Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124878
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de Cámara respecto de la traba del embargo ordenada. Se imponen las costas de Alzada y de esta instancia extraordinaria a la actora vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.878, "De Angelis, Patricia L. contra Policía de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la resolución del 11 de noviembre de 2020 que, por un lado, dispuso la aplicación de la ley 12.836 de consolidación de las deudas de la Provincia de Buenos Aires y, por el otro, modificó la del 11 de septiembre de 2020 que había ordenado el embargo en las cuentas de la Provincia, aumentando el monto de la cautelar (v. sentencia electrónica de fecha 8-IV-2021 y aclaratoria de fecha 22-IV-2021).
La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. documento electrónico de fecha 22-IV-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En la etapa de ejecución de sentencia de este juicio (v. escrito electrónico de fecha 16-IX-2019) los actores solicitaron el embargo del monto de condena sobre las cuentas provinciales, lo que fue ordenado el 11 de septiembre de 2020. De ello se desconformaron los peticionantes, interponiendo reposición y apelación en subsidio en razón de que consideraban insuficiente el monto fijado para la cautelar.
El magistrado actuante desestimó el primero de los remedios procesales pero admitió el segundo (v. escrito electrónico de fecha 15-IX-2020 y resolución de fecha 21-IX-2020).
Asimismo, los actores presentaron una liquidación que fue impugnada por la Fiscalía de Estado, ya que debió haber sido efectuada de conformidad con las disposiciones de la ley 12.836 por tratarse de una legislación de orden público y porque -además- nunca fue notificado el embargo (v. escrito electrónico de fecha 18-IX-2020).
Corrido el traslado de ley, los actores contestaron la presentación y formularon una nueva liquidación que ascendió a $16.846.595,78 (v. escrito electrónico de fecha 29-IX-2020). A su turno, la Fiscalía de Estado insistió con la aplicación del régimen de la ley 12.836 y efectuó un nuevo cálculo ajustado a la normativa invocada, el que arrojó un total de $12.759.723,21.
Oportunamente, el magistrado de primera instancia dispuso la aplicación del régimen provincial de consolidación solicitado por el Fisco local e impuso las costas a los actores (v. sentencia electrónica de fecha 11-XI-2020).
Ese pronunciamiento fue apelado por estos últimos (v. escritos electrónicos de fecha 14-XI-2020 y 20-XI-2020) y repelido por la contraria (v. escrito electrónico de fecha 3-III-2021).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, el tribunal confirmó la aplicación de la ley 12.836 y amplió el monto del embargo (v. sentencia electrónica de fecha 8-IV-2021).
En razón de ello decidió que, habiéndose determinado la aplicación de la normativa de consolidación, el embargo dispuesto en septiembre de 2020 debía ampliarse a la suma aprobada el 11 de noviembre de 2021 por el monto total de $12.759.723,21, correspondiente al conjunto de los tres actores, con intereses calculados al 18 de septiembre de 2010, importe al que debía adicionársele la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) que se estimaban para intereses y costas del proceso.
II. Se agravia la Fiscalía de Estado denunciando la violación o aplicación errónea de los arts. 14 y 15 de la ley 12.836; 1.071 del Código Civil y 17 y 18 de la Constitución nacional, así como del principio de congruencia. Alega, además, absurdo y arbitrariedad.
Comienza su impugnación resaltando lo que considera el palmario error grosero en que ha incurrido la Sala III de la Cámara Segunda al omitir las disposiciones de la ley 12.836.
Señala que no solo se ha apartado de la ley sino también de la doctrina legal vigente expresada por esta Corte en torno a la validez constitucional del mecanismo de consolidación de deudas provinciales dispuesto por la ley 12.836 (conforme el criterio establecido en las causas L. 106.273, "Geres" (sent. de 6-XI-2013) y C. 101.994, "Pasi" (sent. de 11-VI-2014), según el cual las correcciones incorporadas al sistema de consolidación de pasivos provinciales por la ley 13.929 y los decretos 201/10 y 304/12 superaron los reparos básicos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había expuesto en relación con las versiones anteriores de la ley 12.836, a través de los conocidos precedentes "Vergnano" (V.128.XXXV, sent. de 26-X-2004) y "Mochi" (M.424.XXXIII, sent. de 26-II-2008), según lo resuelto por ese Tribunal en la causa 75.XLVIII, "Ragone" (sent. de 30-IX-2014) y en autos "Ader S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" (sent. de 11-XII-2014).
Insiste en que la ley en cuestión es de orden público, aplicable a pedido de las partes y aun de oficio por los jueces.
Asevera que en la decisión dictada por el Tribunal de Alzada no se tuvo en consideración aquella especial circunstancia, la cual impedía a la Cámara apartarse de las disposiciones del régimen de consolidación de deudas, toda vez que de manera incomprensible y contrariando la propia letra y espíritu de la ley y sin existir constancias que admitieran la procedencia de la cautelar, amplió el embargo solicitado por los demandantes.
Destaca que, más allá de que la propia norma de emergencia veda toda posibilidad de trabar medida cautelar alguna y ordena el levantamiento de las que se hubieren realizado, la Provincia no se halla en mora que admita el dictado de una medida cautelar, destacando que los actores no habían iniciado el trámite administrativo pertinente para el cobro de su indemnización.
Advierte que en la sentencia de segunda instancia se dispuso el plazo de diez días para el pago, decisión que no corresponde por hallarse el crédito de los actores sujeto al mecanismo de la ley 12.836, que impone el trámite previsto en ese régimen legal y que no puede ser desconocido por el letrado de la parte actora.
Pone de relieve que la arbitrariedad y el absurdo se encuentran plasmados en la decisión de la Cámara que desconoce la finalidad perseguida por los arts. 14 y 15 de la ley 12.836 al vulnerar el derecho de su representada, admitiendo una medida cautelar que, por su improcedencia legal y por ser extemporánea por prematura, causa un daño irreparable.
Denuncia, por último, que se ha vulnerado el principio de congruencia por la omisión clara, precisa y concreta de las disposiciones de una ley que declaró la Cámara aplicable al caso, por lo que ocasiona un verdadero perjuicio el no hacer lugar al presente recurso.
III. El recurso debe prosperar.
Se debate en esta causa si los actores tienen el derecho a embargar los fondos de la Provincia por el crédito que se les ha reconocido por sentencia judicial y que se encuentra alcanzado por el régimen impuesto por la ley 12.836, lo que llega firme a esta sede extraordinaria.
Encuentro que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la Cámara ha violado la normativa aplicable.
III.1. Resulta pertinente rememorar que esta Corte ha dicho que el régimen legal de consolidación nacional es de orden público y que las leyes que lo integran son de aplicación imperativa aunque en su texto no se exprese ese carácter. De ello se infiere que los sistemas legislados por las provincias, en razón de su adhesión permitida, tienen el mismo carácter (conf. doctr. causa C. 121.842, "Rodríguez", sent. de 11-VII-2018).
Como consecuencia, la ley 12.836 es de orden público y, por lo tanto, todos sus artículos son de aplicación imperativa.
El art. 8 de la citada ley dispone lo siguiente: "Consolídase toda obligación no financiera y exigible a cargo del Estado Provincial que tenga causa o título anterior al 30 de noviembre de 2001, siempre que no se encuentre alcanzada por otras leyes de consolidación, y consista en el pago de sumas de dinero o se resuelva de ese modo. La consolidación dispuesta en este artículo incluye a los trámites judiciales a que refiere el precepto del artículo 6° de la Ley 12.727 y se dicta en sujeción a lo dispuesto en su último párrafo y en el marco de la emergencia que declara dicho cuerpo legal conforme lo previsto en el párrafo final de su artículo 1°" (el destacado me pertenece).
Seguidamente su art. 9 dispone: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior las disposiciones de esta Ley alcanzan en particular a: a) Todo reclamo judicial o administrativo que se traduzca en reconocimiento del crédito perseguido; b) Toda obligación accesoria a una consolidada. Para la procedencia del trámite de consolidación previsto en esta Ley será necesario, en todos los casos, que se encuentre firme el previo pronunciamiento de acogimiento, judicial o administrativo".
Refuerza el carácter imperativo de este régimen de consolidación el art. 13 cuando establece que "Las sentencias judiciales y los actos administrativos firmes, los acuerdos, transacciones y laudos que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por el régimen de la presente Ley, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los organismos obligados. Establécese como único y excluyente procedimiento para su satisfacción el establecido en la presente Ley" (el destacado me pertenece).
Como se aprecia, la hermenéutica de la ley es muy clara. Solo por medio de ese procedimiento se puede satisfacer el crédito. Implica que los actores deben iniciar el trámite en la instancia administrativa para obtener el pago de la suma a la que ha sido condenada la Provincia.
Por ello el art. 14 establece expresamente -y no deja lugar a ninguna duda- que "A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, no podrá trabarse medida cautelar alguna y quedarán levantadas las que se hubieren dispuesto, contra el estado provincial o cualquiera de los organismos del artículo 12. El levantamiento será dispuesto de oficio por la autoridad que lo hubiere ordenado, sin sustanciación, sin costas para las partes y sin que trámite alguno del expediente, que se halle pendiente, pueda enervar el levantamiento. El procedimiento de ejecución deberá reconducirse en sujeción a las disposiciones de la presente Ley sin que quepa alternativa de trámite alguno" (el destacado me pertenece).
Seguidamente el art. 15 fija los requisitos para la iniciación y el art. 16 establece dos formas de pago: mediante los títulos públicos que ya no se emiten y el pago en efectivo, que se encuentra vigente en moneda de curso legal conforme los criterios que establece la normativa aplicable y los procedimientos y condiciones que determina la reglamentación.
Además, el art. 25 dispone que "El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, dictará las normas reglamentarias, complementarias e interpretativas que se requieran para la implementación del presente Régimen de Consolidación".
Llegado a este punto es necesario resaltar que el régimen de la ley 12.836 sigue vigente por medio de pago en efectivo, ya que en la ley 14.807 de presupuesto de la Provincia se dispuso en el art. 41 lo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo precedente, a efectos de cancelar las obligaciones administrativa y/o judicialmente alcanzadas por la consolidación dispuesta por la Ley Nº 12.836 y sus modificatorias, se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos de pago para la cancelación en efectivo de dichas obligaciones consolidadas".
La ley 12.836 se encuentra vigente y por lo tanto su art. 14 operativo, motivo por el cual está prohibida toda medida cautelar sobre las cuentas de la Provincia de Buenos Aires por créditos alcanzados por la normativa y pendiente el trámite administrativo para sus percepciones.
La Cámara, luego de confirmar la aplicación de la ley 12.836, dispuso: "...hacer lugar a la apelación en subsidio del día 15 de septiembre de 2020 y en consecuencia ampliar el monto del embargo al que surge de la liquidación aprobada en autos el 11 de noviembre de 2020, esto es, por la suma total de $12.759.723,21 comprensiva de capital en conjunto de los tres actores con más sus respectivos intereses fijados al 18/09/2020, a la que se adicionará la suma de $3.000.000 que prima facie se estiman para intereses y costas del proceso, modificándose así la resolución del 11 de septiembre de 2020".
De lo transcripto surge, claramente, que el Tribunal de Alzada ha aplicado erróneamente el régimen de consolidación dispuesto por la ley 12.836, cuando confirmó la orden de embargo dispuesta en primera instancia.
Considero, además, que habiéndose revocado la decisión de la Cámara al corroborarse la infracción legal denunciada no es necesario ingresar al agravio sobre la violación al principio de congruencia.
III.2. Ahora bien, debo poner de manifiesto que, por el principio de la apelación adhesiva, con lo hasta aquí dicho se ha dado respuesta a la contraria, quien no llegó a esta sede por haberle sido favorable la decisión de la Cámara (conf. doctr. causas C. 95.643, "Miara de Vázquez", sent. de 18-XI-2009; C. 116.924, "Ligor S.A.", sent. de 7-VIII-2013; e.o.).
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia de Cámara en cuanto confirmó el embargo sobre las cuentas de la Provincia de Buenos Aires, dispuesto en primera instancia. Costas de Alzada y de esta instancia extraordinaria a los actores vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de Cámara respecto de la traba del embargo ordenada. Se imponen las costas de Alzada y de esta instancia extraordinaria a la actora vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2023 14:31:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/03/2023 12:23:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:41:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:50:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:59:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:11:14 hs. bajo el número RS-26-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia