Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.427, "Cingolani, Ignacio Héctor contra P apel Prensa S.A.I.C.F. y de M. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó el recurso de revocatoria deducido por la accionada, dirigido a cuestionar la providencia que declaró la extemporaneidad de la contestación de la demanda (v. resolución de fecha 14-IV-2021).
Se interpusieron, por la legitimada pasiva, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-IV-2021), los que denegados por el órgano jurisdiccional de grado (v. resolución de fecha 13-V-2021), fueron concedidos por este Tribunal (v. resolución de fecha 29-XII-2021), al hacerse lugar -por mayoría- a la queja interpuesta (v. presentación electrónica de 26-V-2021), habiéndose rechazado el primero de los nombrados con sustento en el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Ignacio Héctor Cingolani dedujo demanda contra Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., por la que procuraba el cobro de rubros derivados del despido, vacaciones, sueldo anual complementario y daño moral; así como de los incrementos indemnizatorios previstos en el art. 2 de la ley 25.323 y en el decreto de necesidad y urgencia 34/19.
Con fecha 20 de agosto de 2020, el tribunal interviniente confirió traslado de la acción por el plazo de doce días. De igual modo, en atención a la situación de emergencia sanitaria imperante en dicho momento, otorgó la opción a la parte actora de notificarla mediante carta documento del Correo Oficial de la República Argentina. En la providencia dictada, especificó que, en su caso, el plazo para contestar el traslado comenzaría a correr a los cinco días de recibida la misiva, encontrándose a disposición de la accionada tanto las copias de la demanda como de la documentación, en soporte electrónico, en la Mesa de Entradas Virtual (MEV).
A su turno, contestada la demanda por parte de la accionada Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M.; el presidente del tribunal de grado la tuvo por presentada en forma extemporánea, y ordenó su desglose y devolución (v. proveído de fecha 11-III-2021).
I.2. Contra esta última providencia, la demandada dedujo revocatoria (v. presentación de fecha 15-III-2021).
Argumentó que no es cierto que el 2 de septiembre de 2020 hubiera sido notificada del traslado de la demanda.
Expuso que la carta documento no se diligenció en el domicilio denunciado de la calle Bartolomé Mitre n° 739, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que fue entregada al señor Carlos Román, portero del edificio, en un claro incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 141, 338 y 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 141, 339 y 340 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Relató que no debe soslayarse la circunstancia de que la notificación del traslado de la demanda tiene una especial trascendencia en el proceso y, al resultar la generadora de la relación jurídico procesal, la ley la reviste de formalidades específicas que tienden al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso.
Sostuvo que, en virtud del domicilio de la accionada, el diligenciamiento de los actos procesales de traslado y notificación deben efectuarse conforme lo establece la ley 22.172 y las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Con apoyo en ese razonamiento, alegó el incumplimiento, en el caso, de lo normado por el art. 339 de la referida norma de rito, que dispone -según dice- que, si no se lo encuentra al demandado en su domicilio, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y, si tampoco entonces se le hallare, se procederá según prescribe el art. 141 del mismo ordenamiento procesal. Asimismo, precisó que el día 2 de septiembre de 2020 la sede social de la accionada se encontraba cerrada, en razón del aislamiento obligatorio impuesto por el Estado, por lo que al notificar no concurrió al piso tercero, sino que directamente hizo entrega de la carta documento al encargado del edificio, obviando dejar el debido aviso de visita.
Concluyó que dicho instrumento no fue correctamente diligenciado, por lo que la accionada se anotició y tomó conocimiento del mismo recién el día 3 de septiembre de 2020, fecha que solicitó se tuviera por notificado el traslado de la demanda.
En tal sentido, consideró que atento que el responde fue presentado dentro del plazo otorgado en la providencia del 20 de agosto de 2020, debía revocarse la resolución recurrida y tenerse por efectuada en tiempo procesal oportuno.
I.3. El tribunal interviniente rechazó el pedido de reposición.
Para resolver de ese modo, juzgó que la decisión se encontraba ajustada a derecho y que los fundamentos traídos por el recurrente no resultaban aplicables al caso, en tanto la ley 22.172 -según refirió- no regula el supuesto de notificación por carta documento, que fue el medio autorizado conforme lo dispuesto en el art. 16 de la ley 11.653.
Igualmente, puso de resalto que la notificación por esa vía, diligenciada en el presente caso, se efectuó respetando lo dispuesto en los arts. 152 del Código Civil y Comercial de la Nación y 11, inc. 2 de la ley 19.550 referidos al domicilio.
En virtud de lo expuesto, el juzgador resolvió -sin perjuicio de lo argumentado por la accionada respecto del día que recibió la carta documento- tener como fecha cierta de notificación la informada por el Correo Oficial (esto es, el 2 de septiembre de 2020), que, por aplicación de la teoría recepticia, surtió plenos efectos al haber llegado a la esfera jurídica de conocimiento del destinatario (v. providencia de fecha 20-VIII-2020).
II. Contra lo así resuelto, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17, 18 y siguientes de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9, 15, 20, 27, 31, 47, 168, 171 y siguientes de la Constitución provincial; 339, 340, 141 y 144 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 338, 339, 141 y 143 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, manifiesta que existió un apartamiento injustificado de la normativa que regula la notificación del traslado de la demanda, en tanto considera que el tribunal de origen contravino disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial provincial.
Alega que la decisión de confirmar la providencia con arreglo a la cual se consideró que la contestación de la demanda fue presentada fuera de término viola -de modo claro y manifiesto- el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Argumenta que el diligenciamiento de la carta documento se apartó injustificadamente de la normativa que regula la notificación del traslado de la demanda.
Sostiene que la forma de comunicación elegida acarrea un vicio, toda vez que -según explica- se efectuó por el señalado medio de anoticiamiento, en clara contravención con lo dispuesto en el art. 143 del Código Procesal Civil y Comercial, que expresamente lo prohíbe en supuestos como el de autos dirigidos a notificar el traslado de la demanda.
II.2. Se agravia -asimismo- porque se incumplió con la normativa procesal, ya sea por aplicación del código provincial o nacional, que ordena -según relata- que la notificación de la demanda debe ser entregada a la persona del demandado y, si este no se encuentra en el domicilio denunciado, se debe dejar aviso de visita y, solo después de este momento, la norma autoriza a notificarla a una persona distinta.
En esos términos, expone que atento la especial trascendencia que tiene en el proceso el acto de anoticiamiento del traslado de demanda, debe estar sujeto a los principios básicos y fundamentales de su notificación, aun en el supuesto que el medio elegido sea una carta documento y no la diligencie un oficial notificador.
Indica que la comunicación a Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M. no ocurrió el día 2 de septiembre de 2002, sino un día después, en razón de no haber sido entregada tal pieza en su domicilio legal (a saber, Bartolomé Mitre n° 739, Piso 3°, CABA), sino que fue dejada en la portería del edificio y a una persona que no representa a la accionada, ni tiene vínculo jurídico alguno con ella.
Relata que, con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado nacional, la sede de su representada estuvo cerrada y sin concurrencia de persona alguna, por lo que debió -entonces- el notificador, en cumplimiento de las reglas procesales y de los propios lineamientos establecidos por el Correo Argentino, haber dejado aviso de visita o retorno.
II.3. Por último, refiere que en la resolución en crisis se la responsabilizó de los defectos en la notificación de la demanda incoada. Sin embargo -añade- al no surgir de las constancias de la causa ningún elemento que permita afirmar lo sostenido, se configura el supuesto de absurdo.
Alega que el yerro fáctico y jurídico que porta la resolución del juzgador de origen fue considerar que la carta documento estaba correctamente notificada en la planta baja del domicilio denunciado, no configurándose así -según indica- los requisitos necesarios para la procedencia de la presunción establecida en la denominada teoría recepticia, toda vez que al no coincidir ni el domicilio, ni la persona, ello obsta a que pueda considerarse que la accionada tomó conocimiento de la demanda contra ella interpuesta.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, cabe destacar que, a la hora de resolver la queja deducida por la interesada esta Suprema Corte -por mayoría, en la que hube de participar- equiparó a definitiva la decisión bajo censura porque entendió que los cuestionamientos expuestos - prima facie - podían resultar susceptibles de provocar un agravio de imposible reparación ulterior, lo que condujo -en el caso- a excepcionar la regla general.
III.2. Sentado lo anterior, puesto a analizar el remedio interpuesto, considero que el reproche dirigido a refutar la decisión del tribunal de grado que confirmó la providencia del presidente, con arreglo a la cual se juzgó extemporánea la contestación de la demanda con fundamento en el art. 28 de la ley 11.653, no puede tener favorable recepción.
En primer lugar, se advierte que el embate carece de la indispensable denuncia de infracción de la principal norma actuada en la resolución cuestionada, esto es, el art. 16 de la citada ley procesal, sobre la cual se estructuró la decisión de grado que le genera agravio al recurrente; déficit técnico que cierra fatalmente la suerte adversa del embate.
De conformidad con las prescripciones del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, tal exigencia es de insoslayable cumplimiento en el tránsito por ante esta sede extraordinaria, pues esta Suprema Corte no puede suplir de oficio la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022; L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023 y L. 125.434, "Morales", sent. de 20-IX-2023).
III.3. Si bien lo dicho constituye un motivo definitorio para conducir al rechazo de la réplica traída, entiendo que también corresponde señalar que la denuncia de violación del art. 143 del Código Procesal Civil y Comercial, en el marco de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 22.172, no puede tener cabida.
III.3.a. El juzgador de grado sostuvo que si bien es cierto que el dispositivo legal citado en último término establece las formas que deben observarse en las notificaciones por cédula, oficios y mandamientos que deban realizarse en extraña jurisdicción, no lo es menos que nada dice respecto de la carta documento.
Al respecto, observo que el interesado no se ocupa de rebatir -como es menester- la definición que contiene la decisión censurada en lo vinculado con la aplicabilidad y alcances de las prescripciones de la referida ley especial.
En este marco, resulta de aplicación la doctrina legal que determina que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se encarga de desbaratar las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, dejándolas incólumes por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que aquella se asienta (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023).
III.3.b. En otro orden, cobra relevancia destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 de la ley 11.653, las normas del Código Procesal Civil y Comercial (en el caso, su art. 143) son de aplicación supletoria en cuanto concuerden con el sistema de la ley procesal que rige en el fuero laboral provincial.
Y al respecto, ha dicho esta Suprema Corte que la aplicación supletoria de la citada normativa procesal solo procede cuando las disposiciones de ambos regímenes rituales concuerden (causas Ac. 97.089, "Prieto", resol. de 1-XI-2006; L. 114.194, "Seivane", resol. de 18-V-2011; L. 128.155, "Carletti", resol. de 6-XII-2021 y L. 128.471, "Rodriguez", resol. de 23-V-2022), lo que no se exterioriza en este aspecto, donde la citada ley 11.653 contiene una regulación expresa, como sucede para el supuesto del medio de notificación utilizado en autos, admitido para anoticiar el traslado de la demanda.
III.4. Luego, el reproche orientado a poner en evidencia un supuesto incumplimiento en el modo de llevarse adelante la diligencia, que luce emparentado con las consideraciones vertidas en torno al domicilio consignado en el instrumento de notificación, deviene infructuoso.
Ello así, porque se basa en lo dispuesto en las normas adjetivas destinadas a regular la notificación por cedula, y no mediante carta documento.
Luego, toda vez que el aviso de recibo como instrumento que da cuenta de la recepción de este último medio de comunicación está fechado -en efecto- el día 2 de septiembre de 2020 (v. archivo adjunto a la presentación de fecha 5-XI-2020), lo cierto es que -más allá de que la accionada argumenta que fue notificada al día siguiente (esto es, el día 3 de septiembre de 2020)- del sello impuesto en la pieza que acompaña como archivo adjunto al escrito de revocatoria, puede leerse que se trata de un simple ingreso en la "asesoría legal" de la empresa, que -como tal- carece de aptitud para desvirtuar la primera de las fechas aludidas, tenida en cuenta por el juzgador para computar el plazo respectivo con ajuste a lo dispuesto en el art. 16 de la ley 11.653 aplicado al caso, y cuya violación -reitero- no fue invocada por la aquí impugnante (art. 279, CPCC).
Por lo demás, la recepción de la carta documento por el encargado del edificio como elemento de juicio al que se hace referencia en la crítica, no constituye más que una mera manifestación que no encuentra correlato en las constancias objetivas de la causa. Esto último, máxime cuando -sin abrir juicio respecto de su viabilidad- no fue ordenada la producción de prueba respecto de tal extremo, soslayo que -observo- no mereció réplica alguna por parte del ahora recurrente.
Asimismo, cabe señalar, que frente a las motivaciones expuestas por el tribunal de grado para rechazar la revocatoria interpuesta, el interesado desplegó una serie de argumentos (tendientes a demostrar el apartamiento, en el momento de la entrega de la carta documento, de una supuesta reglamentación interna del Correo Oficial de la República Argentina) que se sustentan en conceptos cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora de esta Corte, por no haber sido aquellos sometidos oportunamente a consideración de los jueces de la causa (por caso, al articular la revocatoria contra el auto del presidente).
En rigor, el agraviado pretende ahora rediseñar y renovar el enfoque de su planteo, a través de la introducción de alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.5.a. A esta altura, no es ocioso recordar -a propósito de las citas incluidas en diversos pasajes de la pieza recursiva- que no resulta apta la denuncia de trasgresión de doctrina legal elaborada sobre presupuestos facticos disimiles a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.5.b. Por lo demás, no participa de la naturaleza de doctrina legal a la que se refiere el citado precepto del Código Procesal Civil y Comercial, la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte nacional (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019; L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2022 y L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023), como las que se transcriben a lo largo del escrito impugnativo.
III.6. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales alegadas (causas L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008; L. 118.684, "Meaurio", resol. de 8-VII-2015; L. 118.740, "Martín", resol. de 26-VIII-2015; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018 y L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021), lo que -como se ha visto- no se verificó en la especie.
III.7. Lo dicho abastece la respuesta a la postulación en tratamiento, sin que corresponda ingresar en otro orden de consideraciones, frente a la manifiesta ausencia de aptitud del remedio deducido para desvirtuar las conclusiones definitorias del fallo objetado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas de esta instancia y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Resuelto, por mayoría de opiniones -que no integré- que correspondía abrir la queja planteada por la demandada, y puesto a analizar el recurso interpuesto, adhiero al voto de la doctora Kogan, por compartir sus fundamentos, incluso en materia de costas (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21
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