Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126859
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.859, "Moreno, Marcelo Gustavo contra Grupo Básicos S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 317/331 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 343/396).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Marcelo Gustavo Moreno contra Grupo Básicos S.A., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales; de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; de los resarcimientos previstos en los arts. 53 ter de la ley 11.653 y 1 de la ley 25.323; de la sanción contemplada en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; así como a la entrega de los certificados contemplados en el art. 80 de la ley de fondo citada -texto según ley 25.345- (v. sent., fs. 321/330).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, el recargo indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323; las multas previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013; la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis y la penalidad del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Desestimó, asimismo, la pretensión por la que se procuraba la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561 y 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561).
Para así resolver, en lo concerniente a las multas reclamadas con sustento en la ley 24.013, toda vez que se hallaba desconocida la documental aportada, juzgó no acreditado que la parte actora intimara la regularización de su situación registral, ni que se hubiera cursado la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conforme disponen la mencionada legislación y la ley 25.345.
Con relación al agravamiento indemnizatorio contenido en el art. 2 de la ley 25.323, entendió que quedaba excluido por la indemnización consagrada en el art. 9 de la ley 25.013 aplicada en autos, por abarcar un supuesto idéntico.
En cuanto a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador tuvo por acreditado el cumplimiento del depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social, efectivamente retenidos por el empleador en los períodos comprendidos entre junio de 2005 y mayo de 2006 (v. vered., novena cuestión, fs. 319).
Respecto de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345) entendió el tribunal de origen que la intimación que prevé la norma debe hacerse conforme el art. 3 del decreto 146/01, luego de transcurridos los treinta días desde la finalización del vínculo, plazo que -advirtió- no fue respetado por la parte actora, enervando su procedencia.
Por último, dispuso que a los importes de condena se adicionaran intereses a la tasa pasiva a plazo fijo a treinta días en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el distracto (2 de junio de 2006) hasta el día 19 de agosto de 2008 (fecha de implementación de la tasa pasiva BIP), para luego desde el día posterior y hasta su efectivo pago, se aplicara la tasa que paga a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días.
Para el supuesto de incumplimiento, estableció intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de aplicación y hasta la cancelación de la obligación, siendo comprensivos -dijo- de los previstos por el art. 767 del Código Civil (v. sent., fs. 329 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 7, 289, 296, 519, 520, 521, 522, 622, del Código Civil (hoy, arts. 1.738, 768 y 769 del Cód. Civ. y Com.); 770 del Código Civil y Comercial; 80, 132 bis y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10, 11 y 15 de la ley 24.013; 9 de la ley 25.013; 2 de la ley 25.323; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que, al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales (v. fs. 345).
En este sentido, afirma que los fallos del Máximo Tribunal "...deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. cit.).
II.2.a. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés aplicada por el órgano de origen al capital de condena.
En ese orden, manifiesta que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -sean activas o pasivas- los tribunales inferiores actualmente han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos, cuyo reconocimiento requiere la intervención judicial (v. fs. 347 y vta.).
Aduce que, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos progresistas, estos han sido desvirtuados por esta Suprema Corte, al permitir que aquellos sean desnaturalizados por la inflación (v. fs. 349).
Seguidamente, tras reiterar la inaplicabilidad de la tasa pasiva de interés en los juicios laborales, cita en apoyo de su postura los precedentes S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994) del Máximo Tribunal federal, y afirma que la doctrina emanada de aquellos considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo (v. fs. cit.).
Continúa señalando que la aplicación de la mencionada tasa no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto es muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, la cual -alega- ni siquiera cubre la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo del accionante (v. fs. 349 vta.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (2.395,74%)" e intereses al 25% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral (v. fs. 363 y vta.).
Concluye que la aplicación de tasas fuertemente negativas es un hecho de gravedad institucional, por cuanto despoja al actor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y lo deja durante largos años sin interés alguno, violándose el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 365 y vta.).
A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la confiscación a favor del deudor de los créditos alimentarios del acreedor laboral: i) a través de la indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 23.561 (v. fs. 365 vta./368); ii) la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización mensual de intereses (v. fs. 368/369) y iii) o, en subsidio, fijar el capital de condena a "valores actuales" del bien o servicio objeto del litigio, mediante la aplicación de la doctrina de las deudas de valor (v. fs. 369/371).
II.2.b. Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de los honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora se adecúe al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado (v. fs. 371).
II.3. A su vez, sostiene que el tribunal de origen omitió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 372 vta./378).
II.4. Seguidamente, se agravia del rechazo de la multa del citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que la solución adoptada por el tribunal transgrede la doctrina legal que cita.
Solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, ya que considera que excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, alterando el espíritu de la ley (v. fs. 378/380 vta.).
II.5. También objeta el rechazo de las multas previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013.
El tribunal de grado consideró que la actora no cumplió con la intimación a la demandada a fin de que regularice su situación registral, ni tampoco con la comunicación a la AFIP.
Alega el recurrente que el argumento dado por el juzgador para arribar a aquella definición (a saber: el desconocimiento de la documental aportada por el accionante y la ausencia de correlatividad con prueba supletoria) es absurdo, toda vez que los telegramas son instrumentos públicos que gozan de autenticidad y credibilidad. Cita doctrina legal a tal efecto (v. fs. 380 vta./384 vta.).
II.6. Por otro lado, controvierte el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la pretensión fundada en el art. 2 de la ley 25.323 por considerar que al hallarse sustentada en el mismo hecho que justificó el progreso de la multa prevista en el art. 9 de la ley 25.013 (esto es, el incumplimiento del pago de la indemnización por despido), importaba la imposición de una doble sanción para un único supuesto.
Alega que ambos preceptos se hallan vigentes y no resultan susceptibles de aplicación conjunta.
Adversamente a lo resuelto, denuncia que el sentenciante efectuó una absurda y errónea interpretación de los arts. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; 9 de la ley 25.013 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 385/389).
II.7. Por último, se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que la solución adoptada por el tribunal de trabajo transgrede la doctrina legal que emerge de las causas L. 102.252, "Nervi" (sent. de 11-III-2013); L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013) y L. 109.165, "Contreras" (sent. de 10-XII-2014).
Insiste en señalar que es el empleador quien debe probar el presupuesto de hecho de su defensa, o sea, el efectivo ingreso de los aportes retenidos. En el caso, no solamente los vinculados a los fondos de la seguridad social y obra social, sino también del seguro de vida retenido al trabajador (v. fs. 389/395).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, corresponde efectuar una consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del remedio traído, más precisamente, en lo referido al monto del gravamen esgrimido por el impugnante.
III.1.a. Es menester destacar que, en atención a que los cuestionamientos traídos por el recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas: la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta de valor indeterminado (causas L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 123.665, "Martinez", sent. de 7-III-2022). En cambio, las restantes no superan el umbral para la admisibilidad del recurso, según la cuantía vigente a la fecha de su interposición (art. 278, CPCC, texto según ley 14.141).
III.1.b. Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 119.198, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017) -a las que remito por razones de brevedad-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y especialmente procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré las restantes impugnaciones traídas -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía- en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (causa L. 122.013, cit.; e.o.).
III.1.c. Consecuentemente, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 127.455, "Fernández", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
III.2. En primer lugar, y alterando el orden en el tratamiento de los agravios por razones de conveniencia metodológica, corresponde abordar la crítica dirigida a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
III.2.a. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto III.1., no puede soslayarse que el embate en tratamiento involucra el análisis de una cuestión federal (aquella dirigida a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 3 del dec. 146/01) que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria sin restricciones.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada" y 311:2478, in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado despojado de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.b. Ahora bien, dejando a un lado la opinión que pudiera merecer el examen de constitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, lo cierto es que otros motivos me llevan a acoger el agravio en cuestión, sin necesidad de -eventualmente- juzgar su inconstitucionalidad, acto de suma gravedad considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2011; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 120.743, "Guerrero", sent. de 6-VII-2020; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 126.540, "Rodríguez", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
III.2.c. Surge del pronunciamiento de grado que los magistrados intervinientes tuvieron por acreditado -de un lado- que el accionante intimó la entrega del "certificado de trabajo" (vered., octava cuestión, fs. 319 y telegrama, fs. 30) y -del otro- que la empleadora, recién al contestar la demanda, acompañó los instrumentos (v. fs. 106/110), que -a la postre- resultaron descalificados en el fallo a la luz de las probanzas arrimadas (v. sent., fs. 325).
Sin embargo, el tribunal desestimó el reclamo con sustento en que el trabajador no cumplió con el recaudo temporal establecido en el art. 3 del decreto 146/01.
Tras plantear la inconstitucionalidad del citado dispositivo, el quejoso afirma que el rechazo de la pretensión indemnizatoria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (modif. por la citada ley 25.345) luce desacertada a tenor de la doctrina legal que cita, en la medida en que la accionada incumplió con su obligación de entrega en tiempo oportuno.
III.2.d. Si bien el caso bajo análisis presenta algunos matices particulares, habré de seguir los lineamientos que he fijado al emitir mi voto en la causa L. 119.903, "Fernández" (sent. de 18-IX-2019). Ello, desde que -también aquí- el comportamiento exteriorizado por la accionada canceló la posibilidad de rechazar el reclamo con sustento en que el requerimiento del actor se habría cursado antes de tiempo, que fue lo que en definitiva juzgó el sentenciante al señalar quebrantados los recaudos temporales contemplados en el art. 3 del decreto 146/01. Veamos.
Si bien surge acreditado que en el telegrama de fecha 12 de junio de 2006 (es decir, diez días después de consumada la extinción contractual por decisión directa de la patronal), el trabajador emplazó a su empleadora para que esta le entregue el certificado de servicios y la constancia documentada de aportes y contribuciones; no lo es menos que, independientemente de que aquel no cumpliera con el recaudo temporal previsto en el art. 3 del decreto 146/01, el principal no satisfizo el reclamo peticionado, pues, como claramente puede verificarse, fue recién en oportunidad de contestar la demanda cuando acompañó la supuesta documentación, a pesar de que -en definitiva- no luce idónea, según lo ya expuesto (v. fs. 106/110; escrito de réplica, fs. 123 y vta. y sent., fs. 325).
Resulta evidente, frente al comportamiento desplegado por el principal, quien, para exonerarse de su carga, bien pudo consignar judicialmente la documentación requerida, en lugar de limitarse a ponerla a disposición en el intercambio postal, que aun cuando el dependiente no hubiera respetado el plazo de treinta días que contempla el decreto 146/01, tal circunstancia no puede constituir un obstáculo válido para desestimar la pretensión incoada al respecto, pues traduciría un excesivo rigor formal exculpar al empleador que no demostró en momento alguno (antes, durante o después del plazo previsto en la citada norma reglamentaria) acatamiento a la regla del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -conforme ley 25.345- (v. mi voto en las causas L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014 y L. 117.708
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