Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128196
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.196, "Suárez, Juan Domingo contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 23-IX-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró procedente la demanda promovida por el señor Juan Domingo Suárez y condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" y 20 de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, juzgó probado en el veredicto que el día 12 de noviembre de 2012, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales bajo las órdenes de su empleadora Frigorífico Gorina S.A.I.C. (quien se hallaba asegurada con la aquí demandada), el trabajador protagonizó un accidente de trabajo que -sumando los factores de ponderación-, le provoca una incapacidad psicofísica del 19,15% de la total obrera.
Con sustento en el dictamen pericial contable presentado, determinó que el mejor salario devengado por el actor ascendía a la suma de $5.971,45. Señaló, además, que el accionante había peticionado que el ingreso base mensual fuere considerado a valores actuales y que a tal fin hubo de acompañar prueba documental (un resumen de su situación previsional extraído de la página de la AFIP) que demostraba que la remuneración bruta de aquel al mes de febrero de 2020 alcanzaba un total de $63.932,07.
Ya en la sentencia -en su opinión mayoritaria- habiéndose verificado una contingencia cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo, teniendo en cuenta aquel porcentual de minusvalía y la fecha de la primera manifestación invalidante, consideró que el accionante resultaba acreedor de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773, con los alcances establecidos por el decreto 1.694/09.
En oportunidad de definir el ingreso base mensual, precisó que el actor hubo de postular que el congelamiento de dicha pauta salarial a valores vigentes a la fecha de la primera manifestación invalidante derivado de la redacción original del art. 12 de la ley 24.557, tornaba inconstitucional dicha norma y que por ello había solicitado la readecuación de los valores. Meritó que la cuestión guardaba sustancial analogía con otra resuelta por ese mismo tribunal en un expediente que individualizó y en el que dicho planteo había sido acogido. Por tal motivo, en virtud de la magnitud de la diferencia que encontró entre el eventual ingreso informado por el perito contador (contemplando la totalidad de las remuneraciones percibidas por aquel en los doce meses anteriores al 12-XI-2012) y el salario percibido por el trabajador al mes de febrero de 2020 (abarcando la totalidad de los rubros que integran la remuneración), estableció que el importe del resarcimiento debía fijarse con arreglo al salario vigente al momento en el que la indemnización fuera abonada "...toda vez que lo que adeuda la aseguradora demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación consistente en recomponer la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador, pues la obligación de pagar una indemnización derivada de un infortunio laboral es una deuda de valor y no una deuda de dinero" (pág. 14 del pronunciamiento).
Sobre ese escenario, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir de acuerdo con el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, arribando a un importe de $1.077.138,38, que -señaló- superaba el piso establecido por el art. 3 del decreto 1.694/09 y de la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. A ese resultado, le adicionó la suma de $215.427,67 conforme el art. 3 de la ley 26.773. A la par, con sustento en el art. 20 de la ley 24.557, dispuso el otorgamiento de prestaciones en especie para afrontar un tratamiento psicológico individual, las cuales cuantificó en la suma de $20.800; arribando a un monto total de $1.313.366,05.
Posteriormente, señaló que como consecuencia del incumplimiento de la accionada del pago en tiempo y forma de la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), precisó que en tanto la determinación del monto indemnizatorio había sido efectuada a valores actuales computándose el salario vigente al mes de febrero de 2020, no correspondía aplicar una tasa bancaria para calcular los intereses, sino una tasa pura del 6% anual desde el día 12 de noviembre de 2012 -en que resultaba exigible el crédito reclamado- hasta la fecha de actualización del ingreso base, los cuales alcanzaban la suma de $575.362,03.
Seguidamente, dispuso que desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el dictado de la sentencia (20-IX-2021), resultaba aplicable lo reglado en el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 -según art. 11 de la ley 27.348-. Estructuró tal decisión, en lo regulado por el art. 768 del Código Civil y Comercial, lo dispuesto en su art. 7 y doctrina de este Tribunal, señalando que no obstaba a ello lo dispuesto en el art. 20 de la ley 27.348, pues conforme la doctrina legal, cabía inferir que la norma aludida refiere a los mecanismos de ajuste del ingreso base mensual regulados en los apartados 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557, no así respecto de la tasa de interés moratorio que contempla el apartado 3 del mismo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Finalmente, idéntico mecanismo juzgó aplicable hasta el efectivo pago.
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de las normas y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 19-X-2021).
II.1. Se agravia de la determinación del ingreso base mensual efectuada en el fallo de grado.
Denuncia que el sentenciante se apartó injustificadamente de la normativa aplicable al caso (art. 12, ley 24.557) y de la pericia contable, al establecer su cuantía en función de prueba documental acompañada extemporáneamente por el actor en su escrito de alegato y sin la debida sustanciación, cuya autenticidad desconoce.
Refiere que el concepto en cuestión debió calcularse en función de los ingresos que percibió el trabajador durante los últimos doce meses desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad. Alega que la diferencia entre ambos guarismos es desproporcionada y va en detrimento de los intereses de la accionada.
Entiende que la declaración de inconstitucionalidad del mentado art. 12 de la ley de infortunios laborales efectuada en la instancia no subsana el apartamiento del fallo del sistema legal aplicable.
II.2. Por otro lado, objeta que el juzgador haya sumado linealmente la minusvalía física estimada en un 6,5%, con la psíquica establecida en un 10%, y calculado sobre cada una de ellas los factores de ponderación. Postula que debió utilizarse el método de la capacidad restante.
Agrega que tampoco correspondía considerar los gastos terapéuticos que curarían las secuelas psicológicas, puesto que -refiere- se trataría de una doble indemnización por la misma incapacidad.
II.3. Critica el modo en que fueron establecidos los intereses.
II.3.a. Alega, que en el caso se aplicaron desacertadamente y en forma retroactiva las pautas fijadas por el art. 12, apartado 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- cuando dicha norma no se encontraba vigente al momento del siniestro. Añade que de conformidad con lo establecido en su art. 20 -cuya constitucionalidad, dijo, no fue declarada-, las disposiciones de la mencionada ley 27.348, no resultan aplicables al sub lite pues rigen respecto de contingencias ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.3.b. A su vez, se agravia de la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acrecidos desde la fecha de ocurrencia del siniestro hasta la fecha en que la parte actora presentó su alegato.
Controvierte la decisión del juzgador de mérito de fijar los montos indemnizatorios a valores actuales, conforme el criterio delineado por esta Suprema Corte en la causa C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018). Sostiene que dicho argumento se aparta de las directrices establecidas en el sistema tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo, a la par que vulnera la doctrina legal de esta Corte que en reiteradas oportunidades se ha pronunciado por la vigencia de la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En suma, sostiene que el pronunciamiento en debate resulta contrario al derecho de propiedad de la accionada, por cuanto la aplicación de la tasa pura del 6% anual -desde la fecha indicada-, con más la tasa de interés activa, encubre una actualización vedada por la ley 23.928, soslayando la aplicación del régimen tarifado para constituir un sistema ad hoc, que -aduce- no posee fundamentos normativos o jurisprudenciales que lo convaliden.
II.4. Por último, toda vez que -sostiene- la base regulatoria de las costas del proceso se encuentra en crisis, peticiona la modificación de las mismas.
III. El recurso no prospera.
III.1. El reproche dirigido a impugnar el ingreso base mensual establecido por el tribunal de grado, no puede tener favorable acogida.
Debe memorarse que a fin de determinar la cuantía de dicho concepto el juzgador de la instancia ponderó la prueba documental adunada por el accionante al momento de presentar su alegato, la cual -a su juicio- reveló la magnitud de la diferencia entre lo estipulado por el experto contable en su informe (de acuerdo a lo normado en el art. 12 de la ley 24.557) y el valor determinado con arreglo al salario vigente al momento de pago de la indemnización conforme la petición formulada por la parte actora en su escrito de demanda y reiterada al momento de alegar, esta última -al cabo- receptada en la sentencia de grado en un desenlace que es cuestionado en el presente recurso.
Dicho esto, en orden a la controvertida temporaneidad de la presentación de la mentada prueba (y dejando a un lado que por el tenor de su contenido nunca habría podido ser acompañada al demandar), no se advierte un planteo serio del impugnante apontocado en la hipotética trasgresión de las normas especiales que contempla la ley de procedimiento laboral y que reglarían el supuesto del caso. En lo demás, resulta claro que en tanto remiten a una cuestión de hecho y prueba, los embates blandidos contra la labor valorativa que rodeó a aquella documentación debieron contar con una denuncia orientada a evidenciar en el pronunciamiento de grado la eventual configuración del concreto vicio del absurdo (causa L. 82.496, "Barrio", sent. de 12-IX-2007). Ocupa recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
De otro costado -como se adelantó-, la solución alcanzada en el pronunciamiento objetado encuentra su fundamento en el entendimiento expresado por el juzgador relativo al carácter de deudas de valor que habrían de revestir las prestaciones adeudadas por la accionada y con ello la necesidad de que el importe respectivo sea fijado con arreglo al salario vigente al momento en que sea abonada. Pueda o no compartirse, tal caracterización constituye un elemento esencial del razonamiento que estructura la sentencia y tampoco fue objeto de un frontal e idóneo ataque en el medio de impugnación, algo que muestra una vez más su ineficacia.
Para más, la referencia efectuada en el recurso en cuanto a que en la sentencia de grado se habría declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, se encuentra extraviada de lo allí juzgado.
En definitiva, a mérito de su insuficiencia debe desestimarse el agravio examinado (art. 279, CPCC).
III.2. No corren mejor suerte los ataques ensayados en relación con la incapacidad reconocida al actor en la sentencia y con lo juzgado en lo tocante a los gastos para afrontar un tratamiento psiquiátrico.
III.2.a. Sin perjuicio de los antecedentes relatados inicialmente, dable es describir aquí el detallado razonamiento desplegado por el tribunal de trabajo al definir la minusvalía que padece el trabajador, pues con ello podrá advertirse la inhabilidad de la crítica que le concierne.
Ha de observarse, que, ponderando tanto la minusvalía física informada por el perito médico como la determinada en la experticia psicológica, el juzgador de la instancia concluyó en que el accionante resultaba portador de una incapacidad del 19,15% del índice de la total obrera. Para arribar a dicho guarismo, precisó que el galeno interviniente fijó la incapacidad física en un 6,5% de aquel índice con los factores de ponderación (10% por dificultad para realizar tareas habituales y 1% por la edad). Asimismo, indicó el tribunal que, al presentar su pericia, acompañó el informe psiquiátrico de la interconsulta realizada, que arrojó que el demandante presenta una reacción vivencial anormal con manifestación depresiva grado II, que conforme la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales le provoca un daño psíquico del 10% del mentado índice. Señaló que el experto médico determinó una incapacidad global del orden del 16,95%, al que arribó aplicando el método de la capacidad restante y los factores de ponderación.
Sobre esa base, consideró el juzgador de grado que correspondía rectificar el cálculo efectuado erróneamente por el experto médico, toda vez que -estimó- no resultaba viable la aplicación de la fórmula Balthazard, en tanto ella -dijo- "...es de práctica en aquellos casos en que un segundo accidente, separado en el tiempo del primero, afecta el mismo órgano, aparato o sistema -incapacidad múltiples sucesivas monofuncionales-" (pág. 4 del pronunciamiento); mientras que -explicó- en la especie la discusión de las secuelas físicas derivaban de un mismo infortunio. De allí que, estimó correspondiente sumar linealmente las incapacidades que afectan al accionante casualmente con el accidente, ello, con la adición de los factores de ponderación.
Siendo ello así, el interesado pretende la revisión de cuestiones cuyo análisis es por regla privativo de los tribunales de trabajo, salvo que se denuncie y demuestre que las conclusiones establecidas son frutos del absurdo (causas L. 120.995, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; e.o.); pero este vicio tampoco ha sido en el punto alegado por el interesado, deficiencia que indica la falta de aptitud del ataque pergeñado.
Y en una hipótesis más favorable al recurrente, una breve mirada del asunto conduce a observar que el modo en el que el a quo estableció el porcentaje de incapacidad -ponderando la prueba aportada a la causa con los argumentos que empleó- no se revelaría portador de los extremos que autorizan a tener por demostrado aquel excepcional vicio valorativo, ello, cuando el recurrente se ha desentendido de la línea reflexiva del fallo y de las motivaciones que lo sustentan.
No debe olvidarse que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
III.2.b. En lo tocante a los montos en razón del costo del tratamiento psiquiátrico que integra la condena, las expresiones volcadas en la impugnación lucen ciertamente novedosas, y si se dejase de lado tal calificativo de todos modos no se hacen cargo de reflexionar con una aguda y certera crítica acerca de la distinción que hizo el sentenciante encuadrando a este rubro en la órbita de las prestaciones en especie en los términos del art. 20 de la ley 24.557, en una apreciación que así lo diferencia de los otros montos fijados en concepto de prestaciones dinerarias del sistema de infortunios laborales.
III.3. Tampoco es de recibo lo expuesto en el recurso vinculado con los intereses fijados en el fallo de grado.
III.3.a. Siempre circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 3-III-2020 y L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021), las críticas no se exhiben idóneas para neutralizar lo decidido en la instancia de grado.
El discurso que trae el quejoso parte de afirmar que conforme su art. 20, la ley 27.348 no resulta aplicable al caso pues a la fecha del infortunio no se hallaba vigente.
Sin embargo, con tales afirmaciones soslaya atacar adecuadamente los argumentos que empleó el a quo fruto de la interpretación que efectuó de la totalidad de las normas actuadas, así, de los arts. 7, 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12, apartados 3 y 20 de la ley 27.348, y a su vez, de la doctrina legal que individualizó. En lo cardinal, no se constata una impugnación hábil contra aquella conclusión del tribunal en la que se señaló que no obstaba a la interpretación efectuada en la sentencia lo regulado en el art. 20 de la ley 27.348 pues dicha norma no se refería a la tasa legal de interés moratorio contemplada en el apartado 3 del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según la redacción dada por aquella otra- cuya aplicación inmediata al caso juzgó que era evidente.
Queda a la luz la ineficacia de la técnica recursiva para alcanzar el cometido que pretende el interesado, desde que se prescinde denunciar concretamente la infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado, a la par que no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, ni evidenciar la existencia de error en la aplicación de las normas actuadas en el fallo (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018).
Tales carencias en la fundamentación del medio de impugnación no dejan margen para que esta Suprema Corte pueda ingresar en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
III.3.b. En nada modifica la suerte adversa del recurso la impugnación dirigida a controvertir la aplicación de la tasa pura aplicada y la denuncia de la violación de la jurisprudencia de esta Corte que se alega.
Sin que ello implique emitir un juicio sobre lo decidido, no se verifica en este costado de la sentencia un embate que dé por tierra c
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