Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.703, "Kelly, Sandra Mabel contra Provincia ART S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 15 de diciembre de 2021).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Sandra Mabel Kelly y, en consecuencia, condenó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con fundamento en las normas del derecho civil, derivada de la enfermedad profesional contraída.
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas como docente y de las condiciones en que las mismas eran prestadas (frente a cursos de entre treinta y cuarenta alumnos; con importantes esfuerzos en la voz, durante más de trece horas semanales; sin la realización de exámenes de salud periódicos y en establecimientos educativos con escaso mantenimiento edilicio), la actora padece disfonía funcional irreversible que, sumando los factores de ponderación, la incapacita definitivamente en un 17,55% de la total obrera; cuya fecha de toma de conocimiento se produjo el día 22 de febrero de 2017.
En la sentencia, el juzgador declaró configurados los presupuestos de responsabilidad civil objetiva de la accionada, en virtud de lo normado en el art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación, al considerar que las labores realizadas en las condiciones ambiento laborales descriptas, resultaron una actividad riesgosa productora del daño, enmarcadas en tal precepto.
En ese orden, con sustento en algunos conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Arostegui" y "Méndez", fijó la reparación de los daños causados a la trabajadora, incluyendo su pérdida de capacidad de ganancia, de chance, el daño moral ocasionado y el resultante de la integridad psicofísica generada, totalizando la suma de $1.075.580.
Finalmente, tras declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, dispuso adicionar intereses desde la fecha de toma de conocimiento de la afección (22 de febrero de 2017) y hasta la de notificación de la demanda (22 de noviembre de 2018) conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, los que luego debían ser acumulados al capital de condena (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.) y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta el dictado de la sentencia.
Seguidamente determinó, desde la fecha en que el pronunciamiento quedara firme y hasta la efectiva cancelación del crédito, la aplicación de la tasa activa de dicha entidad en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días (art. 770 inc. "c", Cód. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 10, 15, 39 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 768, 770 incs. "b" y "c" y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 163 incs. 4, 5 y 6, 331, 354 inc. 1, 375, 384, 469, 472 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 3-II-2022).
II.1. En primer lugar, controvierte la determinación y el grado de la minusvalía fijada en el fallo de grado, por cuanto considera que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia de un acto jurisdiccional válido.
En ese orden, manifiesta que las escuetas expresiones utilizadas por el juzgador en el pronunciamiento no constituyen el resultado del imprescindible análisis de los hechos alegados por su mandante y el material probatorio obrante en los autos; de modo tal que -a su juicio- no se logró demostrar la enfermedad profesional invocada.
Afirma que el sentenciante definió el litigio efectuando una mera remisión a la conclusión arribada en la experticia médica -y su ratificación-, desatendiendo las demás constancias de la causa, así como también a las impugnaciones formuladas por su parte; ello, colocándola en un claro supuesto de indefensión.
Insiste en que la mencionada experticia presenta graves falencias que fueron oportunamente invocadas por su representación. Así, menciona que, en la causa, no obra estudio clínico alguno realizado a la trabajadora; a la par que -sostiene- tampoco ha podido probarse la autenticidad de los certificados adjuntados por la actora en su libelo inicial; a su vez, controvierte la eficacia asignada al documento adjunto por el experto -en fecha 10 de junio de 2019-, el cual -aduce- no cumple con los requisitos mínimos necesarios para constituir un certificado médico (fecha, sello o identificación del profesional).
II.2. Desde otroángulo, cuestiona la decisión de grado en cuanto -con fundamento en el art. 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial de la Nación- dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
Aduce que este tramo del fallo de origen resulta violatorio de la doctrina legal establecida en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), cuyo criterio fue reiterado en L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016); L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) y L. 118.391, "Manfredini" (sent. de 21-XI-2018).
Refiere que en aquella se estableció -respecto a los intereses- que los mismos debían aplicarse desde la exigibilidad del crédito; exclusivamente sobre el capital; conforme la tasa pasiva más alta y hasta la fecha del efectivo pago.
A su vez, impugna la aplicación de la tasa activa dispuesta en el fallo de grado, afirmando que este tramo de la decisión se aparta de la doctrina legal emergente de las causas L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena con más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los acrecidos acumulados con base en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (conforme lo establecido por el juzgador) y el que habría de obtenerse según el planteo del recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo última parte, de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.299, "Compasso", sent. de 3-V-2023 y L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
Bajo esa directriz, observo que los planteos que despliega el interesado con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el tribunal de grado no son atendibles.
III.2. Ello es así, porque lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, las críticas traídas en el primer agravio de la impugnación, se limitan a cuestionar -por conducto de la evocada configuración del vicio de absurdo en la apreciación del dictamen médico emitido por el galeno desinsaculado en autos y de las restantes constancias de la causa- la incapacidad reconocida a la actora en la sentencia.
De este modo, se avizora en la queja que los agravios que allí se proponen, imponen necesariamente una revisión del análisis de los hechos y de las pruebas que concurren en el caso, todo lo cual se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía transitada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no concurre el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; e.o.). Tampoco, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al aludido vicio (causas L. 123.834, "L., A.", sent. de 29-X-2021 y L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022), tal y como -según lo dicho- acontece en la especie.
Por lo demás, corresponde recordar que la mención de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así como de otros tribunales de justicia) y la opinión de los autores, no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, en tanto, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023 y L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.3.a. Idéntica suerte adversa ha de seguir el agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento de grado en cuanto dispuso la capitalización de acrecidos con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020).
III.3.b. Por último, en lo tocante a la impugnación vinculada con la tasa de interés fijada por el tribunal de origen desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago, tampoco se advierte configurada la violación de la doctrina legal citada en el recurso, elaborada en torno a los intereses moratorios, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 125.929, "Ponce", sent. de 9-VIII-2022 y L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022; e.o.), debiendo, en consecuencia, permanecer firme lo que al respecto decidió el tribunal de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia