Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.269, "Bertinat Gabriel César contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de 30-IV-2021).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 14-V-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por el señor Gabriel César Bertinat contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por la incapacidad psicológica parcial y permanente que padece el demandante (conf. art. 14, inc. 2, apdo. "a", ley 24.557 y compensación adicional del pago único, art. 3, ley 26.773).
Al determinar el importe de la prestación dineraria, puntualizó que al ingreso base que tuvo por probado, correspondía adicionarle intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de producción del siniestro y hasta el dictado de la sentencia, ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348).
Señaló luego, que no dejaba de atender que el mentado art. 12 fue modificado por el decreto de necesidad y urgencia 669/19, pero -ya en su opinión mayoritaria- entendía que la norma reglamentaria en cuestión no lograba superar el test de constitucionalidad.
En este sentido, refirió que los intereses -en el caso, los previstos en el art. 12, inc. 2 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348)- solo pueden ser reducidos conforme las facultades que a la magistratura otorga el art. 771 del Código Civil y Comercial y cuando se verifiquen las condiciones allí previstas.
Sostuvo que la ley 27.348 fijó una tasa de interés que se ajusta a los parámetros fijados en la última disposición legal citada, por lo cual -continuó- no encontraba razón para vulnerar el derecho adquirido del damnificado a que se calcule el ingreso base de acuerdo a las pautas fijadas en la normativa vigente al momento del infortunio.
Sin perjuicio de ello, destacó la imposibilidad de efectuar un análisis financiero o presupuestario del caso, atento la falta de publicación -por parte del poder administrador- de las tasas de variación mensual y la fórmula mediante la cual se debe calcular la tasa de variación diaria del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Añadió que tampoco se constataba que la Comisión Bicameral Permanente -encargada de velar por la aprobación o rechazo del decreto en análisis- haya emitido hasta la fecha dictamen alguno (cita el art. 99, inc. 3 de la Constitución nacional y el capítulo IV de la ley 26.122).
Con tales consideraciones, juzgó pertinente declarar aplicable al caso analógicamente la misma forma de cálculo prevista por el legislador que modificó el art. 12 de la ley 24.557 al sancionar la ley 27.348 y conforme ello cuantificó seguidamente las prestaciones dinerarias que incluyó en la condena.
Finalmente dispuso que desde la fecha de la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago, el capital de condena devengue un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (además del referido art. 12 de la ley de infortunios laborales, citó los arts. 768 y 770 del Código Civil y Comercial).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la trasgresión de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 14-V-2021).
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió -así lo afirma el quejoso- que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 es arbitrario e irrazonable.
Con las razones que expone, aduce que el planteo de inconstitucionalidad entablado por la actora resulta extemporáneo, en tanto otra sería la etapa procesal pertinente para incorporarlo en el caso. A tono con dicha aseveración, expresa que la cuestión "...debería tratarse una vez que en autos recaiga la sentencia definitiva..." oportunidad en la que, en su caso, se podrá evaluar la afectación o no de derechos.
Con apoyo en precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intenta destacar que la declaración de inconstitucionalidad debe darse en un caso concreto, cuya resolución genera una evidente contradicción constitucional.
Abogando por la validez y eficacia del mencionado decreto, indica que, al contrario de lo sostenido por el tribunal, dicho instrumento no contiene medidas irrazonables o arbitrarias, sino que establece una variable de ajuste a fin de mantener el valor de cada indemnización a valores constantes de acuerdo al incremento salarial.
Entre otras expresiones, después de remitir a lo que habría dicho sobre el tema la parte actora, sostiene que no es la indemnización la que se encuentra afectada por la aplicación de aquel decreto, sino la tasa de interés aplicable, por lo que en modo alguno podría verse mermado el patrimonio o propiedad del reclamante en caso de que en autos recayera una sentencia favorable a su demanda.
II.2. Finalmente cuestiona la sentencia de grado por haber reconocido, a partir de un criterio que el quejoso entiende irrazonable y basándose en un régimen jurídico que -afirma- no resulta aplicable a las incapacidades laborales, una minusvalía psíquica del 23,2% de la total obrera.
Añade que tampoco existe nexo causal entre la merma de la capacidad alegada por la parte actora y el evento dañoso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe observar que el recurrente ha omitido cumplir con la carga de demostrar que eventualmente el valor de lo cuestionado ante esta instancia resulte superior al mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Es que ciertamente, y siendo trascendente de cara a la fisonomía de las objeciones que trae contra lo resuelto en el caso, ninguna referencia concreta se observa en el recurso vinculada con dicho recaudo procesal.
Resultando entonces que el presentante no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 119.813, "Zamudio", sent. de 11-III-2020; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e.o.). La función revisora de esta Corte queda así circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
Podría añadirse, que no obsta a lo anterior que en el pronunciamiento de grado impugnado se haya descalificado la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, puesto que al respecto nada ha argumentado el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del expresamente previsto en la ley procesal del trabajo- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente.
III.2. Sentado lo anterior, deben desestimarse las objeciones emparentadas con lo resuelto en la instancia en torno al mentado decreto.
Es que no concurre el supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que las doctrinas que emanan de los antecedentes invocados por el recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni han sido elaboradas bajo plataformas similares al del caso en examen (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
Para más, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015 y L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021).
III.3. En lo que concierne a la crítica referida a la incapacidad psicológica reconocida en la sentencia de grado, también se verifica la exclusión de la hipótesis habilitante desde que, además de remitir a un tema de índole fáctico, el interesado no denuncia como violada doctrina legal alguna (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 118.485, "Mc Coubrey", sent. de 28-IX-2016 y L. 126.823, "Barragán", sent. de 10-IV-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los dos primeros párrafos del apartado III.1. de su sufragio.
Sin embargo, no puede soslayarse que el embate dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 decidida en la instancia de origen -por mayoría de fundamentos- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, habré de abordar dicha impugnación con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
I.2.a. Para fundar su decisión relativa a la invalidez constitucional de la norma en crisis, el tribunal de grado puntualizó que los intereses -en el caso, los previstos en el art. 12, inc. 2 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348)- solo pueden ser reducidos conforme las facultades que a la magistratura otorga el art. 771 del Código Civil y Comercial y cuando se verifiquen las condiciones allí previstas. En este sentido, expuso que la ley 27.348 fijó una tasa de interés que se ajusta a los parámetros fijados en la última disposición legal citada.
Por otro lado, destacó la imposibilidad de efectuar un análisis financiero o presupuestario del caso, atento la falta de publicación de las tasas de variación mensual y la fórmula que permitan calcular la tasa de variación diaria del RIPTE. Añadió que tampoco se observa que la Comisión Bicameral Permanente hubiera emitido hasta la fecha dictamen alguno referido a la norma en cuestión.
Desde esa perspectiva, y previa aclaración de que el análisis constitucional del decreto en crisis sería efectuado a partir de lo omitido -y no en cuanto a lo que dispuso- juzgó acertado declarar aplicable -en el caso- por vía de analogía, la misma forma de cálculo prevista por el legislador que modificó el art. 12 de la ley 24.557 al sancionar la ley 27.348.
I.2.b. En la réplica ensayada, la parte demandada se agravia de la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió -afirma el quejoso- que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 es arbitrario e irrazonable.
En cuanto a los argumentos desarrollados en apoyo de su postulación, habré de reiterar -en cuanto resulte pertinente- lo expuesto por el doctor Soria en el punto II.1. de su voto.
Entiende la recurrente que el planteo de inconstitucionalidad entablado por la actora es extemporáneo, en tanto -a su criterio- debió ser incorporado en autos en otra etapa procesal, concretamente luego de dictada la sentencia definitiva.
Con base en precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, postula que la declaración de inconstitucionalidad debe darse en un caso concreto, cuya resolución genera una evidente contradicción constitucional.
Refiere que -contrariamente a lo resuelto por el tribunal- el decreto de necesidad y urgencia cuya validez postula, no contiene medidas irrazonables o arbitrarias, sino que establece una variable de ajuste con la finalidad de mantener el valor de cada indemnización a valores constantes de acuerdo al incremento salarial.
Luego de hacer referencia a supuestas manifestaciones de la parte actora sobre el tema, alega que no es la indemnización la que se encuentra afectada por la aplicación de aquel decreto, sino la tasa de interés a utilizar, por lo que en modo alguno podría verse mermado el patrimonio o propiedad del reclamante en caso de que en autos recayera una sentencia favorable a su demanda.
I.2.c. En este contexto, los planteos que nutren al embate resultan inconducentes, pues lucen manifiestamente extraviados de los fundamentos blandidos por el juzgador de grado para decidir este aspecto del fallo, que -en lo sustancial- se asientan en haberse configurado -en el caso- un supuesto de inconstitucionalidad por omisión debido a la "quiescencia" en que incurriera el poder ejecutivo nacional -encargado de publicar las tasas de variación mensual a fin de calcular la tasa de variación diaria del RIPTE- y el organismo responsable de velar por la aprobación o rechazo de la norma en cuestión -Comisión Bicameral Permanente- (cfr. art. 99, inc. 3, Const. nac. y ley 26.122).
Esta Corte reiteradamente ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021; e.o.).
I.2.d. Para más, no puede soslayarse que varios pasajes del recurso bajo examen -exhibiendo una deficitaria técnica- parecieran dirigirse, de modo confuso e impreciso, a contestar un hipotético planteo de la contraria sobre el punto, antes que a impugnar la sentencia emitida por el órgano de la instancia de grado.
I.2.e. Las deficiencias técnicas apuntadas sellan la suerte adversa del agravio en análisis.
I.3. En lo demás, adhiero al apartado III.3. del voto que inicia el acuerdo.
II. En consecuencia, por las consideraciones expuestas cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y Maidana, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/11/2023 09:39:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:43:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/11/2023 13:07:49 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2023 15:18:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:12:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:48:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 11:51:18 hs. bajo el número RS-134-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia