Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.046, "Villalba, Marisa Jaquelina contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2021).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-X-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Marisa Jaquelina Villalba contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 e indemnización adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773.
Al determinar el importe de la prestación dineraria, señaló que al ingreso base que juzgó probado, correspondía adicionarle intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de producción del siniestro y hasta el dictado de la sentencia, ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348).
A continuación, expresó que no dejaba de atender que el mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo había sido modificado por el decreto de necesidad y urgencia 669/19. No obstante, entendió que la norma reglamentaria en cuestión no lograba superar el test de constitucionalidad y convencionalidad.
En este sentido, refirió que los intereses -en el caso, los previstos en el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348)- solo pueden ser reducidos conforme las facultades que a la magistratura otorga el art. 771 del Código Civil y Comercial, y cuando se verifiquen las condiciones allí previstas.
Sostuvo que el legislador al sancionar la ley 27.348, fijó una tasa de interés que se ajusta a los parámetros fijados en la última disposición citada, por lo cual -continuó- no encuentra razón para vulnerar el derecho adquirido del damnificado a que se calcule el ingreso base de acuerdo a las pautas fijadas en la normativa vigente al momento del infortunio.
Sin perjuicio de ello, destacó la imposibilidad de efectuar un análisis financiero o presupuestario del caso, atento la falta de publicación -por parte del Poder Administrador- de las tasas de variación mensual y la fórmula mediante la cual se debe calcular la tasa de variación diaria de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Añadió que tampoco se constataba que la Comisión Bicameral Permanente -encargada de velar por la aprobación o rechazo del decreto en análisis- haya emitido hasta la fecha dictamen alguno según el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional y el capítulo IV de la ley 26.122.
Con tales consideraciones, juzgó pertinente declarar aplicable al caso analógicamente la misma forma de cálculo prevista por el legislador que modificó el art. 12 de la ley 24.557 al sancionar la ley 27.348 y, conforme ello, cuantificó seguidamente las prestaciones dinerarias que incluyó en la condena.
Finalmente dispuso que desde la fecha de la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago, el capital de condena devengue un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (además del referido art. 12 de la ley de infortunios laborales, citó los arts. 768 y 770 del Cód. Civ. y Com.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia transgresión de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 43, 75, 116 y 117 de la Constitución nacional.
II.1. Expone que la ley 24.557 ha sido reglamentada por normas de rango inferior, entre ellas el decreto de necesidad y urgencia 669/19, que establece un procedimiento de actualización de las prestaciones dinerarias cuya aplicación no puede ser obviada.
Menciona la doctrina legal delineada en la causa L. 47.438, "Cirone" (sent. de 10-XII-1991), donde esta Corte sostuvo que el contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos en que la cobertura esté expresada claramente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva.
Alega que cuando la aseguradora calculó la "tarifa" del seguro, lo hizo teniendo en cuenta los criterios de actualización del ingreso base mensual previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo y el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019). En consecuencia -afirma el interesado- la cuantificación de las prestaciones dinerarias debe efectuarse conforme dichas pautas, pues -de lo contrario- se rompería la ecuación financiera del contrato de afiliación.
Lo mismo -prosigue- debe predicarse de los intereses, desde que el valor de la prima fue determinado en función de las previsiones de las resoluciones 104/98; 414/99; 287/01, y del decreto de necesidad y urgencia 54/17, que imponen su cálculo a partir de la mora.
II.2. Cuestiona la incapacidad psicológica fijada por el órgano de la instancia de grado, en tanto esgrime que es producto de una inadecuada valoración de la prueba pericial médica.
Aduce que al no presentar la trabajadora una disminución en su aptitud física, no resulta razonable reconocerle incapacidad psíquica.
Argumenta que el galeno que intervino en autos, no efectuó un análisis razonado, ni explicitó las consideraciones científicas que lo llevaron a establecer la minusvalía objetada, y su vinculación con el accidente de autos.
Destaca que la Corte federal en el precedente que individualiza, ratificó la aplicación obligatoria del baremo del decreto 659/96; conforme lo establecen los arts. 9 de la ley 26.773; 2 de la ley 27.348 y el decreto de necesidad y urgencia 54/17.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta Sede extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del medio de impugnación, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
No obsta a lo anterior, que en el pronunciamiento de grado se haya descalificado la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, puesto que al respecto nada ha argumentado el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del expresamente previsto en la ley procesal del trabajo- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente.
III.2.a. Dejando a un lado el orden en que han sido propuestos los agravios, en lo que concierne a aquel referido a la incapacidad psicológica reconocida en la sentencia de grado, se verifica la exclusión de la hipótesis habilitante contemplada en el art. 55 de la ley 11.653, desde que el interesado no denuncia como violada doctrina legal alguna que justifique su tratamiento en esta Sede extraordinaria (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 118.485, "Mc Coubrey", sent. de 28-IX-2016 y L. 126.823, "Barragán", sent. de 10-IV-2023).
Para más, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021 y L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; e.o).
III.2.b. Tampoco son atendibles las objeciones emparentadas con lo resuelto en la instancia en torno al mentado decreto de necesidad y urgencia 669/19. Ello así, toda vez que la doctrina legal que menciona el impugnante ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los dos primeros párrafos del punto III.1. de su sufragio.
Sin embargo, no puede soslayarse que el embate dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 decidida en la instancia de origen -por mayoría de fundamentos- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal -aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del mencionado cuestionamiento con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
I.2. Sentado ello, las razones esgrimidas en el fallo impugnado para declarar la inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia no son idóneamente controvertidas en el remedio bajo examen (doctr. art. 279, CPCC).
En efecto, por mayoría, el tribunal consideró que para analizar de forma oficiosa la adecuación constitucional del decreto ejecutivo en cuestión, resultaba imprescindible poder comparar, en primer lugar, a cuánto ascendía -en el caso- el cálculo del ingreso base del trabajador siguiendo las nuevas pautas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional; análisis que a la fecha de su pronunciamiento no podía ser llevado a cabo pues no habían sido publicadas todavía las tasas de variación mensual y la fórmula mediante la cual se debía calcular la tasa de variación diaria del RIPTE; por lo que dicha circunstancia impedía toda comparación a los fines de determinar la existencia de agravio constitucional en el caso particular, tornando a la referida norma en meramente programática a dicha fecha, correspondiendo declarar su inconstitucionalidad por omisión del referido decreto y de toda resolución reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación; a más de deber considerarse que tampoco se había producido aun el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral Permanente encargada de velar por la aprobación o rechazo del decreto de necesidad y urgencia en cuestión (cfr. art. 99 inc. 3, Const. nac.; Capítulo IV de la ley 26.122 y pto. III de la primera cuestión de la sentencia, voto de los señores magistrados Alcolumbre y Hernández).
Pues bien, más allá del acierto o error de los fundamentos empleados por la mayoría del tribunal para descalificar la validez constitucional de la citada norma, cierto es que, tal como se aprecia a partir de los términos de la impugnación contenida en el escrito recursivo bajo estudio, bien reseñados por el ponente en su sufragio, el quejoso omite rebatir los mismos.
Por lo que cobra virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta insuficiente si el interesado se limita a exponer su discrepante opinión acerca del temperamento adoptado por el juzgador de origen, y en ese cometido, prescinde de formular una crítica frontal, certera y eficaz a las motivaciones que dotan de sustento a la decisión que le causa agravio (causas L. 112.861, "Villagra", sent. de 6-III-2013; L. 120.917, "Chávez", sent. de 27-VII-2020 y L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; e.o.), deficiencia técnica que se presenta en el caso y sella adversamente la suerte del agravio en análisis (conf. arts. 279, CPCC y 63, ley 11.653).
I.3. En lo demás, adhiero al punto III.2.a. del voto que inicia el acuerdo.
II. En consecuencia, por las consideraciones expuestas cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.a. Como señalan los colegas ponentes, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del recurso. En consecuencia, situados en el marco de la excepción que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, no resulta admisible el cuestionamiento referido a la minusvalía psicológica, a tenor de los fundamentos dados por el doctor Soria en el punto III.2.a. de su voto, que comparto.
II.b. En cuanto a la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, me sumo a las consideraciones vertidas por el doctor Torres a partir del punto I.1. -segundo párrafo- y I.2. de su exposición y a la propuesta de desestimar el agravio traído (art. 279, CPCC). Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/11/2023 09:39:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:43:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/11/2023 13:07:51 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2023 15:18:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:12:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:48:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 11:51:19 hs. bajo el número RS-135-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia