Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General:
Se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
Asimismo, se desestima el de inaplicabilidad de ley también deducido, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.305, "A., C. A. s/ recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 108.578 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud, Torres , Kogan .
De las actuaciones digitalizadas, surge que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de abril de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 -emitida en un juicio abreviado- del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a C. A. A. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de privación de la libertad calificada por la relación de convivencia y causar lesiones graves, lesiones graves calificadas por la relación preexistente y mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño en la salud física y mental de la víctima.
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante la interposición de los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, siendo concedido por el tribunal revisor sólo el último mencionado, por resolución del 11 de agosto de 2022.
Aquella decisión motivó la queja de la defensa ante este Tribunal, que finalmente concedió también el recurso de nulidad mediante pronunciamiento de 10 de noviembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digitalizado de fecha 11 de mayo de 2023), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial al considerar que el pronunciamiento recurrido careció de la mayoría de opiniones exigida por la norma invocada (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 161 inc. 3 apdo. "b" y 168 de la Constitución provincial).
Sostiene que los miembros del órgano revisor coincidieron en la exclusión de la valoración de las circunstancias agravantes que habían sido impugnadas en el recurso de casación, y su impacto en la pena; sin embargo, no lo hicieron por los mismos fundamentos.
Señala que mientras el doctor Borinsky se expidió por la obliteración de dos de las tres agravantes en crisis, y sobre el extremo relativo a la graduación de la pena, argumentó que "...la exclusión de las mencionadas agravantes no impacta en el monto de pena impuesto, el que resulta exiguo y acorde a las circunstancias probadas de la causa y la culpabilidad de A."; el juez Violini -que votó en segundo término- adhirió a su colega preopinante con excepción de la decisión de mantener la agravante relativa a la renitencia en la internalización de la norma, que -según dijo- a su criterio debía ser también obliterada. En ese orden consideró justa la sanción impuesta, "...en razón de la multiplicidad y gravedad de los delitos perpetrados en perjuicio de quien fuera su pareja, [...] la obliteración de la pauta mencionada no conlleva la necesaria reducción de la sanción, por lo que adhi[rió] a la propuesta de la primera voz de rechazar el recurso interpuesto...". Por último, el doctor Carral -convocado a dirimir la cuestión- se pronunció adhiriendo al voto del doctor Violini "...por sus fundamentos...".
En ese contexto, estima la defensa que los miembros del Tribunal de Casación no arribaron a la mayoría necesaria para el pronunciamiento de una decisión jurisdiccional. En tal orden, sostiene que el cotejo de los votos de los jueces Borinsky, Violini y Carral permite advertir que sus criterios difieren diametralmente sobre la composición de la pena en función del acuerdo alcanzado sobre la exclusión de las agravantes "peligro de transmisión de enfermedad sexual" y "extensión del daño" con el acuerdo de los dos primeros, y la "renitencia a internalizar la norma" con el consenso de los dos últimos magistrados.
Refiere que, si bien los jueces arribaron a idéntico resultado, mantener la pena de trece años de prisión, lo hicieron por fundamentos diferentes: "...para el doctor Borinsky por resultar exigua no debe impactar la exclusión de DOS AGRAVANTES; pero, en cambio, para el doctor Violini no debe impactar la exclusión de TRES AGRAVANTES".
Señala que no es posible predicar la existencia de mayoría sustancial de opiniones en los sufragios analizados, que resultan inconexos e inconciliables en atención a que alcanzan igual conclusión partiendo de premisas valorativas que difieren, y ello configura la causal de ausencia de mayoría que habilita la procedencia del presente remedio. Pues, insiste, se observa una mayoría meramente formal que no abastece la exigencia normativa.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso no prospera.
III. El Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín valoró como circunstancias agravantes de la pena: la extensión del daño causado, el peligro de transmisión de enfermedad sexual y la renitencia a la internalización de la norma conforme registra antecedente penal.
En el recurso de casación, la señora defensora oficial del imputado denunció -en lo que ahora interesa destacar- la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
El órgano revisor, con el voto inicial del doctor Borinsky, dijo: "Ingresando en los baremos de individualización de la pena, sin atenuantes, resulta correcta la estimación como agravante de la renitencia a la internalización de la norma conforme registra antecedente penal. La agravante relativa al peligro de trasmisión de una enfermedad sexual se encuentra previsto en el inciso c), cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal, dicha circunstancia no se alegó y menos aún probó, por lo que no pasa del terreno de la mera alegación, y al ser una conjetura corresponde su obliteración, igual suerte corre la aumentativa referida a la extensión del daño causado a la víctima, pues su estimación hace tabla rasa con la doble valoración prohibida, atento el correcto encaje realizado por el tribunal, sin embargo, la exclusión de las mencionadas agravantes no impacta en el monto de pena impuesto, el que resulta exiguo y acorde a las circunstancias probadas de la causa y la culpabilidad de A.".
Luego, el doctor Violini adhirió "...por sus fundamentos" al voto del colega preopinante, "...excepto en lo que se refiere al mantenimiento de la agravante relativa a la renitencia en la internalización de la norma, que a mi ver debe ser obliterada pues descansa en la condena previa que registra el imputado, y tengo dicho ya con anterioridad, que la valoración de un único antecedente para fundar simultáneamente el agravamiento de la pena y la declaración de reincidencia -como ocurre en estos actuados- violenta la prohibición constitucional de doble valoración".
No obstante, resolvió que "...visto lo exiguo de la pena impuesta al encartado en razón de la multiplicidad y gravedad de los delitos perpetrados en perjuicio de quien fuera su pareja, considero que la obliteración de la pauta mencionada no conlleva la necesaria reducción de la sanción, por lo que adhi[rió] a la propuesta de la primera voz de rechazar el recurso interpuesto...".
Por último, el doctor Carral adhirió "...al voto del doctor Violini por sus fundamentos...".
IV. De lo antes reseñado se advierte que, sobre los puntos a decidir, los doctores Violini y Carral coincidieron en que todas las agravantes cuestionadas debían ser excluidas, postulando asimismo el mantenimiento de la sanción impuesta en la instancia de origen en virtud de "...lo exiguo de la pena impuesta al encartado en razón de la multiplicidad y gravedad de los delitos perpetrados en perjuicio de quien fuera su pareja...".
Se observa con extrema patencia que la Casación abordó y resolvió las cuestiones abasteciendo la mayoría constitucional de opiniones. En definitiva, decae el agravio del impugnante en cuanto a la posible vulneración de la manda contenida en el art. 168 de la Constitución local.
En consecuencia, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa denuncia la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal en función de las figuras de los arts. 142 bis segundo párrafo incs. 2 y 3, y 119 párrafos tercero y cuarto inc. "a", todos del Código Penal. Asimismo, plantea como cuestión inescindible la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa y déficit de motivación (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nacional).
I.2. El Tribunal en lo Criminal -en el trámite del juicio abreviado-, dio por acreditado "...que entre las 08:30 y las 10:00 horas aproximadamente del 5 de noviembre de 2019, C. A. A., en el interior de la vivienda ubicada en [...], privó ilegítimamente de la libertad a su pareja P. A. M., con quien convivía desde hacía 16 años y con quien tiene cuatro hijos, y ejerciendo violencia física y moral, abusó sexualmente de ella contra su voluntad, cuando al regresar aquélla a su casa luego de acompañar a sus hijos al colegio, aquél le refirió ‘vamos a coger’, al tiempo que bajó la persiana de la ventana que da a la calle, y al negarse M., la arrojó por la fuerza sobre la cama sacándole las zapatillas, medias y pantalón y tras insultarla la tomó de los cabellos exigiéndole que le succione el pene, y al negarse le asestó trompadas en la cabeza y cara, y la obligó a hacerlo por la fuerza".
"Que luego, ella le dijo que tenía que irse a una reunión en el colegio, A. le contestó que no se iba a retirar y la accedió analmente, introduciéndole primero los dedos y luego el pene, para luego hacerlo vía vaginal".
"Que con el fin de que se detuviera M. le pidió que la llevara a la cocina, y estando allí, corrió hacia la terraza ubicada en el primer piso, -porque él había cerrado la puerta de ingreso- y pidió auxilio a los gritos, pero él la siguió, tiró al piso, arrastró de los cabellos y le propinó golpes de puño y patadas; se subió encima de ella, la tomó con sus manos muy fuertemente del cuello y preguntándole porque no quería tener relaciones con él le asestó trompadas en la cara. Que ella logró empujarlo, corrió hacia el frente y cuando vio que él se acercaba con una cuerda se arrojó a la vereda, siendo allí socorrida".
En cuanto a la calificación legal atribuida, el revisor consideró que "...resulta correcta, pues conforme surge del punto precedente A. privó de la libertad a su pareja, a quien no dejó salir de su vivienda cerrando para ello la puerta de ingreso-egreso de la vivienda que compartían, la golpeó reiteradas veces a consecuencia de los que le ocasionó diferentes lesiones de carácter grave, las que resultan agravadas por la relación preexistente entre víctima y victimario y por mediar violencia de género".
Prosiguió señalando que "Si A. retuvo a [su] pareja, con quien convivía, claramente contra su voluntad, con el fin de lograr que tolere las agresiones que le realizaba y le causó las lesiones descriptas, el encaje en los artículos 142 bis, segundo párrafo, incisos segundo y tercero y 80 inciso 1 y 11 y 90 en función del 92 resulta acertado, y no es absorbido por el delito contra la integridad sexual como pretende la defensa".
I.3. La parte recurrente, plantea ante esta Suprema Corte que la sentencia dictada no abastece la necesidad de fundamentar la autonomía de las conductas ilícitas a subsumir. Entiende que prevalece la unidad de acción toda vez que el ataque tuvo lugar, sin solución de continuidad, contra la integridad sexual y en ese marco se encontraba restringida la libertad de la víctima.
Explica que "...la afectación de la libertad de la víctima comenzó y culminó en el marco de los designios sexuales del imputado, no extendiéndose ni antes ni después por fuera de tales finalidades".
Puntualiza la defensa que la operatividad del art. 55 se encuentra supeditada a la existencia de "varios hechos" e "independientes", sin que ninguno de los dos requisitos se encuentre verificado en el caso.
Enfatiza que no se vislumbra la independencia aludida cuando el menoscabo a la libertad únicamente se presenta como un medio comisivo necesario para ejecutar con mayor intensidad un ataque a la integridad sexual, sin exceder lo indispensable para aquel propósito, como ocurrió en el caso de autos.
Así, sostiene que el suceso histórico más arriba reseñado da cuenta de la existencia de un único hecho -desde el punto de vista jurídico, aunque materialmente se integre de varios comportamientos sucesivos- en el cual la privación de la libertad no muestra autonomía en el sustrato fáctico con respecto al proceso ejecutivo que devino en la agresión sexual.
En consecuencia, aduce que no se presentan en el caso las exigencias normativas del mencionado art. 55 del Código Penal en cuanto a pluralidad de hechos e independencia entre ellos, de modo que sin mayor esfuerzo se advierte que ha sido erróneamente aplicado. Por el contrario, asevera que la concurrencia es meramente aparente, solucionable por el principio de consunción, pero no conforma un concurso real por ausencia de los presupuestos que le son propios.
Insiste en que la privación de libertad constituyó la violencia necesaria desplegada por el imputado para perfeccionar el delito sexual, sin que la circunstancia relevada en la materialidad ilícita vinculada a que habría cerrado la puerta de ingreso, alcance para independizar ese tramo de la conducta del contexto del abuso sexual en el que tuvo lugar.
Con cita de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apoya en el reclamo de la descalificación del pronunciamiento atacado como acto jurisdiccional válido, por su arbitrariedad, por acudir a premisas o fundamentos aparentes, como el proceder tautológico que denuncia; pues -a su entender- el razonamiento desplegado por el revisor resultó meramente confirmatorio sin motivación alguna.
Finalmente, solicita se recalifique el hecho descartando la aplicación del tipo penal contenido en el art. 142 bis y se readecue la sanción impuesta.
II. Ante la Casación, la defensa oficial alegó que debió haberse descartado la aplicación de cualquier figura penal que reprima la privación ilegal de la libertad. Ello, en el entendimiento de que el abuso sexual con acceso carnal por el que fue imputado absorbe cualquier tipo legal atinente a la privación de la libertad. De tal modo, el hecho materia de condena quedaba -según la defensa- abastecido con su encuadre en el delito previsto en el art. 119 del Código Penal. Ello, habida cuenta que media relación de consunción, por cuanto el contenido disvalioso del hecho previsto en la privación ilegal de la libertad aparece incluido en el delito contra la integridad sexual.
Refiere que no se advierte el plus independiente de la privación de libertad, sino formando parte del delito contra la integridad sexual que A. se había propuesto llevar a cabo. Con lo cual, no existió posibilidad de aplicación de alguno de los modos de concurrencia de delitos que prevé la ley penal (arts. 54 y 55 del Código Penal).
Explica que la privación de libertad a la que fue sometida la víctima del delito contra la integridad sexual, mientras éste tuvo su desarrollo, está abarcada por este tipo penal, y no logra despegarse en una figura autónoma, aun concurriendo de manera ideal.
Solicita por fin casar la sentencia, descartar la figura del art. 142 bis, segundo párrafo, incs. 2 y 3 del Código Penal, y la consecuente disminución de la pena impuesta.
III. Coincido con el dictamen del señor Procurador General en que el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
IV. La alegación resulta insuficiente, pues el señor defensor no logra rebatir los fundamentos empleados por el tribunal del recurso para justificar la subsunción legal actuada (art. 495 cit.).
La parte pone el acento en la finalidad dirigida a atentar contra la integridad sexual de la víctima como si ello bastara para desestimar la aplicación del art. 142 bis invocado, sin hacerse cargo de que además de aquel propósito -que se consumó- el juzgador tomó en cuenta que la víctima fue obligada a actuar de determinada manera, fue encerrada no permitiéndosele el egreso de la vivienda y que la privación de la libertad tuvo una intensidad tal -que incluyó la producción de lesiones graves- comprensiva de una autonomía e independencia propia. Esto es que cuantitativa y cualitativamente excedió con creces la retención -que según la parte- podría estimarse inherente -absorbida- en el delito contra la integridad sexual.
Por lo demás, la objeción de la defensa según la cual no se habría determinado la concreta configuración del delito de privación ilegal de la libertad agravada, que, entre otras acciones típicas, establece la retención de la víctima contra su voluntad con el fin de obligarla a hacer, no hacer o tolerar algo, según lo previsto en el art. 142 bis del Código Penal, encuentra adecuada respuesta en la misma descripción del suceso efectuada por los tribunales intervinientes, antes transcripta, poniendo de realce que lo actuado por el imputado, por su duración e intensidad, adquirió autonomía e independencia respecto de los actos de abuso sexual que fueron cometidos en el marco de la privación de la libertad y las lesiones graves propinadas a la víctima en ese contexto.
Frente a ello, la parte se limitó a exponer una opinión discrepante con lo fallado al insistir en que la privación de libertad solamente configuró un acto preparatorio del abuso sexual sin la independencia requerida por el art. 55 citado (art. 495 cit.).
En definitiva, tales consideraciones evidencian una mera valoración diversa de la norma que -como tal- no logra conmover la afirmación del a quo consistente en que la privación de libertad se configuró como un hecho independiente lo que permite concursar ambas figuras delictivas en cuestión realmente entre sí (conf., entre otras, doctr. P. 115.133, sent. de 11-IX-2019).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General:
Se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
Asimismo, se desestima el de inaplicabilidad de ley también deducido, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:50:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 07:48:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:16:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12
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