Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76835
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.835, "Volkswagen S.A. contra Municipalidad de Pilar sobre proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín declaró la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal en autos y, a continuación, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Pilar, confirmando así la sentencia interlocutoria de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 (texto según ley 14.652), norma que ordena el depósito del monto de la multa impuesta como exigencia previa a la demanda judicial (v. sent. de fecha 12-XI-2020).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el doctor Rodrigo Fernando Caro -agente fiscal asignado al Área de Ejecución Penal, Transición y Representación ante Otros Fueros del Departamento Judicial de San Isidro- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XI-2020, 15:18:08 hs., en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La firma actora promovió proceso sumario de ilegitimidad contra la Municipalidad de Pilar, a fin de que se anule la sanción impuesta a Volkswagen Argentina S.A. y Wagen S.A. por supuestas infracciones al régimen tuitivo para los usuarios y consumidores (conf. arts. 4 y 19, ley 24.240), respecto del cual la comuna actúa como autoridad de aplicación.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro declaró la inconstitucionalidad del art. 70, segundo párrafo del Código Provincial de Implementación de Derechos de Consumidores y Usuarios (ley 13.133 y modif.), en cuanto supedita el acceso a la jurisdicción al pago previo de la multa.
Contra esa decisión se alzó el municipio.
En lo que al recurso interesa, la Cámara -como primera cuestión a resolver- se expidió acerca de la intervención del Ministerio Público en autos, dado que su representante en la vista conferida (v. presentación de 28-V-2020) planteó su incompetencia para intervenir en el proceso como "fiscal de la ley" (conf. art. 27, ley 13.133 y Acuerdo 3957/19 de esta Suprema Corte de Justicia).
I.2. Para arribar a la conclusión de que la intervención del agente fiscal era necesaria, el Tribunal de Alzada reconoció ante todo que mediante el decreto de promulgación 64/03, la versión original del art. 27 de la ley 13.133 fue observada parcialmente, suprimiéndose la referencia a la actuación del Ministerio Público "como parte". Mas no así el restante carácter que ha sido mencionado ("fiscal de la ley"), que se mantuvo.
Recordó que a través del art. 1 inc. "b" de la resolución 315/18, en su momento la Procuración General fijó instrucciones con relación a la intervención del Ministerio Público en los "...procesos concernientes a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, en la etapa inicial de la causa (antes de expedirse el juez en torno a la competencia o, en su caso, una vez trabada la litis), y antes del dictado de la sentencia que resuelve el fondo del asunto (arts. 42, Const. nac.; 38, Const. prov.; ley nacional 24.240 -art. 52- y ley provincial 13.133 -arts. 27 y 30-)".
Inmediatamente señaló que en el Acuerdo 3957, esta Suprema Corte declaró la nulidad del precepto transcripto en el párrafo anterior (así como también la de los arts. 1 incs. "a", "g", "h", "i", "j", "k", "l" y "m" y 2 de la citada resolución 315/18). Sin embargo, consideró que ello no obstaba a la participación del Ministerio Público Fiscal en autos en los términos del art. 27 de la ley 13.133.
Manifestó que el Acuerdo 3957 fulminó aquellas intervenciones fiscales que carecían de regulación legal expresa (a saber, las contempladas en los arts. 1 incs. "a", "g", "h", "i", "j", "k" y "l" y 2 de la citada resolución 315/18), lo cual no sucedía para el supuesto concretamente recogido en aquel precepto, en cuyo caso -dijo- la crítica estuvo centrada en el exceso reglamentario en torno a la oportunidad procesal en que la participación del Ministerio Público debería darse, pero no a esta en sí misma.
Concluyó, entonces, que la declaración de nulidad efectuada por esta Corte con fundamento en la apuntada incompetencia de la Procuración General no lograba desvirtuar la necesaria intervención del Ministerio Público en causas como la de autos, en tanto ella surge del propio texto de la ley 13.133.
II.1. Contra dicho pronunciamiento, el doctor Rodrigo Fernando Caro -agente fiscal asignado al Área de Ejecución Penal, Transición y Representación ante Otros Fueros del Departamento Judicial de San Isidro- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XI-2020, 15:18:08 hs., en el sistema Augusta), en el que denuncia que la sentencia atacada aplicó erróneamente el Acuerdo 3957 y, con ello, afecta severamente las funciones del Ministerio Público Fiscal.
Añade que dicho pronunciamiento le causa gravamen irreparable por no existir otra instancia en el proceso apta para discutir la intervención que le cabe al Ministerio Público y que además reviste gravedad institucional, en tanto su impacto trasciende del caso concreto, generando un perjuicio al servicio de justicia.
II.2. Expresa que el Acuerdo 3957 de esta Suprema Corte constituye una adecuada derivación de la normativa aplicable en materia de derecho del consumo, en la medida en que, a su entender: i) constata la ausencia de una previsión legal que habilite la intervención del Ministerio Público Fiscal fuera de los casos de abandono de la acción por parte de las asociaciones legitimadas para actuar en favor de usuarios y consumidores; ii) verifica la inexistencia de afectación de los derechos de los justiciables, resguardados por la intervención de los órganos municipales, judiciales y la asistencia letrada que actúan en la temática de acuerdo con las pautas legales y iii) advierte sobre la inconveniencia de la intervención de los agentes fiscales en determinados supuestos, desde el punto de vista de una razonable asignación de recursos.
Por extraer de dicha norma tales premisas, considera que la Cámara ha realizado una interpretación de sus disposiciones que la desnaturaliza.
En concreto:
II.2.a. Sin desconocer la importancia o trascendencia del tema para la consumidora que se dijo afectada, niega que la intervención del Ministerio Público Fiscal dependa de que subjetivamente se considere afectado el orden público. Predica que se requiere de una ley que la establezca para cada caso particular.
II.2.b. A continuación, repasa el texto del Acuerdo 3957, que declaró la nulidad parcial de la resolución 315/18, dictada por el señor Procurador General. Observa que allí se le endilgó a este último un exceso competencial consistente en haber pretendido regular la oportunidad en que el Ministerio Público debe intervenir con arreglo al art. 27 de la ley 13.133.
En abono de su posición sobre la improcedencia de la actuación del Ministerio Público Fiscal en casos como el presente, invoca el art. 29 inc. 4 de la ley 14.442 y el último párrafo de los arts. 27 de la ley 13.133 y 52 de la ley nacional 24.240.
Con cita de los considerandos del Acuerdo 3957, sostiene que los principios y garantías que se habrían de resguardar incorporando la opinión del Ministerio Público Fiscal "...se encuentran en principio suficientemente asegurados por la intervención de las partes y de los órganos de la Administración de Justicia", evaluación esta que -destaca- alcanza a todo el proceso, no solamente a alguna de sus etapas.
Plantea que encomendarle al Ministerio Público el control de la legalidad del procedimiento lo convertiría en una suerte de consultor técnico y que su función se superpondría con la de los jueces, sin perjuicio del análisis jurídico llevado a cabo también por las autoridades administrativas municipales.
Seguidamente, transcribe fragmentos del decreto 64/03, relacionados con el veto parcial del art. 27 y de la totalidad del Título X de la ley 13.133. Deduce que el Poder Ejecutivo provincial ha reputado innecesaria la intervención del Ministerio Público en diferentes asuntos concernientes a los derechos de consumidores y usuarios, ponderando para ello la considerable carga de tareas impuestas a dicho organismo y evitando la multiplicación de estructuras para actuar en un mismo campo.
Luego cuestiona la cantidad de recursos que, de confirmarse el criterio impugnado, deberían asignarse para controlar la aplicación de la normativa de defensa del consumidor, en desmedro de los requeridos por el sistema penal.
II.2.c. Más adelante, critica la distinción formulada por la Cámara interviniente entre los varios supuestos contemplados en el Acuerdo 3957. Reputa infundada su conclusión en el sentido de que la mención del Ministerio Público como "fiscal de la ley" supone darle traslado en todos los casos. Le reprocha además no haber analizado el último párrafo del art. 27 de la ley 13.133, que habla estrictamente de la asunción de "titularidad activa" de la acción solo ante el supuesto de abandono por parte de las "asociaciones legitimadas".
Tacha de irrazonable y contradictorio que el Ministerio Público Fiscal deba actuar en todos los asuntos relativos a derechos del usuario y el consumidor como "fiscal de la ley", si -simultáneamente- se acepta que se ha limitado su legitimación activa en la materia para evitarle una considerable carga de tareas.
Agrega que la doctrina emanada del fallo "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Fajardo Silvina Magalí s/ secuestro prendario", dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de octubre de 2020, no impacta en la jurisdicción provincial, pues el decreto de promulgación de la ley 13.133 ha formulado observaciones que presentan un marco jurídico diferente, en virtud de que se le ha quitado operatividad a las cláusulas del procedimiento de la ley 24.240 que regulan el proceso en jurisdicción nacional, mas no en la provincial.
Con posterioridad, dedica algunas páginas de su escrito a pronunciarse sobre el art. 1 inc. "m" de la resolución 315/18, referido a la intervención del Ministerio Público en torno a las multas previstas en el art. 35 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, que también fuera dejado sin efecto por esta Suprema Corte mediante el Acuerdo 3957.
II.3. En definitiva, solicita que se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, declarando que no corresponde en este caso que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el marco de la vista conferida.
III. Debo advertir que la cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la que fuera objeto de tratamiento en la causa A. 76.854, "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados contra Municipalidad de Vicente López sobre proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentencia de 18-IX-2023, motivo por el cual a continuación reproduciré los lineamientos allí expuestos por el distinguido doctor Soria, al cual prestara mi adhesión.
Ello así, teniendo en cuenta el tipo y naturaleza del proceso en el cual se suscita la cuestión a resolver (conf. art. 70, ley 13.133), adelanto que el recurso ha de prosperar, pero no con el alcance que pretende el recurrente.
Es que éste, como expectativa de máxima, busca que la intervención judicial del Ministerio Público en materia de usuarios y consumidores quede ceñida, exclusivamente, a la suplantación de la asociación legitimada ante su desistimiento de la acción colectiva, borrando su participación alternativa como "fiscal de la ley" en todos los supuestos (conf. art. 27, ley 13.133). Cosa que en la práctica se traduce, ordinariamente, en el corrimiento de una vista a los fines de producir un dictamen.
Eso es algo que, con independencia de lo dudoso de la proposición, excede del caso planteado.
En su lugar, se impone una solución mucho más ajustada a los hechos y, en definitiva, apta para remediar el agravio concretamente traído ante el Tribunal.
III.1. Centralmente, el recurrente denuncia errónea aplicación del Acuerdo 3957, dictado por esta Suprema Corte el día 27 de noviembre de 2019.
Sin perjuicio de ello, en sustancia se verifica una crítica fundada -con cierta autonomía- en lo prescripto por el citado art. 27 de la ley 13.133, contraria -desde ya- a la interpretación asumida en la especie por la Cámara de Apelación. De su exégesis habrá de depender la suerte del recurso.
Además, es necesario señalar que el presente juicio no es aquel promovido por el usuario o consumidor afectado, sino que trata de la pretensión anulatoria interpuesta por el presunto infractor, dirigida contra el acto de gravamen dictado por la autoridad de aplicación del régimen de las leyes 13.133 y 24.240. Esto, como pronto se verá, es dirimente a los fines de establecer si corresponde o no la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente cabe tener en cuenta que esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre la interpretación de las normas provinciales controvertidas, labor en la cual no puede verse absolutamente constreñida por el estricto tenor de las consideraciones formuladas por las partes, en tanto decida sobre tales preceptos en forma congruente con las pretensiones esbozadas (arg. arts. 161 inc. 3, Const. prov.; 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; conf. causa A. 76.854, cit.).
III.2.a. Como se adelantara, el sub examine trata de un asunto sobre el cual este Tribunal se ha pronunciado en la referida causa A. 76.854, sustancialmente análoga a la presente.
En aquel precedente este Tribunal se refirió a que el art. 27 de la ley 13.133 determina la actuación del Ministerio Público como "fiscal de la ley", a la par que prescribe su intervención, tratándose de derechos de incidencia colectiva, en supuestos de abandono de la pretensión por las asociaciones legitimadas, para en tales situaciones continuar con el proceso.
Dicha regulación se inscribe en el Título VII de la ley 13.133, donde se abordan las pretensiones formuladas con el objeto de defender los derechos e intereses de usuarios y consumidores (conf. art. 23, ley cit.). Específicamente, el art. 26 de esa normativa -texto según ley 14.640- reconoce legitimación para interponer las acciones judiciales correspondientes a los consumidores y usuarios, en forma individual o colectiva; a las asociaciones de consumidores debidamente registradas; y a los municipios, a través de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC).
En todos los litigios recién indicados resultan competentes los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial o los juzgados de paz letrados -según corresponda-, salvo que se trate de controversias regidas por el derecho administrativo, suscitadas entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuyo caso la competencia es de los juzgados del fuero contencioso administrativo (art. 30, ley cit. -texto según ley 14.514-).
III.2.b. Como algo distinto de lo anterior, el procedimiento administrativo relativo a la inspección, comprobación y sanción de las infracciones al régimen de protección de los derechos del consumidor y del usuario se encuentra legislado en el Título VIII, Capítulo IV de la ley 13.133 (art. 36 y sigs.). En este trámite se aplican las prescripciones del Código de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios y, en forma supletoria, las del decreto ley 7.647/70.
El infractor que de acuerdo con lo recién indicado resulte pasible de las penalidades contempladas en los arts. 73 y siguientes de la ley 13.133 -concordantes con las previstas en el art. 47 de la ley nacional 24.240- puede acudir a la revisión judicial de los actos dictados por la autoridad de aplicación conforme al procedimiento establecido en el art. 70 del mismo plexo (conf. art. 23, tercer párr., ley 13.133). Este precepto dispone que las decisiones adoptadas por el organismo correspondiente agotan la vía administrativa y que la impugnación debe presentarse ante la misma entidad emisora del acto, quien habrá de remitirla junto al expediente administrativo al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo competente.
Igual mecanismo se aplica a las sanciones que impongan los municipios, a los que los arts. 79 y siguientes de la ley 13.133 les han encomendado el ejercicio de las competencias allí previstas respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos partidos (conf. art. 80, ley cit.).
III.3. En la especie, la demanda judicial no se ha iniciado por los legitimados a los que el ordenamiento confiere preferente tutela, sino que ha sido promovida por una presunta infractora de los derechos de consumidores y usuarios, luego de agotada la instancia administrativa destinada a la comprobación de infracciones a su marco normativo.
Tal procedimiento culminó con la imposición de una sanción por parte del funcionario municipal a cargo del organismo especializado previsto en el art. 81 de la ley 13.133, lo cual fue impugnado por la firma Volkswagen en los términos del art. 70 del Código de Implementación ante el fuero contencioso administrativo.
Es decir que, en autos, la empresa que impugna la penalidad impuesta por la autoridad administrativa del consumo es la parte actora en el litigio entablado, mientras que la demandada es la propia Municipalidad que estableció dichas sanciones, resultando ajena a la relación procesal la consumidora denunciante.
En ese escenario, que difiere sustancialmente de las situaciones previstas en los arts. 26 y 27 de la ley 13.133, la participación del Ministerio Público Fiscal no solo no es obligatoria, sino que, en rigor, no es procedente. Ello, por tratarse de un ejercicio impugnativo que atañe únicamente al sujeto sancionado y que se vincula al control judicial suficiente que los tribunales han de ejercer para que la adjudicación de derechos en sede administrativa sea constitucionalmente válida (conf. art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 247:646 y 328:651; doctr. causa B. 75.019, "Jumbo Retail Argentina S.A.", resol. de 13-II-2019 y sus citas).
Por estas razones, asiste parcialmente la razón al señor agente fiscal recurrente, en la medida en que el presente proceso anulatorio, atendiendo a una interpretación sistémica del marco normativo involucrado, no requiere de su intervención.
III.4. Cuadra destacar que en el presente proceso el señor agente fiscal actuante ha interpuesto un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual objeta -en forma puntual- la declaración de que la intervención del Ministerio Público en causas como la presente resulta obligatoria.
Dentro de este esquema procesal, los argumentos precedentemente desarrollados respecto del sentido y alcance del art. 27 de la ley 13.133 conducen a acoger favorablemente la petición del impugnante, bien que con alcance limitado (art. 289, CPCC).
III.5. Finalmente, cabe remarcar que nada de lo que se dice aquí se contradice con la regulación que sucedió a la resolución 315/18 de la Procuración General, delineada por esta Suprema Corte en la resolución 1.578/21.
Al respecto, allí simplemente se ha previsto, con la as
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