Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77604
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.604, "Griveo S.A. contra Municipalidad de Campana. Materia a categorizar. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que dispuso el levantamiento de la medida cautelar ordenada el día 28 de septiembre de 2012 (v. sent. de 30-XI-2021).
Contra dicha sentencia, la Municipalidad de Campana interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 16-XII-2021, 13:13:46 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución del día 21 de diciembre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. El señor Normando Rossiter, en carácter de Presidente de Griveo S.A., solicitó a título cautelar el dictado de una medida de prohibición de innovar con el objeto de suspender la ejecución del art. 14 de la ordenanza 5.792/11 de la Municipalidad de Campana, que preceptúa, en lo pertinente, la prohibición de aplicar productos agroquímicos y/o plaguicidas en las zonas de resguardo ambiental (ejidos urbanos y suburbanos; predios con núcleos poblacionales -viviendas permanentes y no permanentes-; escuelas y centros de salud localizados en áreas rurales y áreas naturales protegidas); en tanto que las aplicaciones terrestres de dichos productos realizadas con equipos autopropulsados y/o de arrastre deben efectuarse a partir de los mil metros del perímetro de las zonas de resguardo ambiental indicadas (art. 14, ord. 5.792/11).
Fundamentó lo pretendido en que la disposición comunal precitada violaba el art. 14 de la Constitución nacional, pues entendió que en los hechos se le prohibía desarrollar la industria lícita de toda actividad agropecuaria en extensas superficies de un inmueble rural, ubicado en el Cuartel III, sobre ruta provincial n° 6, Km. 13, del partido de Campana, perteneciente a COEL MANOCA SAICIFAGYM, ocasionándole -según denuncia- un perjuicio económico al punto de la extinción de la explotación agropecuaria.
Asimismo, expresó que, de acuerdo al informe del ingeniero agrónomo adjunto a la demanda, la aplicación de agroquímicos y/o plaguicidas resultaba indispensable para la realización de la actividad agropecuaria, afirmando, por un lado, que los productos que se utilizaban en las prácticas de fumigación en el "Establecimiento Coel Manoca SAICIFAGYM" estaban autorizados según la categorización efectuada por la Organización Mundial de la Salud (clases III y IV) y, por otro, que tal actividad incidía sobre zonas de resguardo ambiental alcanzadas por la ordenanza, casos de la Escuela Primaria Básica n° 6 "José Hernández" -situada a cuatrocientos veinticinco metros de distancia del lote en producción- y del Camping Recreativo "Malvinas Argentinas" (v. informe adjunto del ingeniero agrónomo, Agustín Perez Bourbon).
I.1.b. Mediante resolución del día 28 de septiembre de 2012, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada, disponiendo la suspensión de la aplicación del art. 14 de la ordenanza 5.792/11 de Campana con relación a Griveo S.A., hasta tanto recayera sentencia definitiva en la acción de nulidad a promoverse. Consecuentemente, ordenó a la Municipalidad demandada que se abstenga de llevar a cabo cualquier acto que implique su ejecución en cuanto al desarrollo de las aplicaciones terrestres de productos agroquímicos y plaguicidas por el demandante, siempre que sea a una distancia de treinta metros del perímetro de la zona de resguardo ambiental, entre otras condiciones allí detalladas.
I.1.c. Apelado ese pronunciamiento por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás declaró desierto el recurso incoado (v. sent. de 4-IV-2013).
II.1. Varios años después, el día 27 de septiembre de 2021, el juzgado interviniente de oficio dispuso el definitivo levantamiento de la medida cautelar dictada el día 28 de septiembre de 2012 que suspendiera la ejecutoriedad del art. 14 de la ordenanza 5.792/11.
Para así decidir, estimó que correspondía revisar si resultaba pertinente la persistencia de la medida precautoria decretada y, a tal fin, tuvo especialmente en cuenta las constancias del incidente "Zocca, Hugo Antonio c/ Municipalidad de Campana s/ Medida Cautelar Autónoma o Anticipada" (en adelante, "incidente Zocca"), tramitada ante el juzgado a su cargo, en el que se ventilaban cuestiones análogas a las debatidas en los presentes autos.
En efecto, en el marco de aquel incidente, ponderó la actual situación de explotación agropecuaria en los predios rurales linderos a los barrios "Los Pioneros" y "Jardín de los Pioneros"; los informes rendidos por las partes; y la audiencia celebrada el día 17 de septiembre de 2021, de cuya acta surgía que, conforme a lo informado por el municipio demandado, el actor había denunciado dos aplicaciones de productos fitosanitarios durante el año 2021 y que, de acuerdo a lo declarado por uno de los vecinos, se habían constatado daños en el ambiente y en la salud.
Al mismo tiempo, apreció las circunstancias sobrevinientes a la tutela cautelar originaria, entre las cuales señaló la variación de la situación morfológica de la región, el notorio crecimiento de la población suscitada en los últimos años y, particularmente, la formación de núcleos urbanos en la zona lindera a la ruta provincial n° 6 además de la ampliación demográfica del barrio "Los Pioneros", al cual pertenecerían los domicilios de los vecinos presentados en el "incidente Zocca".
Meritó el tratamiento que ha brindado esta Corte sobre la cuestión, invocando las causas "Delaunay"; "ASHPA" y, puntualmente, "Picorelli", por su analogía con lo aquí debatido; teniendo presente, al mismo tiempo, el principio ambiental precautorio, que conduce a la prevalencia de medidas restrictivas ante la ausencia de certeza científica acerca de la inocuidad de los productos aplicados en la actividad reglamentada.
En punto al tiempo transcurrido desde el pronunciamiento cautelar primigenio, con relación al expediente principal -"Griveo S.A. c/ Municipalidad de Campana s/ Pretensión Anulatoria"-, a cuyo resultado fue supeditada la tutela precautoria, precisó que no registraba avance e inclusive a lo largo de la tramitación del presente incidente habían acaecido largos espacios temporales de inactividad procesal.
Concluyó que, en razón de los motivos expuestos y en atención a que la ausencia de verosimilitud del derecho resultaba suficiente para fundar el levantamiento cautelar, no se verificaban las condiciones que habilitaran la subsistencia de la medida decretada.
II.2. Disconforme con ese decisorio, la parte actora dedujo recurso de apelación (v. presentación electrónica de 30-IX-2021, 12:20:43 hs.), pretendiendo que se la revoque y se ordene el mantenimiento de la medida cautelar oportunamente otorgada.
III. La Cámara departamental revocó el pronunciamiento de grado y resolvió que se mantuviera la medida cautelar dispuesta el día 28 de septiembre de 2012. Asimismo, teniendo en cuenta que la tutela precautoria se había otorgado "hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de nulidad a promoverse", y que atendiendo a que esa causa principal había permanecido inactiva por casi cinco años, con el objeto de evitar que aquella se prolongue sine die , ordenó prorrogar la medida por un periodo de tres meses contados desde la notificación del fallo, prorrogable a pedido de parte y debiéndose acreditar la subsistencia de los extremos invocados al momento en que se peticionó (v. sent. de 30-XI-2021).
Expuso que resultaba relevante la medida cautelar dictada el día 28 de septiembre de 2012, la cual había confirmado en virtud de lo resuelto por el propio Tribunal de Alzada el día 4 de abril de 2013.
Señaló que la señora jueza de grado consideró que lo actuado en la causa "Zocca", sirvió de fundamento para ordenar el levantamiento de la medida precautoria dispuesta en estos autos.
Estimó que, sin desconocer las facultades y el rol activo de la magistrada en la materia objeto del presente incidente, era atendible el agravio formulado por la actora en cuanto a que no le resultaba oponible lo acontecido en la causa "Zocca", al no haber sido parte ni citada a comparecer en la audiencia allí celebrada, además de que tampoco se le había conferido traslado de las constancias de aquella, las cuales -según entendió- fueron una de las razones para disponer el levantamiento de la tutela cautelar; culminando con que el motivo invocado por la sentenciante no había sido ventilado en autos.
Por último, indicó que la ponderación del tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la medida precautoria tenía vinculación con el modo en que fue concedida originalmente.
IV. Contra esa sentencia, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 16 de diciembre de 2021, 13:13:46 hs.), denunciando la violación de los arts. 18, 41 y concordantes de la Constitución nacional y 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; absurdo y arbitrariedad en la valoración de las circunstancias del caso; y el quebrantamiento de la doctrina legal que emana de esta Suprema Corte en relación con el deber de motivar las decisiones judiciales. También alega gravedad institucional y plantea el caso federal.
Primeramente, aduce que la sentencia de la Cámara incurrió en absurdo por cuanto entiende que incurrió en un error grave y ostensible en el raciocinio empleado al analizar y valorar las circunstancias del caso, infringiendo lo establecido en los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Arguye que la decisión impugnada, al revocar la de primera instancia, basó su fundamentación solo en los argumentos esgrimidos por la demandante e ignoró los articulados por el ente comunal, desconociendo así los derechos de incidencia colectiva a un ambiente sano y a la salud de los vecinos de la ciudad de Campana, ocasionando por ende un gravamen irreparable.
Añade que la medida cautelar que suspende el art. 14 de la ordenanza 5.792/11 no solo conculca los derechos colectivos mencionados, sino en particular los de aquellos que viven en las cercanías del predio de la actora, quienes en ese sentido efectuaron denuncias ante el municipio además de haberlas ventilado en la audiencia convocada por el juzgado a quo en el "incidente Zocca".
Explica que la protección del ambiente atañe a todos los habitantes, pero fundamentalmente al Estado municipal como representante de sus ciudadanos, focalizándose en las generaciones presentes y futuras.
Reprocha que el Tribunal de Alzada omitió considerar el hecho de que el actor no impulsó la tramitación del proceso principal durante nueve años, y que ese proceder, en desmedro de la comuna y de sus vecinos, impidió arribar a una solución sustancial.
Finalmente, critica el fallo recurrido por haber omitido aplicar la doctrina legal sentada por esta Corte, según la cual es deber de los jueces expedirse sobre los argumentos conducentes formulados por las partes y motivar sus decisiones.
IV.1. Liminarmente, cabe reseñar en apretada síntesis el tránsito procesal desplegado en el presente proceso cautelar.
En primer lugar, el pronunciamiento de primera instancia del día 28 de septiembre de 2012 hizo lugar parcialmente a la pretensión cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del art. 14 de la ordenanza 5.792/11 de Campana (prohibición de aplicación terrestre de productos agroquímicos y/o plaguicidas en un radio de mil metros de las zonas de resguardo ambiental), en relación a Griveo S.A., hasta tanto recayera sentencia definitiva en la pretensión anulatoria a promoverse. En consecuencia, dispuso que la Municipalidad demandada se abstenga de llevar a cabo cualquier acto que implique su ejecución en cuanto a las aplicaciones terrestres de los aludidos productos por la sociedad actora, siempre que sea, entre otras condiciones, a una distancia de treinta metros del perímetro de la zona de resguardo ambiental. Apelado por la comuna demandada, el Tribunal a quo declaró desierto el recurso incoado (v. sent. de 4-VI-2013).
El día 27 de septiembre de 2021, el juzgado de grado, de oficio, ordenó el levantamiento definitivo de la medida cautelar dictada el día 28 de febrero de 2012, siendo los ejes fundantes de tal decisión: de una parte, las circunstancias sobrevinientes que modificaron sustancialmente el cuadro situacional tenido en vista al momento de decretarse la tutela precautoria originaria junto a las constancias del incidente "Zocca, Hugo Antonio c/ Municipalidad de Campana s/ Medida Cautelar Autónoma o Anticipada" tramitado ante ese órgano y, de la otra, el prolongado tiempo transcurrido desde el inicio del expediente principal a la fecha -aún en etapa probatoria-, a cuyo resultado se hallaba supeditada la vigencia de la medida en cuestión, sumado a los largos periodos de inactividad procesal de las partes en el presente proceso. Por esos motivos, determinó la insubsistencia de la verosimilitud del derecho invocado originalmente.
Contra esta decisión, la actora dedujo recurso de apelación y, a su turno, el Tribunal de Alzada revocó lo resuelto en la instancia anterior y ordenó mantener la medida cautelar primigenia prorrogándola por un periodo de tres meses en los términos allí señalados; con fundamento en la vulneración del derecho de defensa de la demandante, puesto que las constancias del "incidente Zocca" no habían sido ventiladas en los presentes autos además de que no se confirió traslado alguno de aquellas.
En este contexto es que debe analizarse el recurso extraordinario interpuesto.
IV.2. Anticipo que en el sub examine se verifica el supuesto excepcional que habilita la revisión de lo actuado y decidido por la Cámara, pues resulta de recibo el agravio apuntado por la Municipalidad recurrente relativo a que la sentencia impugnada incurrió en absurdo al valorar las circunstancias del caso, afectando así el interés público comprometido en la tutela de los bienes de incidencia colectiva -ambiente y salud- en juego, lo que ocasiona un gravamen irreparable. Veamos.
Inicialmente, debe precisarse que la decisión de este Tribunal se ceñirá a determinar la procedencia de la tutela cautelar en debate en el presente, sin perjuicio de señalar algunas consideraciones complementarias al respecto.
De los antecedentes relatados subyace que, salvo las constancias obrantes en el "incidente Zocca" que resultaron apeladas por la actora, las restantes razones expuestas en el pronunciamiento del día 27 de septiembre de 2021 llegan firmes e incólumes a esta instancia extraordinaria al no haber sido rebatidas oportunamente.
IV.3. Este Tribunal ha expresado que las notas de provisionalidad y variabilidad que caracterizan a las medidas cautelares, permiten que en todo proceso, a requerimiento de las partes, sea factible reexaminar los presupuestos de viabilidad y así disponer la modificación de las providencias precautorias ya decretadas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas, conforme lo prevé el ordenamiento procesal común (cfr. arts. 202 a 204, CPCC; doctr. causas I. 72.760, "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 10-IV-2019; I. 70.771, "Rotella", resol. de 12-II-2020; e.o.).
En la especie, el cambio de circunstancias advertido por la señora jueza de grado, para disponer de oficio el levantamiento de la tutela precautoria originaria, importó que su intervención se enmarcara en el supuesto aprehendido por el art. 26 inc. 3 de la legislación adjetiva contencioso administrativo (art. 26 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A lo anterior cabe agregar que la ley 25.675, Ley General del Ambiente, regula las facultades de la judicatura en el segmento cautelar con mayor apertura que los citados ordenamientos rituales locales al propiciar la posibilidad de ordenar, sin petición de parte, medidas de urgencia con carácter precautorio en cualquier estado del proceso, lo cual naturalmente comprende que se torne plausible pronunciar su levantamiento en aquellos supuestos, como el de autos, en que el bien colectivo a tutelar así lo requiera (conf. art. 32, ley 25.675).
IV.4. Sentado ello, no constituye un hecho controvertido en el presente proceso que la sociedad demandante aplica agroquímicos y/o plaguicidas -según denuncia, autorizados conforme criterio clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud (clases III y IV)- para realizar la actividad agrícola en extensas superficies de un inmueble rural, y que de acuerdo al informe del ingeniero agrónomo adjunto con la demanda, dicha actividad incide sobre zonas de resguardo ambiental, tales como la Escuela Primaria Básica n° 6 "José Hernández" (ubicada a 425 metros del lote en producción) y el Camping Recreativo "Malvinas Argentinas" (v. demanda de 14-IX-2012 con informe adjunto del ingeniero agrónomo, Agustín Pérez Bourbon).
Así, la plataforma fáctica sobre la cual reposa la pretensión cautelar contrasta con las circunstancias sobrevinientes tenidas en mira por la sentenciante de grado, que revelan la mutación del estado de situación actual sobre la zona urbana que linda con la rural de explotación agropecuaria, asentadas a la vera de la ruta provincial n° 6, en el partido de Campana.
Tales circunstancias -identificadas por la señora jueza a quo - se manifestaron, en lo general, a través del cambio en la situación morfológica de la región operado durante los últimos años, concretado en el notorio crecimiento de la población y en la formación de núcleos urbanos en la zona lindera a la ruta provincial n° 6 (entre Campana y Los Cardales), aspectos estos de público conocimiento.
Y, en lo particular, la ampliación demográfica del barrio "Los Pioneros", en el que se domiciliarían las personas que en carácter de vecinos se habían presentado en el referido "incidente Zocca", en cuyo marco expresaron su preocupación por los efectos de la fumigación en campos linderos a los centros urbanos, manifestando en la audiencia allí celebrada la constatación de daños al ambiente y a la salud. Asimismo, el municipio informó dos aplicaciones de fitosanitarios denunciadas por el señor Zocca -productor agropecuario- durante el año 2021 (v. sent. de 27-IX-2021, pto. II; y acta de audiencia informativa celebrada el 17-IX-2021 en "incidente Zocca", transcripta en el pto. IV).
Estos elementos, prima facie , conllevan un riesgo objetivo de afectación negativa en el entorno urbano ambiental que suele repercutir sobre derechos de incidencia colectiva en general, alcanzando al ambiente en relación inescindible con la salud de los habitantes de la zona de influencia de la entidad agropecuaria actora; bienes jurídicos relevantes que gozan de tutela constitucional prevalente (cfr. arts. 41 y 43, Const. nac. y 28, Const. prov.; ley nac. 25.675; ley prov. 11.723; causas A. 70.106, "Machado", sent. de 31-XI-2011 y A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017).
En ese sentido, en el ámbito con
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