Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57694
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 57.694, "RADA SA contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Obras y Servicios Públicos). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Genoud , Kogan .
I. La empresa RADA S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) y solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 238 y 155 dictadas por el Ministro de Obras y Servicios Públicos con fecha 24 de julio de 1995 y 20 de agosto de 1996, respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados se desestimó el reclamo efectuado por la actora en su carácter de contratista de la obra "Desagües pluviales en la ciudad de Carmen de Patagones", con relación a las liquidaciones efectuadas en los certificados de obra y de variaciones de costos del tercer y cuarto trimestre de 1986. La referida resolución 155/96 rechazó por improcedente el recurso de revocatoria intentado por la firma demandante contra la anterior.
Asimismo, impugna la resolución 104/85 dictada por el Ministro de Obras y Servicios Públicos el 27 de febrero de 1985 por la que se aprobaron "los números Índices definitivos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1.984, aplicables a los contratos regidos por el decreto ley 8.781/77 y la resolución 114/80 para el reconocimiento de variaciones de precios".
Pide que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión de la ejecutoriedad de los aludidos decretos.
Requiere, también, que se declare la inaplicabilidad del decreto nacional 1.096/85 y del decreto provincial 4.269/85.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, reclama que se condene a la demandada a abonarle las diferencias resultantes de las variaciones del costo del cemento Portland (índice M24) correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 1986, perteneciente a la obra antes mencionada, además de las originadas por aplicación del desagio en los certificados correspondientes a los mismos períodos y obra. Todo con actualización monetaria desde que los respectivos importes se devengaron y hasta el efectivo pago, con más intereses y costas.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado y contesta la demanda. Con fundamento en que el obrar administrativo se ha ajustado a los preceptos legales aplicables en la materia y que los actos cuestionados no padecen vicio invalidante alguno que torne procedente su anulación en esta instancia, pide el rechazo de la acción.
Ofrece prueba y, de conformidad a lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, manifiesta desinterés en la pericial ofrecida por la actora. Formula reserva de caso federal.
Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 95), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 188/452) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 454/463 -actora- y 464/465 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La actora afirma que de la comparación de las tablas de índices aprobados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de las resoluciones 104/85 (cuarto trimestre/84 de origen de obra), 1.069/86 y 143/87, con las listas de precios de la empresa Loma Negra que acompaña a la demanda, se advierte que, para la determinación en su origen del índice M24, los precios del insumo en bolsa de 50 kg de 3 hojas, en fábrica de Olavarría, correspondieron al pago a treinta días de facturación, en lugar de tomar precios de contado. Ello, según afirma, en violación de la metodología dispuesta por el decreto reglamentario 1.329/78 y la resolución 114/80.
Asevera que, conforme la normativa aplicable, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos debió tener en cuenta la "variación del precio de contado" consultando exclusivamente a la mencionada firma Loma Negra por tratarse de una empresa dominante. Precisa que hasta el mes de abril de 1984 se utilizó este procedimiento y que, por razones que desconoce, fue dejado de lado. Entiende que este cambio metodológico que, según afirma, fue implementado al margen de las normas reglamentarias vigentes, produjo una elevación injustificada en el índice M24 correspondiente al período indicado.
Subraya que hasta la lista de precios 234 del 27 de marzo de 1984, Loma Negra estableció que sus condiciones de comercialización regían desde el 16 de septiembre de 1983 indicando que los precios eran netos por pago a treinta días desde la fecha de la factura y que gozaban de una bonificación del 16% por pago contado.
Agrega que a partir de la lista 235 del 11 de abril de 1984 los precios consignados eran por pago a treinta días de fecha de factura, no incluyendo ninguna otra condición de venta. Dice que, a su criterio, constituye un error grave considerar que Loma Negra, a partir de dicha lista 235, fijó como única forma de pago a treinta días, sin cotizar precios por pago de contado o descuento alguno. Además, señala que ello hubiera impedido que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos utilizara la metodología dispuesta en las resoluciones 114/80 y 4/81 a los fines del reconocimiento de variaciones de precios.
En este punto explica que el art. 2 de la resolución 10/83 de la Secretaría de Comercio Interior prohibía introducir modificaciones en las condiciones de venta que regían a la fecha del acto (12-XII-1983), momento en el cual -afirma- Loma Negra ya había establecido un descuento del 16% por pago contado que no podía modificar y debía seguir aplicando. Continúa relatando que esta modalidad se mantuvo hasta que por resolución 1.011 de 7 de noviembre de 1984 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se liberó el precio y las condiciones de venta del cemento. Señala que, en su consecuencia, a partir de su lista de precios 253 del 10 de diciembre de 1984, modificó las condiciones de venta estableciendo precios por pago contado.
Precisa que desde el 16 de septiembre de 1983 hasta el 10 de diciembre de 1984 las listas emitidas por Loma Negra indicaron siempre precios por pago a treinta días de la fecha de la factura y un descuento del 16% por pago contado.
Manifiesta que considerar que Loma Negra, durante un período caracterizado por un agudo proceso inflacionario hubiera fijado igual precio para el cemento Portland según fuera comprado al contado o a treinta días de factura es incurrir en un absurdo. Agrega que tal ligereza en la apreciación de los elementos que tuvieron que considerar los órganos técnicos hizo incurrir a las resoluciones dictadas en su consecuencia en el vicio de arbitrariedad por ausencia de razonabilidad.
Impugna la resolución 104/85 por considerarla arbitraria en atención a que su objeto, según afirma, resulta absurdo y contrario a las reglas de la lógica y a la metodología impuesta por el decreto reglamentario 1.329/78 y resolución 114/80. Añade que no tuvo en cuenta antecedentes para decidir sobre las variaciones del índice M24 cuya consideración, a su criterio, era inexcusable. Acota que resulta alejada de la realidad y quebranta las normas reglamentarias.
De otro lado, cuestiona las resoluciones del Ministro de Obras y Servicios Públicos 238/95 y 155/96 en cuanto se encuentran motivadas y fundadas en las variaciones de los índices M24 determinadas por las resoluciones 104/85, 1.069/86 y 143/87, arrastrando de tal suerte sus mismos vicios de arbitrariedad y falta de causa o motivación. Acota que estos actos deben ser dejados sin efecto en tanto son actos definitivos por los cuales se da aplicación a otros antecedentes que adolecen de vicios graves pasibles de nulidad absoluta.
Agrega que las mencionadas resoluciones 238/95 y 155/96 son anulables por esgrimir como argumento para desestimar su reclamo, el supuesto conocimiento que la empresa podría haber tenido respecto a la variación de los índices. En este sentido afirma que cualquier eventual conocimiento presuntivo no impide ni invalida posteriores reclamos que se puedan formular luego de puestos al descubierto los vicios no manifiestos del acto administrativo comparando las tablas de índices aprobados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con las listas de precios de Loma Negra.
Alega que no puede exigírsele la sujeción a actos administrativos ilegítimos, pues más allá de estos, al momento de formular su oferta debió tener en cuenta los procedimientos y la metodología que para la variación de costos determinaban las normas vigentes. Señala que realizó su oferta de acuerdo a los precios de contado vigentes a la fecha de la licitación por lo que las correspondientes variaciones debían determinarse durante la ejecución de la obra, comparando los índices entre la fecha de ejecución y licitación, siempre sobre la base de precios de contado para determinar el cálculo fehaciente de los números índices que establecía la resolución 4/81.
Manifiesta que como consecuencia de haberse abandonado por resolución 104/85 la mecánica ordenada por el decreto 1.329/78 y las resoluciones 114/80 y 4/81 para la determinación del índice M24, se produjo un incremento del 26,155% de dicho índice base.
Realiza los cálculos correspondientes y concluye que en mayo y junio de 1985 el cemento se pagó un 26,55% menos que lo que realmente varió.
Con relación al cálculo de la liquidación del precio del cemento para el tercer y cuarto trimestre de 1986 dice que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos mantuvo el criterio establecido en la resolución 114/80 (Anexo I) y decreto 1.329/78, tomando el precio por pago al contado del cemento en bolsa Loma Negra de su fábrica de Olavarría. De ahí que explica que al mantenerse constante el índice básico M24 y el precio cotizado a fecha de la licitación, la totalidad del cemento incorporado a la obra durante estos trimestres fue abonado con una quita del 26,155% de su real valor. Agrega que ello se traduce en un arbitrario incremento del índice base, lo que trae como consecuencia un reconocimiento en la variación del precio disminuido en igual porcentaje durante toda la obra.
Se agravia, también, de que las resoluciones que determinaron las variaciones del M24 no fueron publicadas en forma fehaciente por lo que sostiene que carecen de efectividad. Afirma que esta circunstancia no se subsana con la notificación individual que pudiera haberse realizado a la parte interesada.
Por otra parte, sostiene que la intervención que pudo tener la Cámara Argentina de la Construcción en la confección de los índices M24 no la obliga, por no poseer mandato expreso o implícito alguno para ejercer su representación legal.
En síntesis, afirma que los valores definitivos del índice M24 determinados por las resoluciones 104/85, 1.069/86 y 143/87, respecto al período de origen de la obra y a los comprendidos en el tercer y cuarto trimestre de 1986 no resultaron representativos de la real evolución de los costos. Dice que en la práctica el sistema se volvió contra su finalidad y dejó de significar un reconocimiento equitativo de la variación del costo del cemento Portland, contrariando lo dispuesto en el art. 55 de la ley 6.021 modificada por el decreto 8.781 y su decreto reglamentario 1.329/76 y las resoluciones 114/80 y 4/81 (MOSP).
Postula que cuando el reconocimiento de los mayores costos que preservan la remuneración del contratista y las fórmulas previstas para ello juegan en forma imperfecta frente a la realidad de los hechos demostrados y uno de esos índices (M24) no se comportó adecuadamente con el verdadero precio existente, procede la reparación económica por las diferencias para que no se agrave aún más la alteración sufrida en la ecuación económica financiera del contrato.
I.2. En otro orden, cuestiona las resoluciones 238/95 y 155/96 en cuanto desestiman el reclamo formulado por el descuento efectuado en el pago de certificados de obra por aplicación del decreto nacional 1.096/85 y el decreto provincial 4.269/85.
Alega que tales disposiciones normativas resultan inaplicables en la especie. Afirma que tuvieron por finalidad crear un signo monetario nuevo; terminar con la inflación y evitar injustificadas traslaciones de riquezas mediante la aplicación del desagio a las obligaciones de dar sumas de dinero que contengan o hubieran contenido fuertes expectativas inflacionarias.
Explica que los contratos de obra pública no contienen obligaciones dinerarias sino de valor. Agrega que lo que se debe en la obra pública no es una cantidad de dinero establecida desde su origen, sino un valor que compensa la prestación cumplida por el particular y que resultará del cómputo de obra realizado en función de sus costos reales. Aclara que el contrato al que refiere la presente acción no contiene "expectativas inflacionarias" habida cuenta de que no existe "agio" previsto ab initio . Por ello sostiene que no corresponde el desagio.
Asevera que la aplicación de los decretos 1.096/85 (nac.) y 4.269/85 (prov.) produjeron un quebrantamiento de la ecuación del contrato, haciéndole perder no solo las ganancias razonablemente derivadas de las condiciones originarias del contrato sino también parte de su patrimonio.
Calcula la disminución que sufrió, por aplicación del desagio establecido en los mencionados decretos, en los montos de diversos ítems del contrato de obra. Precisa que el valor adquisitivo de las sumas convertidas (aplicación de la escala del art. 4 de los decs. 1.096/85 y 4.269/85), a la fecha en que debieron efectuarse los pagos era inferior al que hubiera correspondido al capital nominal de haberse mantenido el proceso inflacionario en niveles similares a los imperantes al momento de la celebración del contrato.
Sostiene que el decreto nacional 1.096/85 como su reglamentación local dispuesta por decreto 4.269/85 resultan ilegítimos pues producen los siguientes efectos en su aplicación: a. vulneran derechos adquiridos; b. violan lo pactado por las partes; c. violan el principio de igualdad licitatoria en forma retroactiva; d. violan el derecho de propiedad al obligar a la actora a recibir menos cantidad de moneda que la ya incorporada a su patrimonio; e. violan la libertad de contratación al interferir en las relaciones contractuales; f. producen un enriquecimiento sin causa del Estado deudor (comitente) y el correlativo empobrecimiento del contratista.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado, manifiesta que el obrar administrativo se ha ajustado a los preceptos legales aplicables en la especie y que los actos cuestionados no padecen vicios invalidantes que tornen procedente la anulación pretendida por la parte actora.
II.1. Primeramente, niega que la autoridad administrativa se haya apartado de las disposiciones legales para calcular el índice del cemento Portland (M24) para el mes de la licitación de la obra a que refieren estos autos (noviembre de 1984).
Asevera que la autoridad de aplicación al determinar el M24 tanto de noviembre de 1984 como de los meses posteriores a abril de ese mismo año, se ajustó a lo establecido en el art. 55 del decreto reglamentario de la ley 6.021 y en las resoluciones 114/80 y 4/81 como así también a la información que a tal efecto suministró la empresa Loma Negra.
Refuta que la mencionada norma de la ley 6.021 refiera al "precio de contado". Afirma que alude a "precio de contrato" y explica que tal "es el que resulta del correspondiente análisis de precios incluido en la oferta".
Coincide con la actora en que Loma Negra S.A. hasta la lista de precios 234 consignaba los precios del producto en cuestión manteniendo las condiciones de pago que estaban vigentes desde el 16 de septiembre de 1983. Agrega que el 11 de abril de 1984 emitió la lista de precios 235 en la que estableció los precios a partir de esa fecha y modificó las condiciones de pago, dejando sin efecto las bonificaciones por "pago al contado". Destaca además que establece una única modalidad de pago a "30 días fecha factura".
Remarca que el costo tenido en cuenta por la autoridad administrativa fue el único indicado por Loma Negra S.A. Desconoce las listas de precios acompañadas como prueba por la parte actora y niega que coincidan con la documentación oportunamente remitida por dicha empresa al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a los efectos de confeccionar el índice en cuestión.
Asimismo, niega la veracidad y valor probatorio de la documentación correspondiente a la firma Loma Negra acompañada a la demanda.
Agrega que el Ministerio de Obras Públicas, en virtud de la competencia que tiene asignada, mediante resolución 114/80 procedió a establecer parámetros, costos y variaciones para los rubros o insumos que integran el precio final del ítem. A los efectos del cálculo de las variaciones de precios, dispuso que se tendrían en cuenta los índices establecidos por el Ministerio y que en el caso de precios no incorporados a la tabla costo de origen (tal como sucede con el M24), serían determinados por el proponente quien debería establecer el índice para liquidar su variación de costo.
Señala que el precio inicial del insumo a los fines de la determinación de la variación de costos, se establecía teniendo en cuenta tanto el precio ofertado como el índice establecido por el Ministerio el que debía ser señalado por el oferente. Respecto del índice M24 advierte que la lista de precios ya había sido considerada por la autoridad administrativa para confeccionar los índices desde el segundo cuatrimestre de 1984 toda vez que la lista de precios 235 y la modificación de las condiciones de pago operó el 11 de abril de 1984. Subraya que desde el segundo trimestre de 1984 el M24 fue confeccionado del modo que se reprocha en autos. Por ello sostiene que al momento de licitar (noviembre de 1984) la empresa ya tenía conocimiento del índice y de cómo había evolucionado desde abril de ese año (1984). Acota en este sentido que a fin de determinar su propuesta la reglamentación le exigía citar el índice con el cual integraba su oferta.
Considera improcedente el argumento de la empresa en orden a que no estaba en condiciones de conocer inmediatamente la representatividad de los índices.
Afirma que dentro del régimen de derecho público, el contratista es un colaborador de la Administración a quien se le exige un comportamiento oportuno, diligente y activo antes que displicente, ya que no solo está comprometido el interés de la empresa sino también el interés general.
Desde otro lado, razona que si se admitiera que la empresa pudiera cambiar los términos de su oferta sobre la base de que no advirtió oportunamente la inexactitud del índice se afectaría seriamente la garantía de la igualdad de los oferentes en la licitación.
En otro orden señala que las tablas de índices eran supervisadas por la representación empresarial de la Comisión Asesora de Variaciones de Costos que no encontró error alguno en el índice determinado por la Administración.
II.2. Con respecto a la pretensión de declaración de inaplicabilidad del desagio contemplado en los decretos 1.096/85 (nac.) y 4.269/85 (prov.), con cita de doctrina de este Tribunal, afirma que se ha admitido su aplicación cuando la parte interesada no logró demostrar el perjuicio efectivo que el desagio aplicado le ocasionaba y la ausencia de expectativa inflacionaria en los costos de los insumos determinados al ofertar.
En tal marco, asevera que los costos contenidos en la oferta efectuada por RADA S.A. contenían una carga inflacionaria. Precisa que al realizar la oferta la empresa calculó de gasto financiero solamente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.