tercer año en esos días.
Con relación a los alumnos de la EEM n° 13, aclara que les explicó que la institución no realizaría el viaje como lección-paseo. Precisa que les comunicó que la escuela no iba a autorizarlo como tal y, por ende, no gozarían de la justificación de inasistencias.
Continúa narrando que los egresados de la EEM n° 13 lograron "con la ayuda de unos y otros" concretar su viaje de fin de año, sin mediar la institución escolar en la organización. Asevera que los alumnos que concurrían a la EEM n° 13 y sus padres sabían que no se hacía responsable la Escuela por dicho viaje y que ningún adulto los acompañaría. Subraya que en la planificación no obró como Director de la EEM n° 13.
Apuntala que fue en tales circunstancias que partieron los alumnos de la EEM n° 13, juntamente con los alumnos de la EEM n° 4 quienes, a diferencia de los primeros, sí lo hacían como lección-paseo y eran acompañados por dos profesoras.
I.2. En lo que interesa al caso, dice haber tomado conocimiento acerca del hecho luctuoso ocurrido durante ese viaje, en el que el alumno Sebastián Bordón desapareció y luego fue hallado sin vida, por intermedio de las docentes de la EEM n° 4 y luego por el padre del menor. Dice que frente a las circunstancias no dudó en viajar para colaborar. Y aclara que no lo hizo en su rol de Director, sino simplemente como "ser humano".
Manifiesta que, pese a que en todo momento alertó que la Escuela no organizaba el viaje, que no se trataba de una lección-paseo y que los padres sabían que sus hijos viajarían solos y sin apoyo de la institución, la DGCyE lo apartó del cargo de Director para luego, por resolución DGCyE 4.161/01, descenderlo de jerarquía. Agrega que en razón de que dicho acto no fue notificado, nunca adquirió firmeza.
Remarca que, con posterioridad, el 29 de agosto de 2003, mediante resolución 3.834/03, la DGCyE decidió anular la resolución anterior y aplicarle la sanción de exoneración.
Refuta que la primigenia resolución DGCyE 4.161/01 que dispuso una sanción menor poseyera los vicios que le atribuye la autoridad administrativa revocante. Afirma que en ella se habían expuesto detalladamente las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho.
Le endilga a la resolución DGCyE 3.834/03 errores de gravedad, dado que a su entender le imputa hechos y circunstancias falaces, con fundamento en las cuales decide finalmente su expulsión. Pide que se declare su nulidad por haberse ejercido la potestad anulatoria habiendo transcurrido ya dos años de emitido el primigenio acto regular, en forma arbitraria y sin basamento legal o lógico. Reclama, por ende, que se restablezca la vigencia de la resolución DGCyE 4.161/01, por la que solamente se lo despojó de su jerarquía de Director.
Acota que contra la resolución DGCyE 3.834/03 interpuso recurso de revocatoria que fue desestimado mediante resolución 4.923/03. Añade que durante el trámite recursivo interno se omitió el dictamen jurídico de la Asesoría General de Gobierno. Además, cuestiona la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos por no basarse en pruebas concretas. Critica que -sin fundamento- aluda a que "los docentes incumplieron su rol como responsables de Sebastián Bordón" y allí se solicite aplicar la sanción de exoneración.
Impugna el acto sancionatorio, también, por omitir considerar las declaraciones testimoniales de los padres de alumnos de la EEM n° 13 de Moreno, diciendo haberles repetido "...una y otra vez que dicho viaje no era una lección paseo, que los menores irían solos, que la Escuela no organizaba nada".
Pone absolutamente en duda que exista un nexo causal entre su conducta y la muerte del alumno Bordón. Interpreta que el trágico episodio se debió -directamente- al accionar de asesinos, todo lo cual -dice- no debe confundirse con su desempeño docente.
Denuncia violada la garantía al debido proceso durante la tramitación del sumario administrativo disciplinario. Se queja de que no se lo escuchó ni se valoraron las pruebas que aportó. Entiende que existió una evidente parcialidad en su contra.
I.3. Subsidiariamente, plantea que el acto incurre en exceso de punición.
Para el supuesto que se considere que ha habido responsabilidad de su parte, solicita que se deje sin efecto la exoneración por desproporcionada, arbitraria e irrazonable.
I.4. Reclama que se fije una indemnización por el daño material y moral que, según aduce, la sanción impugnada le irrogó.
Destaca el grave perjuicio que implicó el dejar de percibir sus salarios y hace notar que posee una familia con hijos en edad escolar. Asegura haber tenido que vender bienes para poder mantenerse, además de verse compelido a pedir dinero prestado a familiares y amigos. Acota que hasta la interposición de la demanda no pudo conseguir otro trabajo.
Con relación al daño moral, expresa el sufrimiento padecido por aparecer su nombre en los medios de comunicación, desacreditándolo y afirmando su responsabilidad por los hechos acontecidos, circunstancia que -asegura- involucró a toda su familia.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado sostiene que el obrar administrativo no merece reproche de ilegitimidad alguno.
II.1. Manifiesta que la exoneración aplicada al actor encuentra fundamento legal y razonable en la reglamentación vigente, considerando las circunstancias comprobadas durante el sumario administrativo.
Precisa que la disposición 179/97 le endilgó al docente A. lo siguiente: "...organizar presuntamente el viaje de egresados de los alumnos de la Escuela de Educación Media n° 13 y la lección paseo de la Escuela de Educación Media n° 4, faltando al cumplimiento de la obligación de seguridad para garantizar la preservación de la vida y el resguardo de la incolumidad de los alumnos demostrando con ello una conducta negligente o imprudente en su accionar como Director de un servicio educativo configurando con ello presunta transgresión a los artículos 6 incisos a), b) c) e) f), g) de la ley 10.579 y la circular de la Subsecretaría de Educación sobre Lecciones Paseo...".
Recalca que en las actuaciones administrativas existen pruebas suficientes de las que surge que el docente no solo organizó y colaboró con la organización del viaje -ya sea formal o informalmente-, sino que también, siendo Director (personal jerárquico) de la Escuela n° 13 y sabiendo que sus alumnos irían sin el acompañamiento de un adulto responsable, permitió que las cosas siguieran adelante, confiándole la guarda a docentes de otro establecimiento y recomendándole a los choferes de los micros que "cuidaran" a los alumnos del suyo.
Dice que las circunstancias antes apuntadas demuestran acabadamente la legitimidad del obrar administrativo en punto al incumplimiento de la obligación de seguridad del docente necesaria para garantizar la integridad física de los alumnos, dando cuenta con ello de una conducta negligente o imprudente como Director de un servicio educativo, configurando de esa manera la violación de los deberes previstos en el art. 6 del Estatuto del Docente.
Por otra parte, refuta que la DGCyE haya incurrido en exceso de punición, puesto que la sanción de exoneración estaba dentro del catálogo de posibilidades y además resultó ajustada a las circunstancias: tanto a las faltas imputadas como a la importancia de la función docente en el caso.
II.2. Con relación al agravio esbozado por el actor respecto a que en un primer acto se le impuso la -más leve- sanción de descenso de jerarquía, para luego de la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos revocarlo y aplicar en su lugar la exoneración, afirma que al no estar notificado el primero -la resolución DGCyE 4.161/01- y verificada su irregularidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 113 del decreto ley 7.647/70, la Administración gozaba de amplias facultades para revocarla por sí y ante sí. Máxime cuando ni siquiera había tenido principio de ejecución.
Destaca que de los dictámenes que precedieron al dictado de la resolución impugnada en autos se desprende que el acto administrativo dejado sin efecto no solo vulneraba el principio de congruencia, sino que también poseía vicios en sus elementos esenciales, entre ellos la motivación, la causa y el objeto.
En otro orden, niega la aplicación al caso de lo previsto en el art. 117 del decreto ley 7.647/70, justamente, por no haber sido notificada la resolución DGCyE 4.161/01. Se explaya diciendo que no se consolidó en cabeza del actor algún derecho que pudiera haberse visto vulnerado con la revocación efectuada, ni se violó la equidad o lo prescripto por las leyes. Desconoce que el tiempo transcurrido entre una y otra resolución sancionatoria haya podido producir efectos que impidan el ejercicio de la potestad revocatoria.
Explica además que, con la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos, el Director General de Cultura y Educación fue advertido de las implicancias internacionales que del caso podían derivarse, cuestiones estas que habían sido omitidas en el acto anterior y que merecían a todas luces ser consideradas.
Aclara que el actor, luego de la intervención de la mencionada dependencia, pudo ejercer su derecho de defensa, mediante la interposición del recurso de revocatoria contra la resolución DGCyE 3.834/03.
II.3. Por último, plantea la improcedencia de la pretensión indemnizatoria.
Con cita de doctrina de este Tribunal y con fundamento en la falta de prestación efectiva de servicios, refuta que sea procedente el pago de los salarios caídos desde que se le aplicó al actor la sanción de exoneración.
Informa también que aquel cesó en el cargo docente el 13 de junio de 2004 a fin de obtener la jubilación ordinaria y detalla que, a la fecha de la contestación de la demanda, el estado del beneficio figuraba como vigente. Frente a esta situación propone que, en caso de proceder la indemnización, ella no podría ir más allá de la fecha mencionada y que no procedería la reincorporación reclamada.
Advierte, por otro lado, que la demanda fue iniciada el 12 de diciembre de 2003 y recién se dio traslado para contestarla el 11 de junio de 2011. Tratándose de una demora de casi ocho años, y siendo que la carga de impulso correspondía a la parte actora, solicita que en el supuesto de prosperar la pretensión indemnizatoria se excluya ese período de inactividad de la liquidación a practicarse.
Con respecto al daño moral cuya indemnización se pretende, señala que su existencia no se encuentra acreditada de modo cierto, por lo que no es un daño jurídico y en consecuencia, no es resarcible.
III. De la prueba producida en autos, resultan los siguientes hechos relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Copia certificada del expediente administrativo 5802-1794553/97:
III.1.a. Por disposición 178 de fecha 10 de octubre de 1997, la Subsecretaria de Educación ordenó la instrucción del sumario administrativo disciplinario al Director J. A. y a otras dos docentes, a fin de deslindar la responsabilidad que les pudiere caber con relación a los hechos ocurridos durante el viaje a la localidad mendocina de El Nihuil que efectuaron los alumnos de las EEM n° 4 y 13 del distrito escolar Moreno, y que culminaron con la desaparición y fallecimiento de un alumno de la EEM n° 13. En este mismo acto se dispuso el relevo de sus funciones, por lo que pasarían a prestar servicios en la Secretaría de Inspección de Moreno (v. fs. 75/76). Esto último se corresponde con la situación de revista del actor informada el 5 de marzo de 2001 (v. fs. 796).
III.1.b. Mediante disposición 179 de 16 de octubre de 1997 la Subsecretaria de Educación amplió la orden de instrucción de sumario dejando constancia de que el cargo endilgado al Director A. refería a "organizar presuntamente el viaje de egresados de los alumnos de la Escuela de Educación Media n° 13 y la lección paseo de la Escuela de Educación Median n° 4, faltando al cumplimiento de la obligación de seguridad para garantizar la preservación de la vida y el resguardo de la incolumidad de los alumnos demostrando con ello una conducta negligente o imprudente en su accionar como Director de un servicio educativo. Configurando con ello presunta transgresión a los arts. 6 inc. a), b), c), e), f), g) de la ley 10.579 y la Circular de la Subsecretaría de Educación sobre Lecciones Paseo" (v. fs. 12/17, alc. 5).
III.1.c. A través de la resolución DGCyE 4.161 de fecha 26 de septiembre de 2001, el Director General de Cultura y Educación decidió aplicar la sanción de descenso de jerarquía al docente J. A., Director de la EEM n° 13 de Moreno, de acuerdo con lo previsto en el art. 132 apartado II, inc. "f" de la ley 10.579. Ello fue así, por considerar que en el desempeño de su cargo había incurrido en falta grave de acuerdo con la prueba producida y lo dictaminado por el Tribunal de Disciplina (v. fs. 824/831, exp. adm. cit., 4° cuerpo). Dicho acto no fue notificado al interesado y, en ese estado, el 10 de febrero de 2003, se remitieron las actuaciones a la Jefatura de la Región IV (Moreno) "...a los fines que hubiere corresponder" (fs. 832, exp. adm. cit., 4° cuerpo). Elevados luego a la DGCyE, se dejó constancia del archivo de una copia de la resolución, aclarándose que ella no había sido notificada a los interesados (v. fs. 833).
III.1.d. El Secretario de Derechos Humanos se dirigió, por nota, al Director General de Cultura y Educación (lo que originó el alcance 5 del expediente que se relata y fue agregado a fs. 835) para hacerle saber las inquietudes de la familia del alumno fallecido durante el viaje a El Nihuil "...acerca de la situación disciplinaria [...] del Director J. A...." y "...manifestarle la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires con respecto a dicha cuestión".
II.1.e. El Tribunal de Disciplina consideró que no correspondía una nueva intervención del cuerpo dado que, con las opiniones vertidas en las oportunidades anteriores, "...se ha agotado la misma en el carril procedimental..." (fs. 837, exp. adm. cit.).
III.1.f. La Dirección de Coordinación Legal y Técnica, llamada a intervenir con motivo de la presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos, propició la anulación de la resolución 4.116/01 y aconsejó, excediendo el planteo del aludido organismo, la aplicación de una sanción expulsiva para el Director A. (v. fs. 839/843, exp. adm. cit.).
III.1.g. La Subsecretaría de Educación, adhiriendo a las formulaciones de la Auditoría General, remitió el expediente al Director General, quien luego de expedirse en el sentido de que correspondería aplicar a los tres docentes implicados la sanción de exoneración, envió las actuaciones en consulta a la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 845, exp. adm. cit.), organismo que tras manifestar que "...se encuentran cumplidos todos los recaudos y diligencias pertinentes que hacen al debido proceso legal...", dijo que estimaba "...que corresponde al señor Director General de Cultura y Educación meritar la sanción a aplicar en cada caso..." (fs. 842).
III.1.h. Finalmente, el 29 de agosto de 2003, el Director General de Cultura y Educación dictó la resolución DGCyE 3.834, por medio de la cual anuló la resolución DGCyE 4.161/01 y aplicó la sanción de exoneración al docente A. con fundamento en los arts. 6 incs. "a", "b", "c", "e", "f" y "g" y 132 inc. "h" de la ley 10.579 (v. fs. 848/849, exp. adm. cit.). Dicho acto fue notificado al interesado el 19 de septiembre 2003 (v. fs. 857).
III.1.i. El 3 de octubre 2003, el docente A. presentó recurso de revocatoria contra aquel acto, impugnación que fue desestimada por resolución 4.923/03 (v. fs. 865/867).
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