Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61185
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctora Liliana Beatriz Bielsa y doctor Alberto Lugones, en la suma de noventa y tres mil pesos -$93.000- para cada uno (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.185, "Molina, Andrés y otros contra Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia. de Bs. As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Carral.
I. Los actores, por apoderados, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reajuste de sus haberes básicos con el reconocimiento de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97 como remunerativos y computables.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiestan que si las bonificaciones se integraran al haber básico de la manera pretendida se produciría un efecto "cascada" sobre los demás suplementos generales y particulares. Alegan que al no incorporárselos de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicitan, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
Con posterioridad, amplían la demanda solicitando la inclusión de las bonificaciones tanto en los haberes básicos del personal activo como pasivo. También amplían la prueba informativa y la pericial contable sobre la base de idénticas consideraciones (v. fs. 281).
II. Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y la contesta, solicitando el rechazo de las pretensiones.
Plantea que la pretensión de incorporación de los suplementos en cuestión al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros adicionales no corresponde, en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o bonificables. Señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado. Cita las normas que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicable al caso.
Por otro lado, expresa que frente a la indiscriminada invocación normativa que se realiza en la demanda, corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto, entre otros, los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92 y 3.483/92.
En consecuencia, expresa que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega a lo dicho que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97, a partir del 1 de enero de 1997, no aparejó una reducción remunerativa dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción. Así solicita que, por un lado, para quienes reclaman sobre sus haberes en actividad se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente y para aquellos que solicitan los ajustes de los haberes en pasividad, la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 62, ley 13.236), computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja.
Cita fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
III. La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 303).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes (v. fs. 1.035/1.038) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
La parte actora pretende la incorporación a los haberes básicos de agentes activos y pasivos, de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 31 vta. de la demanda y 281 de la ampliación de demanda). En esta última pieza procesal, además de solicitar la inclusión de dichas bonificaciones en los haberes básicos del personal activo y pasivo, peticiona la ampliación de los medios de prueba informativa e incorpora al listado para pedidos de informes a los decretos 1.014/97 y 1.015/97. Estas normas solo son citadas con tal fin probatorio, pero no consideradas en la ampliación del objeto de la demanda, por lo tanto, no merecen consideración. Para más, estos últimos decretos no volvieron a ser mencionados ni referidos en el resto del proceso.
La cuestión a resolver se circunscribe, entonces, a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo de los haberes de los actores las sumas de las bonificaciones reclamadas en la demanda y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
El decreto 35/97 cuestionado estableció, a partir del 1 de enero de 1997, para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad). Además, excluyó y derogó expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma la naturaleza de la bonificación, en tanto no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por el decreto 2.074/92, sobre la que la demandada nada dijo, para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma creadora excluyó tal posibilidad.
El objeto del presente proceso fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2009; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy aquí por reproducidos por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza la demanda.
Por las razones expuestas, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctora Liliana Beatriz Bielsa y doctor Alberto Lugones, en la suma de noventa y tres mil pesos -$93.000- para cada uno (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:54:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:24:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 16:18:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 14:25:16 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2023 11:31:39 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2023 13:36:21 hs. bajo el número RS-110-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia