Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127797
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.797, "Llanos, Víctor Eduardo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 16-IV-2021).
Se interpuso por la demandada, Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-V-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Víctor Eduardo Llanos y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. por prestaciones en especie consistentes en tratamiento psicoterapéutico individual y en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 e indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, ello, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el demandante el día 26 de septiembre de 2017.
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas por la perita médica actuante, juzgó acreditado que, en razón del mentado infortunio, el actor sufre una minusvalía orgánico funcional a nivel de rodilla derecha (PCP Sind. meniscal), que desde el punto de vista físico le genera una incapacidad parcial y permanente del 15,68% de la total obrera. En esa labor, rechazó la petición que había formulado la aseguradora para que se aplique la fórmula de la capacidad restante (por supuestas incapacidades previas del accionante), al considerar que no se había constatado con la prueba informativa (v. fs. 66/75, 89/114 y 120/187) la veracidad de sus dichos. Asimismo, desestimó la objeción de la accionada hacia la tarea efectuada por la perita médica relativa a la supuesta falta de consideraciones de antecedentes médicos, reiterando que no se había verificado en el caso incapacidad previa o examen médico preocupacional que permitiera concluir que la minusvalía actual no derivaba directamente del infortunio mencionado.
También allí, determinó que el actor era portador de una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II que, ya desde psíquico, lo invalida en un 10%.
Por otro lado, ocupa mencionar que, en la sentencia, al calcular las prestaciones dinerarias, el a quo -en su decisión mayoritaria- declaró aplicable al caso el art. 12 incs. 1 y 2 de la ley 24.557 (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) y cuantificó el ingreso base mensual del trabajador -según dijo- actualizándolo con la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y -desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el momento de practicarse la liquidación- con interés promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Seguidamente, por las razones que expresó, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Finalmente, para el supuesto de mora en el pago, dispuso que las sumas reconocidas se capitalicen -acumulándose los intereses al capital conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo-, y que el producido devengue, hasta la efectiva cancelación, un interés equivalente al indicado.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que -esencialmente- denuncia la violación de los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11 de la Constitución provincial; 16 del anterior Código Civil; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-V-2021).
II.1. Con denuncia de absurdo, afirma que no hay ninguna prueba que acredite que la incapacidad laboral determinada por la perita médica tenga como causa el accidente denunciado en autos. Sostiene que la minusvalía tuvo su origen en un accidente e intervención quirúrgica anterior del actor, tal como se manifestó en las observaciones formuladas por su parte y surge de los informes brindados por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
II.2. A la par, cuestiona que la condena también tenga basamento en la invalidez vinculada con la reacción vivencial anormal neurótica, porque -en su opinión- no fue debidamente reclamada por el accionante. En concreto, esgrime que el actor nunca denunció esa enfermedad ante la aseguradora, tampoco en la comisión médica o en el escrito de demanda, pieza -esta- donde asegura que solo se limitó a manifestar que padecía un cuadro depresivo que le ocasionaba una incapacidad del 10%.
De todos modos, expresa que no hay elementos que permitan corroborar aquel extremo receptado en el fallo. Destaca aquí la ineficacia de lo informado en la pericia médica para que se considere acreditada la existencia de dicha patología generadora de la invalidez laboral que se ordenó resarcir.
II.3. Objeta el grado de invalidez que fijó el sentenciante, en tanto esgrime que debió aplicar la fórmula "Balthazard".
Alega que surge "...de la página de la SRT..." transcripta en la contestación de demanda y que no fuera desconocida por la contraria, que el accionante cuando tomó conocimiento de la enfermedad reclamada no contaba con el 100% de su aptitud laborativa, debido a un accidente anterior que le habría generado una disminución de un 4.90%.
II.4. Afirma que la sentencia es una ficción jurídica porque -en su interpretación- la pretensión contenida en la demanda no se fundó en la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.5. Por otro lado, critica que se haya determinado el ingreso base mensual del trabajador según la ley 27.348, en tanto afirma que no es aplicable al caso y que se ha incurrido en una indebida retroactividad.
Expone que la Provincia de Buenos Aires adhirió a dicha ley a través de la ley local 14.997 que entró en vigencia el día 17 de enero de 2018 y en "operatividad" el 9 de abril de ese mismo año conforme el art. 38 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17, es decir con posterioridad al accidente invocado e incluso a la de la promoción de la acción.
Aduna que la sentencia, al no tener sustento en la ley vigente al momento de los hechos, así como tampoco a los actos procesales cumplidos con anterioridad, transgredió el principio de congruencia. En esta línea, agrega que se ha violado el criterio que esta Corte sentó en la causa L. 121.895, "Orellana" respecto al ámbito temporal de aplicación de la citada ley 14.997.
II.6. Impugna el momento a partir del cual se dispuso la aplicación de intereses y la tasa utilizada a tal fin.
Entiende que aquellos deben devengarse desde la fecha en que se dictó la sentencia, porque fue cuando el tribunal tuvo por cierta la existencia de relación de causalidad entre la incapacidad y el hecho dañoso.
Subsidiariamente, peticiona que tales accesorios "...corran desde la fecha del alta médica o transcurrido un año de la primera manifestación invalidante...".
Añade que el art. 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 otorga un plazo de gracia de treinta días corridos a partir del momento en que la prestación debió ser abonada y difiere la configuración de la mora al vencimiento de dicho plazo. Por lo tanto, reclama igualmente que los intereses se liquiden desde el día 26 de octubre de 2018 con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
III. El recurso no prospera.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento que gira en torno al nexo de causalidad entre el infortunio ocurrido el día 26 de septiembre de 2017 y la incapacidad que padece el accionante.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el accidente y la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 111.029, "R., L. P.", sent. de 20-III-2013; L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
III.1.b. Lo expuesto por el impugnante luce insuficiente para acreditar la configuración de aquel excepcional vicio valorativo.
Parte de su subjetiva opinión en orden a la menor eficacia probatoria que correspondería asignarle a lo informado en autos por la experta médica, al hacerlo, reitera observaciones realizadas en la instancia por la firma aseguradora, que fueron atendidas y desestimadas en el pronunciamiento de grado. En efecto, al resolver la contienda, desechando las objeciones que le fueron llevadas el a quo señaló que no se había verificado en la causa "...determinación de incapacidad previa o examen médico preocupacional que permita concluir que la minusvalía actual no deriva directamente del infortunio objeto de autos..." (vered., pág. 3).
Y frente a esa conclusión esencial, lo expuesto por el recurrente se agota en la pretensión de disputarle al señor juez de grado el ejercicio de potestades propias, algo ineficaz para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.2. Luce igualmente inhábil el agravio vinculado con la incapacidad psíquica reconocida en el fallo, al juzgarse acreditado el padecimiento por el accionante de la reacción vivencial anormal neurótica.
III.2.a. A tenor de su contenido, donde se postula básicamente la inexistencia de un reclamo formulado al respecto en el escrito de demanda, la liminar crítica que en este punto muestra el recurso debió haberse sustentado en la denuncia -y su consecuente demostración- del vicio de absurdo en la exégesis de dicho escrito constitutivo del proceso por parte del tribunal de grado y también en la violación del principio de congruencia (doctr. causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022). En esta concreta parcela del medio de impugnación tales cargas no han sido satisfechas, advirtiéndose la mera disconformidad del impugnante, inocua a los fines perseguidos.
III.2.b. El segundo reproche traído, ya -en una suerte de planteo accesorio- se centra en la valoración de la prueba producida y en particular -nuevamente- de la pericial médica. El embate es infructuoso, pues en él se replica la discrepante opinión subjetiva del interesado sobre la supuesta falta de aptitud de dicho medio probatorio, pero ello, sin lograr desvirtuar la validez conferida por el órgano judicial de grado en el veredicto a las explicaciones brindadas por la perita médica sobre la temática en cuestión. Es que no se observan argumentos que evidencien un razonamiento palmariamente errado en la estructura de la motivación que da sustento al pronunciamiento.
III.3. No mejor suerte ha de correr la impugnación afincada en la prescindencia de la fórmula "Balthazard" a la hora de determinar el porcentaje de la incapacidad receptada en el fallo.
Una vez más, la crítica se circunscribe a repetir objeciones formuladas en la instancia, pero en esa construcción, no alcanza el interesado a constituir un embate serio y frontal contra las conclusiones que estableció el sentenciante cuando rechazó la petición formulada por la aseguradora con el fin de que se utilice el método de la capacidad restante (en virtud de supuestas minusvalías previas) en razón de considerar que no se había constatado con la prueba informativa obrante en autos (v. fs. 66/75, 89/114 y 120/187) la veracidad de sus dichos (v. vered., pág. 3).
Siempre buscando ingresar en cuestiones en principio privativas de los tribunales de grado, no se constata que el impugnante se haya hecho cargo de derribar la definición del juzgador -como se advierte- lograda a partir de imponerle a la accionada la carga de acreditar sus afirmaciones. Antes bien, lo afirmado en el medio de impugnación se refleja en la lectura que paralelamente propone el quejoso del escrito de contestación de la demanda y la ponderación que expone de una supuesta ausencia de desconocimiento por parte de la actora de lo allí transcripto, pero todo ello, sin evidenciar una incorrección revisable por conducto del presente recurso extraordinario.
Vale memorar que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el tribunal de grado, sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la causa, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente demostración del error sentencial (conf. causas L. 116.979, "Azcurrain", sent. de 26-III-2015; L. 119.377, "Castronuovo", sent. de 24-IV-2019 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
III.4. Tampoco es de recibo la impugnación que recae sobre la aplicación al caso de la ley 27.348.
La temática que subyace en la crítica ya ha sido motivo de análisis por esta Corte. Así, en la causa L. 127.792, "Corbalán" (sent. de 10-IV-2023), ha señalado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir del 5 de marzo de 2017 (cfr. art. 5, Cód. Civ. y Com.), y precisamente refiriéndose a la norma aquí controvertida, ha destacado que su art. 20 establece que "La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer(a) manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley".
Luego, y siendo que según surge del pronunciamiento de grado la primera manifestación invalidante se sitúa en el día 26 de septiembre de 2017, queda patentizada la sinrazón del recurrente, quien ha pergeñado su impugnación de la mano de la ley provincial 14.997 y de la doctrina legal vinculada con su vigencia temporal, algo desconectado con lo juzgado en la especie.
III.5. La objeción relacionada con la fecha de inicio del cómputo de los intereses y la tasa empleada en la sentencia también debe ser desestimada.
Los planteos que formula, peticionando que los intereses se liquiden desde distintas fechas que propone y conforme a la tasa pasiva que indica, no cumplen con las exigencias del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial , no solo porque carecen de la necesaria mención de la ley o de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada, sino porque además, se desentienden del fundamento legal de la decisión cuestionada, estructurado sobre la interpretación que -por mayoría- hizo el tribunal laboral del contenido del mentado art. 12 incs. 2 y 3 de la ley 24.557 (texto modif. por ley 27.348), precepto que -dijo- considerando que se trata de una ley especial que regula actualización e intereses de las prestaciones dinerarias del subsistema reparatorio, juzgó excluyente.
III.6. Desde ya, que patentemente desprovisto de una adecuada fundamentación, no está demás señalar que el lacónico cuestionamiento por el cual se afirma que la pretensión contenida en la demanda no se fundó en la Ley de Riesgos del Trabajo, solo intenta encontrar sostén en el propio discurso del interesado, por cierto: alejado del contenido del escrito de demanda.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:49:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:14:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:36:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 11:24:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 12:39:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/12/2023 13:55:07 hs. bajo el número RS-139-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia