Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128651
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.651, "González, Fernando Julián contra Experta ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 31-VIII-2021).
Se interpuso, por Experta ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-X-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda deducida por el señor Fernando Julián González y condenó a Experta ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias y en especie previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (arts. 14 inc. 2 apdo. "a" y 20, ley 24.557 -conf. modif. art. 11, ley 27.348- y 3, ley 26.773), por las secuelas incapacitantes que padece.
Para así decidir, declaró no controvertido que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 19 de octubre de 2017, mientras se encontraba realizando sus tareas habituales bajo las órdenes de su empleadora Aluar S.A. -asegurada por la aquí demandada-.
A su vez, por conducto de las experticias médica y psiquiátrica llevadas a cabo en la causa -que fueran ratificadas por los expertos al contestar las impugnaciones realizadas por la accionada-, juzgó acreditado que como derivación del infortunio padecido, el trabajador padece afecciones físicas (hernia discal L4-L5, no operable) y psicológicas (reacción vivencial anormal neurótica de grado II), que -aplicando la operatoria del factor edad según la Tabla de Evaluaciones de Incapacidades Laborales, conforme el art. 9 de la ley 26.773- le provocan una incapacidad parcial y permanente del 21,50% y 10% -respectivamente-, del índice de la total obrera.
En la etapa de sentencia, consideró que habiéndose verificado una contingencia cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 6 inc. 1, ley 24.557), y teniendo en cuenta el aludido porcentaje de minusvalía, así como también la fecha de la primera manifestación invalidante, el accionante resultaba acreedor de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773, con los alcances establecidos por el art. 11 de la ley 27.348.
Sobre ese escenario, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, arribando a un importe de $2.700.778,49 (53 x $97.452,83 x 31,50% x 1,66 -65/39-), que -señaló- superaba el piso establecido en la nota de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 21.161/17. A ese resultado, le adicionó la suma de $540.155,69, de acuerdo a lo normado en el art. 3 de la ley 26.773. A la par, con sustento en lo normado por el art. 20 de la ley 24.557, dispuso el otorgamiento de prestaciones en especie para afrontar un tratamiento psicológico individual (de frecuencia semanal, durante el lapso de seis meses) para atenuar las secuelas del infortunio, que cuantificó en la suma de $20.800 ($800 x 26). Arribó así a un monto total de $3.261.734,18.
Finalmente, dispuso la aplicación de los acrecidos del modo que especificó.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 11 de la ley 27.348; 163 del Código Procesal Civil y Comercial provincial y 63 de la ley 11.653. Cita la doctrina y las garantías constitucionales que considera vulneradas (v. escrito electrónico de fecha 12-X-2021).
II.1. En primer término, impugna la tasa de interés según la cual se ordenaron liquidar los accesorios de carácter moratorio en la instancia ordinaria.
Sostiene que, en el caso, al haber actualizado el capital de condena mediante la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (desde la fecha del siniestro hasta la de la sentencia), de acuerdo a lo normado en el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), no correspondía -además- potenciar dicha suma aplicando un interés puro del 6% anual desde el momento del hecho.
Refiere que el crédito del actor resultó debidamente ajustado a valores actuales (mediante la utilización de la mencionada tasa activa prevista en aquella normativa), cumpliendo de ese modo con la función moratoria y compensatoria proporcionada; de modo tal que -aduce- la pretendida doble actualización que se impone en la sentencia resulta improcedente.
Alega que la indemnización que le pudiera corresponder al damnificado no puede constituir un enriquecimiento incausado para aquel.
En ese entendimiento, manifiesta que -de acuerdo a lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación- la capitalización de intereses solo procede en el supuesto de mora en el pago de la indemnización; de modo tal que no correspondía -dice- aplicar un interés puro nuevamente desde la fecha del accidente.
Denuncia que la decisión deviene confiscatoria e inconstitucional, ello así, toda vez que -asevera- en el pronunciamiento se incurrió en anatocismo, el cual se encuentra vedado por ley.
Manifiesta que lo resuelto vulnera la doctrina del Máximo Tribunal nacional establecida en la causa "Bonet", en cuanto en dicho precedente se estableció que los intereses no deben exceder los límites razonables de una debida actualización.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona la definición del juzgador que lo condujo a considerar acreditada la ocurrencia del infortunio laboral denunciado y, con ello, al acogimiento de la demanda de autos.
Afirma que -contrariamente a lo determinado en el fallo- el acaecimiento del siniestro en cuestión no resultó aceptado por su mandante. Explica que, tras recibir la denuncia de un accidente, las aseguradoras se encuentran obligadas a brindar las prestaciones médicas a todos los afiliados, más allá del posterior análisis que las mismas efectúen del reclamo (a fin de evaluar la aceptación o no del mismo); de modo tal que -expone- la circunstancia de haber brindado las prestaciones correspondientes no implica la admisión del siniestro.
En ese entendimiento, destaca que -en el caso-, encontrándose vigente el contrato de afiliación existente entre su mandante y el empleador del actor, la accionada -luego de recepcionar la denuncia del presunto infortunio, y sin reconocer el hecho- procedió a otorgarle las prestaciones básicas e indispensables para preservar la salud del asegurado. Plantea que -posteriormente-, al efectuar el examen correspondiente, procedió a rechazarlo en legal tiempo y forma, en virtud de la falta de acreditación de las circunstancias denunciadas que hubieran permitido calificar al hecho como accidente laboral.
En ese orden, postula la inexistencia de probanzas fehacientes que demuestren o al menos permitan inferir la ocurrencia de aquel y su mecánica tal como pretende el accionante.
Aduce que, frente al desconocimiento de su parte, pesaba sobre el actor la carga de acreditar la existencia de la relación causal o concausal entre la minusvalía que lo afecta y la naturaleza laboral del infortunio. Todo lo cual -a su juicio- revela la suerte adversa del proceso.
II.3. A su vez, controvierte la incapacidad reconocida al actor en la sentencia, ello, impugnando la valoración efectuada por los expertos desinsaculados en los autos.
A tal fin, expone que el informe proporcionado por el perito médico carece de información conducente para la solución del caso. Así, menciona la falta de estudios médicos realizados al trabajador y de explicación de los llevados a cabo en el caso.
Objeta que, en su pericia, determinara que el trabajador no registraba antecedentes patológicos de relevancia que pudieran incidir como comorbilidades en las lesiones actuales causadas por el accidente laboral. Entiende que las minusvalías detalladas por el galeno respecto a las lesiones discales, poseen características propias de un comienzo de enfermedad degenerativa crónica y no de origen traumático como refirió aquel.
Siguiendo ese razonamiento, afirma que la patología denunciada por el trabajador resulta inculpable.
Agrega que el porcentaje de incapacidad del 15% estimado por el experto resulta elevado y desproporcionado para la supuesta afección del accionante, a la par que -aduce- tampoco se compadece con los valores estimados en el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el cual -sostiene- no podría resultar mayor a un 10%.
Luego, cuestiona las conclusiones llevadas a cabo por la licenciada en psicología interviniente en autos, por cuanto -entiende- no diferenció en su informe aquellos rasgos de su personalidad de base con los supuestamente adquiridos; careciendo -a su juicio- de aceptabilidad.
II.4. Añade, por otro lado, que la interpretación llevada a cabo por el tribunal conlleva una alteración de la ecuación económica financiera del contrato de seguro suscripto oportunamente entre la empleadora y la aseguradora, violentando derechos constitucionales de la accionada, específicamente, el de propiedad.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, alterando por razones metodológicas el orden en el tratamiento de los argumentos que estructuran el recurso, comienzo indicando que el agravio por el que se impugna la actividad valorativa que condujo al tribunal a juzgar verificado el accidente denunciado, no puede tener favorable acogida.
III.1.a. Al analizar la primera cuestión tratada en el fallo de los hechos, el juzgador evaluó las posiciones asumidas por las partes en los escritos constitutivos de la litis a fin de desentrañar si se hallaba controvertida la existencia del siniestro sufrido por el trabajador.
En tal sentido, señaló que, en el escrito inicial, el actor denunció que el día 19 de octubre de 2017, en momentos en que se encontraba efectuando labores para su empleadora, al reacomodar matrices de gran peso y tamaño, sintió un fuerte tirón a la altura de la cintura que le impidió seguir cumpliendo con sus labores.
Añadió que, como consecuencia del accidente relatado, recibió atención médica a cargo de la aseguradora accionada y que, luego de realizarle varios estudios, calificaron su lesión como "lumbalgia post esfuerzo", indicándole la realización de sesiones de rehabilitación. Manifestó que finalmente le otorgaron el alta médica, sin determinación de incapacidad ni recalificación, pese a lo cual alegó padecer afecciones psicofísicas que persisten en la actualidad y le provocan incapacidad.
Indicó que, por su parte, al responder la demanda, la accionada (quien reconoció el contrato de afiliación que lo ligaba a la empleadora del actor) luego de realizar las negativas de rigor, admitió haber recibido la denuncia del infortunio y brindado las prestaciones al dependiente por el siniestro descripto (v. fs. 46 y vta., apdo. VIII del escrito de responde). Meritó que ello evidenciaba el reconocimiento de su parte "tanto de la existencia del hecho como que se trataba de una contingencia cubierta por el sistema de la ley 24.557". Para así resolver, fundó esa decisión en los arts. 6 del decreto 717/96; 34 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 63 de la ley 11.653 y en las causas de este Tribunal que citó (v. vered., primera cuestión).
Destacó que -incluso- la propia aseguradora reconoció en forma expresa haber aceptado la contingencia, al expresar en su réplica que "frente a la recepción de la denuncia del accidente 'puso a disposición del actor su amplia gama de prestadores médicos externos, los cuales le brindaron un adecuado tratamiento médico...'"; todo lo cual -estimó-, demostraba que, en rigor, la existencia del siniestro se encontraba fuera de controversia.
III.1.b. Es sabido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso es una típica cuestión de índole fáctica reservada a la opinión de los jueces de la instancia ordinaria, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso y las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que solo reconoce una excepción para que pueda atenderse en casación: el absurdo (causas L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.). Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023 y L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023; e.o.).
III.1.c. Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, la conclusión que exhibe el fallo de grado no logra ser descalificada.
El interesado objeta la definición por la que se declaró probado el acaecimiento del accidente, haciendo particular énfasis en el presunto desconocimiento efectuado por su parte respecto de la existencia de aquel, de su obligación de otorgar las prestaciones al trabajador y del rechazo de la denuncia tras la falta de acreditación de aquel.
Sin embargo, para fundar tal denuncia debió -ya que a dicha cuestión remite inequívocamente el agravio- denunciar la existencia del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, carga que no ha sido cumplida, quedando así sin sustento la impugnación traída (causas L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019 y L. 121.226, "Rodríguez", sent. de 30-XII-2020; e.o.); no pudiendo esta Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023 y L. 128.067, "Matto ", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
De este modo, el embate no alcanza para descalificar el razonamiento que, a partir de la interpretación formulada de los escritos introductorios, llevó al sentenciante a la conclusión que impugna.
En este contexto, igualmente ineficaces se exhiben las alegaciones por las que cuestiona la falta de elementos para acreditar el hecho, la distribución de la carga de la prueba para comprobar su ocurrencia y la vinculación causal con las dolencias, puesto que lo manifestado se sustenta tan solo en el subjetivo enfoque que despliega el quejoso de las circunstancias que relata.
Para más, es necesario destacar que en este tramo de la queja el recurrente tampoco ha denunciado la violación o errónea aplicación de las normas legales actuadas en el fallo y vinculadas al agravio bajo examen; revelando de este modo su notoria insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.2. Luego, no corre mejor suerte el embate relativo a la incapacidad psicofísica del actor reconocida en la sentencia de grado y las objeciones que trae respecto a la valoración de los dictámenes de los profesionales intervinientes en la causa.
III.2.a. Ponderando tanto la minusvalía física informada por el perito médico como la determinada en la experticia psicológica, el juzgador de la instancia concluyó en que el accionante porta una incapacidad del 21,50% del índice de la total obrera.
Para arribar a dicho guarismo, precisó que el galeno interviniente fijó la incapacidad física del trabajador en un 15% de aquel índice. En ese orden, aclaró que, con arreglo a lo estipulado en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (art. 9, ley 26.773), el factor "edad" (por el cual el médico estipuló un 2% adicional), no debía establecerse en forma proporcional sobre la incapacidad determinada, sino sumarse en forma directa al resultante de los guarismos derivados de los demás factores de ponderación, es decir, sumarse al 20% estipulado por "tipo de actividad" y el 10% por "amerita recalificación" (15% + 4,5% + 2% = 21,50%); de modo tal que -destacó-, correspondía rectificar el cálculo efectuado erróneamente por el experto.
De igual manera, juzgó que no cabía apartarse de las conclusiones del peritaje, al encontrarlo suficientemente fundado y claro al explicar la etiología laboral de la lesión que padece el trabajador y los motivos que justifican la minusvalía asignada; ello, más allá de las impugnaciones que recibiera por parte del accionado, puesto que el mismo -indicó- fue ratificado brindando explicaciones que estimó satisfactorias.
A su vez, a partir de lo informado en la pericia psicológica, determinó que -como consecuencia del infortunio- el accionante resultaba portador de una incapacidad psicológica del 10%, razón por la cual le asignó un tratamiento de ese tipo, tendiente a atenuar las secuelas.
III.2.b. En este marco, nuevamente el interesado pretende la revisión de cuestiones cuyo análisis es por regla privativo de los tribunales de trabajo -salvo que se denuncie y demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por el mencionado vicio lógico del absurdo-, así, la determinación de la relación causal del accidente protagonizado por el trabajador y la minusvalía que padece (causas L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.); también la valoración del material probatorio a fin de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente (causas L. 120.995, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; e.o.).
Una mirada del asunto conduce a observar que el modo en el que el juzgador estableció el porcentaje de incapacidad, producto de la ponderación de la prueba aportada a la causa bajo la argumentación que empleó, luce alejado de los extremos yerros que el impugnante intenta demostrar. Ello, pues -nuevamente- se limita a oponerse a la valoración del informe médico y la experticia psicológica efectuadas en la instancia de grado, exponiendo argumentos que se basan en su propio criterio, los que no traducen más que meras discrepancias subjetivas que no son útiles para rebatir la decisión de grado (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 3-X-2021 y L. 123.979, cit.), máxime cuando no formula una crítica directa y eficaz a las razones expuestas por el juzgador para arribar a la conclusión que le causa agravio.
Para más, cabe agregar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022), vicio que el impugnante -también en esta parcela- ha omitido denunciar.
III.3. Desde otroángulo, tampoco mejora la suerte de la impugnación la crítica dirigida a objetar la aplicación de la tasa pura decidida por el juzgador al momento de fijar los acrecidos.
III.3.a. Tras efectuar el cálculo correspondiente a las prestaciones debidas al actor, el sentenciante señaló que, en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. En ese entendimiento consideró aplicable el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el cual -interpretó- "...opera como
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