Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se casa la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado se desprendió del conocimiento de la causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el tramite según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.620, "Cappuccio, Alberto Javier contra Quickfood S.A. Ejecución de convenio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, sin costas (v. pronunciamiento de fecha 20-X-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 5-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de la instancia ordinaria acogió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y ordenó el archivo de las presentes actuaciones, promovidas por Alberto Javier Cappuccio, a fin de ejecutar parcialmente el convenio de rescisión del contrato de trabajo celebrado con su empleador en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. archivo adjunto a la demanda, en fecha 3-III-2021; providencia del 7-IV-2021 por la que se tiene por presentada, en original, la primera copia de escritura pública).
Para resolver, evaluó el contenido de la cláusula octava del documento base de la ejecución, en el que las partes habían acordado que cualquier diferendo que pudiera suscitarse en torno a la aplicación y/o interpretación de los términos y condiciones del convenio, sería sometido a los tribunales ordinarios del fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia de otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.
Frente a ese acuerdo de voluntades y valiéndose de distintos antecedentes jurisprudenciales, el a quo concluyó que la competencia territorial pactada por los litigantes en un asunto de exclusivo contenido patrimonial resultaba procedente (art. 1, CPCC).
A la par, resolvió que los argumentos esgrimidos en contrario por el actor en su escrito de réplica no enervaban la eficacia de la mencionada cláusula, concertada libremente.
En tales términos, por mayoría, hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada y ordenó el archivo de las actuaciones (v. resolución de fecha 20-X-2021).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-XI-2021), en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; 15 y 171 de la Constitución provincial; 63 de la ley 11.653; 3 y 89 de la ley 15.057; 1 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
En sustancia, alega que en forma desacertada los jueces de grado otorgaron validez a la cláusula octava insertada en el acuerdo presentado, admitiendo la prórroga de jurisdicción cuando, por imperio de la ley procesal del fuero laboral, la competencia es improrrogable.
Sostiene que el Código Procesal Civil y Comercial debe aplicarse supletoriamente, en cuanto concuerde con el sistema de la ley ritual del fuero (art. 63, ley 11.653), y no se oponga a ella ni a los principios generales del derecho del trabajo. Indica que idéntica previsión contiene el art. 89 de la ley 15.057.
Expone que la normativa reseñada es por demás clara, en cuanto ordena que se aplique en el proceso laboral solo cuando las reglas que allí rigen posean algún vacío legal o exista alguna cuestión o institución no contemplada al efecto. Indica que, de ningún modo corresponde su actuación, si existe una legislación específica, como la que determina la competencia en el marco del procedimiento laboral.
Censura que la decisión se fundara en el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que -en principio- admitiría la prórroga de jurisdicción, empero solamente para cuestiones de naturaleza patrimonial y de índole civil y comercial.
Puntualiza que las prescripciones de las normas adjetivas destinadas a regular ese aspecto en el proceso laboral son de orden público.
Alega apartamiento de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en el precedente L. 96.266, "Souto" (sent. de 4-II-2009), en cuanto allí se estableció que el ejercicio del "derecho a la triple opción" al que se refiere el art. 3 de la ley 11.653 no puede ser alterado por vía convencional (v. rec., páginas 14/16).
III. El recurso prospera.
III.1. Esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que hallándose en disputa la aptitud jurisdiccional provincial para entender en la causa y -como acontece en la especie- la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, la decisión que admite la excepción de incompetencia debe considerarse como equiparable a definitiva (causas L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021; L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022 y L. 126.075, "Correa", sent. de 27-III-2023).
III.2. A tenor de los antecedentes relevados, acierta el recurrente en la denuncia de infracción a la doctrina de la causa L. 96.266, "Souto" (sent. de 4-IX-2009).
En dicho precedente se estableció que el art. 3 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, en cuanto destinado a solucionar las cuestiones de competencia que se susciten en las controversias entre empleadores y trabajadores, resulta inspirado por el propósito evidente de proteger a estos.
Conforme ello, se resolvió que el ejercicio del "derecho a la triple opción" consagrado en el art. 3 citado (domicilio del demandado, lugar de prestación de trabajo o el de celebración del contrato) no puede ser alterado por vía convencional de antemano, puesto que aquel debe ser actuado por el trabajador en el momento de entablar la demanda.
Los lineamientos señalados bastan para rescindir la decisión cuestionada, sin que corresponda atender los demás argumentos esgrimidos por la impugnante.
IV. Por lo expuesto, si mi decisión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la resolución impugnada y declarar la competencia del tribunal de origen para entender en la presente controversia. En consecuencia, deberá remitirse la causa a la instancia de grado para que prosiga con su tramitación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por el ponente, lo hago, remitiéndome por razones de brevedad a lo dicho en oportunidad de brindar mi opinión en el mentado precedente L. 96.266, "Souto" (sent. de 4-II-2009).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se casa la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado se desprendió del conocimiento de la causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el tramite según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia