Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127198
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.198, "Nitsch, Ariel Raúl contra Experta ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda, imponiendo las costas a la legitimada pasiva (v. sent. de 4-XII-2020).
Se interpuso, por Experta Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 29-XII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Ariel Raúl Nitsch contra Experta Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., a quien condenó a pagar el importe de $7.249.373,94 en concepto de prestaciones dinerarias previstas en el régimen de riesgos del trabajo, con sustento en los arts. 6 inc. 2, 11 inc. 4, apartado "b", 12 y 14 inc. 2, apartados "a" y "b" de la ley 24.557; 2 y 3 de la ley 26.773 y 2 y 3 del anexo al decreto 472/14.
Para así resolver, en lo que resulta de interés, juzgó acreditado que, como consecuencia de las patologías que contrajo durante el cumplimiento de tareas prestadas para su empleadora Siderca S.A.I.C. (cervicalgia, lumbalgia y dorsalgia con compromiso neurológico en miembros inferiores y superiores y manos; hipoacusia perceptiva bilateral; dolor y limitación funcional y de fuerza en hombros por tendinitis crónica en manguito rotador; limitación funcional operativa y dolor por meniscos en dos rodillas; túnel carpiano; limitación de fuerzas y de funcionalidad en tobillos; várices bilaterales; hipertensión arterial; insuficiencia coronaria y respiratoria), el actor padece, conforme al baremo de la ley 24.557, una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 55,51% del índice de la total obrera (v. vered., pág. 2 y sent., pág. 13).
En esa línea, el sentenciante no se apartó de la pericia médica, toda vez que la consideró una prueba hábil e idónea, basada en fundamentos científicos, y corroborada con los hallazgos del examen clínico, la anamnesis, los estudios, y las constancias de la causa, y la valoración profesional y objetiva formulada por el experto. Agregó, además, que esas conclusiones eran respaldadas por lo manifestado por el perito técnico en su informe (v. vered., págs. 3 in fine /4).
Además, tuvo por probado que la fecha de la primera manifestación invalidante fue el 30 de mayo de 2017 (día en que el actor cesó sus labores debido a la mentada incapacidad), y que, en ese momento, tenía 50 años de edad (v. sent., pág. 13).
Indicó que el ingreso base mensual, conforme los parámetros del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ascendía a $43.811,38, tomando en consideración las doce últimas remuneraciones del actor (v. sent., pág. cit.).
En lo que respecta a la forma de determinación del mismo, declaró la inconstitucionalidad de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del decreto de necesidad y urgencia 669/19, juzgando de aplicación al caso las disposiciones de la ley 27.348, por resultar la norma más favorable para el trabajador (conf. art. 9, Ley de Contrato de Trabajo). Así, actualizó el importe del ingreso base mensual determinado en la pericia contable ($43.811,38) aplicando sobre el mismo la tasa activa del Banco Nación, lo cual arrojó un monto de $107.353,32, a la fecha de la sentencia (v. sent., págs. 13/16).
Luego, consideró que la indemnización que le correspondía percibir al accionante debía calcularse aplicando la fórmula prevista por el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, en virtud de lo dispuesto por el segundo apartado del art. 2 del Anexo al decreto 472/14 (v. sent., pág. 16).
En esa línea, a los fines de determinar la cuantía de la reparación de pago único, señaló que "...el ingreso base del accionante que se fijó en $107.353,32, debe multiplicarse por 53, por el porcentaje de incapacidad 55,51% y por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad de la actora a la fecha del accidente (50 años), el cual aquí es igual a 1,3 (conf. arts. 12 y 14 de la ley 24.557)".
Con tales parámetros, indicó que el resarcimiento por la incapacidad permanente parcial asciende a $4.105.876,95, suma que -declaró- supera el piso establecido en la resolución 70/20 de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) para el período del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, atento lo cual el importe consignado precedentemente -y no el piso legal-, es el que debe prevalecer.
A dicho guarismo le adicionó la compensación dineraria adicional de pago único equivalente a $1.935.268 -toda vez que el actor era portador de una incapacidad superior al 50%- (conf. arts. 11 inc. 4 apartado "b", ley 24.557 y 2 inc. 2, dec. 472/14 y resol. 70/20).
Esa sumatoria arrojó un total de $6.041.144,95, y sobre la misma calculó la indemnización adicional de pago único, equivalente al 20% (conf. art. 3, dec. 742/14) -comprensivo de cualquier otro daño no reparado por la fórmula polinómica (conf. art. 3, ley 26.773)- arribando a un monto de $1.208.229.
La suma de tales rubros condujo a un importe final de $7.249.373,94 (v. sent., págs. 16/17), aclarando que en caso de incurrirse en mora en el cumplimiento de la sentencia dicho monto devengaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación hasta su efectiva cancelación (conf. art. 12, LRT, texto según art. 11, ley 27.348; v. sent., pág. 17).
Finalmente, rechazó los planteos de inconstitucionalidad impetrados. En particular, respecto a la ley 24.342 no hizo lugar al reproche interpuesto por el trabajador y ordenó se practique por Secretaría el prorrateo correspondiente de los honorarios regulados.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 29-XII-2020).
II.1. En primer lugar, se agravia de la valoración que efectuó el sentenciante de la pericia médica. Considera arbitrario el apego del tribunal al informe del experto respecto a las patologías que allí se determinan como enfermedades profesionales, al percentil otorgado y a la incidencia del factor laboral merituado (v. rec., pág. 18).
II.1.a. Sostiene que el órgano de grado no tuvo en cuenta los antecedentes personales del actor. Arguye que su parte, en la impugnación al dictamen pericial, planteó sólidos cuestionamientos acerca del origen no laboral de las afecciones informadas y solicitó las explicaciones correspondientes, en tanto, en su criterio, no se demostró fehacientemente que las mismas constituyeran enfermedades profesionales.
Señala que la pericia médica solo realiza un diagnóstico, pero no acredita, con la totalidad de los elementos probatorios obrantes, el nexo causal de dichas afecciones con el trabajo. Insiste en que no se extrae de la prueba producida elementos que puedan llevar a relacionar la afección y su incapacidad con algún agente de riesgo existente en el lugar de labores que le haya dado origen o agravamiento a las patologías que padece (v. rec., pág. 21).
II.1.b. Objeta por absurda y arbitraria la decisión del sentenciante de reconocer al actor un porcentual incapacitante del 55,51% en tanto, en su criterio, omitió señalar qué fórmula de cálculo aplicó, qué porcentaje corresponde a cada patología, incidencia del factor laboral y el mérito atribuido a los factores de ponderación, vulnerando así su derecho de defensa.
Cuestiona la consideración efectuada por el galeno respecto a los factores de ponderación, toda vez que el experto otorgó al actor el 6,76% de minusvalía por el factor recalificación laboral y lo ponderó en un 10% del porcentual de incapacidad. Plantea que, encontrándose el actor jubilado (hecho reconocido por el propio trabajador), dicho porcentaje no se condice con la situación actual del accionante al encontrarse apartado del mercado laboral. Sobre este punto reclama que, al estimar los factores de ponderación, el perito suma aritméticamente la edad y no aplica ese porcentaje a la incapacidad laboral permanente total (v. rec., págs. 21/22).
II.2. Luego, denuncia arbitrariedad del órgano de mérito al rechazar la excepción de prescripción respecto de las afecciones por las que reclama el demandante (v. rec., pág. 23).
Refiere que, si bien planteó la excepción respecto de la dolencia a nivel lumbar y a la hipoacusia inducida por ruido, se acreditó en autos a través del propio reconocimiento del actor que otras patologías reclamadas como "...episodios de cervicalgia, dolores en ambas manos y muñecas, várices, hipertensión arterial..." tienen una fecha de primera manifestación invalidante distinta a la considerada por el sentenciante (30-V-2017, v. rec., pág. cit.).
En cuanto a la patología lumbar, sostiene que no hay controversia, frente al hecho reconocido por el actor en el interrogatorio efectuado por el perito médico, en cuanto a que comenzó con cuadros de lumbalgia a los veinte años de encontrarse trabajando (v. rec., pág. 23).
Añade que se encuentra acreditado en autos con la prueba informativa producida (agregada al expediente administrativo 031-L00193/14) que el señor Nitsch no presenta hipoacusia como enfermedad profesional en los términos del decreto 658/96. Por lo tanto, dice, no se estableció porcentaje de incapacidad por no haber patología verificable. Expresa que en dicho expediente administrativo el actor reconoce que la fecha de la primera manifestación invalidante por la patología reclamada es el 18 de diciembre de 2013, pero asevera que el órgano de grado consideró que, como en aquella ocasión no se determinó porcentual incapacitante, la fecha de toma de conocimiento es la de la desvinculación (v. rec., pág. 24).
Puntualiza la recurrente que la excepción planteada no fue analizada en profundidad. Refiere que determinar la fecha de toma de conocimiento no solo marca la normativa aplicable, sino también -a la luz de las modificaciones de los pisos y topes indemnizables- la forma de llevar adelante el trámite, el modo en que se calcula la reparación y los montos de las prestaciones adicionales. Enfatiza en que no puede haber dos fechas de toma de conocimiento para una misma patología y que, en su caso -que, afirma, no es la hipótesis de autos- podría reclamar la reagravación (v. rec., pág. 24).
Reitera que el actor reconoció en forma libre y voluntaria -al responder el cuestionario formulado por el perito médico- fechas distintas a las que denunció en el escrito de inicio. Cuestiona la verosimilitud del reclamo en tanto el demandante concurrió a tratarse por su obra social en 2008 y luego inició un trámite ante la Comisión Médica en el 2014 al no estar de acuerdo con el rechazo de la hipoacusia denunciada ante la aseguradora demandada en 2013. En esa línea sostiene que es arbitrario, frente a las constancias de autos, considerar al momento de la desvinculación como fecha de la primera manifestación invalidante (v. rec., pág. 25).
II.3. Luego, se agravia respecto del cálculo de la prestación de pago único.
Explica que, a los fines de estimarla, el tribunal "...compara con el piso establecido en la Resol. 70/2020 de la S.R.T. para el período del 1/09/2020 al 28/02/2021 y no la Res. SSS 5649/2017 aplicable conforme la fecha de primera manifestación invalidante, Mayo de 2017" (rec., pág. 26).
Argumenta que el decreto 472/14 dispone que los damnificados con incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el decreto 1.649/09, este último con el ajuste previsto en el art. 8 de la ley 26.773. A esa reparación se agregan las prestaciones previstas en los arts. 3 de la ley 26.773 y 11 inc. 4 apartado "a" de la ley 24.557 y su actualización. Refiere que de acuerdo a lo establecido en la ley 26.773, dichos montos se incrementan con la aplicación del índice RIPTE -Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables- (v. rec., pág. cit.).
Manifiesta que el RIPTE sirve para actualizar los montos fijos (adicionales de pago único del art. 11 y pisos mínimos de los arts. 14, 15 y 18, LRT; reformados por dec. 1.649/09), más no fue pensado para aplicar sobre el resultado de las fórmulas de los arts. 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que tienen su propia actualización conforme los salarios. Señala que el art. 16 de la ley 27.348 elimina cualquier discusión al respecto, sumado al art. 21 mediante el cual se deroga el art. 8 y el apartado 6 del art. 17 de la ley 26.773 (v. rec., pág. 28).
II.4. Por último, objeta la regulación de honorarios efectuada, por considerarlos "altos y contrarios al derecho aplicable". En tal sentido, solicita se aplique la ley 24.432.
En otro orden, cuestiona la imposición de costas, entendiendo que las mismas deben recaer exclusivamente en cabeza del actor (v. rec., pág. cit.).
III. El recurso no prospera.
Por razones de orden metodológico, habré de alterar el orden de tratamiento de los embates.
III.1. En primer lugar, entiendo que debe desestimarse el agravio vinculado con el rechazo de la excepción de prescripción, la cual, cabe aclarar -y tal como el propio recurrente indica- se limita a las dolencias lumbares y de hipoacusia.
Al respecto, tiene reiteradamente dicho esta Corte que determinar la fecha de la primera manifestación invalidante y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en Casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 99.423, "Primo", sent. de 17-III-2010; L. 118.427, "Violini", sent. de 10-IV-2019; L. 121.765, "F., M. L.", sent. de 7-IX-2020; L. 119.587, "Zarate", sent. de 29-IX-2020; e.o.).
En la especie, si bien el quejoso alegó la existencia del aludido vicio, las críticas no resultan suficientes para evidenciar que dicha decisión contiene el error grave, grosero y manifiesto susceptible de abrir la vía extraordinaria.
La impugnante en modo alguno logra rebatir la conclusión que impugna, ya que sus alegaciones no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a la valoración de los medios probatorios y a las conclusiones arribadas por el sentenciante; criterio este que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar el vicio denunciado (causas L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 119.780, "Veliz", sent. de 10-IV-2019; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; e.o.).
Así, a partir de su personal interpretación de las circunstancias fácticas de la causa, la interesada se limita a sostener que el inicio del curso prescriptivo debió situarse en la fecha en que el actor denunció por primera vez ante la aseguradora de riesgos del trabajo la dolencia a nivel lumbar y la hipoacusia, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de desvirtuar lo decidido en la instancia de origen.
Adviértase que el juzgador de origen sostuvo, respecto del reclamo por lumbalgia, que ninguna prueba se había acompañado en pos de demostrar su existencia en el año 2014. En cuanto a la hipoacusia, argumentó que, según había quedado demostrado con las copias del expediente de la comisión médica del año 2013, en esa instancia no se le había otorgado incapacidad por la dolencia referida, por lo que mal podría estar prescripto el reclamo judicial por una minusvalía inexistente en esa oportunidad (v. sent., punto I.4., pág. 12).
En definitiva, en ese contexto, no aporta la quejosa ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de opiniones que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 102.780, "Caime", sent. de 21-XII-2011; L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
III.2. Luego, tampoco ha de prosperar el agravio dirigido a cuestionar el nexo entre las patologías comprobadas y las tareas prestadas por el accionante.
III.2.a. Esta Corte reiteradamente ha declarado que determinar las características de las labores desempeñadas por el trabajador, como así también la existencia de relación causal o concausal entre estas y el daño padecido -y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio- constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causas L. 101.627, "F., M. G.", sent. de 22-VI-2011; L. 116.613, "Gutiérrez", sent. de 16-IV-2014; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; e.o.).
Bajo tales premisas, adelanto que la crítica traída en el recurso luce inhábil para evidenciar que la solución adoptada por el sentenciante adolezca de la extrema y grave anomalía que se le imputa.
III.2.b. Como antes se señaló , el tribunal sostuvo que no se apartaría de las conclusiones de la pericia médica por considerarla una prueba hábil e idónea.
Para arribar a la referida conclusión, consideró que el dictamen del galeno estaba avalado por la anamnesis, examen semiológico y estudios complementarios y que para calcular el grado incapacitante constatado en el trabajador -y que guarda un nexo causal con las tareas desarrolladas- había utilizado como parámetro lo establecido por el baremo de la ley 24.557.
Valoró que si bien la demandada había observado el mentado dictamen -requiriendo que el experto se expidiera sobre si existía informe técnico o mapa de riesgo que le hubiera permitido verificar que el trabajador había estado expuesto a condiciones laborales en base a la cuales se pudieron originar las dolencias por las que reclamaba- el médico se mantuvo en sus conclusiones originales, afirmando que había tenido en cuenta las constancias del expediente y los antecedentes personales del actor que figuraban en su historia clínica, apuntando que la documentación técnica o mapa de riesgo reclamado por la aseguradora debería haber sido aportado por ella o por la empleadora, pues era un elemento que se utiliza para prevenir las dolencias o enfermedades que se pueden originar en el desarrollo de las actividades laborales cumplidas.
Incluso, recalcó el juzgador que el experto había señalado que el trabajador tenía 51 años al ser evaluado y que había referido no tener antecedentes de enfermedades, accidentes o traumatismos que hubieran podido incidir en las dolencias reclamadas.
Finalmente, añadió que esas conclusiones eran respaldadas por lo manifestado por el perito técnico, quien había determinado que el actor estaba expuesto a diferentes factores de riesgo, como iluminación insuficiente, ruido, calor, sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias, plomo y derivados del petróleo, carga, posiciones
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.