Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74308
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 74.308, "Stagnaro, Gustavo R. contra Municipalidad de San Antonio de Areco. Inconstitucionalidad ord. 4087/16", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
Gustavo Rubén Stagnaro, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 4.087/16 de la Municipalidad de San Antonio de Areco y del decreto 559/16 mediante el cual se la promulga.
Manifiesta que la norma en crisis establece como única forma de cancelación del pago de la tasa de seguridad e higiene aquel realizado por el sistema de débito automático para aquellos contribuyentes no monotribustistas. Remarca que dicha exigencia es impuesta como requisito necesario para mantener la habilitación comercial ya otorgada.
Entiende que tal disposición violenta lo establecido en los arts. 11, 25, 26, 27, 31, 39, 56 y 57 de la Constitución provincial y aquellos concordantes de la nacional.
Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda el apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco, oportunidad en la que solicita se declare abstracta la cuestión por no verificarse una afectación concreta de los derechos del actor (cita art. 384, CPCC) y por no encontrarse vigente la ordenanza cuestionada.
Incorporado el cuaderno de prueba de la actora -único formado- (v. fs. 364/396), vencido el plazo para alegar -habiendo hecho uso de ese derecho solo la parte actora- (v. fs. 402), oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor manifiesta que es dueño de un local comercial en la localidad de San Antonio de Areco que cuenta con habilitación municipal desde el año 2001 y que se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto de la Tasa Retributiva de Servicios por Inspección de Seguridad e Higiene. Destaca, además, que es contribuyente Responsable Inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado (v. constancias a fs. 11/13).
Al iniciar el relato de los hechos que motivan su demanda y luego de objetar la falta de claridad y determinación de la ordenanza 4.087/16, el actor transcribe el art. 1 de la citada norma que, en concreto, dispone "[e]stablecer como requisito necesario para mantener la Habilitación Municipal para los Contribuyentes alcanzados por el artículo 112º de la Ordenanza Fiscal (Contribuyentes no Monotributistas), y en los términos del artículo 120°, la incorporación al sistema de pago por débito automático con el alcance del artículo 54° de la mencionada Ordenanza Fiscal" (art. 1; v. fs. 199).
Cita también el art. 2 que establece un plazo para tramitar la incorporación a dicho sistema y el art. 4 que dispone que el incumplimiento será causal de revocación de la habilitación y/o permiso otorgado, debiendo procederse a la clausura del establecimiento y la remisión de las actuaciones al Juzgado de Faltas.
Alega, además, que el art. 112 de la ordenanza fiscal al que alude la norma, refiere a la base imponible de la tasa y no a los sujetos obligados haciendo dificultosa su interpretación y, por la tanto, la determinación de la imposición.
Por otra parte, señala que el Departamento de Recaudación municipal le ha enviado una comunicación informando de la reglamentación vigente a los estudios contables del Partido, entre los que se encuentra el de la actora. Denuncia, incluso, que fue intimado por cédula de fecha 21 de junio de 2016 a cumplir con la obligación de adhesión al débito automático para el pago de la tasa en los términos de la ordenanza aquí cuestionada y en un plazo de cinco días. Intimación que manifiesta haber respondido adjuntando el comprobante de pago de la obligación.
Entiende que la normativa en crisis torna aún más gravosa la disposición del citado art. 120 de la ordenanza fiscal (4.071/16) que establece respecto de la inhabilitación provisoria del establecimiento y -en todo caso y previa intimación- su revocación, señalando, en definitiva, que resulta ilegal porque se aparta de las disposiciones de igual rango que rigen las condiciones para su otorgamiento, afectando el derecho del contribuyente a trabajar y ejercer industria lícita y el principio de irretroactividad de la ley, toda vez que se desconoce el acto administrativo que otorgó aquella (cfr. 27, Const. prov. y 14, Const. nac.).
Por otro, sostiene que violenta el principio de igualdad y razonabilidad al crear una obligación (adherirse al sistema de débito automático) para un grupo determinado de contribuyentes (no monotributistas) y al impedirles la cancelación de la obligación por otros medios, con la sola finalidad de facilitarle al municipio la recaudación siendo que este cuenta con otros mecanismos legales para recaudar los tributos ante un supuesto incumplimiento (cita arts. 11, Const. prov.; 28, Const. nac. y jurisprudencia).
Precisa que la exigencia establecida resulta irrazonable -también- en virtud de que no guarda relación con el hecho imponible en sí, puesto que no se menciona en la norma ningún elemento que guarde relación con el servicio que brinda y además establece una sanción más gravosa que solamente se funda en la capacidad económico financiera de los contribuyentes alcanzados por aquella (cita art. 27, Const. prov.; v. fs. 60 y 61). Así, insiste en que la finalidad de recaudar que exhibe el precepto cuestionado "en nada vela por el acometimiento del fin que la ley reglamenta, que es el cumplimiento de las normas que hacen a la seguridad, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales" (fs. 55 y vta.).
Describe que el régimen general de pago por débito automático es de carácter voluntario y, en caso de escogerse, reconoce un beneficio del 15% de descuento sobre determinadas tasas; situación contraria a la dispuesta por la ordenanza 4.087/16 en tanto impone dicho sistema, bajo la amenaza de cancelación de la habilitación municipal e implica, en consecuencia, obligarlo a hacer lo que la ley no manda (cita arts. 25, Const. prov. y 19, Const. nac.).
Finalmente, denuncia una irregularidad en el procedimiento de aprobación de la ordenanza que afecta el principio de legalidad. Ello al entender que al tratarse de una norma que modifica la Tasa por Servicios de Higiene y Seguridad establecida en la ordenanza fiscal vigente, debió haberse respetado el procedimiento previsto en los arts. 192 y 193 de la Constitución provincial, esto es, la convocatoria a la asamblea de mayores contribuyentes.
En síntesis, solicita se declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada por vulnerar lo establecido en los arts. 11, 25, 26, 27, 31, 39, 56 y 57 de la Constitución provincial y, en consecuencia, se ordene su inaplicabilidad a la situación de hecho en la que se encuentra, con costas a la demandada.
Ofrece prueba y deja planteada la cuestión federal.
II. La municipalidad de San Antonio de Areco, en oportunidad de contestar la demanda, solicita se declare abstracta la cuestión.
Sostiene que no ha habido afectación concreta de los derechos patrimoniales del actor en tanto ha podido cancelar el pago de las tasas municipales sin que haya sido revocada su habilitación y denuncia -además- "la falta de vigencia de la ordenanza fiscal 4071/16 que fue sancionada para el año 2016" y en tanto para entonces ya había sido sancionada la ordenanza fiscal correspondiente al ejercicio 2017 (v. fs. 73 y 74).
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
III. Frente a dicha contestación del municipio, el actor insiste con los fundamentos de su primigenia presentación y destaca que no solicitó -como sostiene la demandada- la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal vigente para el año 2016 (ord. 4.071/16) sino que cuestiona aquella que la modifica (ord. 4.087/16). En todo caso, señala que su reclamo no ha perdido virtualidad porque la ordenanza fiscal del año 2017 (ord. 4.064/17) reprodujo textualmente la del año anterior.
Agrega que la municipalidad lo ha intimado en dos ocasiones a que se acogiera al sistema de pago por débito automático y señala que el hecho de que la amenaza de la clausura no se haya concretado aún no le quita gravedad institucional a su denuncia, en tanto la norma sigue vigente y corre riesgo de que se ordene el cierre de su establecimiento.
Adjunta como prueba copia certificada de la ordenanza 4.064/16 para el ejercicio fiscal 2017 (v. escrito de fs. 98/99 vta.).
IV. Conferido un nuevo traslado, el municipio rechaza las acusaciones relativas a la existencia de presiones o amenazas dirigidas al actor y considera que en el caso no se configura la ilegalidad y la arbitrariedad imputada por el actor a la ordenanza 4.087/16 que, hasta tanto se suspendan sus efectos o se revoque, "mal puede el actor pretender que el acto no le resulte aplicable" (presentación de fs. 103/104).
V. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, las cuestiones sometidas a juzgamiento residen en determinar si la cuestión planteada ha devenido abstracta -conforme lo denuncia la parte demandada- y, en caso de ser negativa la respuesta, proceder con el análisis relativo a si hubo -o no- irregularidades en el procedimiento de sanción de la ordenanza 4.087/16.
En caso de ser pertinente, finalmente, evaluar las afectaciones denunciadas por la parte actora a sus derechos de raigambre constitucional.
V.1.a. Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal solo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 76.630, "Gil Quinterno", resol. de 19-III-2021; e.o.). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004 y I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta (doctr. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
V.1.b. De los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, surge evidente que el interés de la actora no ha perdido virtualidad por un doble orden de razones.
V.1.c. Por un lado, debe advertirse que la primigenia solicitud de declaración de abstracta de la cuestión blandida por la demandada, no es de recibo.
Es que no solamente sostiene sus argumentos respecto de una norma distinta a la cuestionada (ord. 4.071, vigente para el ejercicio fiscal 2016), sino que -además- la ordenanza fiscal siguiente al dictado de la ordenanza 4.087/16 aquí cuestionada, en su art. 54 añade que "[l]os contribuyentes de Tasa de Seguridad e Higiene, régimen General art. 112 de la presente Ordenanza Fiscal, están obligados a someterse al sistema de débito automático" (ord. 4.164/16; v. fs. 306 y 317). Incluso, resulta de interés destacar que, el texto de la ordenanza fiscal vigente para el año en curso reedita idéntica redacción a aquella (art. 54 in fine , ord. 4.667/22).
Es decir, incluso cuando la demandada se refirió a la vigencia de una norma diferente a la cuestionada, el contenido normativo controvertido ha sido reeditado en las ordenanzas fiscales que sobrevinieron al dictado de la norma cuestionada toda vez que incorporaron concretamente, en el artículo relativo al sistema de débito automático, la obligación en torno a la que gira el agravio principal de autos.
Así las cosas, no resulta evidente que el actor haya perdido interés en la resolución de la controversia y, con ello, su aptitud para mantener una pretensión como la planteada ante esta Corte (arg. a contrario causas I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 1.980, "Bruno", sent. de 27-XI-2013; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6- VIII-2014 e I. 2.033, "Ferro", sent. de 29-XII-2014).
V.1.d. Por otro lado y sin perjuicio del argumento expresado por el municipio en el escrito de contestación primigenio, mediante el cual sostenía que la norma cuestionada no se le había aplicado a la actora y, por lo tanto, en el caso no había afectación concreta de derechos, con posterioridad, sostuvo que "hasta tanto no opere una medida que disponga la suspensión de los efectos de dicho act[o] o su revocación por parte de la administración", la ordenanza resulta aplicable al actor (v. fs. 72/75 vta. y 103/104).
Tal reconocimiento por parte de la demandada y en tanto no se ha denunciado en autos que la ordenanza 4.087/16 cuestionada se haya modificado, suspendido o derogado, evidencia que el señor Stagnaro -contribuyente alcanzado por la norma- conserva un interés real en el proceso, motivo que justifica el dictado de una sentencia de mérito (v. constancias a fs. 11/13; art. 163 inc. 6, CPCC).
V.2.a. Sentado ello, corresponde analizar si hubo irregularidades en el proceso de sanción de la norma en cuestión.
Preliminarmente resulta del caso precisar que, tal como lo ha expresado reiteradamente este Tribunal, en la organización institucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación (conf. art. 121, Const. nac.) y, sobre esa base, el ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- referentes al desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios, siempre en el interés general de la comunidad local. De conformidad a la Constitución provincial constituye una atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo (art. 192, inc. 5). En tal marco, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de "ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.) a quienes, por cierto, también se les han conferido potestades para crear tributos (art. 192, inc. 5 y 193, inc. 2, Const. prov.). A su vez, la tutela de la seguridad e higiene de los establecimientos comporta un asunto de primordial interés local cuya consecución, apropiada regulación y gestión incumbe a las municipalidades (arts. 190 y 191, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 15-VIII-2012 y B. 65.396, "Esso", sent. de 22-VI-2016).
Por su parte, el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial determina que "todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales".
Concordantemente, el art. 29 del decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- establece "Corresponde al Concejo sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la municipalidad. Las ordenanzas impositivas que dispongan aumentos o creación de impuestos o contribución de mejoras, deberán ser sancionadas en la forma determinada por el art. 193, inc. 2, de la Constitución de la Provincia".
Este Tribunal ha tenido la ocasión de analizar en diversos casos el cumplimiento del procedimiento de sanción descripto. Las conclusiones fueron diversas, conforme se configurara -o no- alguna de las situaciones descriptas en el inc. 2 del art. 193 citado. Esto es, un aumento o creación de impuestos o una contribución de mejoras (v. causas I. 2.029, "Murphy", sent. de 21-VI-2000; B. 59.266, "Battilana", sent. de 28-X-2009; I. 2.070, "Video Cable Comunicación S.A.", sent. de 28-V-2010; I. 2.069, "Moreno Televisora Color S.A.", sent. de 28-XII-2010; I. 3.505, "Conciencia Ciudadana de Campana ONG", sent. de 4-V-2016; I. 72.548, cit.; I. 72.501, "Joufree", sent. de 29-XI-2017; I. 72.588, "Hernández", sent. de 28-II-2018; I. 72.546, "Gutiérrez", sent. de 23-II-2021; e.o.).
V.2.b. En el caso, está fuera de discusión que la ordenanza impugnada no fue sancionada por una Asamblea de Concejales y de Mayores Contribuyentes como estatuye el reseñado artículo. La discordancia entre las partes radica, empero, en la aplicabilidad al caso de tal requisito.
La actora sostiene que la ordenanza 4.087/16 al introducir modificaciones respecto de la tasa retributiva de servicios por inspección de seguridad e higiene, prevista en la ordenanza fiscal 4.071/16 y de claro corte presupuestario, debió haber respetado el procedimiento previsto en los arts. 192 y 193 de la Constitución provincial. Situación que, además, vulneraría el principio de legalidad tributaria conforme lo expone (v. fs. 58 vta.).
La Municipalidad demandada se ha limitado a negar que la ordenanza haya sido sancionada y promulgada sin respetar el procedimiento establecido normativamente (v. fs. 72 vta.).
V.2.c. Ahora bien, la norma en cuestión refiere concretamente al establecimiento de un "requisito necesario para mantener la Habilitación Municipal para los Contribuyentes alcanzados por el Artículo 112° de la Ordenanza Fiscal (Contribuyentes No Monotribustistas), y en los términos del Artículo 120°, la incorporación al sistema de pago por débito automático con el alcance del Artículo 54° de la mencionada Ordenanza Fiscal" (art. 1).
De la simple lectura del texto normativo se advierte con claridad que el deliberante local no instituyó un nuevo tributo ni estableció un aumento o una contribución de mejoras. Por el contrario, dispuso una exigencia de tipo formal relativa a la cancelación de la obligación de pago de la tasa en cuestión -respecto de la cual se limita a remitir con la mera cita del art. 112 de la ordenanza fiscal- y para un determinado grupo de contribuyentes.
Es por ello que, al tratarse de una disposición que de manera palmaria no prescribe sobre alguno de los supuestos del inc. 2 del art. 193 de la Constitución provincial, no resulta alcanzada por la exigencia allí establecida y, por lo tanto, el vicio de inconstitucionalidad denunciado por la actora -y descripto en este punto- no es de recibo.
VI. Como se adelantara, fuera de los obstáculos procedimentales apuntados el núcleo del cuestionamiento constitucional a dirimir en la presente litis radica en que la ordenanza 4.087/16 afectaría los principios de legalidad, irretroactividad de las normas, igualdad, razonabilidad y el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita al establecer como única forma válida de cancelación de la obligación tributaria al débito automático.
Previo a todo análisis, cabe recordar que este Tribunal ha dicho reiteradamente que la admisión de planteos como los formulados por la actora constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico (doctr. causas I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; B. 59.098, "Rostan", sent. de 31-X-2007; I. 2.255, "Abedini", sent. de 18-VI-2008; B. 62.768, "Ávila", sent. de 9-V-2018; e.o.), para la cual se requiere que la parte interesada demuestre de qué manera y con qué alcance la norma impugnada produce una afectación a una garantía con
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