Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136204
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se deja sin efecto la sentencia de Casación y, en consecuencia, se reimplanta la reincidencia que en su oportunidad había impuesto el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro respecto de Javier Enrique Ríos Rodríguez (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.204, "María Laura E. D'Gregorio -Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- en causa n° 104.909 del Tribunal de Casación Penal, Sala III seguida a Ríos, Javier Enrique", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2021, por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa particular de Javier Enrique Ríos Rodríguez, contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, que, con integración unipersonal, había declarado la reincidencia del nombrado (art. 50, Cód. Penal). En consecuencia, dejó sin efecto dicha declaración de reincidencia, sin costas en la instancia (v. sent. digital).
Frente a lo así resuelto, la señora fiscal adjunta ante el tribunal intermedio, doctora Daniela E. Bersi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 13-VIII-2021), el cual fue declarado inadmisible por el a quo mediante resolución de 28 de diciembre de 2021.
Interpuesta queja (v. presentación digital de 7-II-2022), esta Suprema Corte la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió (v. resol. digital de 18-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 21-IV-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La recurrente denuncia la inobservancia del art. 50 del Código Penal por arbitraria interpretación y apartamiento de la solución normativa prevista para el caso por el legislador, afirmaciones dogmáticas, fundamentación aparente y apartamiento infundado de los precedentes "Mayo" y "Aquino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostiene que el art. 50 del Código fondal no contiene referencia alguna al momento en que debe declararse la reincidencia, tampoco existe disposición legal -ni de fondo ni de forma- en tal sentido. Estima, en consecuencia, que la decisión impugnada careció de apoyo en el derecho vigente.
Afirma que, verificados los extremos previstos en la norma, se configura de pleno derecho el estado de reincidencia y, por tanto, sus efectos jurídicos no dependen de la existencia previa de un pronunciamiento judicial que así lo declare. Es decir, que "...un sujeto no deja de ser reincidente porque el Juez no lo diga así en la sentencia, bastando que se den los parámetros requeridos por el art. 50 del CP".
Luego de recordar los presupuestos tenidos en consideración por el tribunal de la instancia al declarar la reincidencia de Ríos Rodríguez, sostiene que el fallo en crisis ignoró las constancias de la causa y se apoyó en afirmaciones dogmáticas brindando una fundamentación aparente, lo que implica que el pronunciamiento no pueda ser considerado como un acto jurisdiccional válido.
Por último, observa que el voto que conformó la mayoría en la sentencia recurrida nada dijo de la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional sentada en los precedentes "Mayo" y "Aquino" a los que había acudido el tribunal de la instancia para fundar su decisión. También citó -en sustento de su postura- la causa P. 130.963, sentencia de 11-VI-2020 de esta Suprema Corte.
Por todo lo expuesto, solicita que se haga lugar al recurso y se declare nuevamente la reincidencia de Javier Enrique Ríos Rodríguez.
II. El señor Procurador General propicia hacer lugar al recurso (v. dictamen digital de 21-IV-2023). Coincido con él.
III.1. De conformidad con las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, mediante sentencia dictada el 15 de octubre de 2019, integrado en forma unipersonal, condenó a Javier Enrique Ríos Rodríguez a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso, por haberlo considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ello en razón del hecho corroborado en fecha 12 de octubre de 2017.
Por su parte, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento del 15 de diciembre de 2020, rechazó el recurso de la defensa de Ríos Rodríguez y confirmó la sentencia de condena.
III.2. El 18 de mayo de 2020, el citado tribunal criminal, declaró la reincidencia del nombrado.
Para así decidir, además de tener en cuenta la sentencia dictada en esa instancia el 15 de octubre de 2019, destacó que Ríos Rodríguez registraba una condena previa del 24 de septiembre de 2007 por el Tribunal en lo Criminal n° 7 departamental que le impuso la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por haberlo hallado responsable en carácter de autor del delito de portación ilegal de arma de guerra, además de haberlo declarado reincidente. Asimismo, indicó que dicho pronunciamiento fue confirmado el 3 de septiembre de 2009 por la Sala III del Tribunal de Casación Penal al desestimar el recurso casatorio. Luego declaró inadmisible el recurso extraordinario mediante resolución del 9 de diciembre de 2010, pasando el decisorio en autoridad de cosa juzgada el 3 de mayo de 2011, dando intervención al Juzgado de Ejecución Penal n° 2 departamental.
Continuó con el racconto procesal del imputado, y destacó que -en el marco de una incidencia liberatoria- el señor fiscal peticionó que se declare la reincidencia de Ríos Rodríguez, pretensión respecto de la cual se dio vista a la defensa a fin de garantizar el principio del contradictorio y permitir que se expida sobre la concurrencia de los extremos fácticos de una declaración de tal tenor.
Cumplido lo anterior, el tribunal sostuvo que "...producto de la sentencia firme que obraba en contra de Javier Enrique Ríos y respecto de la que le restaba cumplir tiempo privado de su libertad, con fecha 15 de agosto de 2011, el Tribunal en lo Criminal Nro. 7 Departamental libró orden de detención en su contra. Según se desprende de las actuaciones agregadas en autos, la detención ordenada por el Tribunal Colega fue efectivizada el 2 de septiembre de 2011. Así, tras la intervención dada al Juzgado de Ejecución, éste procedió a practicar el cómputo de la pena impuesta, y teniendo en cuenta el tiempo parcial en detención por aquél sufrido en forma previa, se determinó que aquella fenecería el 5 de noviembre de 2015 [...] Luego, el Tribunal en lo Criminal Nro. 7 de este Departamento Judicial dictó respecto de Ríos un nuevo pronunciamiento, omnicomprensivo de la pena anterior y de aquella dictada en la causa nro. 2336 del registro del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana, imponiéndole, en definitiva, la pena de siete (7) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas, con mantención de la declaración de reincidencia oportunamente dictada.
Firme que fue, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 Deptal., el que con fecha 29 de mayo de 2014 practicó el correspondiente cómputo de pena, estableciendo su vencimiento el 1° de agosto de 2014". De otro lado, destacó que "...Javier Enrique Ríos Rodríguez recuperó su libertad por agotamiento de tal penalidad ese 1° de agosto de 2014. Así entonces, resulta a todas luces evidente que, si el evento por el que resultó condenado -mediante sentencia no firme aún- en las presentes actuaciones data del 12 de octubre de 2017, es acertada la observación efectuada por la Fiscalía en cuanto a que, en el sub lite, no han transcurrido los plazos previstos por el artículo 50 del Código Penal a efectos de que la penalidad previa no fuera tenida en cuenta a los efectos de la reincidencia".
En adición expuso que "...con las actuaciones obrantes en autos, igual de corroborado ha resultado además que Ríos ha cumplido parte de ese tiempo en detención en calidad de condenado (desde el 2 de septiembre de 2011 al 1 de agosto de 2014 en que recuperó su libertad, por agotamiento de la pena impuesta y mientras se encontraba bajo la jurisdicción del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2 Departamental)". Frente a tales extremos debidamente circunstanciados, consideró cumplidos en la especie los recaudos establecidos en el Fallo Plenario del Tribunal de Casación Penal dictado en causa n° 10.347.
A partir de lo expuesto, el tribunal resolvió que en el caso ha quedado cabalmente acreditado que, tal como había sido requerido por la fiscalía, Javier Enrique Ríos Rodríguez reviste el estado de reincidente.
Refirió -en coincidencia con la acusación- que "...no existe fundamento legal alguno que indique que el único momento adecuado para la declaración de reincidencia sea el del pronunciamiento de la condena". Ello debido a que "...el instituto de reincidencia configura una circunstancia fáctica y jurídica que acompaña al sujeto y que puede ser constatada en cualquier etapa o faz del proceso, siendo meramente declarativa la aplicación de la misma".
III.3. La defensa particular de Ríos Rodríguez, dedujo recurso de apelación a través del cual cuestionó dicha declaración argumentando para ello que "...el acuerdo firmado y refrendado por mi pupilo procesal, ante el representante del ministerio público, nada dice al respecto". Afirmó que su asistido se acogió al trámite del art. 395 del Código Procesal Penal y a la propuesta del señor agente fiscal la cual -según dijo- "...CONTENÍA DE MANERA CONCRETA la no declaración de reincidencia", cuestión que consideró esencial para que Ríos aceptara el trato. Por tanto -arguye- lo decidido resultó violatorio de los derechos y garantías de mi justiciable toda vez que la estrategia utilizada resulto diezmada y vulnerada.
III.4. El Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la declaración de reincidencia impuesta a Javier Enrique Ríos Rodríguez (v. reseña de antecedentes más arriba).
A través del voto del señor juez Violini, que concitó la adhesión del señor juez Maidana a fin de alcanzar la mayoría, sostuvo que "...si bien la reincidencia es un 'estado' del sujeto, por lo que no existe óbice alguno para que el tribunal la declare de oficio cuando así corresponda, no puede pasarse por alto que por una simple razón de seguridad jurídica y de equidad, esa potestad para declararla sólo puede ser ejercida por el Tribunal que resulte competente para dictar la condena que origina o fundamenta la declaración de reincidencia, y mientras se encuentre en ejercicio de esa competencia (artículo 18 de la Constitución Nacional)". Así, concluyó que "...si Javier Enrique Ríos no fue declarado reincidente en el pronunciamiento de condena en que se le impuso la sanción, siendo dicha omisión una falencia del Estado y no del justiciable, no es posible cargarla en su contra reflotando ahora, en su perjuicio, una 'calidad' que nunca fue formalmente asignada".
IV. Como adelanté el recurso procede.
IV.1. De la reseña efectuada como de lo obrado en las presentes actuaciones, se advierte que la decisión del Tribunal de Casación Penal que dejó sin efecto la declaración de reincidencia de Javier Enrique Ríos, bajo el fundamento de que dicha cuestión debió haber sido adoptada en la sentencia de condena a fin de no cargar la omisión por una falencia del Estado sobre el justiciable, deviene arbitraria por fundamentación aparente, tal y como lo advierte el señor agente fiscal en su recurso.
En efecto, esta Corte ha sostenido que "La reincidencia es una situación jurídica del reo, y su existencia depende únicamente de la comprobación objetiva de dos circunstancias, el cumplimiento efectivo de al menos una parte de la condena anterior y que el nuevo delito -punible también con pena privativa de libertad- se cometa antes de transcurrido el término indicado en el último párrafo del art. 50 del Código Penal [...], bastando su comprobación a través de las constancias que acrediten documentalmente la concurrencia de esos hechos" y que "...la necesidad de que la declaración de reincidencia se incluya en la parte dispositiva del pronunciamiento descansa, básicamente, en un fin práctico" (conf. voto del doctor de Lázzari al que adherí en ese aspecto del pronunciamiento, causa P. 61.640, sent. de 28-XII-2005).
También es cierto que he señalado que esa declaración no puede llevarse a cabo conculcando el debido proceso y, muy particularmente el derecho de defensa en juicio del condenado, en el sentido de que el interesado haya tenido ocasión de contradecir y resistir esa pretensión del acusador (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.2. inc. "b", CADH; v. mi voto en causa P. 75.852, sent. de 14-IV-2004 en lo que resulta de interés -más allá de la interpretación de normas procesales del Código Jofré que aquí resultan inatingentes-).
Sin embargo, se vislumbra en el caso, conforme surge del pronunciamiento dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, que la declaración de reincidencia dictada tuvo de manera previa la correspondiente vista conferida a la defensa quien se expidió sobre dicho tópico.
IV.2. En orden a la oportunidad en que fue impuesta, cabe señalar, en el marco de la doctrina del Máximo Tribunal federal, en causas "Mayo, Miguel Ángel s/ recurso extraordinario", CSJ 25/2013 (49-M)/CS1 y "Aquino, José Fernando y otros" (CSJN Fallos: 341:562 -por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal-), que no hay fundamento en el derecho procesal aplicable, aunque en rigor lo hizo interpretando normas del ritual nacional, que son sustancialmente análogas al local en el punto, para postular que el único momento adecuado para la declaración de reincidencia es el del pronunciamiento de la sentencia de condena, de modo que al no declarársela en esa oportunidad, precluiría la posibilidad de alegarla.
IV.3. De este modo, corresponde hacer lugar al recurso fiscal en tanto logró evidenciar un juicio arbitrario por parte del Tribunal de Casación que avala la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Por lo expuesto, se deja sin efecto la sentencia de Casación y, en consecuencia, se debe reimplantar la reincidencia que en su oportunidad impuso el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro respecto de Javier Enrique Ríos Rodríguez.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se deja sin efecto la sentencia de Casación y, en consecuencia, se reimplanta la reincidencia que en su oportunidad había impuesto el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro respecto de Javier Enrique Ríos Rodríguez (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/11/2023 12:22:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2023 20:14:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:36:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:57:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:58:50 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/11/2023 09:09:57 hs. bajo el número RS-149-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia