Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la decisión de fecha 21 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento atendiendo a los planteos y defensas esgrimidos por las partes.
En virtud de lo resuelto por esta Suprema Corte en la resolución de fecha 27 de mayo de 2022, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.865, "Ifran, Roberto Marcelo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, declaró la falta de acción del actor para demandar e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 21-XII-2020).
Se dedujo, por el legitimado activo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5-II-2021), el que, denegado en la instancia de origen (v. pronunciamiento de fecha 9-II-2021), fue concedido por esta Corte al declarar procedente la queja articulada (v. resol. de 27-V-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fecha 21 de diciembre de 2020?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la falta de acción de Roberto Marcelo Ifran para demandar a Federación Patronal Seguros S.A. por el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo del accidente in itinere sufrido el 8 de julio de 2017, y dispuso, una vez firme, su archivo. Asimismo, rechazó las excepciones opuestas por la demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 21-XII-2020).
Para arribar a esa solución, tuvo por acreditado el cumplimiento, por parte del trabajador, de la instancia administrativa previa y obligatoria prevista en la ley 27.348, la cual -señaló- resultaba aplicable al ámbito local por conducto de la ley de adhesión provincial 14.997.
Luego, tras considerar que la conducta desplegada por el actor importó el acatamiento de la normativa cuya invalidez constitucional denunciaba en autos, entendió que los cuestionamientos formulados respecto de la referida ley local habían devenido abstractos. De todos modos, agregó que esta Suprema Corte sentó doctrina legal en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), en la cual declaró la constitucionalidad de la citada normativa provincial y la consecuente aplicación de la ley 27.348 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Bajo esos lindes, valorando las actuaciones administrativas agregadas a la causa, tuvo por probado que el accionante, a pesar -dijo- de haber podido hacerlo, no interpuso recurso de apelación en los términos del art. 2 de la citada ley 27.348 o bien acción de revisión conforme lo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057. En ese contexto, conforme las constancias documentales y la fecha de inicio de las presentes actuaciones (que situó el 4-XI-2019), expresó que los plazos legales para interponer cualquiera de esas vías se encontraban vencidos. Destacó, a su vez, que el plazo de caducidad establecido en la última norma mencionada no había sido cuestionado por el accionante en su demanda.
Por otro lado, el juzgador de grado rechazó las excepciones de pago y cosa juzgada opuestas por la aseguradora, atento a la orfandad probatoria que le atribuyó y la inexistencia de constancia alguna de acto de homologación o de pago.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de la ley 24.557 y errónea aplicación de las leyes 27.348 y 14.997; del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057; de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 5-II-2021).
Se agravia de la decisión del tribunal de aplicar al caso las leyes 27.348 y 14.997, desde que -alega- al momento en que el actor sufrió el accidente in itinere (esto es, el 8 de julio de 2017), se encontraba vigente la ley 24.557, normativa esta que -afirma- rigió el procedimiento administrativo ante las comisiones médicas.
Cuestiona que el a quo haya considerado que el trabajador transitó el trámite administrativo previo establecido en el art 1 de la ley 27.348. Al respecto, sostiene que, tal como surge de las constancias de autos y del expediente administrativo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo n° 74.679/18, aquel no contó con el patrocinio letrado obligatorio, requisito imprescindible y que justifica la existencia de dicha norma.
Señala que, si bien el accionante reconoció que se presentó ante las comisiones médicas, también se ocupó de denunciar que quedaron sin resguardo de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, ya que nunca estuvo asistido por un letrado, por lo que -destaca- la citada ley 27.348 no resulta aplicable, como tampoco -a su modo de ver- el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Critica que el tribunal de grado no haya analizado las constancias de autos con rigurosidad, y que solamente haya tomado la fecha de interposición de la demanda para decidir cuál era la legislación aplicable al caso. En tal sentido, manifiesta que ni la notificación del dictamen ni la transferencia bancaria fueron acreditadas en autos.
Insiste en la inaplicabilidad de las normas en las que se fundó la decisión que cuestiona, denunciando que el tribunal de origen omitió analizar las constancias de autos y corroborar si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había dado cumplimiento con lo establecido en la referida ley 27.348. Al respecto, precisa que el propio órgano de grado admitió que no existía disposición homologatoria, y que solo había una supuesta notificación por correo postal del dictamen en cuestión, a lo cual tampoco se controló si dicho acto de anoticiamiento fue efectivizado.
Expone que quedó probado que el procedimiento administrativo transitado por el actor no se realizó de acuerdo con las prescripciones de las leyes 27.348 y 14.997, por lo que -de este modo- tampoco son aplicables dichas reglas para el acceso posterior del actor a la justicia ordinaria, principalmente en lo que se refiere a los requisitos exigibles y los plazos a cumplir.
Enfatiza que toda vez que el actor no contó con el debido patrocinio letrado durante la tramitación administrativa destinado a que se garanticen sus derechos, tal trámite debe ser tachado de inconstitucional, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos.
En este sentido, afirma que el fallo de grado omitió analizar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, 46 y 50 de la ley 24.557; 4 de la ley 26.773; de los decretos 717/96, 410/01, 1.475/15, 1.278/00 y 1.694/09 formulados en el escrito de demanda, así como la aplicación de la doctrina legal emergente de la causa L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003), y los precedentes "Castillo" y "Venialgo" de la Corte nacional. En este marco, desarrolla argumentos relacionados con la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo estatuido en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. A mi modo de ver, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. Antes de exponer los fundamentos por los cuales considero que, en el caso, propicio que esta Suprema Corte haga uso de tal potestad de excepción, me parece pertinente señalar que, habiendo sido denegado por el tribunal a quo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dirigido a cuestionar la decisión cuyo sustento fue reseñado precedentemente, por considerar insuficiente el valor del litigio, esta Suprema Corte hizo lugar a la queja deducida por el interesado contra la resolución denegatoria y lo concedió a fin de examinarlo sin las limitaciones derivadas de las leyes procesales locales (v. resol. de 27-V-2022).
Para así decidir, en atención a las particulares circunstancias de la causa, la entidad del planteo efectuado por la impugnante, así como la jerarquía y naturaleza de los derechos involucrados, y visto que el tema en debate encuentra directa relación con la denuncia de violación de garantías constitucionales, entendió involucrada prima facie una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia revisora local, desde que -dijo en la resolución citada- el recurrente puso énfasis en la imposibilidad de ejercer el debido control de la actividad administrativa por no haber contado el trabajador damnificado con patrocinio letrado durante el trámite. En lo sustancial, afirmó que, ante la posible vulneración de las garantías de acceso a la justicia, derecho de defensa y a la salud, teniendo en cuenta los planteos formulados en el marco del presente reclamo destinado a obtener la reparación de los daños sufridos por un accidente in itinere , el examen de las cuestiones formales debe flexibilizarse para que no resulten un valladar para su consideración ante las garantías consagradas en la Constitución nacional y tratados con igual jerarquía.
III.2. Sentado lo anterior, principio por recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, que se justifica cuando las falencias que exhibe el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023).
Esta circunstancia, que es la que ocurre en el caso bajo examen, justifica la solución que propongo.
III.3. En lo que resulta relevante, cabe destacar que, en el escrito de inicio especialmente, en el apartado IV, el actor puso énfasis en señalar que tramitó el expediente administrativo ante las comisiones médicas "...en el que el actor no contó con REPRESENTACION LETRADA..." (demanda, fs. 8 vta.) y que culminó con un dictamen médico que nunca le fue entregado.
A partir de ello, manifestó que el procedimiento que transitó resultaba inconstitucional, solicitando -a su vez- que se tuviera por agotada la vía administrativa, a los efectos de evitar un nuevo trámite, planteando la invalidez constitucional de diversas normas.
III.4. A la vista de lo expuesto en ese capítulo de la demanda, observo que la decisión atacada, sin dar respuesta a los planteos formulados en derredor del omiso patrocinio letrado que se encargó de poner de manifiesto el trabajador damnificado, declaró -sin más- cumplido el trámite previo iniciado el 26 de marzo de 2018 (v. constancias del expediente SRT n° 74.679/18), aplicando -si se quiere- de modo automático las prescripciones de las leyes 27.348 y 14.997 y del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 para desestimar la acción intentada, juzgando inobservadas las exigencias contempladas en dicha normativa.
Así las cosas, este Tribunal ha declarado que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria si el mismo no proporciona los presupuestos necesarios para resolver las cuestiones litigiosas, ni expone conclusiones sobre cuestiones esenciales, al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad (causas L. 103.060, "Ibañez", sent. de 27-VI-2012; L. 116.475, "Topa", resol. de 23-V-2012 y L. 128.098, "Cotignola", resol. de 27-X-2022); hipótesis que advierto configurada en la especie.
En efecto, aunque no medie denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, nada exime a este Tribunal de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia (causas L. 127.482, "López", resol. de 22-XI-2022; L. 128.755, "Yanzig", resol. de 26-IV-2023 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023).
IV. Si mi propuesta es compartida, corresponde disponer la anulación de oficio del pronunciamiento emitido el 21 de diciembre de 2020, y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo fallo en atención a los planteos y defensas articulados por las partes.
En virtud de lo resuelto por esta Suprema Corte en la resolución de fecha 27 de mayo de 2022, las costas generadas en esta instancia extraordinaria, se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la decisión de fecha 21 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento atendiendo a los planteos y defensas esgrimidos por las partes.
En virtud de lo resuelto por esta Suprema Corte en la resolución de fecha 27 de mayo de 2022, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2023 11:19:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:41:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:15:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:53:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:00:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:26:04 hs. bajo el número RS-136-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia