Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.823, "Sardinas, Ismael contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 14-II-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por el señor Ismael Sardinas y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557, 26.773 y 27.348), con motivo de la minusvalía psíquica que padece, originada en las tareas y el accidente de trabajo ocurrido el 8 de agosto de 2017.
Para así decidir, precisó que no resultó materia de controversia que en la fecha indicada -en oportunidad de cumplir sus tareas como supervisor para la empleadora-, el trabajador sufrió una lesión cuando, manipulando un torno, la maquinaria se detuvo y al intentar repararla, su brazo quedó atrapado en el momento en el que el dispositivo comenzó a funcionar repentinamente; producto de ese accidente la aseguradora brindó las prestaciones correspondientes y le otorgó el alta médica sin determinación de incapacidad.
Con apoyo en lo informado por los peritos médico y psicóloga, consideró acreditado que, si bien el accionante no presentaba invalidez física reparable, padecía un cuadro de secuelas psicológicas por reacción vivencial anormal neurótica de grado II que le ocasiona una disminución psíquica determinante de una minusvalía del orden del 10% del índice de la total obrera, vinculada causalmente al siniestro denunciado.
Sobre esa base, realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Con respaldo en las disposiciones citadas y según las remuneraciones brutas del actor durante los doce meses anteriores al accidente motivo de litis (de acuerdo a los salarios informados por perito contador a fs. 135 y su cotejo con los recibos de sueldo obrantes en autos), estimó el ingreso mensual base en la suma de $32.884,68.
Luego -de acuerdo a la interpretación que efectuó de la voluntad legislativa al respecto-, estableció que los intereses (tasa activa) debían adicionarse al monto indemnizatorio obtenido, luego de aplicar la fórmula pertinente, mas no directamente al ingreso base mensual.
En ese entendimiento, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $333.199,18 ($32.884,68 x 53 x 10% x 65/34); importe que incrementó con el 20% adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $399.839.
Dispuso, conforme ya fuera expresado, que dicha suma debía ser integrada, a partir de la fecha del siniestro (8 de agosto de 2017) y hasta su efectivo pago, con intereses calculados conforme la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en los distintos períodos de aplicación (arts. 137, 149 y 276, LCT, modif. por las leyes 23.311 y 23.616; 7, 8, 9, 10 y 13, ley 23.928; 1, 4 y 8, dec. 529/91; 509 y 768, Cód. Civ. y Com. y 11, ley 27.348).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11 de la ley 27.348 (modif. del art. 12, ley 24.557); de las leyes 23.928 y 25.561; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653; del decreto 1.694/09 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 3-III-2022).
II.1. En primer término, invocando absurdo en la valoración de la prueba, controvierte la apreciación del dictamen pericial psicológico efectuada en la instancia de grado y, por su conducto, el porcentaje de incapacidad determinado al respecto.
Argumenta que el razonamiento seguido por el juzgador carece de rigor científico, toda vez que se limitó a establecer de manera automática la minusvalía fijada por la experta interviniente, sin realizar el debido análisis de circunstancias fácticas y probatorias de la causa a la vez que de las impugnaciones a las conclusiones periciales.
Sostiene que, frente a la conclusión del galeno interviniente, en el sentido de que el accionante no resultaba portador de minusvalía alguna por el accidente de trabajo denunciado, el porcentaje -del 10%- fijado por la psicóloga desinsaculada en los autos por el mismo infortunio resulta desproporcionado, a la vez que -alega- tampoco se adecúa a las pautas establecidas en el baremo nacional 659/96.
Siguiendo esa línea, expone que no resulta razonable considerar que el siniestro que protagonizó el trabajador hubiera impactado en su esfera psíquica, de modo que ocasionara alguna secuela de ese tipo, de carácter irreversible y vinculada causalmente con el evento dañoso.
Agrega que las pruebas adunadas a la causa daban cuenta de la atención efectuada en debido tiempo y forma por la aseguradora al trabajador, a raíz del siniestro padecido, por el cual le otorgó el alta médica, sin determinación de incapacidad. Asevera que esta última situación no fue meritada por el tribunal actuante al momento de dictar su pronunciamiento, pese a su pedido -denegado- a fin de que el perito actuante fuera citada a la audiencia de vista de la causa.
II.2. En otro orden, denuncia que el sentenciante de grado interpretó erróneamente el alcance de lo resuelto en el precedente L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020), al aplicar la tasa activa al caso de autos, a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.348 -según alega-, con fundamento en la doctrina legal sentada en aquella.
Precisa que en aquel caso esta Suprema Corte se limitó a rechazar el recurso interpuesto, en tanto sostuvo que en el acotado y excepcional marco de conocimiento previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, el recurrente no había demostrado la violación de la doctrina legal invocada. Destaca así, que en dicho precedente este Tribunal no dictó un pronunciamiento destinado a avalar la solución brindada como erróneamente postuló el órgano de grado.
II.3. Desde otroángulo, critica la aplicación de la ley 27.348 al caso.
II.3.a. Sostiene que la controversia de autos trata sobre un hecho que acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley mencionada y, en tales condiciones, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil velezano, receptado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, como también, vulnera las directrices establecidas por esta Corte -en el precedente L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014)- y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010); respecto a que las normas aplicables a un hecho o situación jurídica son las vigentes al momento de su acaecimiento, deviniendo inaplicables las leyes posteriores. Destaca que tal criterio fue seguido asimismo por los superiores tribunales de las provincias de Córdoba y Mendoza, en los fallos que cita.
Asevera que la normativa en disputa entró en vigencia en la Provincia de Buenos Aires en fecha 9 de abril de 2018, de manera tal que -sostiene- solo resulta aplicable a contingencias que se hubieran producido con posterioridad a esa fecha.
En ese entendimiento, plantea que los intereses debieron establecerse de acuerdo a la tasa pasiva digital según la doctrina establecida por esta Corte, a partir de la causa L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2005).
II.3.b. Finalmente -sin perjuicio de lo expuesto-, alega que el sentenciante aplicó erróneamente el art. 11 apartado 2 de la ley 27.348 al sub lite.
Al respecto, explica que -contrariamente a lo determinado en el fallo-, la mentada normativa estableció una tasa de interés específica (promedio de la tasa activa general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina), como forma de actualización solo del ingreso base y no, de la liquidación final.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde advertir que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, en el caso el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su análisis solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Bajo esas condiciones, la función revisora de esta Suprema Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Con ese marco, observo que los planteos que despliega el interesado a fin de desvirtuar lo resuelto por el tribunal de grado no son atendibles.
III.2. Así resulta pues, lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, las críticas traídas en el primer agravio de la impugnación, se limitan a cuestionar -por conducto de la evocada configuración del vicio de absurdo en la apreciación del dictamen emitido por la perito psicóloga y de las restantes constancias de la causa- el porcentual de incapacidad que tuvo en consideración el juzgador de grado para cuantificar el resarcimiento reconocido al actor.
Resulta evidente que los agravios allí expuestos imponen la revisión del análisis de los extremos fácticos que concurren en el caso, actividad que, como es sabido, se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía transitada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no concurre el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; e.o.). Tampoco, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al aludido vicio (causas L. 123.834, "L., A.", sent. de 29-X-2021 y L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022), tal y como -según lo dicho- acontece en la especie.
Por lo demás, corresponde recordar que la opinión de los autores no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, en tanto, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.100, "G., A. L.", sent. de 20-X-2021 y L. 124.683, cit.; e.o.).
III.3. Luego, dejando a un lado el orden en que fueran expuestos los agravios por el impugnante -por razones metodológicas-, ocupa atender aquí aquel argumento dirigido a objetar la aplicación al caso de las disposiciones contenidas en la ley 27.348.
III.3.a. Observo en primer lugar que la doctrina legal cuya infracción se denuncia -causa L. 116.513, "Orellana", sentencia de 26-III-2014- es, en realidad, la resultante de una interpretación que esta Corte realizó de algunas cláusulas del decreto 1.694/09, cuestión de debate diferente de la que aquí se aborda, definiendo tal circunstancia, la infructuosidad de la crítica.
En este marco, no queda más que recordar que este Tribunal reiteradamente ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen en el acotado margen de revisión que prevé el citado precepto de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal forjada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023; e.o.), por lo que la pretensión de que se sustituya la tasa allí prevista por la pasiva pretendida no puede tener cabida bajo ese influjo.
Adicionalmente, se impone aclarar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula la interesada a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no participan de aquella naturaleza (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
III.3.b. A su vez -y, sin que lo dicho implique abrir juicio respecto del grado de acierto o desacierto sustancial de la solución adoptada-, el agravio destinado a controvertir el modo en que fuera aplicado el art. 11 apartado 2 de la ley 27.348 también debe desestimarse, por cuanto, el embate prescinde de toda invocación tendiente a demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con la temática que se refuta (causas L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023; L. 120.348, "Díaz" y L. 123.338, "Panchin", sents. de 27-II-2023; e.o.), circunstancia que determina el rechazo de este tramo del recurso.
III.4. Finalmente, tampoco resulta útil el agravio dirigido a impugnar los intereses aplicados en el fallo de grado, como derivación del presunto yerro denunciado en la doctrina legal ajustable al caso.
Es que, al respecto es dable señalar que -contrariamente a lo argumentado por el impugnante-, la doctrina que denuncia erróneamente aplicada por parte del juzgador (a saber, la establecida en la causa L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020 y, cuyo fin habría sido justificar la aplicación al caso de la tasa activa que abona el Banco de la Nación Argentina), no formó parte del pronunciamiento en crisis, todo lo cual deja huérfano de respaldo el agravio traído a su respecto.
IV. En virtud de lo expresado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia